Monografias | Derecho Empresarial

[1] Juez Mixto Titular de Moyabamba. Ex Registrador Público Titular de la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari, en las Sedes Registrales de Ica, Pisco, Huanta, Huancavelica y Nasca. Ex Jefe Titular de la Oficina Registral de Huancavelica, Ex Presidente de la Comisión de Transferencia del Registro de Propiedad Vehicular de la Sub Dirección Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construcción al Sistema Nacional de los Registros Públicos. Ex Miembro de la Comisión Especial de Transferencia del Registro de Vehículos Menores de la Dirección Regional de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construcción a la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari. Ex Representante del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia en los procesos en los que era parte la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari en el distrito judicial de Huancavelica. Ex Apoderado de la Oficina Registral Regional Los Libertadores Wari. Estudios de Post grado en Derecho Administrativo, Laboral, Contratos Modernos, Despacho Judicial, Derecho Procesal Civil, Diplomado en Función Jurisdiccional, Negociación, Arbitraje, Pedagogía Universitaria, Conciliación. Estudios de especialización en el Perú y en el extranjero. Expositor en importantes eventos académicos en el Perú y en el extranjero. Autor de abundantes artículos jurídicos publicados en el Perú y en el extranjero y de los siguientes libros: Derecho Empresarial (agotado), Garantías (agotado), Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos (agotado), La Enseñanza del Derecho (agotado), Introducción al Derecho y Latín Jurídico (agotado), Tratado de Derecho Empresarial (por publicar), Tratado de Derecho Registral (en prensa), Personas Jurídicas (por publicar), Derecho Procesal Civil (por publicar), Diccionario de Derecho Registral y Notarial (por publicar) y Calificación Registral de Documentos Judiciales (por publicar). Segundo Puesto como expositor en el Taller de Investigación Jurídica organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la categoría maestristas. Un semestre en la Maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha estudiado en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Estudios de contabilidad, administración, economía, marketing y reingeniería. fhernandotorres@hotmail.com

[2] De este libro el autor viene preparando la segunda edición, que es una versión mucho mas extensa y completa, en la cual se desarrolla en varios capítulos el derecho empresarial, tales como: la introducción al derecho, las clases de interpretación, la teoría general del derecho empresarial, los temas del derecho empresarial, 28 ramas del derecho empresarial, medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho empresarial, personas jurídicas, empresa y grandes empresas, desafectación en el derecho empresarial, para litigar en representación de empresa es necesario acreditar otorgamiento válido de facultades, derecho económico, la enseñanza del derecho empresarial, otras áreas y nuevas tendencias del derecho empresarial, seguros, antecedentes y naturaleza jurídica de la letra de cambio, análisis económico del derecho y corretaje inmobiliario, entre otros.

([3]) El presente trabajo tiene por objeto el estudio del derecho empresarial dentro del derecho peruano, en el cual podemos apreciar el desarrollo del derecho empresarial, de manera desigual en sus diferentes ramas, por ejemplo el derecho bursátil no ha desarrollado demasiado, ya que ha desarrollado casi sólo como legislación. En tal sentido no hemos tenido a la vista libros que traten sólo sobre el derecho bursátil. Dentro de las ramas que abarca el derecho empresarial parece ser que la rama del derecho mas importante es el derecho societario.

([4]) El Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española define la Empresa de la siguiente manera: Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios generalmente con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. Guillermo Cabanellas define la empresa como organización de persabal, capital y trabajo, con una finalidad lucrativa, ya sea de carácter privado, en que persigue la obtención deilucro para los socios o los accionistas; o de carácter público, en que se propone realizar un servicio público o cumplir otra finalidad beneficiosa para el interés general. Boucraut define la empresa como un organismo o agrupación organizada, jerarquizada de hombres ligados entre sí, por diversos vínculos, como el salario o el contrato de sociedad, que laboran en la realización de un fin determinado, ese grupo posee casi siempre duración independiente de sus integrantes, por contar con pesonalidad diferente de los individuos que lo componen. Respecto de esta definición de empresa es necesario dejar constancia que para la existencia de empresa no resulta indispensable la existencia de una persona jurídica, en tal sentido podemos hablar de empresa cuando existe una sociedad irregular que no se encuentra inscrita en registros públicos, lo mismo ocurre cuando se trata de una Empresa Individual de Responsabilidad no inscrita en Registros Públicos. Guillermo Cabanellas define la empresa mercantil como una organización lucrativa de personal (empresario o dirección, socios industriales o trabajadores), capital (dinero, propiedades, máquinas y herramientas, mobiliario, etc.) y trabajo (actividad organizadora, directiva, investigadora, publicitaria, técnica y de ejecución material), con unidad de nombre, permanencia en actividad y finalidad definida. Daniel Echaiz Moreno define la empresa como un producto natural de las transformaciones que el mundo experimenta, impulsada por el deseo de satisfacer la emergente contratación masiva, que es resultado consecuente del maquinismo industrial. Para el mismo autor la empresa es la agrupación dinámica de elementos diversos, organizados económicamente dentro de un marco jurídico para la producción o comercialización de bienes o para la prestación de servicios. 

