INDICE

I.               Planteamiento del Problema                                                                                       

II.              Justificación de la investigación                                                                                   

III.              Objetivo General

3.1.           Objetivos Específicos                                                                                                 

IV.             Marco Teórico Conceptual

4.1.           Antecedentes de investigación

4.1.1.         Base Legal.

4.2.           Marco Teórico.

4.2.1.         Funciones y roles de la Prisión Preventiva

4.2.2.         Presupuesto de la Prisión Preventiva

4.2.3.         Aspectos operativos

4.2.4.         Consecuencia de la Prisión Preventiva.                                                                        

V.              Metodología de la Investigación.

5.1.           Nivel o tipo de estudio.                                                              

5.2.           Método y técnicas de estudio.                                                   

5.3.           Instrumentos de investigación                                                                                     

VI              Cronograma                                                                                                               

VII             Presupuesto estimado                                                                                                

VIII       Revisión Bibliográfica

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con la aprobación del nuevo Código Procesal Penal puesto en vigencia en fecha 24 de Septiembre del año 2004, en la República Dominicana se implementó una legislación que acentuó los caracteres del sistema acusatorio como modelo para juzgar a los infractores de la ley penal, con ella se dispuso: Cambiar la administración de la justicia penal, introducir salidas alternativas al juicio oral, establecer un nuevo sistema de recursos y organizar una nueva regulación de la prisión preventiva.  Así mismo el Código presenta medidas coercitivas distintas a la prisión preventiva,  constituyendo esto una de las mayores novedades que adoptó dicho instrumento legal.

La prisión preventiva se presenta como la institución que debe ser tomada en cuenta por el sector justicia cuando no haya otra medida que garantice que el imputado no se sustraiga a la acción de la justicia,  a diferencia de la vieja legislación penal que concebía prácticamente a la prisión preventiva como única medida de coerción orientada a evitar que el imputado se sustrajera a la acción de la justicia penal.

La legislación penal actual les proporciona a los actores del sistema de justicia penal un abanico de posibilidades coercitivas confiriendo la prisión preventiva un carácter excepcional y diseñando su imposición para aquellos casos más gravosos. Es por ello que la prisión preventiva como medida cautelar de excepción debe ser estudiada tomando en consideración el estatuto de la libertad como principio rector de la  condición natural del individuo.

En función de estos aspectos identificamos que el problema que presenta la figura jurídica de la prisión preventiva en el contexto dominicano, radica en el abuso excesivo por parte del sistema de administración de justicia penal. Por lo que entendemos que el imputado al gozar de la presunción de inocencia, hasta tanto no se le aplique una sentencia definitiva, la prisión preventiva no es la regla a seguir, y se entiende entonces que el Estado obligatoriamente tendrá que tomarla en cuenta como la última respuesta penal para aplicarla al imputado y en aquellos casos más gravosos.

América Latina posee en la actualidad un sistema de justicia penal en proceso de reformarse; una de las causas para introducir cambios lo constituye el uso excesivo de la prisión preventiva, convirtiéndose dicha situación en una aguda enfermedad que padece la administración de justicias penales en la región.

La República Dominicana no escapa a  dicha patología, las últimas estadísticas así lo confirman cuando señalan que solo el 15% de la población carcelaria esta cumpliendo pena privativa de libertad; el resto, es decir, el 85%  son presos preventivos. Igual promedio es el que exhiben los pueblos de la región.[1]

Una de las justificaciones que invocan los promotores del uso irracional del encarcelamiento es que con tal aplicación se combate la delincuencia y con ello se protege a la sociedad. De igual modo con ella se busca calmar a la población de los horrendos crímenes y delitos cometidos por aquellos llamados antisociales, sin embargo la consecuencia negativa que arrastra la prisión preventiva son numerosas, desde el punto de vista jurídico la vulneración a los derechos y garantías en que influye la prisión preventiva son muy a menudo no tomadas en cuenta.

Con la prisión preventiva se viola la presunción de inocencia, de igual modo se aplicación conlleva una pena anticipada para el imputado.

Otro principio que afecta el dictado de la prisión preventiva según la razonabilidad con que se aplica, es el principio de proporcionabilidad.

