Monografias | Las maestras: las políticas estatales son un abuso en razón de género

Este 15 de mayo se conmemora el día del maestro y de la maestra.

Les invito a reflexionar sobre la situación de las maestras en Colombia.

ADIDA – CEID.
Comisión de Educación con Jóvenes, Adultos y Adultas.

Coordinadora: Beatriz Eugenia Bustamante Henao.

El decreto número 2277 del 14 de septiembre de 1979 que estableció en Colombia el régimen especial[3 “para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente”, ha sido desmontado poco a poco en los últimos diez años.

 El espíritu de la ley del régimen especial tuvo que ver con las condiciones de desigualdad económica y de estabilidad laboral a las que estaban sometidos los y las docentes colombianos, antes de dicho decreto los educadores y las educadoras podían ser trasladados, removidos y mal pagados dependiendo de la voluntad del gobierno de turno; dicho régimen  en la practica solo duro unos trece años, ya que, durante la década del 90´ los maestros y las maestras que ingresaron al servicio educativo colombiano lo hicieron sin estar incluidos dentro de dicho régimen[4], es decir: lo hicieron sin la mayoría de las primas y sin el derecho a recibir una pensión justa a sus años de servicio, también se desmontó la ayuda para la educación superior de los hijos y las hijas de los maestros y las maestras.

 ¿Pero y esto qué tiene que ver con el ser maestra mujer?

 Mucho, porque  de los y las docentes que laboran en Colombia, se calcula que un 75%[5] son mujeres y muchas de ellas son madres cabeza de familia, por lo cual: los bajos salarios, la perdida de primas o su no pago, el desmonte de la ayuda para la educación superior de hijos e hijas, la eliminación de la pensión de gracia, el aumento de la edad de jubilación, la cobertura sin recursos, una mayor jor nada laboral y el recorte de las vacaciones, son un atentado directo contra una población vulnerable en razón del género.

Las maestras mujeres somos población vulnerable al interior de nuestro país, el cual presenta altos índices de corrupción y el Estado ante la inestabilidad económica en vez de combatir la corrupción toma la vía más fácil: atacar a las personas más débiles. 

 Atacar a los y las más vulnerables es un proceso sistemático realizado de forma continua a través de los medios de comunicación.

 Los diferentes gobiernos le han dicho a la opinión pública que los y las docentes tienen grandes salarios, cuando la realidad es que el promedio está en 720000$ (setecientos veinte mil pesos) que es mucho menos de lo que se gana como profesional.

 También dicen que el régimen especial de pensión del magisterio agota las arcas del estado, cuando la realidad es que los maestros y las maestras que se están jubilando con pensión de gracia tuvieron toda una vida de esperas (muchas veces esperar hasta seis y siete meses para que les cancelaran sus sueldos)  y necesidades (los sueldos nunca se han correspondido con el nivel de experiencia y de formación) y por esto la pensión de gracia es una justa compensación a todas las angustias y sacrificios de los y las docentes.

 No se dice que a la pensión de gracia no acceden las personas vinculadas después del 1 de enero de 1990, ni de que estos y estas docentes no tienen derecho a muchas de las primas y en el imaginario de la población queda la sensación de que los maestros y las maestras tienen mayores privilegios que el resto de la gente y por lo tanto son una plaga que hay que acabar para poder “repartir” mejor los bienes del Estado.

 Poco se habla a través de los medios de comunicación que desde 1979 los maestros y las maestras colombianas iniciaron un enorme proceso de formación y que la mayoría de los y las docentes tienen uno o varios títulos universitarios obtenidos con su tiempo y dinero y que la compensación a esto se traduciría en que por cada tres años promedio de educación se ascendería un grado en el escalafón dando lugar a un aumento en salario de unos cincuenta mil pesos.

 El escalafón docente es definido en el artículo 8 del decreto 2277 de 1979 como “el sistema de clasificación de los educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos”[6], esto funcionó hasta diciembre de 2001 cuando en todo el territorio nacional y aduciendo cambios en las leyes y problemas económicos se cerraron todas las oficinas de escalafón del país.

