Introducción.

Una de las panorámicas de alcance contemporáneo que logran ocupar espacios dimensionales en las relaciones jurídicas, se trata del enfoque subjetivo en que se van estableciendo determinadas nociones presupuestas dentro de la normativa, a partir de ciertos aspectos que pueden dar lugar a que la hipótesis que se probabiliza tenga o no espacio.

La práctica parece indicar que seguirá siendo un indicador de aquellas cuestiones vinculadas a la prognosis que el ordenamiento sustantivo trata de aproximar a esa realidad mediante  las normas legitimadas para realizar  dichas contrastaciones, y a la vez, dinamizar el propio ordenamiento según la significativa intervención de intereses protegidos, así como la dependencia del  grado en que se actualizan sobre esa misma positivación, las variantes demostrativas que identifican a la normativa sustancial con formalidad reconocida; es decir, de alguna manera compenetrada a los intereses individuales.El sistema codificado siempre se va ateniendo a consideraciones de índole complementaria si lo observamos a través del prisma jerárquico que sigue manteniendo; pero si esos derechos otorgados a la persona, fuera del marco codificador, adquieren un connotado proceso de reconocimiento que no precisa del Código Civil, se desarrolla una relación inter sistemática que puede diferir en el status personal o asistido hacia el sujeto persona, colocado en la relación jurídica intrínseca o no, respecto a una ley sustantiva en el mejor de los casos, o especial; cuando más, vinculada a dicho ordenamiento, que puede guardar los objetivos principistas de la codificación, pero desde posiciones extrínsecas respecto a ella, provenientes del inusitado fin de solucionar casuísticamente el hecho jurídico que se ha presentado. Algo que se ha puesto de moda, ante los cambios terminológicos que  vienen  haciendo énfasis en el objeto persona jurídica y sus efectos de inmediatez sobre la licitud de los actos civiles al respecto.

En este problema se nos presenta la selección de algún status jurídico que esté en congruencia o no , aunque paradójicamente sea inadmisible plantearnos esta forma contrastante entre el otorgamiento de dicho status por el Código Civil y otras leyes concurrentes sobre situaciones fácticas para estimar como principal el hecho jurídico relacionado con el acto jurídico, sin necesidad de recurrir al extenso margen probabilístico que adquiera la especialización de la Persona Jurídica en calidad de hecho institucional, y cuya compleja demostración resulta obvia; sobre todo, por la inclinación a circunstancias no previstas dentro de dicho contexto sustantivo. Por tanto, todo reconocimiento normativo constituido como sustancial en lo que cabe a consideraciones sistemáticas obligatorias se nos presenta como un nuevo reto, no solo por la escala jerárquica, sino también debido a otras implicaciones que comienzan a ser tema de análisis desde el enfoque no convencionalista de la persona jurídica actual.

Aproximación al Campo Problémico

La abierta intervención de un Derecho ampliado por especialidades que en su día se constituyeron en  instituciones que cumplían ciertas funciones a los fines del sentido mismo de su origen, se convierten en la actualidad, en temas de debate sobre una creciente tendencia a un Derecho más especial, no porque sus reglas sean nuevas, sino por el propio desplazamiento de aquellas que en su día ayudaron a otorgarle validez, pero ante la denotada y creciente acumulación de formas jurídicas han comenzado a ser desplazadas por problemas de competencia o conflicto de leyes.

No se trata de acentuar conservadoramente, cuantas institucionalidades jurídicas se  construyeron sobre el formalismo que en ocasiones la ley condicionaba por legitimidades de género ordenatorio en cualquier sistema jurídico, o por consuetudinaria espontaneidad que en el ámbito de contradicción entre lo que se legisla y se aplica, se desvirtuaba dando lugar a variantes no tan clásicas como las hasta entonces concebidas.

La pragmática institucional jurídica, se ha visto dividida cada vez más, por un descontrolado ritmo de especialidades; muchas de ellas, con objetos poco convencionales y sí, reiterativos de otros objetos que siguen constituyendo una esencia primordial de las actividades, o estructuras formativas de cuantas relaciones jurídicas sean susceptibles de contextualización. La interrogante de si el clásico método de descomposición normativa se halla vigente en los análisis contemporáneos legales, parece prácticamente inalcanzable para el Derecho Internacional Privado mismo, en su misión de uniformidad legislativa; cuyos parámetros de coexistencia jurídica intersistemas legislativos, son menos imperativos que positivos, a pesar de los convenios o tratados que tratan en determinada medida de incorporar esa uniformidad a la legislación práctica que pretende condicionarse para operar.

Las iniciativas metodológicas de especializar cuantos sectores provean de menos criterios epistemológicos con alguna proporcionalidad a la normativa, e incluso, se separen, aunque sea en apariencia de su propio origen; sin dudas se opone a esa pretendida aspiración. Dado que la concepción de un mejor entendimiento de la norma mientras más separada se encuentre del conjunto normativo original, desproporciona la interpretación que siempre debe ser por principio, menos indicativa para que pueda interrelacionar lo subjetivo con lo objetivo, y señalar los límites de actuación en ambas dimensiones bajo el espacio de contrastación urgido de ello en su realidad empírica.

