Monografias | Indemnización en el proceso de divorcio por causal de separación de hecho

RESUMEN
El art. 345-A del Código Civil establece la posibilidad indemnizatoria a favor de quien resulte perjudicado por la separación de hecho (art. 333 inciso 12), cuya causal está configurada dentro de la doctrina del llamado divorcio-remedio; que al conferir derecho a indemnización implica la probanza de un perjuicio, lo cual conlleva a un análisis de los presupuestos de la responsabilidad civil.

ÍNDICE
1. Introducción
2. La Familia
3. El Matrimonio
4. Divorcio y la Separación de Hecho
5. Análisis Jurisprudencial
6. Algunas Apreciaciones sobre la responsabilidad civil conferida en el artículo
345-A del Código Civil Peruano
7. Consideraciones Finales

1. INTRODUCCIÓN
La ley 27495 del 07 de julio del año 2001, incorpora el artículo 345-A en el Código Civil, la cual señala “Para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 333, el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo”.

El Juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder.
Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, las disposiciones contenidas en los artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352, en cuanto sean pertinentes”.

La norma en mención incorpora de un lado, los requisitos para la invocación de la separación de hecho (art. 333, inciso 12), y de otro lado, establece una norma de preservación por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación.

Sin embargo, a los efectos de ésta última parte, el dispositivo en su parte pertinente, dice textualmente “Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión que le pudiera corresponder”.

A partir de esta disposición ha generado, diversidad de problemas jurídicos, desde su interpretación, hasta en su aplicación, dando lugar al desarrollo de jurisprudencias contradictorias. De un lado, quienes entienden que la norma mencionada no contiene un mandato imperativo, en el sentido que a las partes corresponde peticionar la indemnización o la adjudicación de la casa conyugal, y de otro lado, otra opción valorativa en el sentido que contiene una norma que obliga al Juez necesariamente a pronunciarse aún cuando no haya sido solicitada la posibilidad indemnizatoria a favor del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, que a manera de comentario se analizará la Casación Nº 606-2003.

Previamente se abordará algunas instituciones que involucran esta temática, para luego desarrollar sobre la regulación de la indemnización en el caso de la separación de hecho.

2. LA FAMILIA
La Constitución del Estado, señala en su artículo 4 que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad…”, y el artículo 236 del Código Civil, establece que “La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamados por la Constitución Política del Perú”.

La familia, como núcleo fundamental de la sociedad y base de la organización de ella, se fundamenta en la misma consustancialidad de la persona humana. Es decir, se presenta como una necesidad, por ello se afirma que se presenta como un refugio, donde se satisfacen sus necesidades primordiales, donde se van adquiriendo los primeros hábitos culturales, donde se consolida el aspecto espiritual de la persona, en fin la personalidad, de ahí que el Estado le brinda su protección.

La familia está asociada a la idea de conjunto de personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la adopción. Por esta característica señalada no es fácil definir a la familia de manera unívoca, se afirma por ello que “la familia presupone una determinada manera de organización de grupos sociales reducidos o celulares que comprende sobre todo unas determinadas pautas de comportamiento, un conjunto de creencias y de tradiciones. Sólo a través de las ideas vigentes en cada momento histórico y de las necesidades económicas a las que sirve, puede definirse lo que hay que entenderse por familia en cada momento de su evolución”[1].

En cuanto a su naturaleza desde el punto de vista sociológico, “la familia es, sin duda alguna, una institución social, pues las relaciones determinadas por la unión intersexual, la procreación y el parentesco constituyen un sistema integrado en la estructura social con base en pautas estables de la sociedad” [2].

La familia se presenta así como lugar propio para el establecimiento de las relaciones humanas, las que generan efectos de diverso orden, desde las patrimoniales para la satisfacción de las necesidades de la familia, las personales en las relaciones establecidas entre los integrantes de ella, hasta en el aspecto afectivo, dado que es en la familia donde, como se dijo, se comparte los sentimientos, las emociones, etc.

El derecho de familia se ocupa de la regulación jurídica de esta institución. “La función del derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución familiar, imponiendo a sus miembros –cónyuges, hijos, parientes- deberes y derechos que la estructura requiere para el adecuado cauce de las pautas socialmente institucionalizadas. Esto no significa que el derecho debe regular la totalidad de los aspectos de la institución familiar” [3]. El hecho que exista una reglamentación legal de la familia y que la familia sea una institución jurídica, no nos debe llevar a un panjuridicismo de manera que pensemos que sólo es familia lo que el Derecho regula y que el Derecho regula todos los aspectos de la relación familiar [4]. Suele haber comportamientos basados en las costumbres, las tradiciones, que la ley no recoge, y otros que deliberadamente quedan librados a la espontaneidad o a la conciencia, y que obedecen a concepciones éticas o morales, e incluso religiosas, de los miembros de la familia [5]. El Derecho no regula la totalidad de los aspectos de la institución y de la vida familiar. Incluso cuando existe una regulación del Derecho, las situaciones concretas y los concretos conflictos no siempre se resuelven recurriendo al Derecho. Las familias y sus miembros se mueven con gran frecuencia en función de pautas, reglas o impulsos que no son jurídicos. Es muy grande la fuerza de las creencias y los usos, si bien es cierto también que la existencia de unas u otras reglas jurídicas ejerce una notable presión y un influjo a veces sólo indirecto y difuso sobre el grupo familiar, contribuyendo a dibujar el perfil con que este grupo queda configurado [6].

3. EL MATRIMONIO
La norma constitucional del artículo 4, segundo párrafo, señala “La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley”; y el artículo 234 del Código Civil define el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida en común”.

El matrimonio puede definirse como la unión de un varón y de la mujer, concertada de por vida mediante la observancia de determinados ritos o formalidades legales y tendente a realizar una plena comunidad de existencia [7]. La unión de un varón y una mujer tiene un carácter jurídico, nace del consentimiento de los contrayentes y en el consentimiento encuentra su fundamento [8].