([5]) Para algunos autores el derecho empresarial es lo mismo que el derecho corporativo mientras que para otros autores son dos áreas de derecho con un campo de estudio similar. En el presente trabajo dejamos constancia que para nosotros el derecho corporativo al parecer deja de lado las pequeñas, medianas y micro empresas para regular sólo la actividad de las grandes corporaciones empresariales, es decir, el derecho empresarial no es lo mismo que el derecho corporativo. En lo que se refiere a las sociedades anónimas el derecho corporativo sólo parece que se ocupa de las sociedades anónimas abiertas, sin embargo, el derecho corporativo se ocupa de todas las formas de sociedad anónima y de todos los tipos societarios.

     Para algunos autores el derecho corporativo es lo mismo que el derecho societario con lo cual no estamos de acuerdo, por que el derecho societario forma parte del derecho corporativo y del derecho empresarial.

Es necesario dejar constancia que no hemos tenido a la vista definiciones de derecho corporativo, lo que dejamos constancia para una mejor comprensión del tema, no obstante que las fuentes de información consultadas fueron fuentes de información nacionales y fuentes de información extrajeras. En tal sentido resulta complejo el estudio del derecho corporativo.

     Para nosotros el derecho corporativo es el área del derecho que regula la actividad de las grandes corporaciones. Dentro del derecho positivo podemos afirmar que el derecho corporativo es el conjunto de normas que regula la actividad de las grandes corporaciones. En el derecho peruano se conoce a las grandes corporaciones como grandes empresas. Desde un enfoque tributario todas las grandes corporaciones están obligadas a llevar contabilidad completa. En el Estado Peruano dentro del Régimen General del Impuesto a la Renta todas las personas jurídicas y personas naturales están obligadas a llevar contabilidad completa.

     Es decir, el derecho corporativo forma parte del derecho empresarial. Es decir, es perfectamente posible el estudio de parte del derecho empresarial, sin referirnos al estudio de cada una de las ramas del derecho que conforman el derecho empresarial. El derecho corporativo no se encuentra desarrollado en nuestro medio. No se han tenido a la vista fuentes de información sobre el derecho corporativo no obstante que las fuentes de información consultadas fueron fuentes de información nacionales y fuentes de información extranjeras. En otros Estados se estudia el derecho corporativo a nivel de maestrías.

     En el derecho peruano poco se trata sobre el derecho corporativo y poco se escucha hablar del mismo.

En  el Estado Peruano no se organizan maestrías sobre el derecho corporativo. A diferencia de otros Estados donde si se organizan maestrías en derecho corporativo.

([6]) Carlos Torres y Torres Lara considera cuatro etapas de la empresa que son las siguientes:

Primera etapa

El concepto de empresa puede confundirse con una simple actitud, la de un hombre o varios compañeros que, constituyendo una compañía, emprenden una actividad lucrativa. La empresa son ellos mismos. 

Segunda etapa

Con el propósito de maximizar sus ganancias, los socios constituyen compañías en las que captando grandes recursos económicos logran adquirir bienes de producción y se ven obligados a contratar asalariados que manejan la maquinaria. Aquí la empresa comienza a ser algo mas, algo diferente a los compañeros o socios; hay un conjunto de bienes puestos en movimiento por un grupo de hombres; unos son propietarios y otros son asalariados.