Qué puede ser objeto para la ciencia del Derecho actual, es un verdadero reto en nuestros días. La dimensión de cómo enfocar las investigaciones jurídicas mucho más comprometidas con esas cuestiones de especialidad y defensa de un criterio sectorizado, parecen indicar un camino aún por reconocer en base a la determinación de emergencia en crear órdenes legislativos para apoyar o tratar de frenar alguna problemática suscitada en ámbitos no previsibles; si es que debemos otorgarle alguna denominación. Lo que parece soslayable, sobre todo, cuando se soluciona tan siquiera con una respuesta simbólica de ley vigente no aplicada. Sin embargo, las indefiniciones en el objeto, incidentes por demás en el método, pueden transformarse en forma contradictoria por la viabilidad que afrontan cada vez que respondan de esa manera no previsible por la ley o menos esperada según la formulación pronóstico en la propuesta del precepto. Cuestión que parece menos confundible si se tiene en cuenta que el objeto mismo es la ley, aunque parezca utilitarista plantearlo; pero si nos abstenemos en algo sobre la función de esta cuando está dirigida a motivar o hacer cumplir cierto interés preformador de la categoría conciencia del sujeto a partir de la norma, entonces habría que estimarlo desde un punto de vista menos preconcebido que la ley. Y en esto también habría que detenerse para pensar en algo sobre cuáles consideraciones normativas se necesitan para hacer incentivable la propia terminología que se utilice en el problema de normar algún sector o fenómeno de la variante sectorizada. Lo que no siempre está muy claro para las aplicaciones espontáneas o emergentes de la especialización del Derecho; tratándose de un fenómeno que aunque aparente solucionar por directo alguna situación de hecho jurídica no prevista en la norma estable o sustantiva, puede conducirse hacia la dispersión, creando simultaneidad en la aplicación de la ley y atentando contra la coherencia del sistema jurídico que no escapa a cuantas designaciones se introduzcan en su contexto, parcializado por la forma en que se presenta. El alcance metodológico que se cierne sobre esta problemática, no solo está centrado en el objeto y el método de la generalidad originaria, sino que viene incidiendo mediante las formas jurídicas y prácticas del Derecho Especial, a cuantas interpretaciones se vinculen con las soluciones otorgadas a los casos o situaciones de hecho jurídicos que muestren tal posibilidad; de por sí, controvertida si contrapone los principios del Derecho acogiendo el principio de especialidad del que se infiere debe partir cualquier consideración en materia.

La normativa siempre debe obedecer a una función integradora de cuanto pretenda regular, específicamente por no ser posible que se creen ordenamientos legales sin una clara misión; mucho menos reformas que se desconozca su sentido realizador positivo, y no aclaren su vinculación con las situaciones de hecho en la realidad cambiante.

No obstante, el análisis de dicha labor por alcanzar el ideal que justificaría su vigencia, puede verse supeditado a las irregularidades que plantea el fenómeno que no logra estabilizar en su identificación misma, apenas conceptual, de qué representa u oscila respecto a la sociedad que circunstancia su movimiento y lo transforma constantemente sin lograr su exacta determinación. Por un lado, aquello que forma lo que puede significar para el Derecho y por tanto, asume posicionamiento jurídico, respecto a lo que aún puede vincularse con este, para tal finalidad, pero que no ha sido lo suficientemente completado en lo que respecta a su conversión en presupuesto, para entonces dar paso al hecho jurídico congruente en  la norma; que puede asimilarse incluso, como una nueva normativa, de estimarse procedente.

El profesor Ahrens en su filosofía del Derecho, manifestaba que entre los individuos y la sociedad debe haber continua comunicación de todos los medios de perfeccionamiento[1]. Al parecer, el preámbulo de naturalismo que caracterizaba el análisis, apuntaba a un contexto comprometedor de cuantas circunstancias hubieren, pero controvertido a la luz de ese Derecho que tendría la tarea de seleccionar el hasta donde se afirmaría su correspondencia con esas pretensiones de organicidad jurídica; porque si la limitante del

ordenamiento partía del mismo ordenamiento, cabría considerar en común, que el problema deductivo de cuantas relaciones pudieran hacerse coincidir en este, estarían dentro de las pocas probabilidades de normativización; por lo menos en lo que correspondería identificar como parte de la norma, fuera en su condición del elemento de hecho jurídico o consecuencia del mismo, desde posiciones generales.

La esencia de lo anterior, ni siquiera se puede decir que alcance todo aquello considerado como parte de esa comunicación. Y en esto tiene una especial consideración para el derecho, qué es comunicación esencial que contribuye a la necesaria interrelación de sus presupuestos y qué no puede serlo a los efectos de la norma que se supone prolongue la situación de hecho a una determinada ubicuidad en contenido dirigido a lo regulado por esta.

Criterios Relacionales del Hecho jurídico y la Institución Jurídica Persona. Aspectos Dimensionales de la Persona Jurídica.

La cuestión de redundar sobre un tema como este, encuentra alguna salida en el marco de argumentación y no en una práctica mutilada por la propia crisis de titularidad, que encierra entre sus prospectos, la dispersión teórica sobre la acción sujeto, a tal punto que pueda identificarse en el ámbito general o especial, alguna concepción de Institucionalidad, por el simple hecho de estar ubicada dentro de alguna legislación con fines utilitarios o simbólicos no bien definidos.La cuestión previa de legislar, propicia un intercambio de conexiones utilizadas al unísono con el Estado que ubica según su sistema jurídico y modelo legislativo, donde radican las necesidades de crear el cuerpo de ley. Cuestión a veces paradójica, cuando no se encuentran cuales serán los destinatarios de la ley y la versión de algún contenido que se vinculará con la formalidad requerida para enfocar positivamente tal objetividad.

El mundo actual, con una panorámica de emergencia respecto a modelos legislativos, muchas veces contradecidos por la inmediatez de construir leyes de aspectos específicos y menos relacionados con los ordenamientos sustantivos, condiciona una enorme brecha para nominar instituciones que aún no han transitado lo suficiente por la realidad contrastante del reconocimiento norma-situación fáctica para su legitimación institucional ante los fines generales del Derecho Sistemático.

