Monografias | Academia, Akademia, y Akademia S.A.

I-. En la denotación original de la palabra, una facultad[1] la componía un grupo de estudiantes que se reunía para compartir instalaciones académicas y alojamiento. Cada facultad era parte integrante de una corporación académica a la que se denominaba universidad. Este último término constituye una abreviatura de la expresión latina universitas magistrorum et scholarium  (gremio –o unión- de estudiantes y maestros), la cual no refería a otra cosa que una organización destinada a la protección y desarrollo del ejercicio académico. Herederas de dicha tradición, las universidades actuales –en términos generales- se configuran como instituciones de enseñanza superior con potestad reconocida para otorgar títulos académicos.

Ahora bien, en función del carácter académico de su naturaleza, el ejercicio universitario, seriamente entendido, debería trascender ampliamente la ya de por sí compleja tarea de transmitir conocimientos y habilidades técnico-disciplinarias. En efecto, puede considerarse que la tradición académica -que instituyera Platón en las afueras de la Atenas clásica[2]- se relaciona antes con la producción de saberes que con su transmisión, aspecto éste último que se despliega como corolario ineludible del ejercicio productivo: el cuerpo estudiantil (así como, en una función diferenciada, el cuerpo docente) se forma tanto en el ejercicio de apropiación (y aplicación) de técnicas y saberes constituidos, como –y fundamentalmente- en la tarea de producir (y aplicar) conocimiento en forma sistemática.

Inicialmente asociadas con las corrientes de pensamiento instituidas en sus procesos fundacionales[3], las Academias pasaron a congregar conjuntos de personas que aprenden (y producen procedimientos susceptibles de aprendizaje), organizadas para la promoción de intereses generales, en el campo del ejercicio intelectual y profesional, y no necesariamente conectadas con alguna escuela concreta[4]. Es durante el Renacimiento[5] europeo que dichas organizaciones adquieren un nivel de preeminencia intelectual que –inicialmente- rivalizaría con las universidades para –luego- integrarse en las mismas como modo operacional privilegiado de sus ejercicios. Estas Academias se caracterizaban por reunir un conjunto de especialistas (bajo patrocinio real o estatal) que se comprometían en el estudio e investigación de temas literarios y artísticos (a los que se sumarían los científicos) que luego serían publicados[6].

II-. Parece obvio que si bien el mecenazgo proporciona un espacio de operatividad relativamente autónomo, su cualidad de tal lo introduce en un orden de vasallaje difícil de eludir. La autonomía, en este caso, se configura como inversamente proporcional al coeficiente de dependencia frente a la figura del mecenas. No obstante, como toda jerarquía –con un mínimo de inteligencia- sabe, invertir en asesores absolutamente subordinados es tirar el dinero, si lo que se pretende es una producción de calidad.

El ejercicio del mecenazgo no es (nunca ha sido) ingenuo, tras la cortina de la epistemofilia asoma siempre una necesidad política y económica. Es en función de dicha necesidad que el producto de la actividad intelectual debe ser útil; o, más precisamente, debe dar pertinente cuenta de un orden operativo específico. Resulta indiscutible que tal utilidad (o pertinencia) se torna inviable en una corte de aduladores más preocupados por la sobrevivencia cortesana que por el rigor de sus producciones. Tal vez por ello, los patrocinios han permitido, mayoritariamente, un cierto orden de autonomía relativa que ha posibilitado el desarrollo de las academias. Vale reconocer, sin embargo, que los ejemplos históricos en contrario también han sido por demás numerosos, pero dichos ejemplos no han hecho otra cosa que comprobar la necesidad de la autonomía.

El ejercicio irreflexivo del autoritarismo ha redundado, no sólo en este ámbito, en desastre para el propio orden jerárquico que pretendía imponerse. Sólo a modo de viñeta, vale recordar la proscripción de la física atómica durante el nacionalsocialismo (considerada una física judía) o de la genética durante el estalinismo. Incluso en una institución en la cual el fetiche de la jerarquía, y el culto a la autoridad, se configuran como imperativos (tal es el caso de las fuerzas armadas), estas prácticas constituyen armas de doble filo que amenazan la operatividad de la misma. En efecto, la sacralización del principio de autoridad  y la devoción de los instituidos convocan a la promoción de ciertas configuraciones personales autoritarias que, en función de las necesidades de sus heridas narcisistas, suelen tornarse altamente peligrosas[7] para la propia Institución. Por otra parte, se contribuye con el establecimiento perverso de grupos altamente burocratizados[8] en una suerte diagrama de favores (lazos de reciprocidad), que jerarquiza la defensa del status quo (con el consecuente reparto de privilegios) por sobre las necesidades del campo operativo específico. Finalmente, la identificación de la Institución con lo Instituido, conduce a la subversión de la propia naturaleza de la Institución (Institución = acción de instituir. Es decir; fundar, crear), descalificando las fuerzas instituyentes y desdibujando así sus funciones sociales renovadoras[9].

El Gran Salto hacia adelante de la China maoísta se transformó en desastre, fundamentalmente, por efecto de la lógica autoritaria que se encargó de boicotear la prosecución de sus propios objetivos. Los cuadros medios y superiores de la Revolución se preocuparon más por su supervivencia política (e incluso, física) que por sus logros productivos, preocupación que los llevó a falsear sus informes y mentir en torno a la calidad de su trabajo; millones de vidas pagaron las consecuencias. Del mismo modo, el estalinismo produjo efectos similares (vale recordar la hambruna de los primeros planes quinquenales), llegando a eliminar –durante las purgas- a sus propios cuadros superiores, poniendo en peligro la propia sobrevivencia del Estado soviético durante la Segunda Guerra Mundial.

Como viñeta, otro paréntesis anecdótico: Durante el estalinismo, “a los trabajadores se les desterraba a durísimos campos de trabajo si llegaban en dos ocasiones más de cinco minutos tarde al trabajo. (...) Cuando se convocó a un concurso entre artistas para erigir una estatua en conmemoración del centenario de Pushkin, el primer premio fue para un escultor cuya estatua representaba a Stalin leyendo un libro de Pushkin”[10]. Del otro lado de la cortina, el absurdo también bailaba su epifanía; tristemente célebres son las exhortaciones del senador Joe McCarthy a la delación y las prácticas que han merecido su nombre (mccarthysmo), así como en nuestra dictadura vernácula (1973-1984) los intentos de proscribir términos del vocabulario (célula, tupamaros –hábilmente sustituida por el popular tapa muros-). ¿Cuál ha sido la función operativa de estos exabruptos si no la de descalificar la jerarquía desde la cual eran diagramados?. La mediocridad de los excesos del autoritarismo no puede conducir a otra cosa que a la mediocridad de las producciones que habilitan.

Como corolario provisional, no se puede menos que concluir en la necesidad de autonomía para la función intelectual, incluso para aprovecharse de ella. Y las jerarquías promotoras, medianamente inteligentes, lo saben. 

III-. El desarrollo de las universidades procede del despliegue de una genealogía de procedimientos a la que se ha hecho muy breve referencia en párrafos anteriores. Y es a partir de allí que se ha localizado fundamentalmente en las universidades la responsabilidad de, además de formar y perfeccionar a los cuadros técnico-profesionales de las sociedades a las que pertenecen, un espacio privilegiado para producir un cuerpo de conocimientos y procederes que posibilitan el sustento y desarrollo de los conjuntos societarios, configurando en tal espacio las nuevas estrategias de abordaje ante las necesidades que la vida  presenta.

