Monografias | Neoliberalismo, exclusión social y la deconstrucción de la ciudadaníaNeoliberalismo, exclusión social y la deconstrucción de la ciudadaníaResumen: En el presente artículo analizamos las transformaciones que han generado en sociedad argentina la imposición y desarrollo de un modelo económico-político altamente conservador y excluyente, como ha sido el neoliberalismo de los años ‘90s. Modelo no solo responsable de la reestructuración del Estado, la libertad de mercado, el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, sino protagonista indiscutible en el recorte de los derechos sociales de ciudadanía. Palabras claves: Reforma del Estado. Neoliberalismo, Exclusión Social, Derechos Sociales. Ciudadanía.(E) Resumen: En el presente artículo
analizamos las transformaciones que han generado en sociedad argentina la
imposición y desarrollo de un modelo económico-político altamente
conservador y excluyente, como ha sido el neoliberalismo de los años ‘90s.
Modelo no solo responsable de la reestructuración del Estado, la libertad de
mercado, el crecimiento de la pobreza y la exclusión social, sino
protagonista indiscutible en el recorte de los derechos sociales de ciudadanía. Palabras
claves:
Reforma del Estado. Neoliberalismo, Exclusión Social, Derechos Sociales.
Ciudadanía. Neoliberalism,
social exclusion and the degradation of the citizenship Abstract In the present article we analyzed the transformations that have
generated in Argentine society the imposition and development of a model
economic-political highly excluding, as has been the neoliberalism of the
years 90s. Model nonsingle it has generated the reform of the State, the
freedom of market, the increase of the poverty and the social exclusion, but
unquestionable protagonist in the reduction of the social rights of
citizenship. key
words: Reform
of the State. Neoliberalism. Social marginalization. Citizenship. Social
rights A
principios de los ‘90s el neoliberalismo se había convertido en la ideología
hegemónica o, dicho en términos menos elegantes en el discurso político
aceptado para las masas. Desde esta perspectiva se abogó por una concepción
del cambio coherente y global que abarcó la reorganización del Estado, la
economía, la estructura de clases y hasta los valores personales, en donde se
ha propugnado el advenimiento de una nueva sociedad y no meros cambios económicos
orientados a incrementar las ganancias en una coyuntura.
Su principal argumento fue que el vigente esquema social no podría solventar
un “gasto de financiamiento” como el que obligaba la aplicación estricta
del modelo del Estado de bienestar sin el serio riesgo de quedar bajo niveles
de competencia respecto de otros países a escala mundial.
En este marco, el esquema de la seguridad
social no fue para el modelo neoliberal un
derecho social sino
un simple
gasto social y como
todo gasto, susceptible de sufrir sucesivas reducciones para adecuar la
estructura del Estado a los nuevos “paradigmas de la globalización”. En
este contexto se erigió un discurso hegemónico antiestatista desacreditando
las viejas funciones administrativas del Estado y respaldando la incorporación
de la iniciativa privada. La prédica ideológica entonces consistió en la racionalización
del Estado, en función de ello y con el objetivo de redefinir el campo de
lo público y lo privado, una de las opciones ha sido desestatizar algunas
actividades que se encontraban a cargo del Estado, buscando aumentar la
eficacia y la productividad de la administración. A partir de este supuesto
la principal vía es la privatización de empresas públicas que se
traspasaron a manos privadas, y ligado a ello por otro lado progresó la
desregulación, por la que se remueven barreras a la entrada de nuevos
competidores, lo que en la actualidad constituye un prerrequisito para
aumentar la competencia potencial en los mercados, para así restaurar la
“supuesta” eficiencia perdida. De
allí en más, es solamente
el mercado el
que posee la virtud de asignar eficazmente los recursos y fijar a los diversos
actores sociales los niveles de ingresos[i].