Mucho menos la amplia concepción de persona jurídica que es atribuida también disyuntivamente a cuantos modelos se parezcan a contraer obligaciones y derechos frente al Estado, que sostiene cierto sistema jurídico de presupuestos problémicos, como los de persona-entidad; cuya distribución intersectores sociales, intervienen también de forma alternativa al pretender objetivar relaciones que se originan en la propia representatividad.

Si observamos a esta, como una institución del Derecho Civil, dado el clasicismo que encierra la capacidad estatutaria otorgada a la persona individuo y puesta de moda en nuestros días, no es menos cierto que el vínculo con el resto de la sociedad es interpretado a partir de ese primer concepto hallado dentro del contexto consustancial a ese conjunto de rasgos y peculiaridades sociológicas de dicho sujeto que pertenece a un cúmulo elemental de características personales. Cuestión que sumada a las variantes procesalistas que unen la selección formalista del hecho jurídico, hallan una supuesta proporcionalidad que debe corresponder a todo aquello trasladado a las partes integrantes del hecho jurídico.

No siempre la caracterización de dichos aspectos, satisface las respuestas sistemáticas que pretenden hacer unificación mediante los principios del Derecho, a pesar del enfoque especial que debe corresponder a la objetividad trazada por el Derecho Civil. Sin embargo, la necesidad de interrelacionar una especialidad con otra, no siempre aparece por los principios supremos del Derecho, sino teniendo en cuenta el surgimiento de terminologías que aparentemente establecen congruencias de institucionalidad respecto a alguna categoría reconocida ya jurídicamente, pero se interpone contra las reglas de sistematización. De esta manera, se va retrotrayendo la inicial concepción, hasta pasar a un punto neurálgico como es la transposición semántica sobre una misma institución.

Indistintamente se han ido formalizando proposiciones concurrentes, que desde diversos ángulos ofrecen una formación institucional; razón por la que pudiera estimarse dicha asunción terminológica, como propia de un amplio análisis  que obedece a la imprecisión de conceptos que van incidiendo para contextualizar la persona jurídica como una institución.

La Dra Eliza Pérez Vera, parte de una interesante y propicia ubicación normativa para nuestra consideraciones, cuando refiere al estatuto personal como conjunto de instituciones, que referidas al individuo configuran su condición como sujeto de Derecho[2]. Sobre todo, porque al estimar la confluencia de varias instituciones, no descarta tampoco la posible inclusión de aquellos que no pertenezcan a una especialidad que pueda abrogarse cierto papel jerarquizador frente a las restantes.El problema está en si el individuo colocado en esa relación interinstitucional debe seguir siendo considerado como portador de esos derechos y obligaciones, teniendo consideración a los conferidos por principio para ocupar el lugar cimero, o sencillamente, el rango de indisponibilidad sobre todo lo que pertenezca a esa indivisible asignación jurídica, infranqueable por la norma misma que lo designó. En otras palabras, respetando el sentido no solo formalista como adquirente de estos, sino de contenido esencialísimo de todo aquello estimado como derecho fundamental, a pesar de su estrecha vinculación con cuantos factores se hallen inmersos en el fenómeno.

Para algunos, esto es un impedimento para acercarnos a la verdadera realidad, porque no siempre la norma refleja con suficiente vínculo positivista, cómo es en sí esta realidad, y apunta a otros reflejos coincidentes o no con los cálculos propositivos incluidos en algún espacio legislado que preserva cierta forma constructiva, como es el caso del reiterado problema de ubicar a la persona dentro de la norma sustantiva, y más aún, considerarla como un actor dependiente de esta, pero dentro del hecho jurídico que actúa de forma axiológica.

Aparte de lo anterior, es obviamente necesario poder explicar la actuación humana de manera teórica. Si falta esa explicación, no puede existir verdaderamente una teoría del Derecho. No es raro que tal explicación esté centrada en las características formales de la actuación humana, así como en su carácter finalista, con lo que se ofrece una teoría del comportamiento juridiforme[3]. Cuestión que a pesar de ser portadora de una lógica convencionalista por el estilo presentador que hace cualquier norma válida en legitimidad y no por  probidad de lo que realmente es factible corresponder, se haya incidentalmente representada por factores subjetivos. Algunos de los cuales escapan a ese reflejo descriptivo en ley, en ocasiones percibido por el intérprete como una mera constancia parcializada de supuestos fácticos que no llegan a instituir el hecho jurídico.

Según el estadounidense Searle, existen hechos objetivos que no encuadran con el esquema positivista, ni con el carácter en bruto de los hechos. Cuando se pronuncia una condena, se celebra un contrato, se bautiza un barco, se promulga una ley, etc, nos hallamos frente a hechos objetivos que no armonizan con el esquema positivista[4]; pero ello no significa tener que optar por su omisión dentro del mismo esquema positivista. Eso sería peor que si no se constataran para poder medir los factores de validez jurídica condicionantes en la aplicación de una ley, cuyos pronósticos de posterior contrastación no sean los favorables a cuanto se esperaba. Como cabría constatar también, que la aparición de nuevos elementos constitutivos con suficiente influencia en los marcos o textos institucionales no previstos hasta su puesta en función no deban soslayarse en los momentos que se realiza la tan cuestionada contrastación empírica norma realidad.

Los hechos institucionales siempre se constituyen mediante la aplicación de reglas constitutivas fijadas en la doctrina o dogmática correspondiente del sistema jurídico, con lo que se acepta la autoridad de las reglas como algo evidente, una autoridad que considerada en sí misma, es ya un hecho institucional[5], que a su vez, va imponiendo formas de sistematización basadas en las mismas variantes constructivas del ordenamiento, siempre encaminado a establecer directrices de obligatoriedad en cuanto sean probables sus distinciones respecto a lo que no es jurídico de lo que debe ser normatividad.