Finalmente la prisión preventiva para el derecho penal mínimo es de exigencia  que ella no debe constituir la primera opción, sino que la misma tendrá que ser tomada en cuenta como la última de las medidas cautelares que el estado a través del positivo deba someter al imputado.

Con el dictado de la prisión preventiva en el ámbito de la administración de justicia penal evidentemente que surgen serios y graves interrogantes de los cuales señalar los siguientes:

·        ¿Cómo afecta la prisión preventiva la inocencia de los individuos?

·        ¿Cómo se evita que la prisión preventiva sea una pena anticipada?

·        ¿Cómo evitar que la prisión preventiva no cumpla  funciones del derecho penal?

·        ¿Puede el derecho procesal penal prescindir de la prisión preventiva?

·        ¿Se apoya el Estado en la prisión preventiva para tranquilizar a la sociedad?

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En la República Dominicana la aplicación de la prisión preventiva constituye uno de los mayores escollos en la administración de justicia penal, convirtiéndose dicha institución en una enfermedad que afecta todo el sistema carcelario dominicano.  De tal modo que la población carcelaria que se registra en los distintos recintos de prisión, los presos preventivos, en la mayoría de los casos no ha intervenido una sentencia firme; de lo que se deduce que la prisión preventiva ha venido a sustituir  la pena privativa de libertad, generando esto un grave problema, tanto para el sistema penal como para el propio procesado.

A partir de esta síntesis del problema de investigación formulado anteriormente, nos avocamos a definir las razones y los posibles productos que arrojaría el abordaje de una investigación de esta naturaleza. Para esto identificamos dos ejes justificatorios:

1.      La identificación de los problemas que generan el dictado de la prisión preventiva por parte de los tribunales de la República.

2.      Establecer una interpretación jurídica de carácter constitucional que sintonice con el régimen político imperante en la actualidad, es decir, la democracia.

En el primer caso, entendemos que la aplicación de esta institución al individuo, produce en lo inmediato un efecto negativo sobre los demás derechos, es decir, limita el ejercicio de otros derechos de los cuales tiene que gozar una persona, como son el derecho al trabajo, diversión, desarrollo personal y social, entre otros.

En tanto a lo referente al segundo caso, el dictado de la prisión preventiva contradice el principio de inocencia, principios básicos de un Estado que se rige por el sistema democrático.

Por esto es que la prisión preventiva a la hora de su imposición, evidentemente tendría que exigírsele ciertos presupuestos que no vayan en desmedro de este principio ni de los demás derechos que postula un régimen democrático.

Visto lo anterior, el trabajo de investigación que se pretende desarrollar está orientado a describir y dar respuesta a estos ejes justificatorios, resaltando las siguientes ventajas:

a)      Se rescataría la verdadera función que representa la prisión preventiva como medida cautelar.

b)      Al identificar los problemas que generan la prisión preventiva conllevaría a presentar, desde el punto de vista jurídico, aquellas soluciones que mitigarían el efecto negativo que se produce en los restantes derechos del individuo.

c)      Para los actores del sistema jurídico dominicano implicaría una aceptación y una legitimación el descubrir que el dictado de la prisión preventiva sobre un imputado tendría una naturaleza jurídica, es decir, estaría sustentada en todo momento en el espíritu de la legislación.

d)       Se identificaría el costo económico que resulta de la aplicación de la prisión preventiva.

e)      La disminución de la imposición de la prisión preventiva mejoraría la calidad de vida de los presos en las cárceles dominicana, debido a la reducción de los niveles de hacinamiento.

 III. OBJETIVO GENERAL

• Conocer la naturaleza de la prisión preventiva desde el punto de vista de un Estado Constitucional de Derecho y sus implicaciones en la sociedad dominicana.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Describir los antecedentes de la prisión preventiva, sus actores y base legal.

• Describir sus funciones y roles de la prisión preventiva dentro del contexto del Derecho Procesal Penal y el Derecho Penal.

• Identificar las exigencias que tiene la prisión preventiva para su dictado.

• Establecer cuál es su duración promedio, cómo y con  qué se rebate la prisión preventiva.

• Identificar las consecuencias de la Prisión Preventiva.

• Conocer su factibilidad  para su aplicación en el derecho procesal penal.