De este modo en el plano ideológico discursivo se han difundido concepciones
“eficientistas y privatistas” en función del supuesto de que la
administración privada es la mejor en última instancia para TODOS:
el ajuste como única salida.[ii]
Así, el paradigma implementado fue todo un éxito desde el punto de vista
consensual, ya que logró incorporar al sentido común de la sociedad, la idea
de que “no hay otra alternativa” que el modelo neoliberal de Estado. O
dicho en términos de Souza Santos (1998) el nuevo Estado ha creado una
sociedad civil a su imagen y semejanza. Sin
embargo la experiencia acumulada en los últimos años, indica
que se están materializando los impactos inesperados de las diversas formas
económicas y sociales emprendidas. La vulnerabilidad de las poblaciones más
pobres ha aumentado y a ello se han sumado en muchos casos, la pobreza y la
vulnerabilidad de los grupos de clase media, que ahora también se hallan
sujetos a riesgos sociales, como el desempleo, la pérdida de su capacidad de
consumo y la exclusión social (Bauman, 2000). Estos impactos inesperados se
encuentran obstruyendo el desarrollo social equitativo, la cohesión social, y
los derechos sociales de ciudadanía. En
tal dirección los principios organizadores de la solidaridad y la concepción
tradicional de los derechos sociales han fracasado y ya no permiten dar cuenta
de la situación actual de los excluidos. En tal sentido y, como sostiene
Rosanvallon (1995) cabría preguntarnos qué perfil deberá asumir el
escenario de construcción de la ciudadanía social, en contextos de exclusión
masiva. De este modo cabe indagar si existe algún punto de encuentro entre
ciudadanía social y exclusión ¿serian
los pobres y excluidos portadores de la condición de ciudadanía? En
el marco del auge neoliberal, la profunda crisis macroeconómica
latinoamericana y sus consecuencias sociales han dado lugar, a lo largo de las
dos últimas décadas a una nueva dinámica de procesos sociales de exclusión
de amplios sectores de la población. Esta nueva dinámica ha derivado de una
serie de procesos guiado por recetas neo-conservadoras, como la desregulación
de los mercados, la reducción del déficit fiscal y del gasto social, la
desarticulación de la estructura productiva, los nuevos procesos de reformas
del Estado, fuertes programas de privatizaciones, mayor cabida al capital
internacional (capital financiero) y, mayor difusión de los sectores
privados. En función de ello la condición Sine
qua non será la construcción de un nuevo estado neoliberal desligado de
todo tipo de intervención social y políticas bienestaristas[iii].
En este contexto la desregulación implica de antemano la despolitización de
la sociedad y la economía[iv]
provocando una transferencia de este poder económico y social al gran capital
(corporaciones) (Grassi; Hintze; Nuefeld, 1994). En tal sentido, el advenimiento del nuevo
Estado neoliberal, reduce los derechos al mínimo con la actuación del
mercado. Incluso privatizando los servicios públicos y terciarizando la
prestación de esos servicios (Faleriros, 1995). De
este modo se fue configurando un nuevo escenario social signado por lo que
Zermeño llamó “debilitamiento de lo público”. Así la cambiante
transición de lo público a lo privado y sobre todo la crisis y el
desmantelamiento de las tradicionales instituciones del Estado de Bienestar
repercuten o se traducen como la crisis de los principios de organización del
conjunto del sistema social (Barbeito y Lo vuolo, 1997).