Tercera etapa

Mas adelante se agregan dos elementos fundamentales: por un lado, la tecnocracia como grupo o clase social con sus intereses propios; y, por otro, gigantescos activos, cuya propiedad está muy lejos de estar identificada con algún antiguo socio. La empresa aquí ya no es un simple conjunto de bienes puestos en actividad; ahora ella como tal es un todo, es un solo gran bien constituido ciertamente por otros bienes, pero que puede ser identificada globalmente.

Cuarta etapa

Estas empresas que ya son gigantes económicos se convierten a su vez en gigantes sociales; llegan a superar algunas veces 100 mil ó 200 mil trabajadores; es decir, la población de algunas ciudades. Sus relaciones directas o indirectas tienen que ver con millones de seres humanos. Se convierten así en centros de poder no solo nacional, sino además internacional; las empresas internacionales versus los Estados-Nación.

([7]) Para Ripert el derecho de la empresa es todavía en el momento presente un derecho fragmentario (por fragmentario podemos comprender incompleto o no acabado). Debería ser establecido de manera coherente, por que solamente con la creación de este derecho podría realizarse una transformación de la economía (Tratado Elemental de Derecho Comercial. Tomo I). 

([8]) Para nosotros el derecho empresarial no puede ser considerado como una rama del derecho sino como un área del derecho que abarca varias ramas del derecho, al igual que otras áreas del derecho como el tema de las garantías que abarca varias ramas del derecho. El término área del derecho no es muy utilizado por parte de los tratadistas, sin embargo, para nosotros es claro que el derecho empresarial no puede ser considerado como una rama del derecho.

([9]) Es decir, son pocos los autores que escriben sobre todo el derecho empresarial, no obstante que las fuentes de información consultadas son fuentes de información nacionales y fuentes de información extranjeras. Incluso dentro del derecho empresarial peruano no existen libros que agrupen toda o gran parte de la legislación empresarial. Es decir, las fuentes de información sobre todo el derecho empresarial son escasas en nuestro medio. La mayor parte de fuentes de información sobre el derecho empresarial desarrollan partes del derecho empresarial. Es decir, desarrollan las siguientes ramas del derecho o partes de las siguientes ramas del derecho: el derecho societario, el derecho cartular o derecho cambiario, el derecho laboral, el derecho tributario, entre otras ramas del derecho.

([10]) El artículo 1 de la Ley General de Sociedades establece que quienes constituyen la sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de actividades económicas.

([11]) Al derecho societario también se le conoce como derecho de sociedades.

([12]) Las distintas ramas del derecho que forman parte del derecho empresarial gozan de autonomía.

([13]) No existe consenso por parte de los tratadistas respecto de que ramas del derecho forman parte del derecho empresarial. Sin embargo, existe cierto consenso que forman parte del derecho empresarial: el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho tributario, el derecho bancario, entre otras ramas del derecho. Para algunos autores el derecho ambiental forma parte del derecho empresarial. Al estudiar el derecho empresarial es frecuente estudiar el derecho civil, en lo que se refiere al derecho civil patrimonial. Dejando constancia que el derecho civil se divide en derecho civil patrimonial y derecho civil no patrimonial. En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española se define al derecho civil como el que regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí. Juan Ramirez Gronda define al derecho civil como la parte fundamental del derecho privado que comprende las normas relativas al estado y a la capacidad de las personas, a la familia, al patrimonio, a las obligaciones y contratos y a la transmisión de los bienes. Al derecho civil también se le denomina como derecho común. El Código Civil Peruano de 1984 fue aprobado por Decreto Legislativo 295 de 1984.

([14]) Para Dino Jarach el derecho tributario es el conjunto de normas que disciplinan la relación cuyo objeto es el tributo y las relaciones jurídicas accesorias, que poseen además de una autonomía objetiva, una autonomía estructural.

     Para Sergio de la Garza  el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas  que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es a los impuestos, derechos y contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas principales y accesorias que se establecen entre la administración y los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a las sanciones establecidas por su violación.

     Para Narciso Amorós el derecho tributario es la rama del derecho público que fija y justifica los principios generales y jurídicos que existen y deben existir en las relaciones tributarias, haciendo posible su presencia y desarrollo posterior en los diversos tributos que integran los sistemas fiscales de cada país.

     Para Antonio Berliri el derecho tributario es la rama del derecho que expone los principios y las normas relativas al establecimiento  y a la aplicación de los impuestos y de las tasas, así como la creación y la observacia de algunos límites negativos a la libertad de los particulares conexos con un impuesto, con una tasa o con un monopolio establecido por el Estado con fin de lucro.