Debido a su naturaleza, el ámbito universitario vehiculiza la posibilidad de producir tecnologías[11] solidarias con las necesidades concretas de las comunidades, lo cual le confiere una importancia estratégica fundamental. Atendiendo a esta perspectiva, la formación no debería limitarse a la referencia personal inmediata[12], sino a comprometer a los universitarios (estudiantes, docentes y egresados) en el ejercicio de apropiación de su función social, que trasciende ampliamente la consecución de un título habilitante. Si bien la función docente obliga, necesariamente, a atender a las necesidades específicas de cada estudiante, esto debería ser –como cabría esperar- en beneficio de la formación antes que de su titulación formal.

El ejercicio docente, entonces, obliga a priorizar la formación rigurosa, tarea en la cual la habilitación profesional no se constituye más que en uno de los resultados imprescindibles de tal ejercicio. La producción de conocimiento y la extensión universitaria se constituyen en resultados (así como también en causales) no menos importantes de la práctica formativa de la Universidad. Porque dicha acción formativa necesita trascender tanto al espacio físico del aula como a la currícula programática de los cursos. Esta acción formativa se despliega también en la apropiación del co-gobierno, en la producción y ejecución de proyectos de investigación y extensión, en la práctica ensayística, en la conformación de ágoras extra-curriculares (mesas redondas, paneles, publicaciones, chats, jornadas), en la confrontación informal, en el diagnóstico de las necesidades comunitarias y en el constante proceso de territorialización de nuevas prácticas académicas. Del mismo modo, la formación requiere trascender la conformación específica de los órdenes universitarios para trasladarse al espacio abierto de la comunidad, en forma de producción de conocimiento materializada en dispositivos de extensión y difusión (desde programas concretos a clases abiertas, desde los foros al acceso a los mass media, desde las publicaciones académicas a la diagramación de nuevas prácticas), y en la propia acción de proporcionar profesionales competentes.            Estos procedimientos (comprometidos así con la ética universitaria), a los que –obviamente- no escapan los dispositivos de formación, reformulación y cuestionamiento permanente de la función docente, confieren a la universidad una dimensión que la discrimina claramente de las organizaciones destinadas exclusivamente a la capacitación profesional (mera formación terciaria), determinando así su naturaleza específica.

“El enorme poder fáctico que proporciona el dominio de las modernas tecnologías, hace que el acento deba desplazarse hacia los problemas relativos al uso social de los conocimientos. El explosivo contenido ético y político de la investigación científica en campos de vanguardia, como el estudio de formas no convencionales de energía, manipulación genética, neuropsiquiatría, técnicas de información y persuasión masiva: el efecto depredador de las modernas tecnologías como consumidoras de recursos no renovables y modificadoras del equilibrio ecológico exigen opciones que no pueden quedar libradas al criterio de los operadores técnicos. Toda Universidad debe preguntarse: ¿Para qué se investiga? ¿Qué se investiga? ¿Qué se enseña? ¿Qué profesionales y científicos deben formarse?. Estas cuestiones, aparentemente técnicas, así escuetamente formuladas, sirven para darnos una idea del profundo trasfondo ético que se pone en juego al plantear la discusión de estos temas[13]”.

Nada de lo dicho configura una novedad, desde su artículo 2, la propia Ley Orgánica de la Universidad de la República[14] reconoce (y obliga a reconocer) estos aspectos,  y  -prácticamente- la totalidad de las actividades (y publicaciones) oficiales de la UdelaR se sustentan a partir un trípode conceptual: Docencia, Investigación y Extensión.

 Es por todo ello que, la práctica universitaria exige ser necesaria y rigurosamente académica[15], en el entendido de que en la educación superior la sola transmisión corre el peligro de derivar en la constitución de una escolástica, más vinculada con las necesidades del status quo institucional que con las de la comunidad de la cual la universidad forma, aunque diferenciada, parte constitutiva. Este peligro no solamente convocaría a los excesos inherentes al autoritarismo (sostenido más en la estructura jerárquica que en la autoridad académica) sino que se traduciría en una praxis intelectual de pésima calidad, más preocupada por los instituidos formales que por la excelencia de sus producciones. El rigor académico se torna en este punto indispensable, lo cual obliga tanto a la permanente interpelación (y puesta a prueba) de los saberes constituidos como al constante ejercicio productivo y original en el área del conocimiento, actitud y aptitud crítica sin la cual la naturaleza de dicho rigor se desdibuja. Esta dimensión se torna imposible sin el libre ejercicio de la libertad de opinión de todos los órdenes universitarios, ejercicio amparado por la Ley Orgánica[16] que otorga estatuto formal al instituto de la libertad de cátedra. En el mismo sentido, la actividad universitaria debe desarrollarse con absoluta independencia frente a intereses sectoriales que trasciendan los propios objetivos universitarios y las necesidades concretas de la comunidad, instituyéndose como organismo autónomo de forma tal que dicha independencia se torne efectiva. Este último aspecto también se encuentra amparado por la Ley Orgánica, desde su propia definición[17]  y sostenido por el instituto del co-gobierno, representativo de los tres órdenes universitarios[18], instituto que no solo posibilita el ágora académica sino que debiera forzar a ella.

Como se planteaba en párrafos anteriores, uno de los aspectos que discrimina a la Universidad de los institutos de formación terciaria consiste precisamente en la capacidad de atender a la formación como un dominio que trasciende la mera capacitación profesional. Lo cual se relaciona íntimamente con la posibilidad de producir (y aplicar) conocimiento, con autonomía, originalidad, y la capacidad de rectificar las producciones instituidas cuyas lógicas de sentido hayan perdido vigencia. Por otra parte, su ineludible carácter de servicio a la comunidad que le da sentido, obliga a una permanente revisión ética y técnica de su propio accionar: “El destino y la conducta de los egresados, como un aspecto parcial del problema mayor de los fines últimos de la institución, siempre han estado presentes en la reflexión universitaria: ¿mejoramiento del status personal?¿servicio a la sociedad?. En las más diversas épocas y circunstancias se ha alertado contra el riego de conducir a la Universidad al papel de un simple elevador de status. Profesiones universitarias son aquellas en las que el hombre está dedicado a la creación de valores –espirituales o materiales- de interés común. Ser médico, abogado, filósofo o historiador, arquitecto o ingeniero, no es una fórmula de vida al servicio de los propios fines individuales”[19].

La práctica universitaria, en suma (y si pretende merecer su tipificación como tal) demanda trascender la mera capacitación técnico-profesional para privilegiar la rigurosidad formativa en todos sus aspectos. Por ello, resulta imperativo jerarquizar no sólo la transmisión de conocimiento, sino –y fundamentalmente- su interpelación, producción y puesta a prueba, en armonía con las necesidades concretas de la comunidad. Creando y proporcionando, al hacerlo, herramientas concretas de operatividad que posibiliten la apropiación de este modo de hacer universitario por parte de los estudiantes, los demás órdenes, y –en definitiva- contribuyendo con el desarrollo de la sociedad en la que la Universidad se inscribe.

Sin embargo...