Si la afluencia de contenido referencial normativo, como planteo conceptual de la persona jurídica, incurre en conceptos multifraccionados sobre el orden relacional de hechos jurídicos, y la institucionalidad mediadora del propósito normativista, que no siempre coincide entre los enfoques de leyes establecidas, aunque se hallen vinculados únicamente por la pertenencia a un mismo sistema jurídico se hace extensa, entonces la proposición de solucionar el dinamismo suscitado por la relación multifactorial, entroniza sobre una discusión de pragmatismo jurídico no convencional, que implica una vez más al sujeto persona y sujeto persona jurídica.Sobre todo, porque los hechos institucionales no solo corresponden en su origen al ámbito organizacional de alguna entidad legitimada por estatutos u otros condicionamientos legales, sino también a aquellos reconocimientos que el Derecho consuetudinario ofrece como posibles vías de alcance dimensional dentro de contextos específicos que no escapan del sistema jurídico general, pero en determinada medida tributan al principio de convergencia transformadora del hecho jurídico.

Persona o Status Jurídico. ¿ Nueva Crisis de Titularidad ?

Las atribuciones que en el orden facultativo y obligacional se hacen corresponder con el Estado como máximo otorgante de estas, atraviesan la compleja crisis de titularidad, cuya base se halla inmersa en determinar los límites facultativos que solo otorgan las leyes.

No se trata de una pérdida de los antiguos componentes o elementales configuraciones del concepto funcional y la simplificación presupuesta para su utilidad práctica- teórica mediante la normatividad expresa, sino de un  cúmulo de nuevos términos antes no contemplados en los sistemas jurídicos, pero dirigidos a problematizar algunas nociones fundamentales sobre la persona y su status.

Baste significar que el alcance de los conceptos actuales sobre persona, status jurídico y persona jurídica, no deben observarse bajo el prisma de la relación jurídica iniciada por las atribuciones de responsabilidad que el Derecho Civil romano otorgó durante épocas como válidas para la identificación terminológica, consignada desde el momento en que comenzaba a hacerse efectiva, la capacidad atribuida y las envestiduras autónomas respecto a la multifraccionada intervención actual de otras especialidades, como el Derecho Mercantil, por solo citar un ejemplo que también comienza a abrogarse signos de autonomía especializada, aportando elementos terminológicos que deparan en necesarios cambios sistemáticos; cuando no, interpretaciones extensivas de la normativa civil sustancial.

El goce de ciertos derechos encuentra en el Derecho interno, una fuerte competencia del Estado sobre los individuos. Tal como pudiera argumentarse en otras palabras, la selección de parámetros mediadores que enlazan las referencias fácticas con la actuación social de aquellos, cuyas variantes de objetividad establecen ciertas premisas de control estableciéndose un interés social sobre el que recae cualquier conjugación sistemática.

Ahora bien, la razón de que el sujeto ocupe un lugar intermedio en el encause de estas referencias jurídicas, no significa que ostente ambas condiciones ante las situaciones de hecho a ser evaluadas normativamente. Sigue siendo individuo porque su status adquirido por naturalidad es adquirente de valor jurídico, aunque comience a ostentar las formas que en el marco de autonomía de la voluntad que ofrece el Estado, se le permita ejercitar dentro de ámbitos específicos esa capacidad.

El status personal se origina en la propia sistemática del Derecho Civil, por tratarse de aspectos enmarcados sobre una naturaleza tal, que se hacen depender de probabilidades cuyo alcance social precisado o no en cuanto a su vigencia temporal, resulta contradictorio por esa afluencia terminológica, no solo hallada en la nacionalidad; ya que los incursionantes criterios conectores, como el domicilio, la ciudadanía y la residencia, además de integrar todo el conjunto estatutario, despliegan suficientes relaciones de índole consuetudinaria, para valorar que sus efectos  inciden en una unificada regulación sistemática. Razón por la que, esa positividad en ley alcanza otras dimensiones dentro del Derecho Interno; suponiendo que la   persona se hace corresponder con un régimen  probatorio, indicador de dichos componentes. Si se trata de una prueba de nacionalidad, entran a jugar un papel fundamental, el lugar de nacimiento, la inscripción de aquellos datos personales según la ley vigente, entre otros elementos; permitiendo la entrada de relaciones normativas que se establecen a partir de ese momento de primer orden legal. Apareciendo al unísono, la forma registral que legitima la identificación jurídica en su tipo y conduce a circunstancias de obligatoriedad, no solo por la forma registrada, sino por todo lo que se vincule a la misma y muestre la posibilidad de ser calificada frente a fines jurídicos convencionales.

Ahora bien, la cuestión de si debe considerarse persona jurídica o continúa siendo un sujeto individual con status jurídico, provoca también reacciones terminológicas en la misma medida que se van interrelacionando nuevas incursiones institucionales, ya sea por el propio derecho u otras ramas. De este modo, se puede hablar de una concertación de interpretaciones que encuentran en su propia naturaleza un motivo para justificar la determinación del concepto persona jurídica, que no logra ser aún, lo suficientemente convencional para delimitar las fronteras institucionales entre la persona y la entidad.Por una parte, la persona como susceptible de contraer relaciones mediante el Estado, convertido a la vez en su protector y delimitador de estas, comienza a gestar el proceso institucionalizador de legitimidad vinculado a la licitud del status personal.