El Estado de esta forma se disocia de lo social y su carácter
universal de las regulaciones/intervenciones sociales se va tornando más
particularista hasta el punto de pulverizar y minimizar el componente social
de las políticas económicas provocando verdaderos retrocesos y crisis
sociales. En
lo que a la dimensión social de la crisis se refiere, uno de los rasgos más
llamativos, lo constituye el abarcativo proceso de desintegración social,
producido en vastos sectores de la población latinoamericana, procesos que ha
englobado y expresado diferentes modalidades de disolución de la cohesión
social, y de la ruptura de los derechos sociales de
ciudadanía. Proceso que en Latinoamérica ha impactado diferencialmente
en función de las particularidades nacionales o regionales. En nuestro país a comienzos de la década de los ‘90 surgen
numerosos estudios que ponen de relieve que, las profundas transformaciones
estructurales y los fuertes cambios en la constitución de la sociedad y el
Estado, estarían afectando directamente a su estructura de clases. (Bustelo,
1990; Minujín, 1993; Lo Vuolo, 1993). Tales investigaciones acentúan que el
deterioro de las condiciones de vida de vastos sectores sociales es hoy un
claro indicativo de los procesos de exclusión y polarización social; en
donde la misma expresión de “nuevos pobres” (pauperizados)[v]
haría referencia a este proceso de extinción o erosión de las clases medias
y trabajadoras, que atraviesan por fuertes procesos de declive en términos de
una movilidad social descendente (Minujín, 1992); situación que es acompañada
por la crisis y transformación del mercado de trabajo[vi]
que ha provocado una caída de las remuneraciones de manera pronunciada,
afectando especialmente a los trabajadores de bajo nivel de calificación,
multiplicando así las situaciones de inestabilidad y precariedad (Beccaria,
1992). En tal sentido los sectores que son progresivamente expulsados o
desplazados estarían conformados en su mayor parte por trabajadores,
empleados públicos, profesionales y hasta pequeños comerciantes, que día a
día se tornan más vulnerables y más pauperizados. Sin embargo, lo
importante a señalar es que en este contexto, los procesos de vulnerabilización
de amplias franjas de la población impactarían de manera diferencial en
aquellos sectores más carenciados, en donde las condiciones de precariedad y
carencia son ya históricas. Las
actuales reformas del Estado y el proceso de ajustes estructural han generado
efectos perturbadores en las condiciones de vida de amplios sectores sociales;
en un contexto en donde la restricción y reducción constante de los gastos
estatales globales y, las expensas sociales avanzan rápidamente,
conjuntamente con los programas de privatizaciones que han transformado los
modos de regulación bienestaristas, y han arrojado y sometido a amplias
franjas sociales a una mercantilizada dependencia. (Boron, 1997; Grassi, 1994:
3). En tal sentido el acceso
a los servicios públicos ha sido reducido indirectamente al establecer
sistemas de aranceles para servicios que anteriormente eran gratuitos y
universales (como la atención médica; la educación; comidas escolares,
etc.) o, reduciendo o eliminando los subsidios para bienes y servicios
sociales básicos. Con tales transformaciones, se pretende restaurar al
mercado su papel de regulador principal del funcionamiento del sistema y al
capital privado, el del protagonista central de los procesos de acumulación y
crecimiento.[vii] Por otro lado las
actuales políticas económicas y sociales delineadas por el modelo
neo-conservador, han impactado directamente en el incremento del desempleo, el
subempleo, el mercado de trabajo informal, la carencia o falta de servicios,
la acentuación de la segregación socioespacial, y dualización social etc.;
el desequilibrio estructural del modelo exclusionario ha desembocado en
inestabilidades socioeconómicas casi permanentes[viii].
Como sostiene Luis Coraggio, (1994) dentro del contexto internacional, el
proceso contemporáneo de globalización exige en América Latina abrir su
mercado interno a la competencia mundial y descentralizar el Estado Nacional,
reduciendo el papel de éste como regulador y compensador social. Se
desmantelan así las estructuras de integración social que produjo el
desarrollismo, sin sustituirlas por otras equivalentes. Por el contrario, se
afirma la centralidad del mercado mundial, como mecanismo de regulación económica
y de atomización de la sociedad en comunidades cotidianas, locales, como
nuevo sujeto “pre-social.”(Coraggio:
1994, p.1-2) En
esta dirección los profundos cambios y costos socioeconómicos de los planes
de ajuste estructural, son evidenciados actualmente, a partir de la inequidad
en la distribución del ingreso y la riqueza social; los altos niveles de
pauperización y vulnerabilidad, desencadenantes de la precariedad del capital
humano y social. En suma perpetúan y acrecientan la desigualdad y la exclusión
social. Contradictoriamente, también preparan el terreno para que los grupos
sociales con mayores recursos económicos y políticos -fuerza, organización,
capacidad de negociación- accedan a mejorar sus posiciones y obtener
privilegios en desmedro de las capas más carenciadas de la población
(Insuani: 1993; Tenti Fanfani: 1991) Así el nuevo régimen de
desmantelamiento y reestructuración estatal despliega un programa rígidamente
planificado, generando una sociedad segmentada y piramidal que establece cohesión
clasista en la cima, fragmentación en el centro y atomización en la base. (Petras,
1994). Actualmente,
en la medida en que la estructura social se ha modificado sustancialmente por
el masivo empobrecimiento, fue dando espacio al surgimiento de una sociedad
notablemente desigual, segmentada y polarizada. Proceso que acompañado de la
reestructuración del Estado ha generado fuertes repercusiones en las
condiciones de vida de amplios sectores de la población, en el sentido de que
ciertas responsabilidades de “funciones sociales” fueron desplazadas del
Estado y asumidas por el mercado[ix],
ámbito en el cual los
derechos sociales fundamentales son reducidos a meras mercancías[x],
de manera que
el
consumidor pasa a tener más importancia que el ciudadano.