IV-. Como se ha señalado, aunque parte diferenciada la Universidad constituye al (y se constituye a partir del) diagrama social sobre (y desde) el que opera. Y no hay actores sociales que operen en forma ajena al territorio sobre el cual transitan.

Un cliché habitual consiste en exigir a la Universidad que se “inserte en el medio”, o bien que “se inserte en la sociedad”. Ahora bien, tal pedido no connota otra cosa que una negación superficial e ingenua (como es habitual en todo lugar común) a lo que se señala en el párrafo anterior. En efecto, la Universidad no puede insertarse en la sociedad por la sencilla razón de que la misma es parte singularizada de dicha sociedad; no puede insertarse porque forma parte constitutiva (está siendo, con la singularidad que implica su especificidad) de aquello sobre lo que se pretende insertar. Sostener lo contrario implicaría concebir un plano de exterioridad al territorio social, difícil de fundamentar sin una especulación cuasi metafísica; algo así como conceptuar lo social como un espacio abstracto con el cual sus componentes actúan desde un espacio externo (¿cuál sería ese “afuera” social donde se localizarían dichos componentes?).

La Universidad no es (no tiene posibilidad de serlo) ajena a la sociedad, sino que está siendo en lo social. No se trata de que esté siendo conjuntamente con la sociedad, no se agrega a la sociedad, es constitutiva de la sociedad y deviene en la misma manera en que ésta lo hace; y es sólo en éste devenir que se configura con una singularidad específica. Por ello siempre es funcional a alguna de las exigencias del diagrama sobre el cual opera. Cuando se denuncia su falta de operatividad en algún aspecto, dicha falta no corresponde a su incoherencia con el diagrama social sino que, por el contrario, la misma se inscribe, precisamente, en dicho diagrama. De alguna manera, es la propia trama social que habilita y promueve tal cosa.

La constitución de una clase de tecnócratas academicistas, vinculados más con el status quo de su disciplina que con las necesidades concretas de la comunidad, no obedece a un alejamiento de la Universidad con respecto a la sociedad sino, inversamente, a una tendencia a la estratificación social que cristaliza de dicha manera. Del mismo modo, la burocratización, los excesos académico-autoritarios, o cualquiera de las desviaciones que puedan ser denunciadas, se hacen posibles gracias a un diagrama sociopolítico que atraviesa todo el cuerpo social y que se manifiesta también en el espacio universitario. De todos modos, vale reconocer que, en función del espacio políticamente estratégico que la Universidad ocupa, estas tendencias se hacen allí particularmente visibles. En tanto generador de saberes y cuadros superiores, dicho espacio se torna especialmente candente y corre el peligro de constituirse en un tribunal de la doctrina de la Verdad, guardián y legitimador de un orden hegemónico de lo Real. Pero esta posibilidad no es ajena a la sociedad, sino habilitada y promovida por el mismo diagrama que a ella la constituye.

Si la Universidad Pública se configura como un espacio masificado, de nivel académico empobrecido, burocratizado, abandonado a recursos ridículos y con exigua producción, puede llegar a operar –entre otras cosas- como una suerte de guardería política para la juventud desempleada o sub-ocupada. Esto puede obedecer a una estrategia política (planificada o no) destinada a minimizar la presencia en la calle de estos mismos jóvenes ociosos, dedicados a la movilización o a la pequeña criminalidad. También puede obedecer a la apuesta por la formación y producción privada (con formato empresarial), a la descalificación de la producción académica en beneficio de la tercerización o –simplemente- a la jerarquización de otros tipos de inversión pública. Pero, cualquiera sean los objetivos –manifiestos o no-, esta pauperización del espacio universitario conforma el efecto de conjunto de una estrategia política.

Si, por el contrario, la Universidad emerge como una parnaso para elites privilegiadas, estratificado, con recursos orientados hacia una opción académica que privilegia el savoir faire del status quo, esto también configura el resultado de un efecto de conjunto; una estrategia política que la trama social, como consecuencia de las correlaciones de fuerza vigentes –así como de la dinámica de las formaciones subjetivas consecuentes-, habilita y, vale la pena insistir, promociona de alguna u otra manera. Las particularidades de la Universidad, entonces, se adhieren siempre al resultado de una opción política configurada por las estrategias de la sociedad en la que ésta se inscribe, aunque dicha opción no siempre obedezca a una planificación rigurosa.

Vale la pena recalcar, sin embargo, la cualidad de efecto de conjunto; un estado de cosas no configura la simple imposición arbitraria e impune de una autoridad, un sector, un grupo, una estamento o una clase. Así como la ley, un estado de cosas “no es un estado de paz; no es la carta otorgada por el nuevo soberano el día de su victoria –sino la batalla perpetua; el ejercicio actual de unas estrategias”[20]. El particular posicionamiento (que, en definitiva, es siempre político) de la Universidad se relaciona antes con el enfrentamiento de posturas, la chispa de las espadas, el efecto de conjunto del equilibrio (o desequilibrio) de fuerzas, que con simples mecanismos de imposición y acatamiento; los mismos procesos a los que se ve sometida la sociedad a la que pertenece. Si hay algo a lo que la Universidad se encuentra sujeta, ello es precisamente el mismo azar de la lucha[21] al que se ven sometidas las sociedades.

En este sentido, resulta imprescindible convenir en que el posicionamiento expuesto en este ensayo –así como cualquier otro posible- obedece a una opción  político-académico específica, que implican una correspondencia (como no puede ser de otra manera) con otros posicionamientos que operan en sintonía con el resto de los espacios de la trama social; una concepción de Universidad, como resulta obvio, comprende una concepción del papel de ésta en la sociedad y, por lo tanto, involucra también una concepción del devenir, del ser, o el deber ser, de las sociedades. No atender a esta dimensión del problema, esencialmente política, puede llegar a conducir la práctica universitaria a una degradación doxática.

V-. La progresiva transición desde las Sociedades Disciplinarias[22] hacia las Sociedades de Control[23], se tradujo, como cabría esperar, no sólo en una transformación revolucionaria de los sistemas productivo-económicos, sino también en una mutación radical de las formaciones sujetivas consecuentes. Y es, precisamente, en esta última dimensión donde radica su potencialidad.

La decadencia de los grandes espacios de encierro, en tanto dispositivo político hegemónico, se explica -en parte- por la caída de la utopía fundante de las Sociedades Disciplinarias; la de la posibilidad de disciplinar[24] toda eventualidad de mal encauzamiento posible. Así, las sociedades estratificadas que emergen en el último cuarto de siglo XX comienzan a desdibujar al disciplinamiento en beneficio de una tecnología política más efectiva (en términos de economía política) pero no por ello menos terrible; el Control. Donde antes se inscribía la Fábrica-prisión como modelo paradigmático, se inicia la consolidación de la Empresa en tanto referencia operativa. Al centro de vigilancia localizado (la torre del vigía, el capataz de la fábrica, el maestro, el médico, el director...) le sucede una dispersión de las lógicas de vigilancia sostenida en la expansión de la competitividad como regla básica de convivencia. Ya no se trata de operar directamente sobre los cuerpos (actores) que se despliegan en el diagrama social (intentando prevenir desvíos, corregir abominaciones, re-encauzar caminos, re-direccionar metas, fagocitar disensos, asimilar resistencias, rehabilitar diferencias y re-incorporar exterioridades) sino sobre el escenario sobre el cual transitan. Y esto sólo a partir de la consolidación de una lógica de sentido lo suficientemente dúctil como para adaptarse a las especificidades de cada acto pero, al mismo tiempo, lo suficientemente vigorosa como para tornarse inapelable; auténtico fetiche del hacer pragmático y –por ello- retórica axiomática del sentido común; la Ley de Mercado.        