     Para Hector Villegas el derecho tributario, en sentido lato, es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en sus distintos aspectos.

     Para Manuel Belaunde Guinassi el derecho tributario  es una rama autónoma del derecho público que norma la relación jurídico-tributaria como una rama autónoma del derecho público, vínculo entre el Estado como sujeto activo y los particulares y los particulares como contribuyentes, sujetos pasivos, en sus manifestaciones activas y pasivas, consecuencia de aplicación de los tributos.

     Para Giannini el derecho tributario es aquella rama del derecho administrativo que expone las normas y los principios relativos a la imposición y a la recaudación de los tributos y que analiza las consiguientes relaciones jurídicas entre los entes públicos y los ciudadanos; el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones: como actividad del Estado, en las relaciones de éste con los particulares y las que se suscitan entre estos últimos.

     Para Manuel de Juano el derecho tributario es aquella parte del derecho financiero que tiene por objeto todo lo concerniente a las normas que disciplinan la relación jurídica  principal y las accesorias provenientes de los tributos, vale decir, de este tipo  de recursos derivados, entre los que se ofrece al Estado para lograr los medios pecuniarios necesarios para el desarrollo de sus actividades.

     Para Pedro Flores Polo el derecho tributario es la rama del derecho financiero con autonomía científica que tiene por objeto central el estudio de las normas que regulan la potestad o poder que tiene el Estado para crear y percibir tributos.

     Para Ruben Sanabria Ortiz el derecho tributario es una rama autónoma del derecho financiero que establece y fundamenta los principios que sustentan el sistema normativo tributario; entendiéndolo como el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, jurisprudencia, doctrina, principios y costumbres relacionadas a la existencia del tributo y la relación-obligacional de carácter jurídica que genera este instituto económico-jurídico.

     Para Guillermo Cabanellas el derecho tributario es la rama del derecho financiero, que regula las relaciones entre el erario público y los contribuyentes, a través de los impuestos de toda índole, las personas y bienes gravados, las exenciones especiales, las formas y plazos de pago, las multas u otras penas, o los simples recargos que corresponde aplicar por infringir preceptos legales.

     Es decir, los tratadistas no se ponen de acuerdo si el derecho tributario es una rama del derecho autónoma o no. Para nosotros el derecho tributario es una rama autónoma del derecho público.

     En el II Congreso Nacional de Tributación: Impuesto a la Renta en la Reforma Tributaria-Análisis y Propuestas, llevado a cabo el 03 y 04 de octubre del presente año 2003, en la ciudad de Trujillo, se arribó entre otras a las siguientes conclusiones: Que si bien es cierto se han desplegado esfuerzos para la sistematización tributaria, aún no se han logrado los objetivos de racionalidad, distribución justa y equitativa de la carga fiscal.

     Otra conclusión fue que actualmente el sistema tributario es meramente un conjunto de leyes tributarias, reglamentos y resoluciones administrativas que no se integran ni guardan armonía entre ellas. Algunas leyes contienen gravámenes antitécnicos como el anticipo adicional del Impuesto a la Renta  o la vigencia del Impuesto Extraordinario de Solidaridad, así como disposiciones que privilegian la forma para el reconocimiento del crédito fiscal.

     Otra conclusión fue que los principios constitucionales en materia tributaria aún no constituyen garantías de los derechos de los contribuyentes.

     Otra conclusión fue que la presión Tributaria se encuentra disminuida por la existencia del sector de informalidad y por que los principales impuestos están perforados por defectos de técnica legislativa y por numerosas exoneraciones.

     Otra conclusión fue que resulta necesario mejorar la redacción  del artículo 19 de la Constitución Política del Perú, para precisar con propiedad la inmunidad tributaria de las instituciones educativas.

     Otra conclusión fue que el concepto tributario de renta no se encuentra precisado en la legislación peruana; en todo caso la imposición a las personas naturales recoge la Teoría de la Fuente y la Imposición a las personas jurídicas y otras empresas recoge la Teoría del Flujo de riqueza y la Teoría del Balance.

     Otra conclusión fue que la legislación vigente presenta dos impuestos a la renta regulados en un mismo texto legal, pese a que los conceptos de renta personal y renta empresarial son independientes y con reglas diferentes. Lo ideal sería separar ambos impuestos en el mismo texto, a fin de mejorar y facilitar su aplicación.