En
el marco de tales cambios y transformaciones, el nuevo paradigma exclusionario
mercadocéntrico (Cavarozzi, 1998), no sólo aniquila al Estado en su rol de integrador
social, sino que crea una sociedad polarizada o dualizada, una sociedad de dos
caras, conformadas por: élites
altamente organizadas y masas totalmente fragmentadas. En este sentido el
nuevo panorama de organización social no se ubica cerca de toda posibilidad
de acceso a un nivel de vida más equitativo, sino que por el contrario abre
una brecha cada vez más pronunciada entre los que siguen acumulando riqueza y
quienes siguen sumando pobreza. Sin embargo en el marco de tales
transformaciones, se establecen una serie de intervenciones sociales que
privilegian la compensación coyuntural, a través de un conjunto de medidas
asistenciales, extremadamente focalizadas sobre aquellos sectores
profundamente excluidos. En tal dirección la focalización asistencial se
encuadra en una racionalidad inmediatista y de corto alcance, que operaría
simultáneamente como el muro de contención de la pobreza extrema,[xi] acción cuya importancia
es fundamental para contrarrestar los efectos del desmantelamiento
de los derechos sociales. En
este nuevo panorama el Estado al divorciarse de la sociedad (retirarse de la
intervención) y subordinarse al mercado contribuiría a erosionar y debilitar
las condiciones de vida de sectores sociales bien definidos. (Lo Vuolo, 1993)
En tal sentido la vigencia del propio mercado autoritariamente desregulado daría
lugar a verdadero y auténticos mecanismos de “exclusión social”,
generando profundas fisuras y transformaciones en el sistema de integración
social, como consecuencia de la remercantilización
de la función estatal de bienestar.[xii]
(Esping Andersen, 1992). En
líneas generales, el Estado al disociarse de lo social incrementa los
procesos de exclusión, que de hecho vulnerabilizan a franjas crecientes de la
población, ya que al ser privados del acceso a bienes colectivos
fundamentales deterioran progresivamente sus condiciones de vida. En este
sentido los “recortes y ajustes” (y el consecuente paquete de reformas)
realizados en el presupuesto social acarrearían a importantes descensos en la
calidad de vida de los ciudadanos; conduciendo a su vez a niveles crecientes
de dificultades para acceder a bienes y servicios básicos, como el trabajo;
la vivienda; la educación; la salud; etc. lo que dispara en alza la
vulnerabilidad y la exclusión social Robert Castel (1995)
define la vulnerabilidad como un “proceso”
de desintegración social, caracterizado por
situaciones de precariedad laboral y fragilidad de los soportes relacionales,
de manera que el proceso afecta en grados diversos las diferentes modalidades
de integración, tanto en sus dimensiones económicas como sociales. El plano
económico define situaciones que van desde la integración (empleo estable) a
través de distintas formas de ocupación precaria, intermitente o estacional,
hasta la completa pérdida del trabajo que es la exclusión. El vector social
por su parte hace referencia a la plena “inserción” en redes socio-
familiares estables de sociabilidad hasta el total aislamiento. En los procesos de la
exclusión Castel distingue tres zonas de organización o cohesión social: A-
una zona de integración, que no plantea grandes problemas de regulación
social, B- una zona de
vulnerabilidad, que constituye una zona de turbulencias caracterizada por una
precariedad en relación al trabajo y por una fragilidad de los soportes
relacionales, y C- una zona de exclusión, de gran marginalidad, de
desafiliación, en la que se mueven los más desfavorecidos: los que están
desprovisto de recursos económicos, de soportes relacionales, y de protección
social. Las condiciones de
fragilidad, de inseguridad, de vulnerabilidad, cuando adquieren ciertas
características de permanencia alimentan situaciones alienantes, como la
desafiliación o la exclusión.[xiii] En
tal sentido los procesos exclusión social,
como un fenómeno ligado a situaciones de pobreza, pone de manifiesto
los defectos de la estructura social y evidencia los riesgos de una sociedad
dual o fragmentada, consecuencia de la ruptura de la cohesión social.