El matrimonio, desde el punto de vista sociológico, constituye la institucionalización de las relaciones que tienen por base la unión intersexual. Es evidente que el matrimonio trasciende como una institución social, ya que está gobernado por normas institucionalizadas, en cuanto marido, mujer y también los hijos conceptualizan posiciones sociales o roles que la sociedad reconoce, respeta y, de algún modo, organiza [9].

En cuanto a las relaciones que se establecen, “el matrimonio constituye, entre las personas que lo contraen, una relación de carácter sumamente por los fines que a través de ella se tratan de obtener. La comunidad vital que entre los casados se trata de establecer se proyecta en los comportamientos futuros de ambos y en los bienes que poseen y poseerán [10].

Deberes del matrimonio
En los artículos 287 y sigts., del Código Civil se encuentran regulados los deberes y derechos que nacen del matrimonio, como los de asistencia, fidelidad, cohabitación, etc. De los cuales, únicamente me ocuparé de dos de ellos que están estrechamente vinculados a la presente temática, el de fidelidad y el de Cohabitación. En cuanto al deber de Fidelidad “implica un concepto amplio, que socialmente incluye el deber, para cada cónyuge, de observar una conducta inequívoca, absteniéndose de cualquier relación que cree una apariencia comprometedora y lesiva para la dignidad del otro [11]. La fidelidad es ante todo sexual. En el plano jurídico significa reprobación del adulterio, que aun cuando despenalizado, es un ilícito civil y puede constituir causa legítima de separación matrimonial, de desheredación y de pérdida del derecho de alimentos [12].

En cuanto al deber de Cohabitación, “Cohabitar, vivir –o habitar- juntos, implica respecto de los cónyuges la obligación de convivir en una misma casa” [13]. Al igual que la anterior también es recíproco. “El matrimonio es una comunidad existencial, y normalmente significa unidad de techo, de lecho y de mesa (thorum et mensa et cohabitatio), pues sólo de este modo la función que el matrimonio cumple se puede realizar [14].

Este deber jurídicamente puede ser suspendido, únicamente “cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia” (art. 289 Código Civil). De ahí que se enfatiza que, “la fórmula de la ley permite contemplar todos aquellos aspectos que, atentando existencialmente el equilibrio emocional de uno de los esposos dentro de un marco de razonabilidad, permitan inferir la inconveniencia de mantener la cohabitación” [15].

4. DIVORCIO Y LA SEPARACIÓN DE HECHO
El Código Civil regula la separación de cuerpos y sus causales, para su posterior divorcio entre los cónyuges (arts. 332 y sgts.). Se denomina separación a una situación del matrimonio, en la que, subsistiendo el vínculo conyugal, se produce una cesación de la vida en común de los casados y se transforma el régimen jurídico de sus respectivos derechos y obligaciones [16].

Respecto a esta materia, debemos distinguir entre la separación de hecho conferida por la ley, y las separaciones de hecho que se producen al margen de ella, como podría ser a decisión unilateral de cualquiera de los cónyuges o por mutuo consentimiento, o incluso con asentimiento tácito; en cuyos casos se advertiría sustancialmente incumplimiento de deberes fundamentales del matrimonio, como se precisó anteriormente. Precisamente “en términos generales la separación puede ser una situación puramente fáctica (separación de hecho) o una situación fundada en la ocurrencia de los presupuestos prevenidos por la ley y acordada en virtud de una decisión judicial (separación legal en sentido estricto) [17].

La doctrina consigna diversas formas de divorcio:
a) Divorcio repudio: mediante esta forma bastaba la voluntad de uno sólo de los cónyuges para disolver el vínculo. Esta es la forma más primitiva de divorcio. Hoy en día en desuso.
b) Divorcio por voluntad unilateral: basta la decisión de una de las partes y llenado ciertas exigencias se puede decretar el divorcio por la autoridad correspondiente.
c) Divorcio por mutuo consentimiento: en este caso se manifiesta la voluntad de ambos cónyuges, pero aceptada y ratificada por la autoridad para decretar la disolución del vínculo.
d) Divorcio sanción: en el que se considera como causal de disolución los hechos que sólo se imputan a uno de los cónyuges y que esgrime el cónyuge inocente a fin de castigar con la disolución al responsable.
e) Divorcio remedio: causada por la propia realidad social, familiar, económica y política que vive nuestra sociedad, toda vez que se viene dando situaciones irregulares y muchas de ellas ilegales que afectan la institución del matrimonio negando su propia esencia que es la de hacer una vida en común [18].

4.1 DIVORCIO-SANCIÓN
Respecto al Divorcio como sanción, “de acuerdo con ella, la consideración de determinados hechos antijurídicos como causa de divorcio para el cónyuge que no los haya cometido constituye una sanción cuya imposición queda al arbitrio de éste, mediante el ejercicio de la acción de divorcio. En consecuencia el proceso de divorcio es un debate sobre la culpabilidad o la inocencia y determina la búsqueda, a veces escandalosa y nada convincente, de los más escondidos pliegues de la vida conyugal [19].

Según esta tendencia, “la separación personal o el divorcio sólo pueden ser decretados judicialmente ante la alegación y prueba de hechos culpables, de uno o ambos cónyuges, hecha efectiva en un proceso contencioso, y debe circunscribirse a las causas taxativamente enumeradas por la ley, como adulterio, abandono, injurias graves, etcétera. Si los hechos no fueren probados, el juez debe desestimar la demanda, aún cuando existiere la evidencia de que la unión matrimonial está desintegrada. En síntesis, la sentencia exige la prueba de la culpa de uno o ambos cónyuges, y, por ello, el divorcio implica una sanción contra el culpable que se proyecta en los efectos (pérdida o restricción del derecho alimentario, pérdida de la vocación hereditaria, etcétera) [20].