En el drama trágico[25] de la vida, el único escenario posible (axiomáticamente real) pasa a configurarse como un mercado persa en el que todo acontecimiento debe ser sobre-codificado en términos de costos y beneficios, de forma tal que las opciones vitales se disponen desde los anaqueles del supermercado. El cuerpo social opera así como una arena de intereses mercantiles en la que el exclusivo efecto de conjunto legítimo (legitimado y legitimador) se relaciona con la Oferta y la Demanda. Si antes los actores eran sometidos a minuciosos procesos disciplinarios, el presente converge hacia una tecnología que sobre-codifica el escenario de forma tal que dichos procesos se tornan superfluos; las disposiciones escenográficas habilitan a la competitividad como modo jerarquizado de existencia, de lo contrario los actores serán expulsados (auto-expulsados, en función de su inoperancia) del drama. En la Obra-sin-libreto de las Sociedades de Control los actores recurren a la improvisación, acatando unas reglas de juego tan sutiles en su percepción (en tanto reglas) como definitivas en sus efectos.

La Disciplina opera con el paradigma de la integración; moldeando los cuerpos para que éstos se adecuen a las necesidades del diagrama societario. El Control, en cambio, modula las posibilidades de hacer, operando a partir de un artilugio radicalmente binario; (auto)inclusión y (auto)exclusión; y es la competitividad quien marca la diferencia. En efecto, los procedimientos funcionales a los devenires del mercado operan como los únicos capaces de garantizar la sobrevivencia y –por tanto- la inclusión. No ser competitivo conduce a la exterioridad marginal de los millones de excluidos (condenados al Cuarto Mundo, a la nomalidad vegetativa de las estaciones de Metro, a los show-bussiness de semáforo, a la rapiña, a los saqueos, o a los depósitos de prisiones e instituciones psiquiátricas). Se trata de competir en el escenario de la Ley de Mercado, en una suerte de tragicómico espectáculo deportivo cuyas estrellas se identifican con el paradigma del empresario exitoso. Jueces y vigilantes pasan a un segundo plano (más allá de la protección de la integridad del escenario),  desdibujados sus funciones a partir de la auto-regulación mercantil. Una vez descartada la imperiosidad de la producción industrial (agotada tras los excedentes), la Empresa viene a colaborar con la imperiosidad del consumo en un régimen de competitividad terciario[26], imponiendo sus formas particulares como modo de subjetivación paradigmático. De este modo, la corporalidad concreta de los actores sociales (antes sujetos) deviene en la corporalidad abstracta de la Empresa; se impone así la lógica empresarial como una lógica de convivencia privilegiada; desde la especulación financiera a la seguridad privada; desde el yuppismo a esa suerte de neo-esclavitud contractual que pueden llegar a constituir las Empresas Unipersonales en las estrategias de tercerización. El binomio amigo-enemigo se funde en la categoría competidor, y es esta competencia la que tiende a imponer la matriz de nuestras sociedades, auto-reguladas en función de ello. De alguna manera, se busca imponer así el bicentenario sueño liberal de Adam Smith[27]. 

No es de extrañar que los sucesivos espacios de encierro, herramientas del disciplinamiento (familia, guardería, escuela, universidad, fábrica, ejército...) se difuminen en un espacio abierto. Es que el encierro disciplinario se torna cada vez más innecesario en un diagrama social auto-regulado por la competitividad. La mirada panóptica de la disciplina pierde relevancia (por onerosa) ante la preeminencia de una llave de corte más simple y, a la vez, más efectiva para las condiciones socio-históricas en las que se desarrollan la Sociedades de Control: inclusión-exclusión, procedimiento alimentado por la lógica de la Ley de Mercado. Ya no se trata de re-encauzar, sino de diagramar las posibilidades de la competitividad; la cual, a su vez, habilitará lo que sobrevive y lo que no. Si bien la coexistencia actual –sobre todo en las sociedades periféricas- de ambos modelos (disciplinario y de control) puede llevar a confusión, la tendencia hacia la utopía de Adam Smith pretende aparecer como inevitable.

A pesar de ello, ciertos acontecimientos (como las tendencias hacia un imperialismo planetario de corte clásico –y, como tal, esencialmente disciplinario- que se desencadenaron a partir del 11 de septiembre del 2001) político estratégicos parecen colocar serios obstáculos a estos procesos. Ciertamente, la emergencia del Libre Mercado Global y la competitividad, como axiomas últimos de la convivencia, parece contraponerse con la retórica del presidente Bush y su cruzada antiterrorista. En aparente paradoja, conviven los llamados y la praxis smithiana de los intereses representados por la cultura de Davos[28] (habitualmente llamada Foro Económico Mundial), con procedimientos autoritarios que pueden considerarse tan propios de las Sociedades Disciplinarias como –incluso- de las de Soberanía[29]. La propia represión a la que se ven sujetas las fuerzas “antiglobalización” puede parecer también una paradoja con respecto a los llamados a la tolerancia económica y a la tendencia a la auto-regulación social en beneficio (y como consecuencia de) la competitividad.

Pero la paradoja sólo es tal en la superficie. Es que la Sociedad de Control, lejos de constituirse en un Real-Materia-Concreto como pretenden sus apóstoles, no puede evitar configurar más que la materialización de un deber ser; un Ideal-Simbólico que busca exorcizar su carácter de tal tras la bandera del pragmatismo. Este deber ser, concebido como orden natural (es decir; naturalizado), no puede concebir la posibilidad del error propio en tanto el orden natural no cabe que esté sujeto a error. El menos malo de los sistemas posibles no defiende, entonces, su propio status sino el estatuto de la propia realidad; el modelo se pretende, así, no ideológico sino pragmático. ¿Es posible una manifestación más clara de fundamentalismo? El combate furioso a la disidencia no pretende disciplinar el error ajeno sino eliminarlo; excluirlo. Las fuerzas “antiglobalización” no constituyen un desvío, sino una exterioridad al orden natural de las cosas. Y como tal merecen ser combatidas, aunque se recurra a los mismos procedimientos con los que se auto-descalifica el terrorismo. La propia tipificación del terrorismo ajeno (categoría pretenciosa que comprende desde los fundamentalismos religiosos a cualquier disidencia) literalmente como patología delirante y peligrosa, o sencillamente como el Mal (excelente adjetivo que denuncia los fundamentalismos propios), no expresa otra cosa que la renuncia a la utopía disciplinaria en beneficio del exterminio o, al menos de la exclusión absoluta. Vista así, la ajenidad a las reglas de juego conforma un orden de otredad[30] absurdo y sin sentido, que no merece ser comprendido. Lo inédito no radica en esta estrategia propagandística, de la cual se ha abusado históricamente por parte de todos los bandos, sino en la particular forma en que se despliega para convocar adhesiones y diagramar consensos. En el escenario del Libre Mercado Global no hay lugar para la disidencia sino para la competitividad en el interior de sus reglas de juego. La diferencia no amerita técnicas disciplinarias sino sometimiento a la vitrina del supermercado planetario, para ser consumida o desechada. El producto debe adecuarse a tal lógica y como tal ofrecerse en una dinámica competitiva, en caso contrario debe excluirse hacia la periferia del orden natural de las cosas; tras los alambres de púas, la marginación, la miseria y/o los delirios del Eje del Mal. Se ha dicho que oponerse a la globalización es oponerse a la fuerza de gravedad; el orden natural de las cosas (Real-Material-Concreto) pretende estar del lado del Capitalismo Global Integrado[31] negando, de esta manera, toda otra opción de convivencia por irracional y delirante, cosa que también han hecho una multiplicidad de regímenes hoy fenecidos. El fundamentalismo, en cualquiera de sus manifestaciones, nunca ha aprendido demasiado de la historia.