• Identificar alternativas a la prisión preventiva.

V. MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

5.1. Antecedentes de la investigación.

En la República Dominicana los trabajos de investigación sobre la prisión preventiva son muy escasos; Sin embargo unos cuantos autores nativos han desarrollado escritos sobre este tema. 

El Licenciado Cristian de Jesús Paulino Baldera (2004), en su trabajo titulado “La Prisión Preventiva en el Nuevo Código Procesal Penal (Ley, Doctrina y Jurisprudencia)”, considera la prisión preventiva como la privación provisional de la libertad decretada por el juez de la instrucción mediante resolución motivada y escrita indicando que el imputado permanecerá detenido por existir en su contra elementos de prueba y peligro de fuga y no poder imponerse otra medida menos grave.

Tam bien el dominicano Dr. Vinicio Martín Cuello Pereira (1999) en su opúsculo titulado “la Prisión Preventiva y los Mandamientos en la Instrucción Preparatoria” define la prisión preventiva como una medida de instrucción que se funda en la preservación y en la eficacia de la propia fase instructiva.

La exigua ausencia de trabajos relacionados con este tema, los actores del sistema penal han tenido que recurrir a los autores internacionales para documentarse acerca de la prisión preventiva, dentro de los cuales podemos señalar:  Doctor Javier Llobet Rodríguez (1999), en su investigación “La Prisión Preventiva”, define esta institución como “la privación de libertad ordenada antes de la existencia de sentencia firme, por un tribunal competente en contra de un imputado basado en el peligro de que se fugue para evitar la realización del juicio oral o la ejecución de la eventual sentencia condenatoria, o en el peligro de que vaya a obstaculizar la averiguación de la verdad”.

Como se advierte en la concesión del citado autor la prisión preventiva procura los mismos fines que señala el Nuevo Código Procesal Dominicano, esto es evitar que el imputado se sustraiga al proceso judicial.

Para la obra Manual del Fiscal, editada por el Ministerio Público de la República de Guatemala, señala que “la prisión preventiva es la privación de libertad de una persona ordenada por el juez en establecimiento distinto de los condenados, con el objeto de asegurar su presencia o para evitar la obstaculización de la verdad”.

En este mismo orden de ideas el autor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento (2003), en su tratado “Código Procesal Penal de Venezuela Comentado”, indica los elementos a que se encuentra sujeta la prisión preventiva.  Estos  son: “1.la existencia comprobada de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y que no se encuentre evidentemente prescrito, o lo que es lo mismo que el cuerpo del delito se encuentre comprobado.  2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o cómplice de un hecho punible.  3. La existencia de una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular del peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

5.1.1. Base Legal

Artículos 15, 16, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 239, 240, 241, 242 del Código de Procesal Penal.

5.2. Marco Teórico

El nuevo Código Procesal Penal a diferencia del anterior le da un gran énfasis a la búsqueda de alternativas a la prisión preventiva, respondiendo esta posición precisamente a la corriente dogmática que promueve un derecho penal mínimo.  La misma ha sido desarrollada recientemente y tiene como fundamento aquel derecho que se encuentra en los tratados de acuerdos internacionales relativos a los derechos humanos.  Existe acuerdo doctrinal en que la prisión preventiva debe ser la última ratio o la ultima respuesta que el estado tiene que aplicar.  Ello encuentra reconocimiento también a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos. Así el pacto internacional de derechos civiles y políticos dice que la prisión preventiva “no debe ser la regla general”.  Igualmente el marco de disposiciones de la ONU sobre medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio) expresamente dispuso que la prisión preventiva deba ser utilizada como ultima medida y que alternativas a la prisión preventivas deban ser aplicables tempraneramente si es posible.  En el mismo sentido dicen las reglas de la ONU  para la protección de los menores privados de libertad que “En la medida de lo posible deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes de la celebración del juicio en consecuencia, deberá hacerse todo lo posible para aplicar medidas sustitutorias”.

El tema de investigación científico que se ha presentado precedentemente será estudiado tomando como base la doctrina del derecho penal mínimo y los documentos de carácter internacional relativos a  los derechos humanos.

