Monografias | Financiamiento cooperativo Activos de Bandera

El Ministro de Agricultura y Ganadería del Brasil, Roberto Rodríguez ha manifestado que el presidente Ignacio Lula Da Silva propone convertir a su país en una `Republica Cooperativa´. 

En esa misma perspectiva, el flamante presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos ha dicho que las cooperativas son uno de los puntales de la Economía Paraguaya. 

Colombia, Guatemala,  México y Chile, Venezuela –un poco antes-,  acaban de darse recientemente su nueva ley de cooperativas. 

Es que en dichos países como en la  Argentina, el cooperativismo en general,  por caso, el relacionado con el agro, el crédito o la gestión de servicios públicos, es sin duda un “capital nacional estratégico”. 

Estos capitales cooperativos son funcionales a políticas económicas progresistas, serias y duraderas, sustentables hacia dentro y afuera del país como las que se anuncia, han de implementarse. 

Pero es imprescindible que tanto  la educación cooperativa así como la instalación en los medios de comunicación, de la importancia y trascendencia de estos ´Activos de Bandera´, no sufran más postergaciones. 

En efecto, aún la conciencia colectiva parece advertir la potencialidad y el vigor de la cooperación, capital estratégico, nacional y solidario,   que ha servido y  sirve a la Comunidad Nacional pero puede servirla mucho más y mejor si conservamos su autonomía e independencia y su interés por la Sociedad Civil, y mucho mas todavía, superando los agoreros pronósticos de quienes insinúan su inviabilidad intrínsecamente considerada. 

Quién puede negar o siquiera, dudar que la educación, el crédito, la vivienda, la prensa, el agro, la producción, el trabajo o el consumo cooperativos, hacen a la definición de ejes centrales del nuevo país que merecemos ... 

Es que, el cooperativismo nacional supo transformar y expandir derechos y garantías del ciudadano en concretas capacidades y disponibilidades, constituyéndose en uno de los artífices del desarrollo urbano y rural ... 

Por estos tiempos y frente a los fenómenos de concentración económica, del saber, del poder y del prestigio, los argentinos disponemos de la integración cooperativa para replicas adecuadas y discrepantes ... 

Por otra parte, es absoluta y definitivamente absurda  como falsa la posición de quienes plantean incompatibilidad entre la eficiencia cooperativa y los principios cooperativos en un contexto de economía de mercado. Además y como reclaman Naciones Unidas y la OIT, se debe favorecer y facilitar un entorno  propicio para un desarrollo cooperativo local, regional y supraregional, autogestionado, democrático e inclusivo. 

Para todo ello, la cooperación merece y reclama en lo económico, una autonomía semejante a la autonomía municipal en lo institucional, economía cooperativa que genera puestos de trabajo blancos, que agrega valor a  la producción primaria, que invierte en el país,  se involucra en el comprelocal,  atiende prioritariamente al mercado interno, democratiza la economía a partir de su practica democrática interna,  atiende puntualmente los aportes previsionales y asume los tributos, aun aquellos verdaderamente distorsivos (Vg. los derivados de la Ley 23.427, IVA, tasas municipales, etc.). 

El cuarto-nuevo- principio cooperativo “Autonomía e Independencia”[2] ha resultado ser un elemento indispensable, particularmente en aquellas sociedades en las que, ciertos gobiernos habían utilizado distorsionadamente las cooperativas para instaurar sus propios planes económicos, a menudo, en detrimento de los valores cooperativos de autoayuda y responsabilidad social empresaria.

Otro nuevo principio, el último agregado: “Interés por la Comunidad” se corresponde con lo relacionado, principio que recoge y refleja el impacto de las cooperativas en cuanto a contribuir con un desarrollo duradero en las comunidades en  que surgen y se desarrollan. 

Ahora bien, estos “Activos de Bandera” vienen posibilitando,  propiciando, una economía más solidaria, más ambiental, más civil, más inclusiva, mas pacifica, es decir, más humana,  y lo hacen, no solo desinteresadamente sino, sufriendo  -reitero-, verdaderas gabelas e impuestos tan distorsivos como absurdos. 

