Autonomía y democracia en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

“La educación es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la humanidad para la construcción social, para el desarrollo del individuo, para la elaboración de políticas viables, la consolidación de sociedades gobernables, la solución de problemas materiales y el desarrollo material y social. La educación es el proceso por el cual cada uno de los individuos se apropia del saber colectivo que han desarrollado generaciones enteras antes que él en todas las latitudes y lo utiliza para si mismo y para sus tareas. La educación es el proceso por el cual se colectiviza el saber y se construye comunidad con base en él. A través de la educación aprendemos a vivir en el mundo simbólico que constituye el fundamento de la humanidad y aprendemos a convivir con quienes lo comparten. Valores, ciencia, lenguaje, creencias y tabúes forman parte de este patrimonio simbólico.”[1]

“Hablar de dedocracia en la Universidad parte de entender que la educación pueda ser fecundadora de hombres, de grandes trasformadores de los pueblos, que se atrevan a pensar libremente y crear formas mejoradas y nuevas de vida. Por eso proponernos por una educación integral, que esté acorde a las necesidades propias de nuestro país. Esta debe ser la tarea de nosotros, estudiantes universitarios, que aun creemos en la escuela como espacio de formación creativa.”[2]

Diagnóstico en torno al conflicto ocasionado por la implementación de las Reformas Educativas del Gobierno Uribe en la Universidad Nacional

Al interior de la universidad y específicamente de una Universidad Pública como lo es la Universidad Nacional de Colombia, se presentan conflictos de muy diversa índole: Conflictos académicos, en tanto se trata de un centro de formación; conflictos de convivencia en la medida en que es un espacio de socialización, donde se refleja la diversidad del país; conflictos sociales; conflictos personales y muchos otros. Además, la Universidad está atravesada por conflictos que la trascienden y que ponen en juego cuestiones de relevancia regional e incluso nacional: el conflicto social armado, conflictos políticos, diferencias gremiales, etc.

En los últimos años se viene presentando un conflicto que, por sus características, no solo afecta el funcionamiento interior de la Universidad, sino que pone en cuestión su función formadora, entendiendo por formación, no solo la instrucción científica sino todo aquello que concierne a la persona y al ciudadano.

Se trata de la progresiva implementación en la Universidad Nacional de Colombia, de una serie de reformas, que se caracterizan, al igual que toda la tendencia reformadora que en la actualidad afecta a la educación en América Latina, por no tomar en cuenta las particularidades sociales, económicas y culturales de cada país y región para así lograr estar acordes a las necesidades y posibilidades específicas de las poblaciones que las habitan.

Estas reformas definidas externamente e impulsadas por el gobierno central como aquello que debe implementarse en la educación colombiana, pero al mismo tiempo, para diversos sectores, afectan la calidad académica de la Universidad, su carácter público, la democracia y autonomía universitaria, y en última instancia el derecho a la educación y la posibilidad de un verdadero desarrollo científico técnico en el país.

Es así como una situación problemática, la implementación de las reformas mencionadas, se convierte en conflicto, cuando los diversos sectores que encuentran en ellas un asunto que afecta a la Universidad, a la educación y a ellos mismos, emprende acciones positivas para contrarrestarlas.

¿Cómo hacer, entonces, de un conflicto como este, que surge de una crisis democrática, una oportunidad para formar precisamente en democracia? Y ¿Cómo generar perspectivas de transformación a partir del mismo conflicto? Son preguntas profundas y necesarias, que deben hacerse los diferentes actores e interesados en que la universidad logre, de la mejor manera posible, el cometido histórico que la sociedad colombiana le ha encargado.

El presente diagnóstico, pretende, además de ser un ejercicio académico, lograr una primera aproximación diagnóstica a la situación antes mencionada, que, en el mediano plazo, continué enriqueciéndose hasta constituir un documento de trabajo útil para la generación de perspectivas de transformación que fortalezcan la democracia y autonomía universitaria y mejore la convivencia al interior de la institución.

Para el trabajo “DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN Diagnóstico en torno al conflicto ocasionado por la implementación de las reformas educativas del gobierno Uribe en la Universidad Nacional” se considera una delimitación temática, una temporal y otra espacial.

Este trabajo diagnóstico, temáticamente se circunscribirá al efecto conflictivo que en el último año ha tenido la implementación de reformas educativas en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, observando especialmente lo tocante a la democracia, autonomía universitaria y la calidad de la educación.

Temporalmente el presente diagnóstico, busca ser lo más actual posible, por lo cual se centrará temporalmente en el año 2004, sin embargo, las características del conflicto a ser diagnosticado hacen necesario una retrospección hasta un momento de corte que puede ser considerado como el inicio del conflicto, o por lo menos, el momento donde su fase actual tiene lugar, para esto se escogerá el año 2002 como momento inicial, en tanto en ese año llega al poder el actual presidente de la república y se inician una serie de reformas y políticas, económicas y sociales que generan conflictos en los más diversos aspectos y entre ellos. en la educación.

Es un hecho indiscutible que este conflicto tiene una repercusión nacional, y se ha venido presentando de forma similar en diferentes universidades del país, pues en principio obedece a la implementación de una política de carácter nacional , sin embargo por efectos de proximidad, tiempo y recursos, este diagnósticos estará circunscrito espacialmente a la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, comentando algunos hechos sucedidos en la Universidad Nacional sede Bogotá, sede Manizales y en otras universidades del país, para enfatizar en algunos asuntos importantes.

Avanzar en la elaboración de una primera aproximación diagnóstica a la situación conflictiva que, con motivo de la implementación de las actuales políticas educativas a nivel universitario se vine presentando en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

2.2.1. Reconocer las características fundamentales del conflicto que con motivo de las más recientes políticas educativas se presenta en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

2.2.2. Identificar los principales actores y sus posiciones respecto al conflicto

2.2.3. Establecer relaciones entre este conflicto particular y conflictos más amplios que afectan el país en lo económico, social y político.

La Universidad Nacional que, en septiembre de 2004, acaba de cumplir 137 años de fundación, es una institución que desde sus orígenes se postula como una herramienta del Estado colombiano para el desarrollo de la cultura, las artes y la ciencia; además se la ha pensado como una institución que debe contribuir a la implantación y defensa de libertad y los valores democráticos, y en general, a la construcción de modernidad en Colombia.

Hoy, sin embargo, los fines y altos valores que una institución como la Universidad Nacional se espera defiendan y promueva, se encuentran en crisis. La democracia y la autonomía universitaria que, como paradójicamente apunta Marco Palacios, se remonta a la ley 68 de 1935, “a pesar de la férrea resistencia y oposición de sectores ultraconservadores de los dos partidos y de la jerarquía eclesiástica”[3] es un asunto central en la actual coyuntura conflictiva que vive la universidad.