Esta doctrina que ha sido escogida y explicada de manera sucinta esta vinculada al objeto de estudio en la presente investigación en cuanto se seguirá un conjunto de pasos metodológicos que permitirán llegar al fin deseado descrito en la parte relativa a los objetivo tanto generales como específicos, pues se estudiaran en su conjunto partiendo de la realidad objetiva que será apreciable a través de los sentidos.

El derecho como norma positiva tiene un orden de unidad, coherencia y plenitud que rige las relaciones jurídicas entre los miembros de una sociedad y en esa misma proporción dará una respuesta racional al conflicto jurídico que se ha presentado al órgano jurisdiccional.

5.2.1. Funciones y roles de la Prisión Preventiva.

La función de la prisión preventiva a la luz de las doctrinas más actualizadas y desde un contexto del derecho comparado coinciden en que la función primordial de esta figura procesal es las misma que se le aplican a las demás medidas cautelares que propone el Derecho Procesal Penal. Dicha función es: Evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia penal, agotando con ello una fase del proceso en sentido general.

La prisión preventiva como institución del sistema jurídico corresponde de manera categórica al Derecho Procesal Penal, es decir que su función recae dentro de esta rama del Derecho, exceptuándose cualquier otra función que se le quiera atribuir a otra rama que no sea el Derecho Procesal Penal.

5.2.2. Presupuesto de la Prisión Preventiva.

Cuando estudiamos el Derecho Comparado vemos que hay ciertos puntos de coincidencia en establecer los requisitos para el dictado de la Prisión Preventiva, sin embargo, también podemos observar que en ciertos países de la región los Códigos Procesales Penales presentan exigencias no uniformes, es decir coinciden en muchos casos y en otros no, pero siempre partiendo de tres exigencias primordiales, tales como: en el peligro de fuga, en que existen en elementos suficientes y en el peligro de reiteración.

5.2.3. Aspectos operativos.

a)      Duración promedio de la Prisión Preventiva.

La duración promedio que exige la nueva legislación penal dominicana, de manera general, es que la misma no puede exceder de doce (12) meses, siendo prorrogable de manera excepcional por seis (6) meses. Vencido este plazo no se puede acordar una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva, a diferencia del viejo Código de Procedimiento Criminal que recientemente fue sustituido, el cual no especificaba límite alguno de duración cuando se imponía al individuo.

b)      ¿Cómo y con qué se rebate la Prisión Preventiva?

A la luz del nuevo Código Procesal Penal, la Prisión Preventiva se puede atacar a través de la institución denominada la Revisión, la cual puede ser solicitada por cualquiera de las partes del proceso y de manera especial de oficio, por parte del juez cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento la justificaron. El juez de manera obligatoria tiene que revisar la prisión preventiva cada tres (3) meses.

5.2.4. Consecuencia de la Prisión Preventiva

Con el dictado de la prisión preventiva por parte de un tribunal competente, la misma trae como consecuencia la afectación de principios y derechos concernientes al imputado, tales como:

a)      El estatuto de libertad, que es la condición natural de una persona.

b)      El principio de inocencia, que ordena que el individuo es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, mediante la imposición de una sentencia que establezca su culpabilidad.

c)      El derecho al trabajo, desarrollo, sexo, diversión, cultural, artístico, todos se ven afectados cuando se imponen la prisión preventiva al individuo.

V. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

            5.1. Tipo o nivel de estudio.

La investigación que nos proponemos realizar tiene como nivel de estudio el descriptivo, debido que solo se propone describir la naturaleza de problema y sus posibles implicaciones, discriminando todo uso de relaciones o explicación de fenómenos con criterio de causalidad.

            5.2. Método y técnicas de estudio.

Se parte del método deductivo, describiendo los factores más generales del problema y concluyendo en elementos particulares que inciden de manera directa e indirecta en el problema de investigación.

5.3. Instrumentos de investigación.

Se realizó una recolección bibliográfica que abarca el conocimiento del problema, a partir de libros, consultas a libros y artículos electrónicos, folletos, revistas, jurisprudencias, códigos y tratados internacionales. También se desarrollo el instrumento de encuesta estructuradas.

VI. CRONOGRAMA

VII PRESUPUESTO ESTIMADO