 ¿Y qué paso con nosotras?

 Las políticas estatales de los últimos años han dado como resultado:

 Primero, una enorme desigualdad en razón al tiempo, ya que antes de 2001 los y las docentes ascendían según los requerimientos de la ley, mientras que después de ese año el gobierno paró en la práctica toda posibilidad de ascender, entonces mientras para unos y unas existió la ley para otros y otras esta a pesar de existir no funciona.

 En un mismo país con iguales leyes se da tratamiento desigual a las personas, personas que son en su mayoría mujeres,  “No hay necesidad de estadísticas, sabemos de sobra que en la administración pública (hospitales, enseñanza, correos, hacienda...) las mujeres se encuentran en gran número en lo más bajo de la escala de puestos y salarios y son escasísimas en los puestos de decisión” (Le Doeuff, 1993. Página 341).

 Segundo, desde que se cerraron las oficinas del escalafón muchas mujeres, entre ellas yo, hemos recibido nuestros títulos de postgrado, dichos conocimientos han sido vinculados a nuestra labor como docentes, pero no son reconocidos por parte del estado, esto me  lleva a decir que aunque la cualificación es mayor, también lo es la discriminación, ya que, cuando las mujeres maestras colombianas comenzaron a demostrar que a pesar de sus obligaciones como madres y lideres de sus comunidades, también tenían tiempo y capacidad  de estudiar, se ha pretendido desde el gobierno al cerrar el escalafón, invisibilizar los logros de ellas. 

 Al cerrar el escalafón también se ha cerrado la posibilidad de compensar económicamente la formación y los bajos salarios.

 Tercero: desde 2001 hasta hoy el aumento real de la canasta familiar es del 48%[7] mientras que el aumento promedio de los salarios de los y las docentes fue del 12%[8]; la desproporción de estos dos factores  me conduce a decir que en términos reales los salarios de los y las docentes tienen una disminución real de su poder adquisitivo  del 36%, y esto da como resultado un atentando contra la seguridad alimentaría de las familias de los maestros y de las maestras.

 Por todo esto una población mayoritariamente femenina y vulnerable ha sido atacada y afectada por medidas represivas explicitas y no explicitas y esto ha sucedido porque la debilidad de las madres cabeza de familia, viudas, solteras o separadas hace que prime el instinto de sobrevivencia ante el temor de los descuentos salariales, como por ejemplo el de la justa lucha del año 2001 y del cual muchas familias aun no se recuperan.

 De todo lo anterior se puede deducir que en Colombia no se da cumplimiento al artículo 13 de La Constitución Política que establece “la concepción del derecho a la igualdad formal de todas las personas ante la ley y la igualdad material, esto es de trato y protección por parte de las autoridades” y al principio de la OIT DE 1962 que estableció igual remuneración por igual trabajo esto lo digo en el sentido de que por igual tiempo de servicio y de meritos académicos se ascendió a unas personas y a  otras no.

 A todo lo anterior hay que añadir que el nuevo sistema de pensiones, donde las mujeres tienen que trabajar siete años más para jubilarse, representa el desconocimiento por parte de los legisladores (en nuestro país la mayoría de los juristas en posición de aprobar leyes son hombres) del trabajo no remunerado que realizan las mujeres a diario, me refiero a las labores domésticas, al cuidado de los niños y de las niñas y de otros familiares;  no existe compensación por el trabajo real de las mujeres, solo se toma en cuenta el trabajo remunerado y en el imaginario popular este tipo de trabajo no existe, como anécdota puedo decir que cuando pregunto a mis alumnos sobre lo que hacen sus madres muchos de ellos dicen “ella no hace nada... es ama de casa” y yo me pregunto si esta invisibilización del tr abajo de las mujeres se esta extrapolando en el imaginario de la población a algo así como: “su trabajo no es importante es maestra” y por lo tanto no merece justa remuneración.

Las maestras: las políticas estatales son un abuso en razón de género[1]

Beatriz Eugenia Bustamante Henao[2]

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