VI-. En este orden de cosas se inscribe la Universidad. Y es precisamente por ello que no es, porque no puede ser, ajena. La omnipresencia axiomática de la competitividad hace peligrar lo que el posicionamiento específico de este trabajo plantea en torno a lo que debería ser su naturaleza. Reconociendo su cualidad de Ideal-Imaginario[32],  este posicionamiento no puede menos que intentar analizar la progresiva mercantilización del hacer universitario como una degradación de sus procedimientos.

Esto se fundamenta en la cada vez más perceptible consolidación de la lógica del capital de la práctica universitaria. El modelo paradigmático de la empresa si instala, al menos, a partir de dos planos que colaboran con el deterioro de aquello que otorga a la Universidad su especificidad social; en primer lugar, el recurso a la lógica de mercado como herramienta predilecta para la jerarquización de campos de conocimiento,  y en segundo lugar (pero no secundario), el recurso a la competitividad como modalidad privilegiada de relacionamiento extra e intra institucional. Esto da cuenta de una modulación subjetiva –que se impone como real-trascendente- vasalla del diagrama dispuesto a partir de la emergencia de las tecnologías políticas de las Sociedades de Control.

El meta-discurso empresarial, fiel a su cualidad doxática, busca imponerse como lógica de funcionamiento indispensable para la sobrevivencia del acontecer universitario. Bajo el esquema del “mercado de ideas”[33], la competencia por (y desde) las disciplinas, cuya producción resulta lucrativamente estratégica, pretende posicionarse como la causa de la riqueza académica, con el peligro de subordinar la docencia y la investigación a las exigencias del mundo de los negocios. La lógica mercantil, impuesta en las universidades, legitima que las donaciones empresariales sean consideradas como inversiones que redundan tanto en publicidad como en descubrimientos comercializables; de este modo, la actividad académica pasa a mimetizarse con los departamentos de investigación y desarrollo de las propias empresas inversoras. En este sentido, cuando la tarea universitaria puede llegar a afectar los intereses de las empresas las inversiones de éstas se cortan a la manera de una sanción: La Nike suspendió su apoyo financiero a tres universidades (Michigan, Oregon y Brown) cuando sus estudiantes denunciaron la explotación de mano de obra esclava en el Tercer Mundo por parte de la empresa[34].

Esta subordinación del hacer universitario a la lógica del capital se torna progresivamente perversa en la medida en que los presupuestos pasan a depender cada vez más del sector privado. Es el caso de la Ley Bayh-Dole, en los EEUU, que desde 1980 autoriza a patentar los inventos financiados por el gobierno, la cual fue posteriormente complementada con leyes que animaron a las universidades para comercializar sus patentes y a conceder exenciones fiscales a las empresas que financiaran la investigación universitaria. De este modo, el interés empresarial pasa a ser subvencionado por el aparato de Estado. El Estado de California (por ejemplo), que antes financiada casi totalmente la Universidad de Berkeley, pasa a sostener, en 1999, apenas un 34% de su presupuesto. En el ejemplo, el absurdo se despliega como un cuadro naif; la familia Haas (heredera de la grifa de jeans Levi-Strauss) logró que el business school de la Universidad llevara su nombre, el decanato lleva el título de “Bank of American dean”, los edificios están saturados de logotipos comerciales, y todo el equipamiento (incluidas las sillas) lleva el nombre del agente privado inversor correspondiente[35]. En su conjunto, y desde la aprobación de la ley Bayh-Dole, las inversiones privadas en investigación universitaria se han multiplicado por ocho, y el número de patentes registradas por las universidades por veinte[36].

Los defensores del paradigma de la Ley de Mercado sostienen  que este régimen propicia, por efecto de la búsqueda de la excelencia competitiva, mejores montos de inversión, equipamiento más adecuado, adecuación de la praxis universitaria a las necesidades del mercado (confundiendo así el mercado con la comunidad), más rápida difusión de los descubrimientos en función de su rápida comercialización; todo lo cual redundaría en crecimiento económico y desarrollo de las sociedades. El fantasma de Adam Smith parece sonreír tras esta racionalización de la codicia.  

Sin embargo,  los efectos en el campo nos hablan de otra cosa. En la Empresa-Universidad, quienes se benefician de este esquema son aquellos servicios de resultados más lucrativos; los restantes se ven postergados o eliminados. Y esto se torna especialmente alarmante cuando, en una sociedad estratificada, las necesidades más urgentes son precisamente las menos lucrativas, lo cual contribuye con la institución de una distancia cada vez mayor entre los sectores más deprimidos y los más privilegiados. Desde esta perspectiva, los actores académicos corren el peligro de asimilar su función a la de agentes empresariales más preocupados por la colocación de sus productos que por las necesidades de la comunidad que la propia Universidad integra. En este orden de cosas, los estudiantes pasan a considerar sus estudios como una inversión destinada exclusivamente a su promoción personal y económica, seleccionando Centros Universitarios (y ámbitos disciplinarios) en función su coeficiente de impacto en el mercado, postergando las otras variantes (nivel académico, función social, aptitud disciplinar, entre otros) a un segundo plano.

El matrimonio entre la estructura universitaria y la lógica empresarial cuenta con varias anécdotas célebres:

“En noviembre de 1998, la Universidad de California, Berkeley, firmaba un acuerdo con la sociedad suiza Novartis, que hizo una donación de 25 millones de dólares al departamento de microbiología (Plant and Microbial Biology). En contrapartida, la universidad pública concedía al gigante suizo de farmacia y biotecnología el derecho de apropiarse de más de una tercera parte de los descubrimientos generados por los investigadores del departamento (incluidos los financiados por el Estado de California o por el Gobierno Federal), así como de negociar las patentes de invención derivadas de ellos. Además, la universidad concedía a Novartis el control de dos de las cinco sedes del comité de investigación del departamento, encargado de recaudar fondos para la investigación”[37].

La pretendida donación se constituye, literalmente, como un acuerdo comercial entre socios, a pesar de contar con la objeción de un alto porcentaje (más de la mitad) de los investigadores comprometidos en el contrato. Estos últimos sostenían que el mismo coartaba la investigación por el bien público, así como el libre intercambio de ideas en el seno de la comunidad científica[38]. En efecto, el compromiso contractual de Berkeley obliga a la Universidad a dirigir sus líneas de investigación (así como la comercialización de sus patentes) en función de los intereses de la empresa patrocinante más allá de las necesidades de la comunidad, así como a inhibir todas las críticas (propias de hacer universitario) posibles cuando éstas puedan cuestionar, de una u otra manera, los intereses del capital. Y esto en un área tan estratégica lo es al ámbito de la biotecnología.