En esta determinación legal se encuentra el inicio de inmediatez para cualquier consideración hallada  como circunstancial al sistema mismo que dio origen al concepto. Por tanto, no es solo una razón de identidad respecto a una posición ante el Derecho, se trata además, de una probabilidad que puede no ser tan delimitativa si no logra alcanzar las soluciones esperadas ante la presencia del hecho jurídico. Y aunque la anuencia de hechos jurídicos dispersos no evidencien la uniformidad del status, que por principio debe responder a cuantos subsistemas tomen parte en la ordenación de textos jurídicos destinados a las personas, el contradecir la naturaleza formativa institucional de las leyes, desistematiza los límites de congruencia en sus elementos específicos.

La afluencia de contenido, que no debe quedar fuera del ámbito normativo, ante las justificadas motivaciones de simplificación legal, coloca la esperada congruencia entre los teórico y práctico, que finalmente se halla en el centro de cuantas determinaciones se realicen sobre el hecho jurídico ya evaluado, como posible de reestructura. Lógicamente, teniéndose en cuenta que la trascendencia al precepto legal con todos los efectos que trae aparejado; entre ellos, la transformación del hecho jurídico que hasta cierto momento se aplicaba según su pertenencia a alguna ley, y la estela consecuencial que deja como antecedente de mayor inmediatez cuando pasa a formar parte de otra; incluso, obviando el contexto sustantivo, dificulta la interpretación.Pues, si el concepto etimológico está ubicado en el Código Civil, debe inferirse  por otra ley sustantiva, que el marco de relación intersistemática, puede verse afectado en caso que las terminologías ubicadas dentro de esta última redunden necesariamente sobre elementos esenciales.

Pudiera parecer que el sistema jurídico no haga uso del lenguaje único para todas las leyes pertenecientes a el, e incluso, indagar causas paradójicas composicionales que demuestren al menos las posibles omisiones que contradigan la uniformidad sistemática. No obstante, la legibilidad o entendimiento, siendo un tema, que muestra las probabilidades de efectividad normativa en un lugar secundario, frente a los embates de la legislación emergente, ocasionalmente comprensible más que la general, puede contradecir además, el modelo legislativo; a pesar de suponerse que la unidad y coherencia estén presentes.

La relevancia evolucionista en todo lo que respecta el análisis que pueda otorgársele a una ley u ordenamiento legal que haga mención al status jurídico y la persona jurídica, encuentra ciertos obstáculos de convencionalidad, si demuestra ciertos obstáculos  de convencionalidad por insuficiencia de la estructuración normativa respecto a otros ordenamientos; lo que trae aparejado deducciones de índole anarquista entre lo considerado por el Código Civil para las cuestiones o asuntos civiles, por ejemplo, en abierta oposición a otras normativas, cuya actuación no dependa de la norma civil, pero pueda incluirla como aprehensión de sus elementos para llegar a la propuesta correspondiente.

No se trata tampoco de confundir el status jurídico y la persona jurídica con el status civil, a pesar de que este último constituye la primicia de todo sistema jurídico, del que se hacen derivar posteriormente otras consideraciones significativas; primero por el énfasis normativista del que son portadoras hacia el sistema, y fuera de este, con relación al hecho jurídico, y segundo, porque su descripción supone de antemano alguna comprensión de la práctica de los operadores del derecho.

Una breve exposición, nos ayudaría a analizar otros posibles cuestionamientos en direcciones terminológicas posibles sobre las ya referidas relaciones categoriales.

El Código civil y la Persona Natural

La dirección civilista de proteger las relaciones patrimoniales y no patrimoniales que parten de la relación jurídica, esencialmente se halla supeditada a una concepción principista de que la misma se refiere a “ intereses “. Sin embargo, el contexto que abarca la acepción terminològica, es tan amplio, que resulta muy complicado, delimitar si esos intereses se corresponden a lo socioeconómico, individual u otros aspectos vinculados a la inferencia empírica que supone el enfoque contrastado  en la realidad presente, cuya cercanía está siempre vinculada de alguna manera al status personal concebido por el Derecho.

El principio de igualdad sobre el que se funda el fenómeno relacional, enfoca la cuestión espiritual y material mediante una correspondencia traducida a todo un ámbito de supuesta vinculación entre ambos. De forma tal, que al señalar cualquiera de las variantes sumidas en uno u otro, no tengamos que sumarnos a posiciones exclusivistas que sobrepongan a estos, y por tanto, se alejen de ese carácter principista avalado por un rubro de índole legal, como su ubicación al momento de proponer alguna responsabilidad sobre el hecho jurídico, siempre y cuando sea este el impulsor de su puesta en tráfico real.

No es casual que las investigaciones en el ámbito jurídico general, vengan haciendo referencia última, a la formalidad y la realidad; ambas seriamente criticadas por las distancias sobrepuestas mediante el supramencionado hecho jurídico civil, que en algún momento puede predefinir un concepto, pero no hacerlo congruente con el prefijo de relación jurídica. Téngase en cuenta, que al otorgarse cierta igualdad a cuantos elementos concurran en la formación de esa relación jurídica, la configuración que se abstrae a partir de una medición consuetudinaria entre lo que influye en mayor medida o no, para ello, puede ser objeto de cuestionado énfasis probabilístico respecto a un reconocimiento en los sujetos que se van incluyendo en el  denominador común acto jurídico.