(Xiberras, 1994) Entendida de esta manera, la pobreza se define como exclusión de una
parte importante de la población de los trabajos mejor remunerados; de la
educación; salud; vivienda adecuada; de voz en la política y por ende de la
capacidad de tomar decisiones.[xiv]
Por lo tanto la población más pobre no sólo está excluida económicamente
sino en especial política y socialmente, razón por la cual su capacidad de
ejercer presión sobre los gobiernos es escasa realimentándose así el círculo
vicioso de la desigualdad y la exclusión social. (Calderon y Szmukler, 1995). Los
procesos de exclusión signados por los cambios en los procesos macro
sociales, repercuten directamente en las condiciones de vida de los diferentes
sectores sociales, ampliando o intensificando sus situaciones de precariedad;
así, la sostenida caída (escasez) de ingresos, el deterioro de las
condiciones de empleo, la reducción de las políticas sociales del Estado
(entre otros factores) inciden en el proceso de despojo de los tradicionales
derechos sociales que fueron jurídicamente adquiridos[xv].
Situación que por otra
parte ha profundizado la distancia que los separa de las formas de participación
en la vida social. La
noción de ciudadanía social se refiere a la definición establecida por
Marshall (Marshall, 1950). El acceso a la ciudadanía social se efectúa
mediante el juego de los derechos sociales en el que operan una redistribución
de la riqueza que se realiza fuera de los mercados del trabajo y del capital.
En este sentido, los derechos sociales contribuyen, utilizando los términos
de Polanyi, a “desmercantilizar” la fuerza del trabajo (Polanyi, 1944). La
introducción de derechos sociales significaba que el individuo podía vivir
independientemente del mercado (de trabajo)[xvii].
Gracias a los derechos sociales, la reproducción social puede efectuarse
independientemente del mercado del trabajo (Esping-Andersen, 1990). Mientras más
general es la base de extensión de los derechos sociales, más importante es
su función de desmercantilización. En efecto el Estado de bienestar es el sistema que más ha contribuido a
reconocer la ciudadanía social de sus miembros articulada en torno al
trabajo. Sin embargo desde que esa modalidad estatal ha entrado en crisis y el
neoliberalismo ha afianzado sus postulados, la protección social se ha
debilitado. En
la actualidad la mayoría de las atenciones están dirigidas a los fenómenos
de exclusión mediante intervenciones puntuales destinadas a paliar los
desequilibrios sociales generados por el modelo económico. En otras palabras
se ha producido un desplazamiento o simplificación de la cuestión social,
pasando de un análisis o consideración global del sistema social a un
enfoque centrado en el segmento más vulnerable de la población (Repetto y
otros, 2001). En tal sentido esta
hegemonía asistencial como estilo de intervención impuesto, descalifica lo
social en tanto genera una cultura profundamente arraigada de subordinación,
pasividad, mezquindad, en donde las personas “son consideradas como objetos,
portadoras de problemas, miserables, incómodas, cuando no peligrosas y
pasivas” (Levín; 1995: p.350). En
este sentido las nuevas intervenciones sociales parten de considerar al excluido
como un necesitado y no un ciudadano
portador de derechos sociales. Así el actual diseño e implementación de las
políticas sociales incide sobre
los derechos sociales de ciudadanía, como advierte Donati[xviii]:
“revelar o descubrir que una cierta política social es fallida tiene el
efecto de problematizar los derechos involucrados”. La aplicación a ultranza del salvaje modelo
neoliberal, en pos del crecimiento económico y social (discurso eufemísticamente
retórico) acareó tanto a la Argentina como a Latinoamérica en general, a un
abismal proceso de empobrecimiento y desintegración social. Los “recortes y
ajustes” realizados sobre el presupuesto social, implicaron de antemano “el recorte de los derechos sociales” conjuntamente con el
avasallamiento de los preceptos de la ciudadanía. Los ciudadanos indefensos
ante el capital y el Estado, son crecientemente excluidos, son expropiados de
sus condiciones históricas de vida, dejados afuera de la participación
social, de sus entornos, de sus hábitos, y de sus “reconocimientos” y
subjetividades, violentados en lo más profundo de su ser como individuos,