Precisamente bajo la rectoría de Marco Palacios, se viene implementando, al interior de la universidad, una serie de reformas propuestas por el ejecutivo nacional, que para muchos van en contra del carácter público de esta institución. Además, y quizá esto sea lo mas importante, en los últimos años, prácticas antidemocráticas y violatorias de la autonomía universitaria han ido penetrando en la Universidad, prácticas que abarcan asuntos que van desde el nombramiento del rector y la limitación a la democracia en la elección de representantes estudiantiles hasta la violación al derechos de asociación de los empleados sindicalizados, pasando por el cierre de espacios de discusión y los traslados inconsultos de trabajadores oficiales.

Todo esto vine trayendo como consecuencia que en la Universidad Nacional se presente una situación conflictiva, de carácter complejo, que abarca aspectos políticos, económicos e ideológicos, pero que sobre todo, gira en torno a la idea de educación pública que se quiere para el país.

Trabajar en un diagnostico del conflicto que se presenta en un espacio como la Universidad Nacional y específicamente en la sede Medellín, es un asunto que gana en importancia en la medida en que posibilita una mejor comprensión de las cuestiones que hoy están en juego en Colombia e incluso a nivel mundial y que se expresan de manera fáctica en diversos espacios, entre ellos la Universidad; la comprensión del conflicto, su análisis, y en general, el primer acercamiento que implica la elaboración de un diagnóstico, puede constituirse en el primer paso para la generación de opciones y perspectivas de transformación.

El trabajo, “DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN diagnóstico en torno al conflicto ocasionado por la implementación de las reformas educativas del gobierno Uribe en la Universidad Nacional”, busca describir y avanzar en el análisis de las características de la actual situación de conflicto que vive la Universidad Nacional de Colombia y específicamente la sede Medellín, centrándose, en particular, en el impacto que este fenómeno genera en la convivencia y normal funcionamiento de la Universidad.

Las actuales política educativas, que se implementan para las universidades a nivel nacional, a través de una serie de políticas públicas y prácticas estatales, han generado una diversidad de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, e instituciones, tanto a nivel Público - estatal y académico como al interior de las comunidades universitarias y los diferentes estamentos (profesores , estudiantes y trabajadores) que han sido tocados de alguna manera, real o simbólica, por dichas políticas y prácticas.

El conflicto en la Universidad Nacional, es, al igual que todos los fenómenos sociales, un asunto complejo. En torno a él se han elaborado políticas públicas y prácticas

Comprender las dinámicas, prácticas y percepciones de los diferentes actores sociales, gremiales e individuales respecto al conflicto en la Universidad, supone un arduo trabajo de develamiento e interpretación, de ahí que el presente diagnóstico encuentre en el método histórico-hermenéutico una herramienta útil y necearía para la comprensión de la realidad que, en términos de conflicto, se ha ido gestando en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín en los últimos años.

Asumir la tarea de un diagnóstico sobre un tema como el conflicto ocasionado por la implementación de una serie de políticas educativas en un espacio tan complejo como la Universidad, hace necesario tener a disposición un corpus teórico-metodológico epistemológicamente pertinente, como lo es el método histórico hermenéutico, que posibilite la comprensión de las experiencias colectivas, que en torno a este conflicto se han dado en el ámbitos específico de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín en los últimos años, reconociendo en dicha tarea comprensiva el valor de la singularidad, tanto de los individuos, como al interior de los colectivos.

En el presente diagnostico se utilizará, en consecuencia, el método histórico hermenéutico. Este método permite realizar un estudio de los sentidos que subyacen en las políticas educativas a la vez que las lecturas que de estas asume la comunidad universitaria, las organizaciones gremiales y la comunidad universitaria en general.

1. Interpretar las diferentes disposiciones normativas relacionadas con el objeto de investigación

2. Comprender cuáles son los intereses a que obedecen las actuales políticas educativas

3. Indagar sobre cuales son las lecturas que de las políticas educativas, y sobre todo de su aplicación real hacen las comunidades o personas destinatarias de dichas políticas.

En resumen, este método permite desentrañar los intereses, las intenciones y la filosofía de discursos y acciones que se hacen presentes tanto en los espacios institucionalizados (público – estatales, gremiales y académicos) como en las comunicaciones informales de la vida cotidiana; reconocer las repercusiones socio-políticas y el impacto simbólico que para la convivencia han tenido las más recientes políticas educativas implementadas en la Universidad Nacional.

El presente trabajo de diagnóstico, se basará principalmente en fuentes secundarias para la recolección de información, entre ellas: los documentos públicos que sobre educación superior ha generado el actual gobierno (especialmente lo referente a la revolución educativa), el Plan de desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, el Plan de desarrollo de la sede Medellín, intervenciones públicas del rector de la Universidad Nacional de Colombia, documentos y comunicados de la rectoría, la vicerrectoría sede Medellín, la secretaria de sede Medellín, comunicados de APUN (asociación de profesores de la Universidad Nacional, de Sintrunicol, y de diferentes organizaciones y grupos de trabajo estudiantil, se revisará también prensa nacional y regional.

El neoimperialismo da inicio a una nueva fase del capitalismo: la mundialización capitalista; esta fase se caracteriza por la mundialización de la base económica, de tal forma que las relaciones económicas y el desarrollo de las fuerzas productivas se definen a escala mundial, ello implica que los recursos de que depende ahora un país está determinado por el uso sistémico de los recursos totales del mundo y que las relaciones entre las clases sociales en dicho país están definidas por las relaciones de clase globales a nivel mundial

En el neoimiperialismo se mantiene la internacionalización del capital mercancía y del capital dinero y se inicia la internacionalización del capital productivo, con lo cual se completa la internacionalización del ciclo del capital.

La forma de dominación básicamente económica y la aparición de las empresas multinacionales como el agente principal con que opera el neoimperialismo posibilita que las colonias se independicen políticamente sin que ello perjudique la consolidación del sistema capitalista mundial ni la relación centro-periferia que caracteriza el intercambio entre las diferentes formaciones sociales que lo componen.

Desde los años 80, viene introduciéndose en Colombia el Neoliberalismo como política económica; esta política cambia de una forma radical la función del Estado, quien deja de ser un productor con participación directa en la economía y pasa a ser un Estado controlador de la economía, dejando en manos de particulares la inversión y la producción.

El neoliberalismo, se fundamenta en el postulado de que es necesario asegurar una libertad absoluta para que las leyes del mercado establezcan las relaciones básicas de la economía y la sociedad; en este sentido la intervención estatal debe reducirse a las funciones generales de administración, justicia, defensa, policía y relaciones exteriores. Esto supone alejarse de la concepción de la función estatal que se manejó en el Estado de bienestar y que se propone como fundamental en el Estado social de derecho: el Estado debe garantizar las condiciones básicas que requieren las personas para su pleno desarrollo como ser humano por medio del ejercicio de las libertades individuales y colectivas y el disfrute de sus derechos ciudadanos, lo cual garantizaría el respeto a las leyes y a las normas en vigencia, lográndose de esa manera la paz, la convivencia y la justicia.