     Otra conclusión fue que la imposición a la renta de las personas naturales se ha convertido en un impuesto a la renta presunta por las deducciones de oficio; en tal sentido, la próxima reforma tributaria debe perseguir el gravamen a las rentas netas reales.

     Otra conclusión fue que existe inseguridad respecto al gravamen a los dividendos u otras formas de distribución de utilidades; por lo menos en los últimos tres años, las normas se modificaron sustancialmente. 

([15]) Es necesario precisar que el derecho comercial no existió en el derecho romano, por lo cual podemos afirmar que el derecho comercial no tiene antecedentes muy remotos. Otras ramas del derecho si existieron en Roma como el derecho civil el cual tiene antecedentes mas remotos que el derecho comercial y que el derecho empresarial.

     El derecho comercial puede ser considerado como el principal antecedente del derecho empresarial.

     El artículo 1 del Código de Comercio Peruano de 1902 establece que son comerciantes para los efectos de dicho Código: a) Los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio se dedican a él habitualmente, y b) Las compañías mercantiles e industriales que se constituyen con arreglo al Código de Comercio. En cuanto al segundo numeral del artículo en mención es necesario dejar constancia que se hace referencia a las compañías mercantiles e industriales que se constituyan con al arreglo al Código de Comercio, por lo cual es necesario precisar que cuando se aprobó el Código de Comercio Peruano de 1902 éste regía también a las sociedades, materia que en la actualidad es regida por la Ley General de Sociedades. Es decir, el texto original del Código de Comercio Peruano de 1902 también regía a las sociedades.

([16])Garrigues define los títulos valores como documentos sobre un derecho privado cuyo ejercicio está condicionado jurídicamente a la posesión del documento. 

([17]) El derecho concursal  forma parte del derecho comercial pero no forma parte del derecho privado sino forma parte del derecho público.