El objeto de satisfacer  necesidades materiales y espirituales, presume su deducido propósito en la persona individual. Todo aquello que pueda ir contra esta genérica aceptación de un deber ser comprendido en ambas formas y contenidos como viables a dicha integración, tienen que considerarse válidas ante los valores objetivantes así concebidos. Siendo ratificable su contenido socializador finalístico, que nunca está dirigido para causar daño  a otra persona, aunque esté dentro de los parámetros normativos estipulados.Esta cuestión puede interpretarse en forma menos estricta, si tomamos en cuenta la disyuntiva de una decisión judicial a favor de una persona contra los intereses de otra ocasionándole un perjuicio no reconocible, ni restituible por parte del Estado y mediante esa representación ejercida en el órgano a cargo de su determinación.

Sin embargo, la gestión a favor de los particulares que pueda desempeñar este, a razón de una capacidad generadora de normas por sus relaciones intrínsecas con el Derecho, puede entrar en cuestionamientos negativos de generar dicha decisión judicial, partiendo de otros problemas que a pesar de persistir conceptualmente en el marco del Derecho Civil, no encuentren una solución firme, dando lugar a la inferencia de otras normas o ramas jurídicas no necesariamente civiles.

A tales efectos se puede decir, que esta es una de las contradicciones claves para decretar la moción negativa del ordenamiento, que tendría entonces que quedar supeditado a la invalidez parcial de sus normas, hasta tanto sea posible encontrar el encuadre normativo oportuno; coincidente o no totalmente con sus principios de realización jurídico teórica. No obstante, el respeto al principio de supremacía del interés social se mantiene, porque además de estar ligado a una fuerte tendencia sociológica de abarcar todo aquello que se halle en sociedad, y otras consideraciones ampliamente difundidas respecto a la posición jurídica del individuo, se conjunta en todo el entorno situacional existente hacia esa relación persona-sujeto, que el Derecho Civil asume como elemento consustancial a un hecho  jurídico cual sea su naturaleza. Es decir, esté concebido por la normativa civil u otra, cuyo emplazamiento a partir de la concepción proveniente de esa norma, ocupe el nivel de aproximación correspondiente para otorgar rasgos positivistas frente al Derecho en cualquiera de sus manifestaciones así develadas.

La razón de titularidad, al nacer del Derecho natural, enfrenta la paradójica situación del hecho jurídico convertido en relación normativa, desde el mismo plano de designada ubicuidad en la Ley. Dando inicio a la multiplicidad del género capacidad de derechos y obligaciones con una probabilidad de ser contraídos bajo denominaciones aparentemente conmensurables de lo preconizado por dicha norma. El ejercicio de esa capacidad, de inicio, supeditada al Código Civil, encuentra la polémica desconstrucción naturalista que se le otorgó, porque la composición normativa que pueda adquirir en lo adelante, incluso teniendo en cuenta legislaciones especiales, sean civiles o no y según marcos referenciales contentivos de algunos elementos, pueden no responder a esa ubicuidad normativa; reaccionando indefectiblemente al nuevo hecho jurídico, portador de novedosos elementos que respondan a otros órdenes legales.

En las diferentes facetas que ha atravesado  el domicilio, por ejemplo,  como categoría que ejerce notable influencia en la caracterización de algún lugar que deba tener la persona para ser concebida como portadora de derechos y obligaciones, entre las que cuentan el legal, voluntario, así como el social, permanece inerte la normativa civil sustancial. De un lado es reiterativo el uso abstraccionista de no definir qué es domicilio, e incluso motivar inferencias paralelas con otra legislación, y de otro, la influencia indirecta para demostrar que se trata de personas naturales, retoma la versatilidad preceptuada en otras leyes especiales, sin llegar a influir en el contexto sustantivo de manera relevante, la primicia de una supuesta relación jurídica reflejada por la persona natural, por demás, requerida de cierta forma para validar su posición sistemática ante la ley.

El Derecho Internacional Privado, agrega un mayor prisma de entendimiento heterónomo al asunto; pues hace consignar, además de las variantes del domicilio, otros argumentos concurrentes a la conexidad del elemento extranjero, como parte de un enfoque metaestructural que compete a cuantas legislaciones pretendan hallar en la relación jurídica persona, un mejor acercamiento al ámbito conceptual identificativo de sus elementos.

Los Derechos Inherentes a la Personalidad. Replanteo del Status Persona

La personalidad en su acepción terminològica, implica un conjunto modulado de presupuestos disímiles por género, caracterizaciones, implicaciones de destino y valoraciones dependientes de finalidades orientadas por la normativa desde el primer momento que se hacen coincidir sobre aquellas fijaciones presupuestas que implican alguna sistemática legal vigente.Habida cuenta que el rubro organizativo que puede adquirir algún orden preceptivo de carácter referencial o sustantivo, si lo vemos de ambas maneras por las relaciones específicas y generales en torno a situaciones de hechos formados en una realidad no dependiente siempre de la ley, puede probabilizar sus apariciones, pero no siempre ser determinantes en cuanto a la objetivación dentro de esa realidad también supuesta inferidamente mediante el precepto normado.

La connotación social que adquiere esta categoría, es tan sumamente amplia, como las pretensiones de asignarle propuestas normativas para una aplicación legitimada que pueda concebir un acatamiento calificable para el Derecho. Observación que se torna dimensionada por la interpretación emergente dirigida a una búsqueda de respuestas constantes por cada situación imperiosa al presentar más elementos especiales y salirse del contexto preceptuado en el ámbito sustantivo.Sin embargo, la preexistencia de elementos subjetivos, tantos como posibles integradores de la persona en el precepto jurídico, puede sustentar la responsabilidad con una mayor agudeza que cuando prevalecen los elementos objetivos por encima de aquellos. Asunto, que no contradice el positivismo, a pesar de su variante exclusiva hallada en funciones de aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales, de una forma próxima a la contrastante realidad que venimos señalando entre lo establecido y lo aplicado. Es decir, aunque se le otorgue un gran peso a la objetivante que resulta ubicar el precepto en la realidad, lo cierto es que se confiere a lo subjetivo, una connotación compleja que va formando conceptos sobre los factores que la jurisprudencia puede nominalizar a partir de esas relaciones estimuladas por los pronunciamientos que deciden situaciones de hechos jurídicos.