En la implementación del modelo neoliberal se destacan varias cuestiones: la flexibilización laboral, la libertad cambiaria, apertura total al comercio internacional y la privatización de las empresas estatales, que como se verá, afectan a diversos sectores y entre ellos al de la educación.

El neoliberalismo ha asumido, en su aplicación en los países menos desarrollados, formas de exclusión ideológica, política y económica visibilizada en prácticas de carácter autoritario y neoconservador; de ahí que se lo caracterice hoy, en países como Colombia y otros latinoamericanos, como liberalismo en la económico y conservadurismo en lo político.

En Colombia existe un elevado índice de analfabetismo, una escasa cantidad de profesionales, un bajísimo número de posgraduados e investigadores.

Según la Constitución Política de 1991 y la Ley General de Educación de 1994 la política educativa se implementa en función del ciudadano y se establece la educación como un derecho que debe garantizar el Estado; El Plan Decenal de Educación, lanzado en 1995, a su vez pretende ser un medio para que la ciudadanía y las organizaciones sociales participen democráticamente en la planeación, gestión y control de la educación.

La educación superior, por su parte, se define como un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado; un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posteridad a la educación media y tiene por objeto el desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional[4].

El reconocimiento como institución superior y la vigilancia de la calidad de los programas académicos que desarrollan las instituciones de educación superior, son realizados por el Ministerio de Educación Nacional a través del ICFES y previo concepto del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), mediante un proceso de acreditación en el cual la institución demuestre tener experiencia en investigación científica de alto nivel y programas académicos y en Ciencias Básicas que los apoyen.

Las fuentes de financiación de la educación superior son los recursos del presupuesto nacional, los del Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior, FODESEP, los recursos propios de las instituciones o de las entidades territoriales, los de crédito interno y externo y los de cooperación técnica.

Constitución nacional. A nivel Constitucional hay varios artículos a ser tomados en cuenta como marco de referencia del conflicto en la Universidad Nacional; a continuación se mencionaran algunos:

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” (Art. 37)

“En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art. 41)

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnicas a lo demás bienes y valores de la cultura” (Art. 67)

“El estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo” (Art. 69)

Decreto 2566 que define las condiciones de calidad aplicables a los programas de las universidades.

Convenio de la OIT. Relativo a la aplicación de los principios del derecho a organizarse y a la negociación colectiva de 1949, aprobado por la ley 27 de 1976.

Convenio de la OIT. Número 87, relativo a la libertad de asociación y protección del derecho a organizarse de 1948, aprobado por la ley 26 de 1976.

Convenio de la OIT. Número 11, relativo al derecho de asociación de los trabajadores de 1921, aprobado por la ley 129 de 1931.

La aparición y desarrollo en Colombia de las más reciente reformas educativas, tiene como marco de referencia el interés intencional por una educación "pertinente", que, desde los años 80, es impulsado por diferentes organismos internacionales en una serie de informes y recomendaciones que van desde los aparentemente bien intencionados informes del PNUD y UNESCO: La educación encierra un tesoro; Educación: la agenda del siglo XXI. Los Siete Saberles necesarios para la educación del futuro, por citar solo algunos, hasta las recomendaciones en materia monetaria y de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La educación, los sistemas educativos y en consecuencia, quienes se forman en ellos, en las postrimerías del siglo XX no logran responder a las características que, en los últimos años, ha tomado la economía mundial y, en consecuencia, la nueva división nacional e internacional del trabajo que se está configurando en el mundo contemporáneo (tránsito de la organización del trabajo fondista a la especialización flexible).

Para la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la economía mundial está entrando a una nueva fase, en la cual, la aparición de nuevos modelos en la demanda de bienes y servicios y en la tecnología, afecta la organización del trabajo vigente hasta el momento y hace necesario que el trabajador desarrolle actitudes y aptitudes que le permitan ser laboralmente competente bajo las nuevas circunstancias en que debe desempeñarse: desrregularización y flexibilización laboral.

En este contexto, y como respuesta a los requerimientos sistemáticos de la fase actual del capitalismo, surgen una serie de reformas y propuestas educativas, en principio específicamente referida a la formación laboral, que introducen en la educación mecanismos y conceptos propio de la gestión privada de carácter empresarial con el argumento de hacer mejor y más competitiva la educación para poder responder a los estándares internacionales. En esta perspectiva, la educación debe desarrollar en el futuro trabajador tres capacidades principales:

a) La capacidad de innovación, la cual implica imaginación y creatividad para los individuos, empresas y la sociedad en su conjunto, que les permita predecir y enfrentar los retos del cambio.

b) La capacidad de adaptación, en la que individuos, empresas y sociedad, deben adecuarse rápidamente a los cambios en la tecnología y en los mercados.

c) La capacidad de aprendizaje, en la que individuos, empresas y sociedad, deben asumir el aprendizaje como un proceso continuo y sistemático para poder desarrollar sus capacidades de innovación y adaptación.

A partir de 1991, con la nueva Constitución, en Colombia la educación comienza a hacer parte esencial, al menos formalmente, de los procesos de reconstrucción social del país, a la vez que se le exige formar ciudadanos que respondan a los requerimientos de la vida contemporánea. Esto supone un doble reto para la educación: por un lado formar en la autonomía, la participación y la democracia como aspectos básicos para la reconstrucción social del país, y por otro lado, responder a los desafíos de la globalización planetaria, que exigen de la educación, la formación de individuos competitivos en una economía, en un proceso creciente de mundialización.

La educación se propuso entonces, una formación más centrada en el desarrollo de habilidades de pensamiento, que traiga como resultado generar actitudes como: la capacidad de resolución de problemas, la creatividad y la investigación, con el fin de posibilitar la adquisición de una cultura científica que permita acceder a las nuevas tecnologías y aplicarlas al contexto local.

Sin embargo, los procesos económicos ligados a la globalización, han hecho que en los más diversos ámbitos, se coloque un mayor énfasis en elevar la calidad de los productos y servicios ofrecidos al mercado; lo cual, en el caso de la educación, ha impuesto la necesidad de que ésta se relacione de una forma cada vez más directa con el mundo del trabajo, con el fin de optimizar la producción de materias primas, bienes y servicios.

Lo anterior viene trayendo como consecuencia, por un lado, que no se avance, e incluso se retroceda^[5] en la pretensión de la educación colombiana, de servir de medio para la reconstrucción social del país y posibilitar la adquisición de una cultura científica; y por otro, que el sistema educativo en sus diferentes niveles introduzca estudios técnicos con un enfoque claramente laboral, diluyéndose o, en el mejor de los casos, postergándose por falta de espacio, la formación más global que debería proporcionársele al estudiante. Las diferentes Ciencias Humanas y Sociales, se enfrentan entonces, en los últimos años, a una pérdida paulatina de espacios en la educación colombiana.