Otra célebre anécdota  se relaciona con la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut La Medical School de la Universidad es la responsable del descubrimiento del stavudine, el antiretroviral más recetado del mundo. Componente fundamental del triple cóctel terapéutico contra el VIH, este medicamento ha generado para la universidad cerca de 261 millones de dólares entre su colocación en el mercado, (1994) y el 2000, cantidad que ha representado el 90% de los royalties recibidos. Esta suma es el producto de un acuerdo con la BMS (Bristol-Myers Squibb), establecido en 1998 –cuatro años después de su patente; 1990-, que otorga a la multinacional farmacéutica los derechos exclusivos de explotación. El contrato posibilitó el establecimiento de un monopolio para BMS que le permite fijar precios a voluntad; aproximadamente U$S 5 dólares los 40 mg. (la dosis es de 80 mg.). Comercializado bajo la marca registrada de Zerit, la droga permitirá a la empresa recaudar varios miles de millones de dólares a partir de su colocación en la estructura sanitaria del Primer Mundo; no así en los países más afectados por la pandemia (como es el caso del Africa subsahariana) donde su precio lo hace inaccesible. Los monumentales intereses en juego se articulan a partir de una trilogía altamente comprometida; la propia Universidad, la industria farmacéutica y los investigadores (para los cuales Yale cede el 30% de los royalties; uno sólo de los investigadores, el Dr. William Prusoff, declara recibir entre 5,5 y 6 millones al año). Cuando la delegación sudafricana de Médecins Sans Frontières solicita autorizar en Sudáfrica la importación de una versión genérica del stavudine para poder atender gratuitamente a las víctimas del VIH/Sida (la empresa hindú Cipla Ltd. Ofrece una tarifa treinta y cuatro veces más barata que la de la BMS), esto se hace al tiempo que 39 compañías farmacéuticas demandan judicialmente al gobierno sudafricano por la autorización de “licencias obligatorias” en caso de urgencia sanitaria. Las necesidades de la comunidad se ven amenazadas por los intereses del capital. Pese a la movilización de estudiantes, técnicos e investigadores de Yale (entre quienes se encontraba el propio Dr. Prusoff), la universidad no renunció a su patente en Sudáfrica ni rompió su acuerdo con la BMS; se recurrió a una formación de compromiso, en forma de acuerdo comercial estratégico, que reduce drásticamente la tarifa de BMS (sólo para Sudáfrica), desplaza a Cipla Ltd., y obliga al fabricante local (Aspen Pharmacare) a operar subsidiariamente en estrecha colaboración con la propietaria de los derechos de explotación[39].

Confiadas en la retórica argumental de Adam Smith, las empresas farmacéuticas se conjugan con los defensores de la universidad mercantil para este estado de cosas a partir de su corolario; el incentivo económico es el único que se muestra capaz de hacer invertir las extraordinarias sumas que comprometen a la investigación biotecnológica a largo plazo. Sin embargo, omiten que en la prosecución de beneficios económicos se jerarquiza la colocación comercial del producto por encima de su necesidad social y, aún, de su calidad. La industria farmacológica invierte tres veces más en marketing y administración que en investigación y desarrollo (aún cuando este último aspecto cuenta con importantes subvenciones vehiculizadas por las universidades): “En diciembre de 2001, dos investigadores de la School of Public Health de la Universidad de Boston, Alan Sanger y Deborah Socolar, publicaron un estudio comparativo sobre la progresión de los efectivos. La industria farmacéutica estadounidense emplea casi dos veces más personal (81%) en marketing que en investigación. Por su parte, BMS gastó, en 2000, 3860 millones de dólares para marketing y administración contra 1930 millones para investigación y desarrollo”[40].

Los ejemplos referidos, si bien atañen a universidades localizadas en lo que se configura como paradigma del Capitalismo Global Integrado, muy lejano en recursos y posibilidades a nuestras sociedades periféricas, no pueden menos que servir como analizadores de una lógica modulativa que –por su carácter central y paradigmático, y salvando las distancias- termina dejando huella en nuestras propias universidades. La relación de mecenazgo, fundante de la academia, parece ir sustituyéndose por una modalidad contractual en la que ésta se constituye en socio minoritario. La dependencia hacia el capital privado corre el peligro de transformar a la Universidad en una mera tercerización de la actividad empresarial, con las dificultades inherentes a toda subordinación de la actividad académica a intereses sectoriales.

Por su localización estratégica, la Universidad se ve sometida a fuerzas que, como efecto de conjunto,  buscan imponer modalidades de operatividad serviles a las tecnologías políticas hegemónicas. En su informe sobre el “Taller Latinoamericano en defensa de la Universidad Pública” (Managua, febrero de 2000), la profesora Irma Antognazzi de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario (Argentina) señala que: (...) “las UP” (Universidades Públicas) “del área están sufriendo procesos de "reconversión" y sometidas a políticas emanadas de organismos financieros trasnacionales llevadas a la práctica por los gobiernos locales. Las tradicionales UP, democráticas, gratuitas, con autonomía académica, han sido sacudidas progresivamente y poco o nada conservan hoy de aquellos rasgos. ¿Se trata de medidas aisladas o estamos ante un plan concertado de alcance continental?

Las coincidencias entre las distintas situaciones descritas en el Taller permitieron verificar que estamos ante un plan global para toda la región. Los argumentos y justificaciones para generar los cambios en las distintas UP son los mismos: una supuesta hipertrofia de la matrícula; creciente ineficacia; divorcio respecto de las necesidades del país, poca "utilidad" del conocimiento producido (lo que sería la causa de la baja absorción en el mercado laboral de los egresados); supuesta inexistencia de recursos públicos para destinar a una actividad de "escaso rendimiento", y carencia de docentes calificados. Todo esto justificaría reducir la matrícula, cambiar planes de estudio acortando los de grado y crear postgrados; vincular la Universidad al mercado como sinónimo de "la sociedad"; "categorizar" y "actualizar" a los profesores. Las nuevas medidas que se implementan pueden ubicarse en dos grandes rubros vinculados estrechamente entre sí por las consecuencias que provocan: financiamiento y autonomía.”[41]

Con respecto al financiamiento concluye que: “La reducción de presupuestos para las UP empieza -con variantes para cada país- a mediados de los "80 con un eufemismo, "racionalidad administrativa", que ocasionó verdaderos ahogos financieros compensados -y en parte disimulados- por las "libertades" para vender conocimientos, servicios, proyectos, investigaciones, cursos, consultorías, etc. en el marco de las políticas de "libertad de mercado". Se abrió así subrepticiamente la vía "privatizadora" de la UP, que mercantilizó su actividad aun manteniendo la apariencia y rasgos estatales. Estas actividades para el "mercado" produjeron dos efectos inmediatos. Uno, que se debía producir lo que el mercado demanda, abandonando las líneas de investigación desde objetivos científicos y sociales que no coinciden necesariamente con los intereses de quienes pueden pagar y comprar esos conocimientos. Dos, se empezó a advertir el primer nivel de discriminación de universidades y facultades según las ofertas más acordes con el mercado. Además, produjo discriminación al interior del cuerpo docente, con ingresos diferenciados según los proyectos que lograran venderse. La consecuencia más seria fue la introducción de la lógica del mercado en el quehacer académico de las UP. Otra vía para la provisión de fondos fue la política de subsidios y créditos condicionados a ciertas líneas de docencia, extensión o investigación estipuladas desde fuera de las universidades, por ejemplo el programa FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad universitaria) en Argentina y FOMES (Fondo para el Mejoramiento para la Educación Superior) en México, ambos con capitales del Banco Mundial. Las políticas estatales, por su parte, facilitaron la apertura de universidades privadas”.[42]