Por tanto, si observamos desde la posición prescriptiva, constataremos que el ordenamiento jurídico va indicando las posibles realidades a las que tendrá  como suyas necesariamente, aún y cuando no se localicen dichas condiciones fácticas omitidas en el contexto de prescripción normativa.

En este sentido, la captación de nuevas relaciones jurídico civiles respecto a la persona natural, es evidente por la propia naturaleza jurídica que supone considerar la multivariada y compleja concupiscencia de posturas adoptadas frente a situaciones jurídicas preconceptuadas mediante la inmensa determinación fáctica, que respecto al Código por su nivel sustantivo, vincula el hecho jurídico con el acto jurídico. Nociones estas que siempre vislumbran la realización positivista que infiere esa intervención normativa, por muy mínima que sea respecto a la solución propuesta del caso.

El compendio de elementos subjetivos que logre integrarse alrededor de un hecho no jurídico aún, es el punto neurálgico para la incorporación de esos aspectos a valoraciones de esta índole subjetiva que puedan aceptarse como presupuestos de la norma preceptiva.  El inconveniente radica en el margen cuantitativo que acerca a cualquier decisión, un cúmulo de estos, no igualados por demás, dado el nivel jerárquico que puede entenderse  diferente en relación a aquellas situaciones fácticas donde se presuman variantes a considerar que no juegan el mismo papel influenciador ocasionado por el esquema sustantivo civil; tal como venimos analizando.

De aquí se desprende el cuestionamiento a las reglas componentes de ese sistema codificado; sobre todo, para ubicar alguna respuesta a soluciones que van apareciendo de forma operativa y paralelas a la ley sustantiva civil; encontrando el límite sistemático, siempre y cuando puedan oponerse con suficiente validez normativa para que la relación jurídica entre ambas, no sea parcializada como sucede en mayor medida ante tales problemas de conceptualización, y por lo menos sea tenida bajo esa  concepción válida, que parte en primer lugar de la existencia preceptiva de varios artículos ubicados a través de relaciones generales o especiales necesariamente relacionados, y en segundo lugar, de una estratificación también general y especial, que los va señalando en primacía de unos respecto a otros; dada la significación teleológica aludida.

 Por lo que las prioridades atribuidas en la normativa, se forman sobre la base relacional persona-bienes; implicación que va desde esos aspectos sistematizadores hasta los enmarcados con especificidades no cubiertas aún por las normas sustantivas; aunque su utilizada imperatividad, se acoja desde un ángulo indicativo, para referir situaciones de hechos jurídicos como las inferidas en el ámbito presuntivo ya analizado.El carácter social que lleva su contenido, al nacer de la ubicación socializada de otras relaciones no precisamente jurídicas, determina en suma consideración, que esa relación persona-bienes, se halle macrolocalizada en ese cúmulo amplio de referencias; cuyas características didácticas jurídicas para su mejor estudio, y a pesar de las subdivisiones clasificatorias de ambas dimensiones por separado, no puedan abarcar toda la amalgama de contenido fáctico relevante para la función normativa.

Si nos preguntáramos donde se halla dicha función, si es como medio de comunicación o como controlador de los tipos reguladores diferenciados por preceptos, teniendo presente la relativa autonomía de esta ley, lo más probable sería encontrar la respuesta fuera del contexto sustantivo; aludiendo a esa tan discutida dinámica que presenta la composición del hecho jurídico y su representación en el acto jurídico como expresión intermediaria de los elementos fácticos con esa relación preceptuada.

Reiterar el alcance subjetivo otorgado a aquellos preceptos que contienen aspectos sobre la personalidad, comprende un análisis exigible de separación entre lo coactivo implícito en la norma, y lo no coactivo, pero relacionado per se. Más aún, si la diferenciación se apoya en determinados detalles, algunos aparentes  u otros no,  al señalar hacia el sujeto persona como centro de permanencia normativa, y a pesar de la acalorada discusión persona-bienes, que no tiene por qué apoyarse en la tradicionalista aceptación positivista para comprobar la validez de su contenido normativo.

 Sin dudas, el patrimonio es una noción jurídica, que además de su controvertida influencia en la esfera personal, no solo vista desde la posición de tenencia o ámbito extensional de esos bienes materiales, comprende la inmaterialidad de ciertos elementos que transmiten comunicación a terceros, y desde la individualidad manifiesta, al incorporar nuevas relaciones jurídicas, trascienden a la esfera de personalidad; portadora de un sinnúmero de valores que apenas resultan descriptibles con suficiencia legal, al ser introspectivos por medios induccionistas condicionados en la ley. Sobre todo, los concernientes a esos derechos autorales, cuyo disperso ámbito de interpretación sustantiva, aún se encuentra fuera de pronunciamientos concretos para alcanzar una dimensión menos propensa a la propia normativa dispersa codificada.

Cuando para mantener en pie, la distinción entre derechos reales y personales, se definen aquellos, como el derecho de un individuo a disponer de cualquier manera de determinada cosa, se pasa por alto que ese derecho no consiste sino en la obligación de los otros individuos a consentir esos actos de disposición; es decir, en la obligación de no impedir esos actos, o de no intervenir en ellos[6]; infiriéndose la autorización Constitucional inductora de cuantos actos derivados en esa relativa coherencia persona bienes, para que no se circunscriba al reduccionismo que emana de tal simplificación; sino más bien, y dadas las implicaciones tenidas en cuenta por los derechos reconocidos tanto individuales como públicos, se incluya el valor subjetivo de la relación persona-persona inherente a cuantos actos positivos u omisiones repercutan sobre dominios ejercidos alrededor de bienes, sin la presuposición exclusiva que presenta el derecho de propiedad.