La nueva configuración económica y la división internacional y nacional del trabajo, que se ha configurado en los últimos 20 años, tras la crisis del estado de bienestar y el auge del mercado como supuesto mejor asignador de recursos y funciones, ha demandado de la educación una serie de respuestas a las actuales características de la economía mundial, que se constituyen en las premisas generales de la reforma educativa:

En los últimos años en Colombia se vine implementando un proyecto neoliberal para la educación pública, como parece constatarlo la actual política educativa del gobierno Uribe.

Para lo que a este diagnóstico concierne, vale la pena retrotraer el análisis al antecedente inmediato de la actual coyuntura que vive la educación y específicamente la educación superior, es decir la política educativa del gobierno Pastrana.

Finalizando los años 90 (1998-1999) ya se hacia tangible la crisis que las políticas neoliberales generaron sobre la población, a la vez que la educación pública que, según Jairo Estrada Álvarez[6], había logrado salir relativamente ilesa de las reformas neoliberales, comienza a verse seriamente amenazada por el plan de desarrollo del nuevo gobierno (cambio para construir la paz); en este plan se introducen la racionalizacion del gasto, el rediseño de la descentralización educativa, la financiación basada en la demanda y se estimula la contratación privada de los servicios educativos.

Pese a que este plan de desarrollo se cae en dos oportunidades por vicios de forma, y a que las movilizaciones de rechazo que generó, alcanzaron niveles importantes, se lograron imponer una serie de reformas, entre ellos el acto legislativo 01 de 2001 y la ley 715 de 2001, que llevaron a la educación a una situación de mercantilización y creciente tendencia a la privatización.

El Plan Nacional de Desarrollo y la “Revolución Educativa” del presidente Uribe se mantienen en la línea de las políticas impulsadas por los Estados Unidos en la OMC, que apuntan a favorecer la comercialización internacional de los servicios educativos convirtiéndolos, funcionalmente, en mercancías transables más que en derechos; en el gobierno Uribe, hay que resaltar el hecho de que, además del marco jurídico preexistente heredado de la administración del presidente Pastrana, se asume una política con claros tientes autoritarios como mecanismo para viabilizar las reformas que se propone el gobierno.

En lo tocante a la educación superior, para el MEN, es necesario que las instituciones públicas de educación superior operen como empresas rentables, que sujetándose a las leyes del mercado, logren su autofinanciación e incluso, generar excedentes vendiendo servicios y alquilando espacios a terceros: laboratorios , investigación , observatorios, aulas , teatros, auditorios, etc.

La implementación de políticas educativas acordes a las necesidades del mercado y los estándares internacionales, como se ha visto, no es algo nuevo, incluso la revolución educativa, que propone el gobierno Uribe, es la natural continuación de las reformas iniciadas a principios de los años noventa con la nueva Constitución.

La revolución educativa pretende, en tanto política pública, mejorar la participación comunitaria, mejorar la cobertura del sistema educativo, lograr una educación de calidad, generar una educación crítica, científica, democrática y ética.

La revolución educativa se cimenta en cinco pilares fundamentales: cobertura, calidad, pertinencia laboral, formación técnica e investigación científica, para lo cual se recurre a la aplicación de los ya mencionados estándares internacionales que se implementan como medio para alcanzarlos la llamada acreditación.

Con el fin de mejorar la calidad de la educación pública se recurre a dos instrumentos de mercado: la acreditación y la meritocracia, lo cual supone una competencia entre universidades por los recursos escasos que otorgará el gobierno al sistema nacional de universidades públicas.

En lo que respecta a los estudiantes, a nivel de pregrados, como usuario del servicio educativo se le plantea el crédito por medio del ICTEX como medio para acceder a la educación; por otra parte se busca incrementar la cantidad e postgrados que se ofrezcan con el fin de lograr la autofinanciación de las universidades, este es el caso de la UN donde “ (…) el nuevo plan global de desarrollo de la universidad 2004 – 2006 que tiene como objetivo estratégico la búsqueda del reposisionamiento de la Universidad Nacional de Colombia ante la sociedad y el Estado como la mejor universidad pública del país y apoyando las líneas de acción que nos llevarán a ser la Universidad de la investigación y doctorados por excelencia del país”[7]

Por otra parte, se crea el observatorio laboral como mecanismo para encaminar los recursos que se le otorga a las universidades y los créditos que se dan a los estudiantes, este consiste en enfocar recursos estatales en las carreras que más requieran las empresas, lo cual pone en peligro la permanencia de las Ciencias sociales y humanas.

La elección, por parte del Consejo Superior Universitario, del seños Marco Palacios Roso como rector de la Universidad Nacional de Colombia, desconociendo elecciones previas realizadas entre los diferentes estamento de la Universidad y que dieron como ganador a Víctor Manuel Moncayo, originó una situación de conflicto al interior de la Universidad que , aun hoy, se mantiene, pues la imposición del rector es leída como una situación problemática por parte de diferentes sectores de la comunidad universitaria debido a dos asuntos primordiales, a saber: el desconocimiento de las vías democráticas y la autonomía universitaria en dicha designación además de la identificación de Marco Palacios con las, para muchos, perjudiciales políticas educativas del gobierno Uribe.

Hay que destacar que el conflicto ocasionado por la imposición de un rector desconociendo las vías democráticas y la autonomía universitaria, no es un asunto exclusivo de la UN. En el proceso de designación del rector de la Universidad Pedagógica Nacional, también se presenta una situación similar; según el FSP “Es claro que el gobierno, a través del Consejo Superior, se propone alcanzar sus intenciones a costa de violar la autonomía universitaria, las garantías legales consagradas en la Constitución Política y la expresión que la Comunidad Universitaria ha hecho a través del cuerpo colegiado que la representa, denominada Consiliatura Universitaria. El papel de este órgano, en el caso específico de la designación de Rector, es la de seleccionar una lista de candidatos, de la cual el Consejo Superior Universitario hace la designación, previa confirmación del cumplimiento de los requisitos estatutarios dispuestos para tal fin en las normas de la Universidad. La lista seleccionada está integrada por los profesores Daniel Alberto Libreros Caicedo, María Eugenia Gallo Arbeláez y Rómulo Gallego Badillo, quienes inscribieron sus respectivas propuestas en torno al fortalecimiento académico y la defensa del carácter público de la UPN en oposición a las propuestas educativas del actual gobierno. La decisión del Consejo Superior de rechazar a los candidatos María Eugenia Gallo y Rómulo Gallego, aduciendo razones procedimentales más no sustanciales, pretende configurar la oportunidad de designar un rector distinto a los candidatos presentados por la Comunidad Universitaria”[8]