Sobre la autonomía: “La exigencia de que el investigador sea además docente y a la inversa -que en principio es correcta- en las condiciones actuales de reducción presupuestaria y de cargos expulsa del sistema u obliga a "inventar" tareas o asumir cargos que no están en el interés ni en las posibilidades del docente-investigador. A su vez, la investigación debe ser "acreditada" y esto también requiere de veedores, consultores, evaluadores que deben aplicar las pautas fijadas por el programa. Al combinar luego la "categoría" con el cargo y la dedicación (simple, semiexclusiva o exclusiva), resulta el monto del ingreso que el docente cobrará en cuotas cuatrimestrales que van desde poco más de 100 dólares hasta más de tres mil. Aquello de "a igual trabajo igual salario", ha dejado de existir. El sistema legitima y oculta los bajos salarios y genera un verdadero mercado de negociación individual de los ingresos y de las condiciones institucionales del trabajo académico, produciendo una marcada estratificación de este sector con ingresos diferenciados. Se trata de un mecanismo perverso que atenta contra las condiciones requeridas para la docencia y la actividad investigativa. Los ingresos de los docentes ya no dependen de su calidad académica, ni de la importancia científica o social de sus investigaciones, ni de su preocupación por la docencia de las nuevas generaciones, sino más bien de su habilidad para presentar la información requerida en el momento preciso. La carrera así desatada entre los docentes los conduce a un esfuerzo burocrático, administrativo, formal, para conseguir mejorar su magro ingreso. Los mexicanos, que llaman a la gran mayoría de la planta docente "pobresores", reconocen que este sistema chantajea a la actividad académica y la prostituye en la entrega de los papers a tiempo y con los avales del caso, sometiéndola a reglas que van haciendo "caer del sistema" a muchos que no llegan a cumplirlas. Esto produce una discriminación pavorosa, un crecimiento del individualismo y la competitividad, el abandono de la mística docente y de la investigación, el debilitamiento de los sindicatos y un achatamiento de la actividad comunitaria. Existen algunos docentes en la cúspide de una escala de privilegios, una casta académica que integra las consultorías, las asesorías, los jurados, las líneas editoriales, el control de la producción de conocimientos. Aunque en su mayoría se trata de intelectuales que en los ´60 y "70 lograron reconocimiento por su aporte al pensamiento crítico, en la actualidad han abandonado esa función, al menos en la UP.”[43]

En estas condiciones, y en acuerdo con las modalidades imperantes de subjetivación, la Universidad comienza a desdibujar su modo de hacer específico en beneficio de la modalidad empresarial. Y lo más significativo de esta transformación radica precisamente en su capacidad para tornarse legítima, justificada por el pragmatismo del imperio del mercado; se erige como natural. De este modo, se sostiene que el orden natural de las cosas (el mercado) va accediendo por fin al espacio académico, transformándolo en una subsidiaria de la lógica empresarial. Los signos son múltiples; una lógica administrativa economicista que valora el rendimiento a destajo en función de índices al menos discutibles (horas-pizarrón, estudiantes por docente, cantidad de publicaciones y citas de terceros...), jerarquización de acuerdos (y ámbitos) lucrativos, conceptualización del orden estudiantil como clientela a la cual vender títulos habilitantes... Vior y Bertoni, educadora y economista, respectivamente, profesoras de la Universidad Nacional de Lujan (Argentina), proponen 9 puntos a partir de los cuales es posible abrir un campo de visibilidad para estas transformaciones en la región[44]:

“a) Inseguridad presupuestaria: las universidades relacionadas con núcleos muy dinámicos económicamente o con organismos estatales sufren los avatares de la política económica, ya que pueden lograr y perder ingresos azarosamente;

b) Aumento de la influencia de los intereses de las empresas sobre los planes de estudio para la formación de profesionales, con valoración del desarrollo de individuos disciplinados, no críticos, en detrimento de la formación científica básica, el desarrollo de capacidades cognitivas y el trabajo en equipo;

c) Uso de los bienes y espacios públicos para la satisfacción de intereses privados: laboratorios, instalaciones y personal de la universidad (resultado de inversiones públicas realizadas para la calificación de alto nivel científico y tecnológico), son aprovechados para el lucro privado;

d) Valoración de la actividad universitaria a partir de parámetros economicistas. Revalorización de los "producidos propios" con generación de espacios de "privilegio", dotados de mejor infraestructura y equipamiento, con mayor libertad, en desmedro de los espacios dedicados a la docencia de grado, investigación y extensión;

e) Incorporación de personal, dedicado al trabajo en contratos específicos, que no asume actividades con alumnos ni en investigación;

f) Desplazamiento de la "extensión" (entendida como instancia que articula producción y circulación de saber e implica el compromiso de la universidad con el desarrollo de prácticas que contribuyan a la democratización socia)l, por la venta de servicios;

g) Surgimiento de un estrato gerencial -que en muchos casos poco tiene que ver con la vida académica y poco puede aportar para su mejoramiento- a cargo de la promoción y gestión de contratos;

h) Diferenciación entre instituciones, disciplinas, áreas de trabajo, agudizada por el acceso a recursos extra-presupuestarios. Fragmentación entre universidades y dentro de cada una de ellas, ruptura de relaciones cooperativas y solidarias;

i) Las pasantías en empresas se convierten en un reemplazo de profesionales graduados, porque los estudiantes resultan más baratos. Esta situación ha generado otras consecuencias negativas, ya que los estudiantes demoran su egreso, perpetuándose como pasantes para no convertirse en graduados desocupados y la universidad baja su "eficiencia interna”.[45]

El intento de modulación empresarial de la práctica universitaria se traduce, también, en la modulación de nuevos modos de ser del universitario. Casi imperceptiblemente, y en armonía con la naturalización de la competitividad como forma instaurada de subjetividad, el actor universitario deviene en una suerte de empresario intelectual que racionaliza su accionar desde la pragmática del mercado.