Se escapa o quizá, se confunde que los capitales nacionales invertidos en bienes y servicios cooperativos, sólo pueden implicar confianza, crédito, buena fe. Lo cierto es que estos capitales atesorados con fidelidad, principios y valores, para confirmar su carácter estratégico y prospectivo, deberemos dinamizarlos para la inversión, la producción, la industrialización, la calidad, las pymes y el trabajo. 

Ahora bien,  cierto es que no podemos ignorar la inercia negativa propia de una inestabilidad e inconsistencias argentinas, internas y externas; la inercia del alegre y aplaudido default, la inercia de la desconfianza (corralito y corralón) –externalidad negativa argentina- lo que se resume en un conjunto adverso para la organización, funcionamiento, desarrollo y consecuente proyección de cooperativas, microempresas y pymes en general.

Asimismo, todos coinciden, parejamente, en que el crédito es uno de los insumos críticos y escasos, singularmente para el sector cooperativo. Claro, si solo se piensa en la ausencia de intermediarios y de fines de lucros, este ‘árbol’  no permitirá mirar el bosque cooperativo. En efecto, los servicios, beneficios y eficiencia de las cooperativas,  han sabido ofrecer,  con precio justo,  respuestas oportunas y satisfactorias en distintos aspectos del campo socioeconómico y en los más diversos territorios  de nuestro país,  precisamente allí mismo donde el Estado no “llegaba” o  no le interesaba a caprichosos capitales –por lo general extranjeros-, puramente especulativos, sin ninguna responsabilidad social ni compromiso por la comunidad. 

A la hora de legislar, a la hora de judicializar actos o prácticas cooperativas, a la hora de ejecutar políticas, no se puede subestimar lo relacionado como tampoco, que cada cooperativa es un fideicomiso en sí misma.

Sin embargo, la integración cooperativa puede lograr fideicomisos de escalas superiores –que para nosotros –reitero- implican necesaria y condicionalmente: ocupación, valor agregado, asimilación tecnológica, cultura ambiental, sustitución de importaciones, reindustrialización nacional, recuperación de empresas; todos unos verdaderos iconos que deberían ser complementados V.g., con líneas de créditos blandos que faciliten medianas y grandes inversiones, políticas arancelarias Pro- Argentina de entrada y de salida funcionales a una mejor productividad y competitividad cooperativas para la reposición en cartel de Argentina en el exterior-; economías de escala para telecomunicaciones, agua potable, cloacas, transporte, gas e infraestructura;  bienes y servicios necesarios para la vida digna de cada argentino,  fortaleciendo simultáneamente nuestro mercado interno, con crecientes niveles de eficiencia.

En este último sentido, el sector cooperativo ha realizado –y realiza- aportes al desarrollo de la infraestructura necesaria para mejorar la vinculación física de personas y economías, brindando condiciones para el desarrollo y cohesión de las economías locales y regionales, facilitando el aprovechamiento de oportunidades, siendo en esto, pionero y coincidente con uno de los objetivos centrales –a otra escala- de la Fundación de la Comunidad Sudamericana de Naciones plasmada en la reciente Cumbre de Cusco (Perú).

Si obtuviésemos una foto del desempeño cooperativo, quién podría desconocer que los servicios públicos gestionados y servidos por cooperativas, fueron, son y serán artífices del desarrollo rural (electrificación, telefonías, acueductos, gasoductos, etc.) y urbano, reduciendo costos, llevando progreso y bienestar. 

Todo esto se ha comprendido acertadamente,  atento la pareja valorización constitucional del cooperativismo en las provincias argentinas. 

Claro,  esta valorización no es una pura abstracción. Córdoba cuenta con cientos de cooperativas para servicios públicos: agua potable y servicios sanitarios: 100; energía eléctrica: 204; telefonías: 79, etc.;  Santa Fe: telefonías:  81; agua potable: 107; energía eléctrica: 61; Buenos Aires: agua potable: 125; telefonías: 117; energía eléctrica: 215; Entre Ríos: agua potable:32; telefonías: 5; energía eléctrica: 18; Mendoza: agua potable: 9; energía eléctrica: 9; Río Negro: agua potable: 8; telefonías: 12; energía eléctrica: 2; Chaco: agua potable: 7; telefonías: 5; energía eléctrica: 15;  La Pampa: agua potable:25; telefonías: 11; energía eléctrica:29; Chubut: agua potable: 14; telefonías: 7; energía eléctrica: 30;  Misiones: agua potable: 37; telefonías: 5; energía eléctrica: 8; etc. etc..