El 11 de junio de 2002 se presenta un hecho que muestra los elevados niveles de tensión que desde aquel entonces ha alcanzado el conflicto en algunos momentos; en las Universidades de Caldas y Nacional Sede Manizales, un grupo de encapuchados protestó haciendo estallar artefactos en las instalaciones físicas de ambas instituciones; fueron detenidos dos estudiantes de la UN; el consejo de sede (Manizales) solicita el respeto de la integridad física y el debido proceso a las autoridades competentes pues “se han podido determinar serios indicios de flagrantes violaciones a las garantías personales de los jóvenes Villanueva y González, como fruto de unos procedimientos realizados por la Sijín sin atención a las normas que regulan los mismos”[9]

Otro ejemplo que evidencia la situación de tensión y prevención estatal frete a las movilizaciones estudiantiles y juveniles se presenta en septiembre cuando la Asamblea de Jóvenes por la Paz convoca a una movilización en la ciudad de Bogotá; el día 12 se le informa a los organizadores que no se le otorga el permiso de realizarla con el argumento de que podría ser aprovechada por "fuerzas al margen de la ley"^[10]

Finalizando el año 2002[11], se presenta otro hecho que vale la pena resaltar: fue allanada la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) por cerca de tres mil agentes de la policía, la Fiscalía y otras entidades del Estado, lo cual, unido a el recorte de la financiación estatal de la universidad pública es leído por diferentes organizaciones, entre ellas la OCE, como “un atropello a la autonomía universitaria y un pisoteo inusitado a las autoridades universitarias, arrasadas de paso. Es una actuación propia de los regímenes fascistas, a los cuales ‘la legalidad los mata’“[12]

Al respecto se manifiestan también los estudiantes de la sede Bogotá reunidos en asamblea general: “Denunciamos y rechazamos el cierre autoritario que se llevó a cabo ayer 28 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, por orden del Consejo de sede Bogotá, sin la presencia de la representación estudiantil, aislando a la Universidad de su papel esencial de elevar una voz crítica frente a la convulsionada situación nacional; además, auto señalando a la comunidad universitaria como foco de terrorismo y recargando sobre ella la responsabilidad sobre hechos que aún no se han esclarecido y, lo que es peor, dando pie a la deliberada profanación del Campus universitario, por medio de actos represivos como el allanamiento que se ha venido llevando a cabo en horas de la madrugada.

A su vez, denunciamos que no existieron garantías con respecto al correcto desarrollo de la diligencia por parte de las autoridades, entendiendo que al interior de la Universidad, como veedores, se encuentran tan solo las directivas de la institución, alertadas por el personal de vigilancia de la Universidad después de iniciadas las operaciones y limitadas en número, teniendo en cuenta factores como el número de efectivos de la Policía, DAS, Fiscalía, entre otros, que ingresaron al Campus y la extensión del mismo”[13]

Una vez electo Marco Palacios como rector, se presenta una reacción estudiantil que alcanza a movilizar en la sede Medellín unos 2000 estudiantes, se declara Asamblea permanente estudiantil durante mes y medio; sin embargo dicha movilización no logra mayores resultados (abril de 2003).

El gobierno nacional dicta el decreto 2566 que define las condiciones de calidad aplicables a los programas de las universidades, lo que supone una reactivación del conflicto.

En la Universidad Nacional, en todas sus sedes, se llama por parte de la administración, a claustros y colegiaturas, con el fin de socializar la propuesta del rector “hacia la innovación institucional en la Universidad Nacional” que en términos generales es la aplicación, en la UN, del decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003.

Los estudiantes de diferentes carreras de la sede Medellín reunidos en dichos claustros, rechazan nuevamente las reformas propuestas, y en comunicados ante el pleno de estudiantes socializan su posición y llaman al rechazar el plan de desarrollo del rector.

A nivel del plan de sede, en Medellín, se pueden destacar, además de los puntos incluidos en el plan global de desarrollo de la Universidad Nacional, la limitación del carácter investigativo de los pregratos, dejando esta función casi exclusivamente a los postgrados y el recorte paulatino de a duración de la carreras (reducción o eliminación de las líneas de profundización).

La mesa de trabajo de ciencia política realiza un ciclo de conversatorios sobre la situación de la Universidad denominado “el Ciclón” el 30 de abril se trata el tema “Flexibilidad curricular y decreto 2566”, el 3 de mayo “Plan global y plan de sede UN Medellín” y el 7 de mayo “ La Escuela de Ciencia Política: problemas y perspectivas”

El seis de mayo se presenta una incursión del ESMAD en los predios de la sede Bogotá, hecho que se lee por diversos sectores como un atropello flagrante a la autonomía universitaria y al derecho a tomar posiciones críticas frete a las políticas del estado, como se expresa en el comunicado que al respecto emite el comité nacional de representantes estudiantiles UN[14]; en ese momento en la sede Bogotá el estudiantado se manifestaba en respaldo a los trabajadores petroleros y en defensa de ECOPETROL.

En julio de 2004 la representación profesoral ante el Consejo de sede (Medellín) cuestiona la decisión del 29 de junio del CSU de exigir que los representantes profesorales sean al menos profesores asociados, pues para la represtación, dicha decisión riñe con la Carta política y con el Estatuto general universitario que señala como deber de los profesores elegir y ser elegidos; la represtación profesoral, considera que “hay una grave confución cuando se asocia la carrera docente, la cual es de índole administrativo, con el derecho soberano de participación en la vida universitaria a través de la representación profesoral en Cuerpos colegiados”[15]

También en el mes de julio, la Junta directiva, subdirectiva Medellín de Sintraunicol, publica “Autoritarismo y persecución sindical” donde denuncian la tendencia de la administración de Marco Palacios a implementar políticas autoritarias en contra del estamento de los trabajadores y específicamente, en contra del derecho de asociación y protesta[16]

El 25 de agosto de 2004 se realiza en la sede Bogotá una jornada en defensa de la Universidad Nacional de Colombia; en la sede Medellín como respaldo a la iniciativa de Bogotá se convoca por parte de la Junta directiva de Sintraunicol a Asamblea extraordinaria, con la participación del un delegado del Comité ejecutivo de la CUT[17]

El permiso sindical para dicha Asamblea es negado por la dirección de la sede, lo que suscita un enérgico comunicado por parte de Sintraunicol en el que , entre otras cosas, se puede leer: “como dice el dicho popular ‘para la muestra un botón’, que mejor muestra del autoritarismo y la persecución sindical que la dirección de la sede, viene asumiendo en contra de Sintraunicol, principalmente de parte del Vicerrector, Secretario de sede y la Jefa de personal; quines desconociendo el derecho constitucional de la libre asociación y organización sindical, consagrado en el artículo 39 de la Constitución política de 1991 y los convenios internacionales como el 87 de 1948 de la OIT; al limitar las horas de almuerzo , en tres ocasiones el permiso solicitado por la organización sindical , para realizar asamblea general” (…) extrañamente esta administración a diferencia de todas las anteriores, que nunca negaron un permiso para realizar las asambleas, deciden en el marco de las reformas que se están implementando, imponer unas medidas tendientes a intimidar a los empleados y trabajadores creando un ambiente de persecución, que pretende aislar a la Junta directiva de los afiliados y así ejecutar las reformas de planta de cargos administrativos sin la menor resistencia”[18]

El 27 de agosto de 2004, fruto de una reunión triestamentaria (profesores, trabajadores y estudiantes) surge un comunicado conjunto firmado por Fun – comisiones, ACEU, Comisión de APUN, Junta directiva Sintraunicol y grupos estudiantiles, en el cual se recogen el conjunto de problemáticas que se viven en la universidad y se hace un llamado a la comunidad universitaria para que participe en las actividades y programaciones que en ese respecto se convoquen[19]

En septiembre de 2004 en comunicado titulado “Más recortes a la democracia en la Universidad Nacional” la OCE denuncia que continúa en esta Universidad la implementación de reformas antidemocráticas, que, en opinión de esta organización impiden la participación autónoma e independiente de los diferentes estamentos en los espacios colegiados de decisión.