““Empresa”, esa es la palabra-clave que resume la concepción en ascenso de la nueva

Universitas que, bajo el impulso de los sucesivos ministerios, se concibe cada vez más por analogía con el campo económico. Es elocuente la terminología que sirve para designar las actividades universitarias más valorizadas. Ahora se trata esencialmente de "gestionar los flujos", de "responder a una demanda social de diplomas profesionales", de "adaptar la oferta de formación", de "crear sinergías", "en asociación con...", etc. El Contrato cuatrienal de desarrollo firmado entre el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto de Estudios Políticos de Lyon, el 10-7-2000, es un ejemplo de este nuevo lenguaje: "Con el fin de preparar a sus estudiantes para integrarse en las instituciones europeas de derecho público y privado, sometidas a la competencia mundial, el establecimiento desea ampliar progresivamente la duración de su formación pluridisciplinar a cuatro años, para darle un carácter internacional, profesionalizado y más adecuado para las formaciones universitarias del tercer ciclo"”.[46]

En la lógica de las Sociedades de Control se configura una suerte de terminología meta-lingüística (una lingua franca de la revolución neoliberal, diría Bourdieu[47]) que desplaza un conjunto de vocablos en beneficio de otro funcional a las lógicas de sentido imperantes. Esta neoterminología, nutrida de categorías provenientes preponderantemente del ámbito de las Ciencias Políticas y Económicas, se instaura como máquina sobre-codificadora de lo real, en un orden subjetivo articulado íntimamente con las necesidades del mercado global. Emergen, así, categorías tales como; “globalización”, “mundialización”, “flexibilidad”, “gobernabilidad”, “empleabilidad”, “excelencia”, “nueva economía”, “tolerancia cero”, “multiculturalismo”, “consenso”, “comunidad internacional”, “bussiness”, “mercadeo”, “sustentabilidad”, “viabilidad”, “competitividad”, “modernización”..., desde los cuales se despliega una abanico de significaciones que torna a esta lógica de sentido como inapelable. “Al igual que las dominaciones de género o de etnia, el imperialismo cultural es una violencia simbólica que se apoya en una relación de comunicación forzada, para imponer la sumisión. En este caso, su peculiaridad consiste en que universaliza los particularismos vinculados con una experiencia histórica singular, haciéndolos irreconocibles como tales y reconocibles en cambio como universales”[48]. Se trata de una particular forma metalingüística que proporciona significantes imperativos más allá de las traducciones posibles; en efecto, se posiciona en los intersticios de cada lenguaje con efectos de homogenización de sentido, convocando a la significación desde las lógicas del capital instaladas en un mercado planetario.

En este diagrama subjetivo, los actores universitarios pueden llegar sumir su práctica en la obediencia a las reglas de juego de las tendencias económicas globales. De este modo, muchos docentes pueden llegar a considerar, explícita o implícitamente, que su tarea debe privilegiar la atención de estudiante-clientes, orientados hacia una calificación profesional conforme al perfil exigido por un mercado de trabajo y dominado por las expectativas e intereses del mundo empresarial. Vista desde esta perspectiva, la formación universitaria se asimila a una habilitación (o, mas precisamente, a una titulación) terciaria de agentes entrenados para la competencia, y a la capacitación de mano de obra al servicio de las necesidades del capital. En esta modalidad, el economicismo pasa a autonomisarse de su ámbito disciplinario específico para instaurarse como meta-discurso de todo el acontecer universitario (y en definitiva, de todo el cuerpo social). La Universidad-Empresa atiende así a dos demandas de marcado: la de las empresas patrocinantes y la configurada por la clientela estudiantil deseosa de hacer de dichas empresas su propia clientela.

“El actual éxito del estilo gerencial en la Universidad sin duda no habría sido tal si el contexto político-ideológico no hubiera estado sellado por el triunfo del economicismo. La universidad no hace otra cosa que retomar los modelos y las normas preconizadas o impuestas por nuestros príncipes y sus consejeros. Nos limitaremos a recordar el informe de la comisión Attali, compuesta por universitarios y empresarios que comulgan en el consenso de la "democracia de mercado", como el patrón de la Lyonnaise des Eaux, Jérôme Monod, cercano a Jacques Chirac, y el sociólogo Alain Touraine, ex teórico de la "segunda izquierda", que define así una de las "cuatro revoluciones" que debe hacer la Universidad: "Las relaciones con las empresas, las empresas innovadoras, que crearán la mayor parte de los empleos de mañana, sólo podrán desarrollarse en una relación estrecha y confiada con el sistema universitario"; a lo que se añade una de las "siete misiones de la enseñanza superior: adaptar a los oficios de pasado mañana y al espíritu de empresa". Sería inútil buscar en este breviario una recomendación para que la Universidad desarrolle el espíritu crítico y el sentido del servicio público”.[49]

Estas transformaciones tienden a restar valor social al capital cultural en provecho del capital económico, y se traducen en una progresiva degradación de los saberes inútiles (para el capital) en favor de aquellos saberes (las llamadas “nuevas tecnologías”) capaces de construir productos fácilmente comercializables. Pero la lógica empresarial puede, incluso, trascender el diagrama de producción (y selección) de conocimiento, en función de las necesidades del mercado, hasta llegar al propio modo operativo de la cotidiana universitaria. Analizador de este último aspecto, puede considerarse a la tendencia mediática de algunos actores que jerarquizan el acceso a la difusión pública por sobre las especificidades de su tarea académica, transformándolos en agentes de marketing que desdibujan la actividad docente en beneficio de la prosecución de prestigio y financiamiento para proyectos propios, buscando posicionarse como líderes en ciertos nichos específicos del mercado; culto al lobby y al impacto mediático, más propio de los gerentes de relaciones públicas que de los responsables de la producción de conocimiento.

 VII-. Como se ha señalado, este rumbo no constituye más que un efecto de conjunto, no obliga (porque no puede) a la instauración definitiva de tal diagrama. La propia tradición universitaria habilita a la constitución de estrategias de resistencia que le permiten identificar nuevas modalidades operativas para cumplir con aquellos objetivos fundantes que a la universidad le han dado sentido. Tal como lo señalan Accardo y Courcuff[50], vale aplicar para los universitarios una paráfrasis de Weber referida a los periodistas: “Lo sorprendente en estas circunstancias no es que muchos (individuos) se hayan salido de sus carriles o que hayan fallado desde el punto de vista humano, sino que a pesar de todas esas dificultades, el gremio tenga una cantidad tan grande de personas de auténtico valor e incluso de (personas) honestas mucho más importante de lo que suponen los profanos”.[51]

Es que el acontecer académico, tal como ha sido concebido –y por su propia naturaleza- posibilita la emergencia de la disidencia aunque ésta pueda llegar a ser percibida como minoritaria e incluso marginal. Ejemplos de ello lo constituyen tanto los espacios de reflexión académico-universitarios, las acaloradas discusiones de co-gobierno, y la propia persistencia de actividades (en investigación, extensión y docencia directa) dirigidas hacia las necesidades concretas de la comunidad, pese al ahogo financiero y los obstáculos a los que se ven sometidas. La opción por esta concepción del hacer universitario obedece tanto a una necesidad ético-social ineludible, como a la necesidad de sostener un rigor académico que permita a la Universidad cumplir con las tareas que le son propias en tanto tal. Atender a la consolidación de las lógicas empresariales en el ámbito planetario no implica (no debe implicar) subordinarse a ellas sino que, muy por el contrario, debe permitir el trazado de procedimientos que –teniendo presente su existencia-  permitan operar a los universitarios sin desdibujar su carácter de tales. De lo contrario, la propia naturaleza de la Universidad es la que se pone en riesgo.

De los talleres universitarios del Foro Social Mundial (Porto Alegre-2001) surge la coincidencia en la condena a las políticas económicas que pretenden convertir a la universidad en una "fábrica de graduados" y al conocimiento en una mercancía.[52] La Universidad constituye un espacio estratégico, tal y cual ha sido constituido, renunciar a él implica renunciar a una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades y la prosecución de estrategias de convivencia más tolerables.