privados de su propia identidad (Mecle Armiñana, 2001: 54). Todo este
conjunto de desposeído genera un nuevo espacio de des-ciudadanización,
entendido éste como la pérdida de los derechos políticos, sociales y
humanos, y conformándose así una situación francamente peligrosa que atenta
contra los principios básicos de la democracia equitativa (ibídem: 43). Las leyes de reformas del Estado y las políticas
de privatizaciones, se acomodan funcionalmente a una verdadera dictadura del
mercado (aparejadas a los nuevos valores incorporados por el mercado, para el
mercado, y por sus defensores) que autoritariamente se orienta hacia la búsqueda
de la completa mercantilización de la vida social. De este modo todo está
colocado a merced del mercado, la salud, la educación, la cultura, la
información, etc. Transformar todo en mercancía, es concebir que el dinero y
no el derecho son las formas de acceso a estos bienes; lo que implica también
la creación de una “sociedad
de consumidores” (clientes) y, en la cual solo hay lugar para
quienes disponen del poder adquisitivo. En tal sentido el resultado contrario
de las recetas neoliberales ha sido la generación de una masa creciente de
marginados, una “sociedad de excluidos”,
fenómeno que pone de relieve que los derechos sociales fueron cada vez
más vulnerados, y en donde inevitablemente la des-ciudadanización
se ha disparado en alza. Las decisiones políticas acuñadas en el
marco del modelo neoliberal, (y su darwinismo social de mercado)[xix]
generaron efectos desastrosos en lo que hace a las condiciones de vida de
amplias franjas sociales, ya que han abolido programas generales de creación
de oportunidades, exterminado así con una dinámica social que buscaba –en
cierta medida- mejorar las oportunidades de vida para el conjunto de la
población. En su reemplazo la sustituyeron por acciones focalizadas, que a
final de cuentas fueron diseñadas para contener y minimizar los daños y
agresiones que el propio modelo ha generado. El
neoliberalismo hoy en día ha mostrado todo lo contrario de lo que propuso
ser: un “sistema más eficiente de organizar el Estado”, puesto que su
accionar en el mismo generó verdaderos desequilibrios sociales, acrecentando
la inequidad, la desigualdad y la exclusión social. Cuestiones que en su
momento eran de responsabilidad ineludible del Estado. En
un creciente contexto neoliberal conservador, donde el mercado gana mayor peso
e importancia, el bienestar, los derechos sociales, y la equidad parecen ser
aspectos que no pueden ser resueltos por los mecanismos de éste último. De
este modo, la problemática de la
equidad, la exclusión social y el despojo de los derechos ciudadanos
configuran una nueva cuestión social. Los nuevos tipos de intervención
social que privilegia el Estado, continúan esquivando el principal problema
social: la creciente desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza,
consecuentemente su carácter es meramente residual, actuando con los sectores
definidos como vulnerables, o sea, actuando tan solo donde el mercado no llega
(entre otras cosas porque no hay mercado). En
tal sentido la imposición y desarrollo de un modelo económico-político
altamente conservador y excluyente, implico entre otras cosas, que la
responsabilidad del bienestar de “la ciudadanía social” transite del
Estado al mercado, ámbito el cual los derechos sociales fundamentales son
reducidos a meras mercancías. En ese marco se inscribe la compleja deconstrucción
de la ciudadanía. En
la actualidad se hace necesario que las intervenciones del Estado
efectivamente logren objetivos acumulativos e integrales: combatir la pobreza,
construir ciudadanos y eliminar la exclusión. Aquí sin duda la integración
supone extender los derechos ciudadanos hacia amplios sectores de la población,
así como impulsar políticas sociales que enfrenten las tendencias a la
dualización, y a la exclusión social; lo que entra en contradicción con el
achicamiento en funciones y recursos del Estado de bienestar. Para ello
debemos transitar por el camino de construir verdaderos ciudadanos. Ciudadanos
con derechos individuales y políticos, pero también con derechos sociales,
derechos a acceder a bienes y servicios básicos, cuyo ejercicio aún está
reconocido en las leyes del Estado. ANDERSON, Perry. 1997
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Licenciado en Antropología Social y maestrando en Políticas Sociales.