Dos asuntos fundamentales son cuestionados por la OCE, la designación de Decanos (acuerdo 001/04) que posibilita la creación de un línea jerárquica , en lo que a elección se refiere, entre MEN – CSU – Rectores – Decanos, al eliminarse el FIO (Factor Integrado de Opinión) mecanismo en el cual votaban estudiantes y profesores y ser reemplazado por el aval de candidaturas por medio de firmas; además se le da la potestad al rector de inscribir un candidato sin necesidad de avales y en consecuencia, sin necesidad de presentar su programa frete a la comunidad universitaria.

Por otra parte, el acuerdo 018704 establece un porcentaje del 20% de participación para que sea válida la elección del representante estudiantil ante el CSU, el cual, al no ser alcanzado dejará a la universidad la posibilidad de escoger los representantes estudiantiles entre los promedios más altos de las diferentes carreras.[20] En este mismo sentido se manifiestan el Comité de representantes estudiantiles sede Medellín (CRESEM), FUN – Comisiones y la oficina para el trabajo estudiantil (OPTE)[21]

Finalmente, en el mes de octubre se llama efectivamente a la elección del representante estudiantil ante el CSU, bajo las condiciones antes mencionadas, diferentes organizaciones estudiantiles, grupos de trabajo, la representación estudiantil y los candidatos mismos al CSU, hacen un llamado a la comunidad universitaria a participar masivamente en la elección, sin abandonar la posición crítica frente a dicho mecanismo, como única forma de evitar la designación por vías no democráticas del representante de los estudiantes ante el CSU.

Como partes involucradas, se ha visto en la cronología del conflicto, se pueden contar una amplia gamas de grupos, organizaciones y sectores que se encuentran involucradas o directamente implicadas en el conflicto, en la medida en que toman una posición al respecto de de la problemática que vive la Universidad y ejercen acciones con el interés de actuar sobre ella. En términos generales se puede dividir a las partes involucradas en dos grandes grupos, según la posición que asumen respecto a las reformas educativas que se vienen introduciendo en la Universidad y su implementación por parte del actual rector: por un lado se ubican el gobierno nacional y la administración, que vienen desarrollando dichas políticas al interior de la UN; por otro lado se encuentran las posiciones críticas a dichas reformas y a la administración que las implementa, posiciones que se visibilizan en organizaciones estudiantiles como la OCE, FUN – Comisiones y ACEU, el Sindicato de trabajadores universitarios de Colombia (Sintraunicol) y la Asociación de profesores de la Universidad Nacional (APUN).

Las partes involucrados en el conflicto se caracterizan, las primeras, por ser institucionales con respaldo del ejecutivo nacional y una amplia posibilidad de recursos a la hora de defender sus intereses. Las segundas por ser organizaciones no institucionales, que no cuentan en consecuencia con el apoyo estatal, pero que sin embargo sus actividades son reconocidas como un derechos constitucional; en términos de recursos es evidente la disparidad entre ambas partes, sin embargo las segundas tienen a su favor la presencia constante en la Universidad.

Como partes afectadas en el conflicto en la Universidad Nacional aparecen, además de los mismos actores, el grueso de la comunidad universitaria que se ve tocada por la anormalidad que el conflicto trae consigo en las actividades académicas y administrativas de la Universidad y por los efectos de la política educativa que se viene implementando, y en general la sociedad colombiana, en la medida en que este conflicto perjudica el normal desenvolvimiento de una actividad básica para el desarrollo del país como lo es la investigación y la educación

En general se pueden considerar como partes interesadas en el conflicto a una serie de agentes externos interesados en la resolución o polarización del conflicto; podrían aquí mencionarse a los entes estatales encargados de la educación, haciendo la salvedad que están relacionados directamente con una de las partes del conflicto; por otro lado se pueden mencionar a partidos y organizaciones políticas como el PDI, el FSP, el MOIR, el PST, el PCC o el PCC-ML entre otras, sin embargo es necesario hacer una salvedad, pues las principales organizaciones estudiantiles, el Sindicato de trabajadores y la Asociación de profesores, están relacionadas directamente con algunos de estos partidos u organizaciones políticas.

Se pueden considerar como partes interesadas, en algunos hechos específicos, a la Defensoría del pueblo, la Procuraduría, algunos entes de seguridad del estado y organizaciones de derechos humanos, en la medida en que , en ciertas coyunturas del conflicto, han cumplido funciones de mediación, disuasión y en general, intervención desde afuera en el conflicto.

Como se ha podido observar, las partes en conflicto interactúan en términos de desigualdad: de recursos, de reconocimiento, de organización, etc. Asumen a su vez dos roles claros; por un lado el gobierno-administración es quine propone asumiendo un rol activo, por su parte, los actores críticos, asumen un rol reactivo frente al lo que consideran problemático de lo que propone el gobierno-administración.

En términos de sujeción y niveles de poder de una parte sobre otra, es evidente que la parte crítica, además de su definición auto referencial: Sindicato, Asociación de profesores, Organización estudiantil que le permite una relativa autonomía, se definen, en tanto individuos, en relación a la parte gobierno-administración: trabajadores, empleados docentes, estudiantes, lo que posibilita ejercicios de poder de la primera parte sobre la segunda a través de sus miembros individuales.

En el conflicto que en los últimos años vive la Universidad Nacional se disputa en torno a dos asuntos fundamentales; por un lado cuestiones académico-pedagógicas y por otro cuestiones políticas, asuntos que sin embargo, se entre mezclan y hacen interdependientes; así las reformas a la educación superior, que podría pensarse son un asunto netamente pedagógico, toma tientes políticos en la medida en que responde a unos lineamientos de carácter económico - político emanados de organismos internacionales y se ubican, en consecuencia, en parte del debate nacional sobre la soberanía nacional, la firma de tratados como el TLC y las relaciones de Colombia con el BM y el FMI. Por otra parte la forma como se viabilizan las reformas al interior de la UN, por parte de un rector asignado por el CSU, desconociendo los mecanismos democráticos y desconociéndose, a su vez, por parte del gobierno nacional, la autonomía universitaria, hace de un conflicto en principio pedagógico, una cuestión política.