En este sentido, la captación de nuevas relaciones jurídico civiles respecto a la persona natural, es evidente por la propia naturaleza jurídica que supone considerar la multivariada y compleja concupiscencia de posturas adoptadas frente a situaciones jurídicas preconceptuadas mediante la inmersa determinación tácita que respecto al Código por su rango sustantivo, vincula el hecho jurídico con el acto jurídico. Nociones estas, que siempre vislumbran la realización positivista que infiere esa intervención normativa, por muy mínima que sea respecto a la solución propuesta del caso.

Conclusiones

El debate contemporáneo sobre la condición jurídica estatutaria en relación al alcance determinante que derive a partir de facultades otorgadas por la ley, encuentra serias controversias, no siempre dirimidas en el contexto jurídico . Dada la complejidad que presentan los diferentes hechos atraídos a la sustanciación legal que estipula el Código Civil, ubicado en el centro de una prognosis de comportamientos subjetivos, cuyos límites sistemáticos se encuentran cuestionados ante la contradictoria incursión de especializaciones que van desprendiendo de su trayectoria originaria codificada, la validez jurídica,  entendida según vaya incorporando aspectos que puedan entenderse también bajo un esquema normativo civil.

El hecho jurídico institucionalizado por razones de conveniencia práctica, mediando elementos relacionales de la persona jurídica, cuyas reglas ordenatorias distan de ser consideradas como válidas en todas las situaciones posibles planteadas por el Código Civil, y más aún por las deducciones de carácter general, que supone al menos partir de este  contexto sustantivo, no llega a concretar determinadas correspondencias entre el sentido normativo, en ocasiones dimensionado fuera del mismo Código, y la formalidad del estatuto obligatorio requerido para condicionar aquellas facultades concurrentes con la persona natural.

La evidente crisis de titularidad insita en la relación persona, status jurídico y persona jurídica, además de caracterizarse por una simplificación demasiado abstracta para aplicar reglas convencionales sistemáticas en el Código Civil y acumular afluencia de diversos contenidos que no logran alcanzar la uniformidad requerida para una interpretación acorde a sus principios sistematizadores, proporcionan un ámbito de vigencia demasiado circunstancial ante probables hechos fácticos vinculados a cuestionamientos sobre el rol facultativo de la  permanencia del status personal y las atribuciones otorgadas por el Estado en cuanto al ejercicio de legitimidad correspondiente cuando se está en presencia de una de las dos opciones analizadas.

La iniciativa legislativa del Código Civil en este aspecto, debe verse como una aproximación a las conciliaciones entre ordenamientos jurídicos  , por encima incluso, de cualquier  interpretación de prevalencia en cuanto al ordenamiento parcial; aún y cuando la tendencia a la especialización en la contemporaneidad es creciente por el solo hecho de fijar reglas por cada ordenamiento parcial en función de su singularidad.

En la sistemática del Código Civil se halla la máxima combinación de actos civiles y derechos individuales  que reciben alguna calificación positivista , desde una ubicación más practicista, al estar dirigidas hacia formas coactivas  y concesionarias de gran significación a partir de intereses que rodean  ilimitadamente al individuo, si las observamos en base a las aspiraciones personales de éste, y sin ligarlas a cuestiones transpersonales socializadas indefectiblemente puestas en curso por admisión legal; dada la ubicación sostenida mediante sus normas que no pueden prescindir del contexto social que  representan.         

Bibliografía.

1. Alvarez González. Ley Aplicable a la Responsabilidad Precontractual en Derecho Internacional Privado Español. En la Responsabilidad Internacional. Editado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Privado y Relaciones Internacionales. Alicante. 1998

2. Aramburo y machado M. Bases para el Código Civil Cubano. Imprenta de solana y Co. La Habana. 1916

3. Blanco Morales P. El Aseguramiento de la Responsabilidad Civil. En Responsabilidad Internacional. Editado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional Privado y Relaciones Internacionales. Alicante. 1998

4. Boulois Jean. Droit Institutionnel de L´Union Europenne. Editions Montchrestein. Paris. 1995

5. Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Uruguay. Mayo 1979

6. Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. La Haya. 1993

7. Convenio de Asistencia Judicial en Materia Civil y Mercantil entre el Reino de España y el Reino de Tailandia. 1999

8. Colectivo de Autores. Derecho Civil Soviético. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. 1987

9. De Ruggiero R. Instituciones de Derecho Civil. Editorial Reus. Madrid. 1945

10. Fenouillet Dominique y Terre Francois. Droit Civil. Las Persones .La Famille. Les Incapacités. 6e édition. Droi Privé. Editions Dalloz. Paris. 1996

11. Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela. Pantin Ramírez y Asociados. 2001

12. Orúe y Arregui J. R. Manual de Derecho Internacional Privado. Instituto Editorial Reus. Madrid. 1952

13. Rotondi Mario. Instituciones de Derecho Privado. Editorial Labor S. A. Madrid. 1953

14. Reglamento 1348 del Consejo de la Unión Europea Relativo a Notificaciones al Traslado a los Estados Miembros de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil y Mercantil. Junio 2000.

15. Sánchez de Bustamante y Sirven J. Proyecto de Código Civil de Cuba. Talleres Tipográficos de Carosa y Cia. La Habana. 1940

Dr. Rolando Ríos Ferrer

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