Docente del Departamento de Antropología Social. Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones Argentina. Investigador
del Proyecto Actores Instituciones y Poder en la Provincia de Misiones.
UNaM- CONICET. [i]
La hoy tan mentada “teoría del derrame” es prueba fidedigna de la
‘creencia’ que el neoliberalismo logra inculcar:
“los ajustes producirán un crecimiento económico que cuando sea
voluminoso, elevará los niveles de ingreso de la población y resolverá
por rebalse la situación de los desfavorecidos” (olvidando
que las empresas privatizadas sirven para enriquecer a un puñado de
compradores privados monopolistas). [ii]
En la actualidad una argumentación preferida en el discurso económico
ortodoxo (marcada por “el pensamiento único”) es la alegación de que las medidas que se adoptan son las únicas
posibles. No habría otro curso de acción alternativo. Por tanto los graves
problemas sociales que crean son inevitables. [iii]
Mientras el estado, de un lado se replegó y fue perdiendo eficacia
reguladora sobre importantes aspectos de al vida economico-social, (sea como
consecuencia de la crisis o como resultado de sus políticas) por otro lado,
amplió y dinamizó sus funciones de orientación y coordinación económica
frente a las fracciones y grupos dominantes, intensificó su capacidad de
disciplinamiento social de cara a los sectores sociales medios y populares
excluidos o marginados de la dinámica central del modelo desplegado. [iv]
Para el marxista inglés
Perry Anderson el neoliberalismo tiene como punto programático fundamental
la llamada desregulación económica, y el resto de los fenómenos que
pudieran acontecer en el campo de lo social no serían más que proyecciones
a partir de dicha desregulación. [v]
Los pobres pauperizados como un fenómeno en auge se caracterizarían por la
creciente restricción en el consumo, y un descenso en la escala social, en el
sentido de que transitan por una pobreza relativa en términos de privación
y en donde muchos pierden lo que esperaban tener o conservar: un estilo de
vida socialmente aceptable o acostumbrado. En tal dirección el
empobrecimiento creciente de importantes sectores de al clase media aparece
como una nueva manifestación de la pobreza que hace su aparición para
sumarse a la ya conocida pobreza estructural. [vi]
El estado de empleo de un país, es la base de la cual se derivan las
condiciones de vida de su población (Monza, 1993: 65) [vii] Las estrategias de
intervenciones sociales adoptadas en el marco del Estado neoliberal, ponen
en evidencia una racionalidad que subordina enteramente los objetivos del
bienestar a los de la acumulación (Grassi; Hintze; Neufeld; 1994) [viii]
Sí bien para muchos autores (Tokman, 1997; Iglesias, 1998) ya es
tradicional la exclusión en las sociedades de América Latina, no obstante,
en la actualidad se asiste a un abismal proceso de exclusión y desintegración
social, responsable de la caída diaria de miles de personas en situaciones
de pobrezas. [ix]
De allí en más, dentro
de los beneficiarios de la protección pública podemos diferenciar entonces
a dos grupos: 1) los que tienen ingresos suficientes como para encontrar, si
lo desean una atención privada; y 2) los que no tienen y quedan marginados
de la instancia privada de cobertura, sin tener asegurada su protección
social. (Levín, 1997) [x]
De acuerdo a la lógica neoliberal el mercado sustituiría al Estado en su
función integradora. Sin embargo en la realidad el mercado genera
mecanismos excluidores, ya que por su insuficiente dinamismo no puede