De igual manera, lo que en principio podría catalogarse como político del conflicto, toma características pedagógicas; es así como la implementación de políticas recomendadas por los organismos internacionales y las tendencias autoritarias del actual gobierno nacional, al insertarse en la escuela en general y en la universidad en particular, terminan incluyendo de forma creciente, las perspectivas ideológicas, desde donde dichas políticas se dictan y fundamentando, a manera de eje trasversal de la educación, en el mediano plazo, modificaciones en el sentido y contenidos de la educación misma.

Por otra parte, la protesta se convierte en un valor en disputa, en la medida en que los recursos y estrategias a que apela la población, y en el caso de la UN, los profesores, estudiantes y trabajadores, para manifestar su descontento con la situación imperante que se traduce, en términos generales, en desobediencias civiles y otras forma de protesta no armada que pueden considerarse dentro del campo de la legalidad y el derecho constitucional, son leídas por el gobierno y la administración de la UN como prácticas, sino criminales (o terroristas), por lo menos muy cercanas a serlo.

Es así como el derecho a la asociación, la protesta y la huelga, se constituye en otro valor en disputa, en tanto que un sector o sectores lo defiendan como derechos constitucionales propios de un Estado democrático, y otros lo consideren como un práctica alentada por sectores liderados ideológicamente por el radicalismo de izquierda, lo cual constituye un riesgo para la estabilidad de la democracia y en consecuencia, algo a ser evitado.

Es evidente entonces el distanciamiento entre la administración y los diferentes estamentos universitarios, más por los hechos, que por el discurso sobre la democracia; tanto administración como estamentos, manejan un discurso democrático[22], sin embargo las acciones de la administración, a juicio de los estamentos, no pueden ocultar su carácter antidemocrático y violatorio de la autonomía universitaria.

6.3.3. Posiciones y formas de afrontar el conflicto por parte de los actores

Son diversas las estrategias y formas como afrontan el conflicto los diversos actores involucrados en él; estudiantes, profesores y trabajadores asumen diferentes posturas para oponerse a las políticas de la administración, que van desde, las ya citadas Asambleas, mítines y marchas hasta la creación de espacios de discusión y análisis, como: ciclos de conferencias y conversatorios sobre los problemas que afectan a la universidad. Además existen otras posturas, que no fueron incluidas en la presentación del desarrollo cronológico del conflicto, pero que vale la pena reseñar:

En “Unificar esfuerzos para resistir a la actual arremetida del imperialismo contra la educación colombiana” comunicado firmado por diversos sectores trotskistas, ligados al Partido Socialista de los Trabajadores[23], se acusa a la “Revolución Educativa” del gobierno de Uribe Vélez de ser la continuación de la regresiva reforma a la que ha sido sometida la educación colombiana desde la aprobación de la Constitución de 1991 y la Ley 115; de obedecer más a los lineamientos del Banco Mundial, que a los intereses nacionales; de igual manera se vincula la problemática que atraviesa la educación con la ingerencia imperialista, para quien, dice el comunicado “este esclavo asalariado no necesita una sólida formación universal que combine las ciencias, las humanidades, el arte y la educación física, solo ‘competecnias ciudadanas’ para que con ‘civismo’ acate las normas, sepa de ‘convivencia’ y de resolución pacífica de conflictos, en suma, se trata de matar en los niños y jóvenes la rebeldía y exaltar como “valores” la resignación y la sumisión”[24].

Respecto a la educación propiamente universitaria señalan. “El acceso a la universidad es para él que tenga con qué pagar. El gobierno está implementando un sistema de crédito para que los futuros profesionales paguen su carrera hipotecándose con el sector financiero. Al mismo tiempo, se rebaja el nivel científico de la enseñanza y las universidades se transforman en politécnicos, eso sí, con un fuerte énfasis ideológico en la preparación para la “ciudadanía democrática”, que es el mismo conjunto de “valores” para poder perpetuar un régimen social y económico de opresión y explotación. En síntesis, la reforma educativa que se está adelantando es contraria a los intereses de la Nación y de la inmensa mayoría del pueblo y corresponde a un plan para intensificar el saqueo de Colombia por los Estados Unidos”[25]

Como estrategia o forma de afrontar el conflicto proponen “la construcción de diversas formas organizativas que permitan la educación de los maestros en una política que concentre los intereses fundamentales de la inmensa mayoría, se convierte en una prioridad. Como parte de esto se requiere limpiar la casa de traidores y darles a los sindicatos una orientación consecuente, que eduque a las masas y las llene de ánimo para la lucha. Además, se necesita ligar la brega de los estudiantes con la del magisterio y contribuir en la construcción de una poderosa organización estudiantil democrática y representativa, que supere la actual dispersión, tanto en la básica y media como en la universidad. En los colegios y en las universidades debe abrirse el más amplio debate sobre la política educativa y avanzar en la elaboración de un programa compartido por las diferentes fuerzas interesadas en el combate a la política educativa. Y finalmente, es muy importante involucrar a toda la población para que este problema se discuta y se entienda que la suerte de la educación está indisolublemente ligada a la suerte de país, de tal manera que, cuando llegue la hora de los enfrentamientos decisivos, se pueda contar con un amplio respaldo. De igual forma, en las aulas debe hacerse eco para respaldar las luchas que adelantan otros sectores y las que en otras latitudes libran los pueblos contra el enemigo común: el imperialismo”[26]

Por su parte para la OCE, es necesario, antes que las reformas curriculares que proponen el gobierno nacional y la rectoría de la Universidad, que las Universidades amplíen su planta docente, aumenten la cobertura, congelen y rebajen las matrículas y emprendan un verdadero proceso de modernización de su infraestructura física en elementos tan esenciales como: laboratorios suficientemente dotados, bibliotecas amplias y actualizadas y salas de computo y sistemas que contribuyan a la generación de conocimiento científico y a una educación de calidad.

Esta organización, plantea como posición, entre otras cosas, que “la reforma curricular debe ser la promoción del desarrollo científico acorde a las necesidades del país pero con lo más avanzado de la ciencia mundial. La participación de estudiantes y profesores en su elaboración, es definitiva. La no imposición de ninguna doctrina o teoría particular o enfoque teórico o metodológico ya que esto se convertiría en un nuevo confesionalismo ya no de las ideas religiosas sino de teorías (constructivismo, postmodernismo, globalización) que se han puesto de moda en la era neoliberal y que han demostrado su ineficacia; en este sentido la democracia implica la aceptación de los más variados enfoques en búsqueda del desarrollo científico. Las reformas curriculares son un atentado contra la calidad de la educación, lo que está en juego es su carácter científico, su orientación al servicio de la Nación o de la dominación imperialista, la libertad metodológica o la imposición hegemónica de una determinada tendencia pedagógica”[27]

A su vez, como estrategia para afrontar el conflicto, señala que “es imperioso a los estudiantes colombianos desarrollar la más enconada lucha de resistencia civil contra los planes del gobierno y del imperialismo en materia educativa, colocarnos al lado de obreros, campesinos, productores agrarios e industriales nacionales y el conjunto del pueblo por conquistar una Colombia libre y soberana”[28].