Igualmente, es destacable y plausible  la transparencia de la Industria Cooperativa Argentina de bienes y servicios. En efecto, en las cooperativas se conocen quienes son sus administradores y asociados –cuotas nominativas-, dónde viven, cuál es su capital y cuál su patrimonio,  haciendo previsible y más segura cualquier vinculación con las mismas que, por otra parte, están sujetas a controles públicos periódicos (Arts. 99, 100 y cc. de la Ley de Cooperativas Nº 20.337). 

Toda esta actividad cooperativa, está impulsada y supone aquellos capitales estratégicos nacionales a que hacíamos mención, pero también supone riesgo que las cooperativas vienen asumiendo con éxito, secularmente.

Si a esto añadimos el interés cooperativo por la comunidad, dato no menor, a la hora de evaluar, promover y difundir la cooperación en general y la industria cooperativa en particular, apreciaremos sin esfuerzo, una de las manifestaciones más genuinas de la función social del capital. 

Con  espíritu alberdiano, nuestra Carta Magna, en sus artículos 4, 14, 75 inc. 18 y cc., promueve explícitamente la industria nacional y la industria cooperativa es  industria nacional.

Queda claro entonces, la necesidad de favorecer y facilitar a nuestras autenticas cooperativas, un simplificado acceso al crédito,  para medianas y grandes inversiones, la dotación de una infraestructura adecuada a los nuevos requerimientos regionales y supraregionales, la simplificación administrativa y una consideración fiscal acorde a sus características y finalidades. 

Y, en esa perspectiva-prospectiva, el Banco de la Nación debe ser el `gran fiduciario argentino´ para recuperar la inversión, la producción, el trabajo y el consumo a favor del mayor número posible de argentinos fideicomisarios, comprometidos definitivamente con el trabajo y la producción. 

A modo conclusivo, estos “Activos Argentinos”, no obstante lo dicho, no han merecido todavía la manifestación de alto interés nacional y provincial que representan por  la significativa membresía adquirida. 

Quizás la nueva Ley 25.782 de Cajas de Crédito Cooperativo -que acaba de reglamentarse-, pueda aglutinar, fecundar y proyectar a estos activos cooperativos, no debiendo descartarse la implementación de sociedades de garantía reciprocas con una ‘mirada’ decidida y profunda, en apoyo y promoción de nuestras economías e industrias cooperativas, tanto hacia el mercado interno como al externo, atesorando también,  toda posibilidad de alianzas estratégicas y complementarias en el ámbito regional y supraregional, sin descartar claro está,  los warrants, la emisión de obligaciones negociables, el leasing, las inversiones bursátiles, etc.. 

Cuando nos preguntamos porqué la cooperación argentina, no obstante su trayectoria  y sus frutos duraderos, carece de instrumentos que proponemos y soporta gabelas y diferentes maneras de resistencia, quizás, debamos admitir que una de las posibles razones, no explícitas, que puedan explicar y predecir la postergada falta de cristalización de merecimientos legítimos, puede ser la percepción sociopolítica y económica de cooperativas no auténticas, en las cuales, por falta de educación, participación y control público, un grupo de pícaros les manipulan caprichosamente, anteponiendo el propio interés al de los asociados, monopolizando de cierta forma, el bienestar,  lo que claro está, resulta no-solo inadmisible sino, duramente reprochable. 

Finalmente, y a pesar de esto último, ello se puede remediar si activamos y articulamos mecanismos y legislación existente (V.g.; las leyes 16.583,  20.337 (Art.99, 100 y cc.), 23.101, 23.427), si acompañamos a estas organizaciones solidarias con políticas publicas proactivas, con discriminaciones positivas, con el compre nacional y cooperativo, con legislaciones, con establecimientos educativos con orientación solidaria, con órganos de control y tribunales idóneos, competentes; pero, particularmente, con una gradual, paulatina y decidida integración solidaria regional,  desde lo local.-

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