La determinación de qué hechos deber servir como base al divorcio es algo que se encuentra muy estrechamente ligado a la concepción que del mismo se tenga. En el llamado divorcio-sanción se buscan aquellos hechos que entrañan incumplimientos graves de los dimanantes de la relación conyugal, que son especialmente el abandono, el adulterio y otras situaciones similares [21].

4.2 DIVORCIO-REMEDIO
Siguiendo al autor Diez-Picazo, resalta que “diferente es la óptica en la tesis que hemos llamado frustración de la finalidad social del instituto, que coincide con la ruptura de la vida conyugal cuando es razonablemente previsible la imposibilidad de recomponerla [22].

El divorcio-remedio “se manifiesta en la posibilidad de decretar la separación personal o el divorcio, aun sin alegar hechos imputables a uno de los cónyuges, o a los dos, si, no obstante, el vínculo matrimonial esta desquiciado y la vida en común resulta imposible o intolerable. Desde esta perspectiva no se requiere la tipificación de conductas culpables; la separación o el divorcio importan, esencialmente, un remedio, una solución al conflicto matrimonial (y no una sanción) tendiente a evitar mayores perjuicios para los cónyuges y los hijos. Por eso, se acepta la separación personal o el divorcio vincular por petición conjunta de los esposos, en la que ellos están dispensados de poner de manifiesto las causales que motivan su petición” [23]. Entre los postulados que se resaltan en la concepción del divorcio-remedio se encuentran “a) El divorcio será siempre tratado como una situación de excepción: no se pretende desestabilizar la institución jurídico social del matrimonio, sino sencillamente dar una solución a los casos en que excepcionalmente, la comunidad de vida que implica la relación conyugal se ha roto de un modo irrevocable. b) El divorcio debe ser concebido no como una pena o sanción ante el incumplimiento de uno de los cónyuges de sus deberes maritales, sino como un camino de salida, un remedio, para aquellos casos en los que el conflicto ha llegado a tal grado de agudización que resulta imposible mantener la comunidad de vida que implica el matrimonio”[24].

Podemos decir que la diferencia sustancial entre la concepción del divorcio-sanción y del divorcio-remedio, reside en que la primera considera que la causa del conflicto conyugal es la causa del divorcio, mientras la segunda entiende que el conflicto es, él mismo, la causa del divorcio, sin que interesen las causas de ese conflicto. En otras palabras, la concepción del divorcio-sanción, responde a la pregunta: ¿cuál es la causa del divorcio conyugal?; mientras que la concepción del divorcio-remedio, responde a esta otra: ¿debe ser el conflicto conyugal causa de divorcio? [25].

Para el tema que nos ocupa, me referiré a la separación de hecho como situación puramente fáctica, que es la que, en puridad se tiene como presupuesto como causal para demandar el divorcio, pues “en la actualidad la separación de hecho, aunque no puede considerarse obviamente como una situación regular, no es tampoco ignorada ni privada de importantes efectos jurídicos. Únicamente en aquellos casos en que el hecho determinante de la separación proceda de la voluntad unilateral de uno de los cónyuges podrá ser constitutivo de abandono y generar las consecuencias del abandono, aunque tampoco pueda excluirse que lo que inicialmente haya podido ser un abandono, termine convirtiéndose en una situación distinta cuando se consiente merced a un comportamiento concluyente” [26]. Este es un aspecto muy importante que, como se verá tiene trascendencia al momento de la determinación de los hechos del conflicto para el eventual establecimiento de la indemnización, que contiene el artículo 345-A del Código Civil, en el proceso sobre Divorcio por la causal de separación de hecho (art. 333 inciso 12 Código Civil), que es propia de la figura del divorcio-remedio.

5. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL
A continuación se analizará la Cas. Nº 606-2003 SULLANA, publicada el 1 de diciembre 2003, pag., 11119, respecto a la INDEMNIZACIÓN EN LA SEPARACIÓN DE HECHO.

En esta sentencia, se acusó inaplicación el artículo 345-A del Código Civil, por cuanto las sentencias de las instancias inferiores no han fijado una Indemnización ni ordenado la adjudicación de los bienes sociales a favor de la perjudicada, cuya parte Considerativa pertinente y la resolutiva es la siguiente. “CONSIDERANDO: Primero.- Que por la institución del divorcio uno o ambos cónyuges de acuerdo a ley – en éste último caso luego de realizado la separación convencional – pueden acudir al órgano jurisdiccional a fin de que se declare la disolución del vínculo matrimonial civil existente entre ellos conforme es de entenderse del artículo trescientos ochenticuatro del Código Civil, concordado con los artículos trescientos cuarentinueve, trescientos treintitres y trescientos cincuenticuatro de ese mismo texto normativo; Segundo.- Que en ese marco (descartados los casos en que se solicita el divorcio luego de decretado la separación de cuerpos) debe precisarse que pueden presentarse las siguientes posibilidades; I) Que accione el cónyuge perjudicado alegando que su consorte ha incurrido en causales de inconducta, que se enmarcan dentro de la teoría denominada del “divorcio-sanción”, que se hallan contempladas en los acápites primero al sétimo y décimo del artículo trescientos treintitres del Código Civil; II) Que accione el cónyuge ya no “perjudicado”, sino aquel que busca solucionar una situación conflictiva siempre y cuando no se base en hecho propio, supuestos regulados en los incisos ocho, nueve y once del artículo trescientos treintitres citado que se hayan justificados por la teoría conocida como “divorcio-remedio”; y III) Que accione cualquiera de los cónyuges, en busca de solucionar al igual que en el caso anterior una situación conflictiva, caso que contempla el inciso doce del multicitado artículos trescientos treintitres y que también pertenece a la teoría del divorcio remedio, en el que se busca no un culpable sino enfrentar una situación en que se incumplen los deberes conyugales; Tercero.- Que éste último caso, en el que cualquiera de los cónyuges puede ser quien active el aparato jurisdiccional; es el de la separación de hecho, introducida en nuestro sistema Civil mediante la ley veintisiete mil novecientos cuarenticinco, modificatoria del artículo trescientos treintitres del Código Civil; causal que busca dar respuesta a un problema social que corresponde a nuestra realidad ante la existencia de matrimonios fracasados que en la práctica no cumplen con su finalidad de acuerdo al artículo doscientos treinticuatro del Código Civil; Cuarto.- Que sin embargo en busca de la protección a la familia las normas que la regulan establecen determinados requisitos para que pueda entablarse y en su caso ampararse, como es el plazo de dos años sino existen hijos y de cuatro si lo hay, la exigencia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias; y la fijación de una indemnización al cónyuge perjudicado o la adjudicación preferente a su parte de los bienes de la sociedad conyugal independientemente a la pensión de alimentos que pudiera corresponder; Quinto.- Que, en efecto el artículo trescientos cuarenticinco-A del Código Civil dispone textualmente: “Para invocar el supuesto el inciso doce del artículo 333, el demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. El Juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder. Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado por la separación de hecho, las disposiciones contenidas en los artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352, en cuanto sean pertinentes”; Sexto.- Que interpretado dicho texto debe precisarse que por lo general todo decaimiento del vínculo matrimonial implica perjuicio para ambos cónyuges que no lograron consolidar una familia estable; de modo tal que, en procesos como el de autos los juzgadores deben pronunciarse necesariamente, aún cuando no se haya solicitado, sobre la existencia o no de un cónyuge que resulte más perjudicado de acuerdo a su apreciación de los medios probatorios en los casos concretos, al que de existir le fijará una indemnización a cargo de la parte menos afectada, salvo que existan bienes que estime puedan adjudicársele de modo que compense su mayor perjuicio; Sétimo.- Que la impugnante ha denunciado la inaplicación del artículo trescientos cuarenticinco-A del Código Civil, sustentada en que los juzgadores no han fijado la indemnización correspondiente, ni ordenado la adjudicación preferente de los bienes sociales a su favor no obstante ser la perjudicada, a lo que es de anotar que de la revisión de las sentencias se tiene que no existe un pronunciamiento sobre tales aspectos señalados por el artículo trescientos cuarentiuno-A, sin embargo, para que se diluciden tales puntos es necesario la revaloración de la prueba lo que no puede efectuarse en sede de casación por lo que debe remitirse los autos a fin de que las instancias se pronuncien sobre dichos puntos de conformidad con el artículo ciento veintidos inciso tercero y cuarto del Código Procesal Civil, considerando asimismo el artículo cuatrocientos ochentitres del Código Procesal Civil en lo pertinente; Octavo.- Que en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral dos punto tres del inciso segundo del artículo trescientos noventiseis del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de Casación de fojas ciento cuarenticuatro (…); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas ciento cuarentiuno, de fecha veinticuatro de Enero del dos mil tres; e INSUBSISTENTE la apelada, ORDENARON que el Juez emita nuevo fallo con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; (…) sobre Divorcio por causal; y los devolvieron. SS”.

5.1 ASPECTOS LEGALES
La ley 27495 introdujo la causal de separación de cuerpos y subsiguiente divorcio, como fórmula encuadrada dentro de la concepción del divorcio-remedio.
Nuestro sistema jurídico ha adoptado los sistemas subjetivo y objetivo, la primera encuadrada dentro de la concepción del divorcio-sanción sustentada en las causales (art. 333, incisos 1 al 7 y 10), y el objetivo sustentada en la del divorcio-remedio (art. 333 inciso 12), ésta última basada en la ruptura de la vida matrimonial, esto es, al haberse llegado a determinada situación en la que, ya no podría permanecer formalmente la atadura legal, en la que por tanto no se ingresa a investigar las causas de la ruptura, sino, como se dijo, únicamente el conflicto que originó esa ruptura, el que finalmente servirá, para el establecimiento de la indemnización a favor del cónyuge que resulte perjudicado.

5.2 POSIBILIDAD INDEMNIZATORIA
En la presente Casación, de un lado hace la caracterización de las figuras del divorcio-sanción y divorcio-remedio, en el Considerando Segundo, al establecer las posibilidades “I) Que accione el cónyuge perjudicado alegando que su consorte ha incurrido en causales de inconducta, que se enmarcan dentro de la teoría denominada del “divorcio-sanción”, que se hallan contempladas en los acápites primero al sétimo y décimo del artículo trescientos treintitres del Código Civil; II) Que accione el cónyuge ya no “perjudicado”, sino aquel que busca solucionar una situación conflictiva siempre y cuando no se base en hecho propio, supuestos regulados en los incisos ocho, nueve y once del artículo trescientos treintitres citado que se hayan justificados por la teoría conocida como “divorcio-remedio”; y III) Que accione cualquiera de los cónyuges, en busca de solucionar al igual que en el caso anterior una situación conflictiva, caso que contempla el inciso doce del multicitado artículos trescientos treintitres y que también pertenece a la teoría del divorcio remedio, en el que se busca no un culpable sino enfrentar una situación en que se incumplen los deberes conyugales”.

Por otro lado, encuadra los parámetros contenidos en el artículo 345-A del Código Civil, para la procedencia de la indemnización a favor del cónyuge que resulte perjudicado, en el Considerando Cuarto y Quinto, sustentada en el cumplimiento de deberes alimentarios u otras pactadas por los cónyuges.

Entonces, resulta de especial relevancia en este tipo de proceso, la acreditación del perjuicio. En la Casación examinada, en el Considerando Sexto, señala “Que, interpretado dicho texto debe precisarse que por lo general todo decaimiento del vínculo matrimonial implica perjuicio para ambos cónyuges que no lograron consolidar una familia estable; de modo tal que, en procesos como el de autos los juzgadores deben pronunciarse necesariamente, aún cuando no se haya solicitado, sobre la existencia o no de un cónyuge que resulte más perjudicado de acuerdo a su apreciación de los medios probatorios en los casos concretos, al que de existir le fijará una indemnización a cargo de la parte menos afectada, salvo que existan bienes que estime puedan adjudicársele de modo que compense su mayor perjuicio”.