En septiembre de 2004, la Coordinación universidad nacional sede Bogotá de FUN – Comisiones, publica “ahora quien decide por nosotros” donde luego de plantear la problemática de la representación estudiantil en la UN, llama a la defensa del derecho a la participación, sin restricciones como un derecho democrático:

“llamamos como organización de estudiantes a todos los estudiantes a denunciar abiertamente y a través de todos los medios posibles, propuesta de umbral como atropello directo al derecho que tenemos los estudiantes como estamento universitario de escoger a quien mejor represente nuestros intereses. Este llamado se concreta en la construcción de procesos verdaderamente democráticos que aporten a la construcción de programas de representación acordes a nuestras necesidades, de manera que al acudir masivamente a las votaciones de octubre podamos elegir una representación que esté a la altura de los retos que nos impone la actual administración, y que sirva a la comunidad universitaria como instrumento de lucha que ayude a unir, movilizar y organizar el movimiento estudiantil”[29]

A nivel de la sede Medellín el CRESEM, FUN – Comisiones y la OPTE, en “¡Atención estudiantes!” plantean la necesidad de enfrentar el acuerdo 018704 por medio de la activa participación electoral con el fin de lograr alcanzar el 20% de participación necesaria para la elección directa del representante ante el Concejo Superior Universitario.

En la actualidad el conflicto es manifiesto, pues además del reconocimiento de una serie de situaciones como problemáticas, se han desplegado dispositivos y acciones por parte de los actores, en los últimos meses se cuentan acciones reactivas como: Asambleas y reuniones de profesores, estudiantes y trabajadores, acciones legales por parte del sindicato, participación masiva en las elecciones de representantes estudiantiles con el fin de evitar la elección de estos por parte del administración; pero también acciones propositivas y más estructurales como la creación de mesas de trabajo, el impulso a la creación de consejos estudiantiles, la concertación de acciones entre profesores, estudiantes y trabajadores como forma de afrontar el conflicto de una forma mas organizada y efectiva.

El conflicto mismo que se ha ido suscitando en la Universidad Nacional de Colombia se ha constituido en una fuente de alternativas de transformación, en la medida en que parece haber generado preguntas profundas y necesarias en los diferentes actores e interesadas en que la Universidad logre, de la mejor manera posible, el cometido histórico que la sociedad colombiana le ha encargado.

Es así como se ha profundizado en la discusión en torno a la función social de la Universidad, su relación y compromiso con el desarrollo científico, tecnológico y económico del país, su responsabilidad en la formación de ciudadanos demócratas y civilistas, sin que esto quiera decir que el conflicto haya desaparecido o que una de las partes consiguió imponer su posición e intereses.

El conflicto continua, pero en su transcurrir surgen nuevas propuestas y alternativas, que si bien en este momento están lejos de posibilitar la conciliación de las partes, pueden determinar un avance en la búsqueda de interese comunes que permitan el paulatino desescalamiento del conflicto; así por ejemplo aparece como un interés común a las partes mantener abierta y funcionando la Universidad, elevar el nivel académico y mejorar la cobertura, situándose la diferencia y disputa en las condiciones y en el sentido en que estos asuntos se lleven a cabo.

En el trabajo, “DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN Diagnóstico en torno al conflicto ocasionado por la Implementación de las Reformas Educativas del Gobierno Uribe en la Universidad Nacional”, se logró avanzar en el proceso de construcción de una primera aproximación diagnóstica a la situación conflictiva que la implementación de las actuales políticas educativas a nivel universitario en Colombia y específicamente en la Universidad nacional sede Medellín, vienen ocasionando.

Se reconocieron las características fundamentales del conflicto que se presenta en la Universidad Nacional, cuales son las partes que participan en el, cual ha sido su desarrollo en los últimos años y cuales son los valores en disputa y las estrategias como se ha afrontado

Se lograron establecer relaciones entre el conflicto particular que vive la Universidad Nacional sede Medellín, y problemáticas más amplias como: la reforma que en general vive hoy la educación superior, la firma de tratados como el TLC que afectaran la educación llevándola cada vez más hacia la mercantilización y cuestiones políticas como la tendencia autoritaria que se introduce cada vez con mayor fuerza en la institucionalidad colombina.

Por otro lado, se pudo observar como un conflicto como el estudiado, que surge de una crisis democrática, se convirtió en una oportunidad para la formación democrática de los estudiantes, quienes ante el recorte de la democracia que se vive en la Universidad optimizaron su participación en los procesos democráticos de elección de representantes estudiantiles a la vez que comenzaron a generar propuesta de organización democrática mas directa, como los Consejos estudiantiles.

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[1] Informe de la Misión de sabios. Colombia: Al filo de la oportunidad. Bogotá: Colciencias. P. 117.

[2] DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD. Mesa de trabajo de estudiantes UN.

[3] Vid: ECHEVERRI CANO, Argemiro. La Universidad Nacional de Colombia 137 años. Medellín: Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 2004.

[4] Vid: INFORME NACIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. 46ª. Conferencia internacional de educación (CIE). Ginebra Suiza, septiembre 5 al 7 de 2001. Ministerio de Educación Nacional Bogotá, d.c. Colombia, junio de 2001.

[5] No es gratuito que la más reciente legislación que sobre educación se ha sancionado en Colombia sea acusada por diferentes sectores de contrarreforma educativa. Ver: CEID-FECODE. Aproximación crítica sobre la calidad educativa. En: Apuntes sobre la calidad de la educación. WWW. FECODE. edu. Com.

[6] ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo. Organización mercantil y privatización de la educación, la mano dura de la ley. En: Ágora universitaria Nº 1 Medellín, julio de 2003. p, 49.

[7] ECHEVERRI CANO, Argemiro. Bienvenidos estudiantes al segundo semestre 2004. Medellín: Viserrectoria sede Medellín, agosto 17 fe 2004.

[8] FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO MESA EJECUTIVA NACIONAL. Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2002.

[9] A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y LA OPINIÓN EN GENERAL. Consejo de sede 13 de junio de 2002.

[10] Vid: Comunicado de Prensa. FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO. Mesa Ejecutiva Nacional Bogotá D.C., Septiembre 13 de 2002

[11] 29 de noviembre de 2002.

[12] RECHAZAMOS EL CIERRE Y ALLANAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Organización Colombiana de Estudiantes, Bogotá, diciembre 3 de 2002.

Monografias | Autonomía y democracia en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín

Autonomía y democracia en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín