Monografias | Cooperativas de servicios públicos

Las cooperativas argentinas han sido artífices del desarrollo urbano y rural en todo el territorio nacional, dando respuestas satisfactorias a distintas necesidades en diversos sectores de la comunidad nacional, todo ello sin intermediarios ni fines de lucro, abaratando bienes, productos y servicios, mejorando la calidad de vida de los argentinos. 

Por su parte, el cooperativismo de servicios públicos argentino cuenta con antecedentes que se remontan al año 1926 en la localidad de Punta Alta de la Provincia de Buenos Aires.

 Su origen se encuentra en la lucha por el abaratamiento  del costo y el mejoramiento de la calidad y eficiencia en los servicios privados de  electricidad, suministrada en aquella época por empresas que eran en su mayor parte de propiedad de capitales extranjeros especulativos, que incurrían en todo tipo de abusos y caprichos al detentar posiciones monopólicas. El  verse obligado a pagar la electricidad el doble de su precio standart  o más aún,  justificaba sobradamente la iniciativa cooperativa que ciertamente, prosperó. 

Esto trascendió y animó a muchos argentinos en diversos lugares, a imitar la opción cooperativa relacionada, sumando la prestación de otros servicios, singularmente donde el Estado no podía llegar y tampoco  era “negocio” para intereses privados, sustentados básicamente por la intermediación financiera. 

Este modo de gestión privada de los servicios públicos, ha encontrado en la cooperativa altos grados de eficiencia a la vez que privilegia el interés general sobre el interés individual o corporativo. 

La inmediatez, la vecindad y el conocimiento que por lo general cada cooperativa posee de cada uno de sus asociados, resulta una verdadera ventaja y toda una oportunidad, particularmente en tiempos de crisis y emergencia. 

Así pues, lo reseñado explica la pareja valorización constitucional del cooperativismo en todas las provincias argentinas.

Claro,  esta valorización no es una pura abstracción. Córdoba cuenta con cientos de Cooperativas para Servicios Públicos: agua potable y servicios sanitarios: 100; energía eléctrica: 204; telefonías: 79, etc.;  Santa Fe: telefonías:  81; agua potable: 107; energía eléctrica: 61; Buenos Aires: agua potable: 125; telefonías: 117; energía eléctrica: 215; Entre Ríos: agua potable:32; telefonías: 5; energía eléctrica: 18; Mendoza: agua potable: 9; energía eléctrica: 9; Río Negro: agua potable: 8; telefonías: 12; energía eléctrica: 2; Chaco: agua potable: 7; telefonias: 5; energía eléctrica: 15;  La Pampa: agua potable:25; telefonías: 11; energía eléctrica:29; Chubut: agua potable: 14; telefonías: 7; energía eléctrica: 30;  Misiones: agua potable: 37; telefonías: 5; energía eléctrica: 8; etc. etc..

Lo cierto es que en tanto el cooperativismo de los servicios públicos se va adecuando a la regulación (Art. 42 C.N.), simultáneamente brinda más servicios: agua potable,  energías, telefonías, gasoductos, acueductos, medios de comunicación, peajes y hasta su participación en materia de transporte, aun en materia  de ferrocarriles. 

Así las cosas, en orden a prioridades y atento denuncias de negociados (Vg.: Catamarca, Mesopotamia, Patagonia, etc) con recursos naturales nacionales, nos parece aquí, esencial, estratégico e inherente a la propia soberanía el tratamiento de los recursos hídricos. 

El servicio publico del suministro de agua potable, la recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, el alcantarillado y el saneamiento ambiental van cobrando la mayor importancia, significación y trascendencia en la  conciencia colectiva. 

Si a ello agregamos el dato sobre la sorprendente escasez del agua para el consumo humano,  no se podrá dudas que este estado de cosas, requiere de todos y cada uno, una mirada,  ideas y acciones  concurrentes, complementarias y cooperativas. 

Siempre, pero, particularmente en tiempos de crisis, la cooperativa puede hacer su aporte especifico, sin intermediarios ni fines de lucro, organizando y autogestionando la captación y tratamiento de agua cruda para su posterior distribución entre sus asociados. en condiciones de calidad y eficiencia según los organismos a cargo del poder de policía correspondiente y sin perjuicio del desempeño concurrente de las comunidades regionales más próximas. 

Asimismo, estas cooperativas  de servicios públicos deberán realizar un adecuado tratamiento de los residuos sólidos y efluentes de origen domestico, exigiendo los mismos procedimientos a los responsables de residuos sólidos y efluentes industriales para su disposición y vertido, evacuándolas a través de cuerpos receptores, en las condiciones  preestablecidas por las normas respectivas o en sistemas de tratamiento. 

El financiamiento y la capitalización de estas cooperativas sanitarias deberán resultar suficiente para adquirir maquinarias, laboratorios y materiales para la instalación y/o mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado, para la extensión y/o renovación de sus redes y las conexiones domiciliarias. 

Este aspecto financiero será imprescindible para lograr el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y de los de inversión, operación y mantenimiento. 

La gestión cooperativa deberá adoptar criterios de eficiencia de modo tal de satisfacer indicadores,  modelos y parámetros ambientales que evaluarán su desenvolvimiento. 

El Municipio por su parte, en el ámbito de su jurisdicción -o por delegación- y según la naturaleza y características de este insustituible servicio publico,  debe cooperar, asumiendo en colaboración con organizaciones de usuarios, el cuidado de una confiable prestación y la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales así como del medio ambiente. 

A modo conclusivo, estamos hablando del recurso más vital y por tanto más esencial para la especie humana. 

No resulta descabellado pensar que, no obstante la relevancia de este servicio publico de agua potable y vertido de efluentes, el mismo no ocupe el lugar que merece en la agenda de algunos gobiernos. 

Esto mismo explica y predice que sea para nada improbable, la pugna creciente por la disposición de este verdadero “oro blanco”, todo lo que puede desembocar en batallas y guerras de diversa manifestación.

Quizás ya se están librando algunas en el mayor de los sigilos y con toda la astucia en el espacio sudamericano, con las extraordinarias ventas de tierras a capitales foráneos, carentes de estos servicios vitales o casi ya sin prospectiva sobre los mismos en sus países de origen. 

Finalmente, no es casual  que uno de los objetivos centrales de las misiones al planeta Marte sea la exploración en busca de agua. 

Urge entonces racionalizar y defender la utilización de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural, la diversidad biológica así como impulsar una clara y concreta información, educación y difusión ambientales (Art. 41 C.N.). 

El eminente dominio estatal sobre estos recursos es inherente a la propia soberanía y consecuentemente responsable de la vida y  la salud de las personas tanto como la suerte de las generaciones por venir.

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