5.3. SOBRE EL PERJUICIO, NECESARIO PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL Y CUANTUM INDEMNIZATORIO
De la base considerativa de la Casación, podemos resaltar lo siguiente:
a) La Sala parte de una apreciación no del todo exacta, en el sentido que “por lo general todo decaimiento del vínculo matrimonial implica perjuicio para ambos cónyuges”. Lo cual no es necesariamente cierto o, por lo menos, aún cuando no se precisa qué clase de perjuicio se refiere –como tampoco lo hace la norma-, el divorcio no es fuente de perjuicios. Dado que el proyecto de vida en común inicialmente propuesto por los cónyuges y que se ha visto acabado, puede deberse a múltiples causas, que pueden ser desde factores patrimoniales hasta los afectivos que involucran necesariamente las relaciones familiares, aun cuando no, puedan ser causadas dolosa o culpablemente por cualquiera de ellos o por ambos, o inclusive puede deberse a circunstancias no necesariamente imputables a su voluntad. Pues como se precisó la figura del divorcio-remedio, se sustenta en la concepción objetiva de una situación fáctica de separación de los cónyuges, y no así se ingresa a investigar la culpabilidad del cónyuge que ocasionó la separación. De lo que resulta también, que esta salida legal que confiere la indemnización al cónyuge que resulte perjudicado, no está del todo compatible a la referida concepción, donde por su naturaleza, la separación bajo esa figura, como bien señala en la Casación “busca dar respuesta a un problema social que corresponde a nuestra realidad ante la existencia de matrimonios fracasados que en la práctica no cumplen con su finalidad de acuerdo al artículo doscientos treinticuatro” (Considerando Tercero, última parte). Justamente “El divorcio como tal, no es fuente de daños; es una alternativa, a veces la única posible, ante el fracaso de la convivencia matrimonial” [27].

b) De otro lado, también sostiene que, los juzgadores deben, “necesariamente pronunciarse, aún cuando no se haya solicitado, sobre la existencia o no de un cónyuge que resulte más perjudicado”. Aquí igualmente como en la apreciación anterior, de que todo decaimiento ocasiona perjuicio a los cónyuges, se sostiene que el juzgador necesariamente debe pronunciarse sobre la existencia o no, de un cónyuge que resulte más perjudicado. Primeramente la norma no contiene el dispositivo de investigar el que resulte “más” o el “menos” perjudicado, sino únicamente confiere al juzgador que debe velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho. El sostener que los juzgadores necesariamente deben pronunciarse sobre el perjuicio, “aún cuando no lo haya solicitado”, conlleva de seguro, por una asunción del tenor literal de la norma contenida en el artículo 345-A, en cuanto establece “Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal…”. Este dispositivo conforme se encuentra redactado podría tener dificultades en cuanto a su aplicación procesal, pues de un lado, existe el imperativo de la acreditación del perjuicio por el cónyuge que así se considere, y por otro exige que el Juez “deberá” señalar una indemnización por daños, lo cual resulta incongruente, pues puede que esta indemnización no se haya solicitado, no está en el petitorio, por diversos motivos (incluso por factores económicos, culturales, por móviles de honor, etc.), que pueden ser: por que no se requiere, porque no se tiene carencia en cuanto a que pueda existir buena estabilidad económica y por tanto no se necesita, etc., en cuyos casos, como no se tiene como petitorio y, por tanto, tampoco habría contestación de la parte demandada en ese asunto, ni menos será materia de cuestión controvertida o establecida como punto controvertido en la Audiencia respectiva, por tanto no tendría porqué en esa eventualidad, ser materia del contenido de la decisión final, ello teniendo en cuenta el principio de congruencia procesal.

c) Finalmente, se menciona que de acreditarse el perjuicio “le fijará una indemnización a cargo de la parte menos afectada, salvo que existan bienes que estime puedan adjudicársele de modo que compense su mayor perjuicio”. Como se dijo, no es que haya una parte más, y otra menos afectada para que en función de ello, pueda establecerse la indemnización, sino que, en puridad, existe una situación fáctica real, en que se encuentran dos personas unidas por un vínculo legal, pero que no lo merecen por estar separados por múltiples motivos [28], es decir, por que no cumplen la finalidad del instituto del matrimonio al que la Constitución y el Código Civil le confiere reconocimiento. Por ello, ciertamente se afirma, “no se indaga en los cónyuges que han fracasado, cuyo matrimonio ha quebrado, si uno de ellos, o ambos, son culpables del fracaso.

La comprobación del fracaso es la circunstancia objetiva que la ley puede tomar en cuenta para posibilitar el divorcio y regular sus efectos” [29]. Precisamente la figura del divorcio está asociado a los hechos en virtud de los cuales origina la ruptura del matrimonio en el que tienen como protagonistas principales a los cónyuges; por ello justamente se resalta que “la llamada “legalización” del divorcio no puede analizarse en abstracto y por separado de los hechos en virtud de los cuales éste se concedería. La consagración normativa de un “derecho a divorciarse” no puede prescindir de los supuestos de hecho que lo harían nacer” [30].

6. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1 Responsabilidad civil en el artículo 345-A del Código Civil. Algunas Apreciaciones
Una posición encuentra que la indemnización regulada en el artículo 345-A del Código Civil, encuentra su aplicación en las normas de la responsabilidad civil extracontractual; lo cual implicaría un análisis de los elementos que lo configuran tales como la antijuricidad, el daño, la relación causal y los factores de atribución, además de tener en cuenta que, de otro lado, la institución jurídica del divorcio vía causal de separación de hecho, tiene determinadas connotaciones, es decir, en la que no necesariamente tiende a investigar la culpa de alguno de los cónyuges respecto a la separación, sino el daño ocasionado como consecuencia del hecho o hechos que lo causaron; que en cuanto a la antijuricidad se tendría que analizar la conducta de los cónyuges respecto al cumplimiento de sus deberes maritales, o la conducta perjudicante; en cuanto a los factores de atribución, siendo el dolo o la culpa que podrían ser atribuibles a uno o ambos cónyuges que, desde luego, podrían concurrir para configurar el daño o perjuicio.