constituirse en un eficaz integrador social. Instaura una lógica
individualista y privatista (frente a la lógica colectiva del Estado)
sofocando los lazos sociales de solidaridad generando un vació en la
población. (Calderon y Szmukle, 1995) [xi]
En el marco de las Políticas Sociales Focalizadas se despliegan
intervenciones “únicamente” sobre franjas sociales sumamente
carenciadas, lo cual no es más que focalizar o asistir a “los
más pobres de entre los pobres”, y a la vez una manera encubierta de
racionalizar el mismo asistencialismo. Así los nuevos criterios de
focalización no son más que criterios de selectividad en la identificación
de los grupos más castigados por el modelo económico. (Brites y Nuñez,
2000) [xii]
Desde el enfoque neoliberal la función del estado debe ser mínima siendo
el mercado el medio autorregulatorio y eficiente para la distribución de
los recursos. Este modelo establece que los servicios sociales deben ser
privados y pagos para todos aquellos sectores de ingresos suficientes, no
obstante queda margen al sector público que distribuye servicios gratuitos
pero focalizados estrictamente sobre los sectores de menores recursos.
(Bustelo, 1990) [xiii]
Para Castel la cuestión
de la exclusión social corre el riesgo cuando se la concibe como un estado
cuando en realidad nos encontramos ante un extremo proceso
que de hecho esta operando incluso con antelación a que la gente bascule
(balanceé) hacia esas posiciones extremas. (Hilary Silver, 1994) Así la
noción de vulnerabilidad designa un enfriamiento del vínculo social que
precede a su ruptura. [xiv]
Sigal (1981) afirma que la pobreza se sitúa entre la marginalidad y la
exclusión política porque constituye el acceso parcial a los derechos de
un ciudadano, reconocidos por el Estado, pero existen ambigüedades en
cuantos a los medios de adquisición de estos bienes. [xv]
La posibilidad de acceso
a derechos sociales permite distinguir el reconocimiento del derecho, como
relación social. (Levín, 2001). [xvi]
Según el ya clásico argumento de Mashall, la concepción moderna de la
ciudadanía, implica que los individuos son formalmente iguales entre sí y
poseedores de derechos, civiles, políticos y sociales. Precisamente éste
último: “la ciudadanía social” adquiere fundamental importancia en
tanto se refiere a los derechos a la salud, educación, vivienda, seguro
social, etc. y sobre los que se constituyó y expandió los Estados de
Bienestar en los países del mundo occidental en el período de la
postguerra (Zicardi; 1998). [xvii]
Existe generalmente el compromiso de proteger a los ciudadanos contra la
amenaza de la pobreza, de permitir a la población mejorar su situación de
vida y de proporcionar una red de seguridad para los ciudadanos que no están
en condiciones de competir. [xviii]
P. Donati, “una nueva aproximación a los derechos de ciudadanía”,
p. 10. [xix] La expresión es
utilizada por Perry Anderson, para referirse a la desmedida desregulación
del mercado. Compartir Publicación enviada por Walter F. Brites Contactar mailto:briteswalter@yahoo.com.ar Código ISPN de la Publicación EEkpVAVlVEYantjIMx Publicado Tuesday 5 de July de 2005 Ultimas Publicaciones en ilustrados.com
ilustrados.com nace con el fin difundir el conocimiento publicando trabajos de investigación, monografias, tesis, presentaciones powerpoint y afines. Publicar trabajos en ilustrados.com ha alcanzado prestigio y reconocimiento internacional siendo cada vez más el número de académicos, empresas, investigadores, científicos que consultan las publicaciones de nuestro portal. | |||||||||