Sin embargo, se ha resaltado lo controvertido y discutible establecer la responsabilidad civil del cónyuge culpable para efectos de otorgar la indemnización a favor del perjudicado por la separación bajo las normas de la responsabilidad civil. Siendo uno de los aspectos la aplicación de las normas sobre la prescripción de la acción, a las separaciones que hayan sobrepasado los límites del tiempo sobre todo cuando han transcurrido muchos años, luego de la separación fáctica sin que ninguno haya pedido el divorcio vía causal de separación de hecho.

6.2 Técnica legislativa
Otra cuestión tiene que ver con la técnica legislativa, en cuanto si la norma pretendía conferir un derecho indemnizatorio a favor del cónyuge perjudicado, debía precisarse lo que debe ser la cuestión fáctica como supuesto de hecho, es decir, si por el divorcio en sí mismo lo que implica buscar el culpable por las causales señaladas en la ley (criterio normativo); por el mero hecho de la separación como fuente generadora de perjuicio (criterio que al parecer se referiría la sentencia materia de análisis), o por cualquier hecho susceptible de ser considerado como causante, no ya de la separación, sino de los que revistan relevancia jurídica susceptibles de ser causante del perjuicio. Que, ante esta disposición genérica, se deja amplia libertad al juzgador a fin de considerar lo que puede entenderse por “perjuicio”, lo cual resulta muy carente y subjetivo al momento de la argumentación de los motivos o razones para considerar “perjudicado” a un cónyuge determinado.

6.3 Divorcio-remedio
La doctrina del divorcio-remedio, no encuentra su cabal función en la separación de hecho, tal como se encuentra consagrada en el artículo 345-A, desde que, de un lado, en puridad se pretende buscar un “culpable” de la separación para atribuirle la carga indemnizatoria, y por otro, sirve para regularizar una situación de hecho de los cónyuges. Respecto a este carácter objetivo del divorcio-remedio, Eduardo Zannoni resalta certeramente que “resulta incoherente que de un lado se tienda cada vez más a superar el concepto de culpa en el fracaso matrimonial propiciando las causales objetivas, que precisamente no la atribuyen y, por otro lado, se exalte, sin ninguna clase de matices, la reparación indiscriminada de daños y perjuicios derivados del divorcio con sustento en los principios de la responsabilidad extracontractual” [31].

6.4 Respecto a los Daños
La doctrina mayoritaria ha juzgado que cuando el divorcio o la separación personal se decretan por culpa de uno de los cónyuges, éste deberá resarcir al otro (que por hipótesis no dio causa al divorcio o a la separación personal) los daños y perjuicios sufridos [32]. El Código Civil en el artículo 351 señala “Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral”.

Esa doctrina alude a un doble orden de daños: “a) los que produce el divorcio en sí, en razón de la frustración del proyecto matrimonial que ha debido a la inconducta del culpable, y b) los que son consecuencia de los hechos que lo determinaron, es decir, aquello que, por su entidad, hayan inferido lesión o menoscabo de derechos personalísimos, como el honor, la integridad física, etcétera” [33].

Respecto a los hechos que se describan, “es bueno adoptar en esa materia un criterio prudente al valorar los hechos que se invocan como causa de daños. Como bien se ha dicho, el desamor puede ser causa de injurias y de la ruptura de los vínculos tan especiales y delicados que en el matrimonio condicionan la plena realización de los esposos, la necesidad de compartir, de tolerar y comprender, de concretar proyectos y de sostenerse el uno al otro. Puede ser causa de la ruptura de la unión, del enojo y de la culpa, pero no necesariamente fuente de un resarcimiento autónomo derivado de la aplicación de los principios de la responsabilidad extracontractual [34].

La doctrina legal no obstará empero, según creemos, a que los jueces en cada caso particular valoren en qué medida esos hechos han agraviado al cónyuge, como persona, independientemente de que, además, hayan constituido el fundamento del divorcio. El derecho al resarcimiento -dicho en otras palabras- no deviene del divorcio, o porque el hecho dañoso sea causa del divorcio. La causa del divorcio no tiene por qué constituir causa de un resarcimiento de orden económico [35].

6.5 Quantum Indemnizatorio conferida en el artículo 345-A
El derecho indemnizatorio conferido por esa norma, únicamente requiere la acreditación de un perjuicio por uno de los cónyuges, consagrando que esta indemnización, incluye el daño a la persona. Con lo cual se advierte que, éste derecho indemnizatorio es de entidad mayor a la conferida en el artículo 351 aplicable a las causales sustentadas en la culpa, donde se requiere para su otorgamiento que los “hechos comprometan gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente”.

Es decir, además de resultar de inequidad, no resulta razonable que, en el caso del artículo 345-A donde no se exige una afectación de gravedad, sino únicamente el perjuicio para la indemnización, se incluya el daño a la persona como susceptible de ser indemnizado, e inclusive por mandato contenido en el artículo 345-A última parte, es aplicable el artículo 351 en cuanto al daño moral, con el cual amplia la magnitud del quantum indemnizatorio; mientras, en el divorcio por culpa aún cuando sí es exigible una afectación de gravedad (o con mayor antijuricidad civil atribuible al cónyuge culpable) o que comprometan los derechos del cónyuge inocente, pero contiene ciertamente menor entidad indemnizatoria únicamente al aspecto moral, caso en el cual sabemos que además de las dificultades en cuanto a su probanza y su valor pecuniario, se haría una eventual valorización equitativa por el juzgador, conforme establece el artículo 1332 del Código Civil.

7. CONSIDERACIONES FINALES
7.1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Para el establecimiento del derecho indemnizatorio se partirá del establecimiento de sus presupuestos _aún cuando la norma del art. 345-A, estriba en señalar únicamente la acreditación de un perjuicio para fundar la indemnización_: la antijuricidad, el daño, la relación de causalidad, y los factores de atribución, que brevemente los desarrollaré.

LA ANTIJURICIDAD
Como se dijo, el matrimonio impone una serie de deberes (que en el caso de separación de hecho están implicados los de asistencia, fidelidad, cohabitación, siendo éste último el que reviste de suma importancia), de cuyo incumplimiento acarrearía consecuencias legales, de un lado para solicitar el divorcio y derechos conexos, y por otro, peticionar la indemnización correspondiente previa acreditación del perjuicio. Que, para el caso de la separación de hecho, es el derecho conferido en el artículo 345-A, que es propia del sistema del divorcio-remedio, donde por su carácter sustancial no se investiga la culpabilidad, sino únicamente para regularizar una situación fáctica ocurrida en la realidad, cuál es, de la pareja de esposos quienes no cumple los fines de un matrimonio.

En consecuencia, la mencionada norma, hace una excepción a este sistema, al consagrar la posibilidad indemnizatoria a favor de quien resulte “perjudicado” con la separación de hecho, pretendiéndose buscar no tanto el culpable _criterio que al parecer se viene manejando erróneamente_ , sino al perjudicado que resulte de la conducta dañosa atribuible, pero donde debe tener lugar los hechos que tengan cierta entidad con relevancia jurídica, por cuanto, el perjudicante, en todos los casos, no necesariamente pueda ser el culpable de la separación, así como tampoco pueda negarse que ambos puedan ser culpables de la situación fáctica, o uno más que el otro, sino en la medida que la indemnización se origine a favor de quien resulte perjudicado previa probanza en cada caso. Constituyendo la interrupción de la Cohabitación la circunstancia objetiva de la separación de los cónyuges, por ello se sostiene que “la separación de hecho se erige en un supuesto objetivo en que procede decretar la separación personal o el divorcio, y no requiere el análisis de los hechos o las causas que llevaron a los cónyuges a interrumpir la convivencia.

Se limita a constatar el hecho objetivo de que dejaron de cohabitar y que, cada cual, continuó la vida separadamente del otro. En ese caso, no existirá atribución de culpa o inocencia respecto de ninguno de los cónyuges“[36].

FACTOR DE ATRIBUCIÓN
En esta debe verificarse la concurrencia y estrecha relación de la conducta de los cónyuges con los hechos que se consideren ilícitos que constituyen el sustento del divorcio por separación de hecho.

Ahora bien, es verdaderamente difícil la búsqueda de quien resulte perjudicado, sobre todo cuando la separación haya podido ocurrir desde muchos años, o mejor aún en los casos donde ninguno de los cónyuges haya realizado alguna conducta destinada a recomponer la relación matrimonial o ciertamente han consentido esa situación fáctica, o inclusive, ambos separados de hecho cuya situación incumbe a ambos sin más influencia que por su libre decisión, o también por decisión unilateral cuando el cónyuge abandonado no hizo uso de su acción reclamando el divorcio, dejando transcurrir muchos años.

Es por ello, que la doctrina ha preferido conferir únicamente la posibilidad indemnizatoria, cuando la conducta del cónyuge resulte de cierta gravedad de tal manera que sea susceptible de ser indemnizado. Pero pareciera que la norma mencionada (art. 345-A) pretende, con la indemnización, que los juzgadores velen por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado, pero no, per se, por su entidad gravosa.

NEXO CAUSAL
El daño debe ser el resultado de la conducta imputable a su autor, que sea suficiente como para producir el resultado dañoso.
En el matrimonio las relaciones familiares que tienen su lugar al interior de la familia, por esa misma naturaleza dificulta el establecimiento de este nexo, como para establecer la causalidad adecuada, de la conducta perjudicante que ocasiona el daño, lo cual podría en la aplicación judicial devenir en cierta arbitrariedad en ese establecimiento. Sin embargo, en cada caso concreto se debe determinar la conexión entre la conducta antijurídica y el daño.

DAÑO
Elemento fundamental sin el cual, carece de asidero el origen de la responsabilidad civil. El artículo 345-A confiere la indemnización que incluya el daño a la persona. Evidentemente que ésta conlleva una indemnización por posibles daños, que pueden ser materiales como morales. Como se precisó anteriormente, no siendo fuente de indemnización el divorcio, per se, consecuentemente, los daños considerados y su magnitud serán los que sean acreditados como consecuencia de los hechos esgrimidos pero que revistan de cierta entidad que resulten de relevancia jurídica, más no así como mera consecuencia de alguna causal de divorcio acreditada o de la “culpabilidad” o por el hecho fáctico de la separación, sino atendiendo a la conducta dañosa por parte del cónyuge perjudicante y teniendo en cuenta los hechos esgrimidos por el(la) pretensor(a) y su contraparte, los que deben ser valorados por el juzgador en cada caso concreto.

7.2 PROPUESTA RESPECTO AL ARTÍCULO 345-A
La norma en mención, en cuanto al derecho indemnizatorio conferido, contiene efectos patrimoniales que recaen como beneficiario en la esfera del cónyuge que ha resultado perjudicado con la separación, es decir, pretende preservar su estabilidad económica y la de sus hijos, la misma que es alternativa a la posibilidad de la existencia de bienes para su adjudicación. Requiriendo por tanto que al interior del proceso, de un lado debe ser solicitada, y de otro, probado el perjuicio, sin el cual carecería de base real el pretendido pronunciamiento necesario del juzgador, respecto a la atribución de alguna responsabilidad civil.

El texto literal de la norma, art. 345-A, que dice en su parte pertinente, “Deberá señalar una indemnización por daños incluyendo el daño personal”, conlleva diversas interpretaciones, unas por la obligatoriedad del pronunciamiento por los juzgadores acerca de la procedencia del derecho indemnizatorio, aún cuando no haya sido solicitado (petitorio) por la parte, y otros en cambio, sostienen que dicha norma no contiene mandato de pronunciamiento imperativo [37], además, por el hecho de no haber sido solicitado, menos haber sido materia de punto controvertido o sometido a debate ni alegado, por tanto no tendría porqué el jugador pronunciarse.

Por ello, podemos apuntar que, considerando el derecho indemnizatorio conferido por la norma sustantiva a favor de algún cónyuge perjudicado en el sentido otorgado, debería únicamente contener la mención “La parte que se considere perjudicada por la separación podrá solicitar una indemnización que incluya el daño personal o la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal, si lo hubiere, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder”; de esa manera se evitaría dificultades procesales, como eventuales vulneraciones del principio de congruencia procesal y sentencias extrapetitas, más aún, en casos cuando ninguna de las partes haya solicitado alguna indemnización cuando en puridad pretenden únicamente “regularizar una situación fáctica” de separados cuando el matrimonio no cumple sus fines, de manera que la disolución del vínculo (art. 333 inc. 12 concordante con el artículo 345-A) realmente obedezca a dar esa respuesta, y con ello pueda protegerse a la familia que sí cumpla sus fines, donde en ésta incluso puede estar integrado justamente por cada uno de ellos con otra persona libre de impedimento, y de esa manera pueda consolidarse esas familias; y a la vez, que con esta norma en ese sentido, se otorga un derecho alternativo al cónyuge perjudicado por la de adjudicación preferente de bienes de la sociedad si lo hubiere, en lo que le pueda corresponder o la de indemnización, de esa manera se estará preservando la estabilidad económica como estatuye la norma en mención.


CITAS:
[1] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Editorial Tecnos, Volumen IV, sétima edición, Reimpresión 1998, p. 30.
[2] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., Manual de Derecho de Familia, Editorial Astrea, Buenos Aires, Cuarta edición, 1996, p. 9.
[3] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 10.
[4] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 36.
[5] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 10.
[6] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 36.
[7] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 63.
[8] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 64.
[9] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 73.
[10] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 95.
[11] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 199.
[12] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 97.
[13] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 207.
[14] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 97.
[15] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 207.
[16] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 101.
[17] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 101.
[18] Contenido en el Dictamen de la Comisión de Justicia, recaído en los Proyectos de Ley Nº 154/2000; 278/2000; 555/2000; 565/2000; y 795/2000 en virtud del cual se propone la separación de hecho como causal de separación de cuerpos; que originó la dación de la Ley 27495.
[19] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 115 y 116.
[20] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 330.
[21] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 116.
[22] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 116.
[23] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 330 y 331.
[24] Corral Talciani, Hernán, Derecho y Derechos de la Familia, Editorial Grijley, primera edición febrero 2005, p. 133 y 134.
[25] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 332.
[26] Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, op., cit., p. 110.
[27] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 407.
[28] Para alegar la separación de hecho, no es necesario explicitar las razones que motivaron la separación, sino únicamente en la medida que tengan su vinculación con derechos conexos como alimentos, patria potestad, tenencia, etc., o una eventual indemnización en cuyo caso será necesario la probanza de la conducta perjudicante; y por tanto, salvaguardando el derecho de defensa la otra parte podrá pronunciarse sobre esa pretensión indemnizatoria, quien podría incluso también alegar algún perjuicio y pedir asimismo indemnización, con lo cual se advertiría que la situación de conflicto familiar se agravaría, de la ya deteriorada relación, lo cual no se ha advertido por parte del legislador al momento de legislar esta materia, que como se dijo, no compatibiliza con la figura del divorcio-remedio, donde por su misma naturaleza no se investiga la “culpabilidad”, sino que sirve para regularizar una situación fáctica de personas que siendo casados no cumplen la finalidad matrimonial.
[29] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 334.
[30] Corral Talciani, op. cit., p. 131.
[31] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 407.
[32] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 406.
[33] Ibidem, p. 406.
[34] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 406 y 407.
[35] Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., op., cit., p. 407.
[36] Bossert A. Gustavo, y Zannoni, Eduardo A., op. cit., p. 351.
[37] Véase la Casación Nº 2548-03-Lima, publicada el 30 de Noviembre del 2004.

8. BIBLIOGRAFÍA
1. Arias-Schreiber Pezet, Max, Exegesis, del Código Civil de 1984, Derecho de Familia, Tomo VII, Gaceta Jurídica Editores, edición, Lima, Agosto, 1997.
2. Bossert, Gustavo A., Zannoni, Eduardo A., Manual de Derecho de Familia, Editorial Astrea, Buenos Aires, Cuarta edición, 1996.
3. Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas, Gaceta Jurídica, primera edición, junio 2003.
4. Corral Talciani, Hernán, Derecho y Derechos de la Familia, Editorial Grijley, primera edición, febrero 2005.
5. Diez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Editorial Tecnos, Volumen IV, sétima edición, Reimpresión 1998.
6. Díaz Valdivia, Héctor, Derecho de Familia, décima edición, 1998.
7. Dictamen de la Comisión de Justicia, recaído en los Proyectos de Ley Nº 154/2000; 278/2000; 555/2000; 565/2000; y 795/2000 en virtud del cual se propone la separación de hecho como causal de separación de cuerpos; que originó la dación de la Ley 27495.
8. Plácido Vilcachahua, Alex, Manual de Derecho de Familia, Gaceta Jurídica, primera edición, Enero 2001.
9. Vásquez García, Yolanda, Derecho de Familia, Tomo I, Ed., Huallaga, edición, Junio de 1998.

AUTOR
Damián Enrique Rosas Torres
E-Mil: porelderecho@yahoo.es

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