([18]) El derecho bursátil es la rama del derecho privado que estudia el mercado de capitales y la bolsa de valores, adquiriendo también importancia el estudio de la Conasev. Dentro del derecho positivo el derecho bursátil es el conjunto de normas jurídicas que regulan el mercado de capitales, la bolsa de valores y la Conasev. Para Ricardo Postigo Bazán el desarrollo del mercado de capitales es por demás importante para la economía y crecimiento de un país toda vez que constituye un medio por el que la actividad empresarial busca captar recursos de los inversionistas - emitiendo deuda o capital – ofreciendo a cambio un determinado grado de rentabilidad por su inversión. En el mercado de valores es donde se puede apreciar con mayor claridad la separación de la administración de la sociedad anónima con relación a los propietarios de la misma. Dejando constancia que sólo las acciones de las sociedades anónimas pueden ser cotizadas en rueda de bolsa, en tal sentido no pueden ser cotizadas en bolsa las participaciones de las sociedades comerciales de responsabilidad limitada. La bolsa de valores permite la concentración de grandes capitales en los cuales se separa la administración de la sociedad anónima con respecto de los propietarios de la misma. A estas sociedades algunos tratadistas y algunos economistas  denominan seres inmortales. Las acciones no son todas de la misma clase, en tal sentido existen diferentes clases de acciones las cuales generalmente tienen un diferente valor. Dejando constancia que el valor de las acciones varía de acuerdo al criterio que se tome en cuenta para valorar a la acción, por ejemplo un criterio para valorar a la acción es el precio de bolsa, es decir, el precio de la rueda de bolsa, el precio en el cual se compra y se vende la acción en un determinado día. Es decir, una misma acción puede tener varios valores de acuerdo a los diferentes criterios que se tomen para valorar la acción. Quien compra una acción en rueda de bolsa no sólo busca adquirir dinero vía reparto de utilidades, sino también busca que la acción o acciones adquiridas se valoricen, es decir, que aumenten de valor. En el mercado de valores también es de vital importancia la oferta y la demanda para fijar el valor de las acciones. Quien adquiere acciones en la bolsa de valores generalmente no persigue obtener el control de la empresa, sino que generalmente acuden a la bolsa de valores los accionistas denominados rentistas que lo que persiguen es tener una utilidad, es decir, lo que persiguen son las utilidades y las valorizaciones que puedan tener las acciones adquiridas. Es decir, quien adquiere acciones en bolsa de valores generalmente no busca tener el control de la empresa, en tal sentido, quien adquiere acciones en bolsa de valores generalmente no persigue administrar la sociedad anónima, cuyas acciones corren inscritas en la bolsa de valores. Sin embargo, es necesario dejar constancia que no es lo mismo adquirir las acciones de una sociedad anónima que adquirir la empresa, tema al cual denominamos como compra venta de empresas, ya que la compra venta de empresas implica adquirir las patentes, las marcas y los nombres comerciales, es decir, en el mismo sentido no es lo mismo adquirir los bienes de la empresa que adquirir la empresa. Es decir, una persona puede adquirir todos los bienes de la empresa, pero esto no implica la adquisición de la empresa. A la compra venta de empresas nos referimos con mayor detalle en las páginas siguientes del presente trabajo de investigación. Sin embargo, por ahora podemos afirmar que la compra venta de empresas no se encuentra regulada en el derecho positivo peruano, sino tan sólo en el derecho tributario. Las acciones en bolsa se clasifican en acciones de inversión y acciones de capital. Las acciones de inversión también se conocen como acciones laborales y las acciones de capital también se conocen como acciones comunes. Las acciones comunes de algunas sociedades anónimas se clasifican en acciones de tipo A y acciones de tipo B. Las acciones comunes de tipo A dan el derecho de voto y las acciones comunes de tipo B no dan derecho al voto pero tienen el beneficio de pago adicional en las utilidades. Por ejemplo tienen sus acciones divididas en aciones de tipo A y acciones de tipo B las empresas Backus, Volcan y Milpo. En el derecho bursátil es de especial importancia el estudio del Registro Público de Mercado de Valores. El D.S. 093-2002-EF publicado el 15 de junio del 2002 aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley del Mercado de Valores. El artículo13 de dicha norma establece que el Registro Público del Mercado de Valores es aquel en el cual se inscriben los valores, los programas de emisión de valores, los fondos mutuos, fondos de inversión y los participantes del mercado de valores que señalan la misma ley y los respectivos reglamentos con la finalidad de poner a disposición del público la información necesaria para la toma de decisiones de los inversionistas y lograr la transparencia en el mercado. Las personas jurídicas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y el emisor de valores inscritos están obligados a presentar la información que dicha ley y otras disposiciones de carácter general establezcan, siendo responsables por la veracidad de dicha información.  La CONASEV lleva el Registro y determina su organización y funcionamiento sobre la base de los principios de libre acceso a la información y de simplificación administrativa. El artículo 15 de la misma norma establece que el Registro Público del Mercado de Valores consta de las siguientes secciones, sin perjuicio de las adicionales que establezca CONASEV, de acuerdo a los requerimientos de mercado:

a)       De valores mobiliarios y programas de emisión.

b)       De agentes de intermediación en el mercado de valores.

c)       De fondos mutuos.

d)       De fondos de inversión.

e)       De sociedades de propósito especial.

f)         De sociedades administradoras de fondos de inversión.

g)       De sociedades administradoras de fondos mutuos.

h)       De sociedades titulizadoras.

i)         De empresas clasificadoras de riesgo.

j)         De sociedades anónimas abiertas.

k)       De instituciones de compensación y liquidación de valores.

l)         De las bolsas y otras entidades responsables de la conducción de mecanismos centralizados de negociación.

m)     De árbitros.

El artículo 117 de la misma ley establece que rueda de bolsa es el mecanismo centralizado en el que las sociedades agentes de bolsa, de conformidad con lo establecido en los respectivos reglamentos internos de la bolsa, realizan transacciones con valores inscritos en el Registro, cuando corresponda e instrumentos derivados que CONASEV previamente autorice. El artículo 130 de la misma ley establece que las bolsas de valores son personas jurídicas de especiales características  que pueden adoptar la estructutrar legal de las asociaciones civiles  o de las sociedades anónimas. Tienen por finalidad facilitar la negociación  de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente  de valores de oferta pública, instrumentos derivados de instrumentos que no sean objeto de emisión masiva que se negocien en mecanismos centralizados de negociación distintos a la rueda de bolsa que operen bajo la conducción de la bolsa. El artículo 185 de la misma ley  establece que sociedad agente de bolsa es la sociedad anónima  que debidamente autorizada, se dedica fundamentalmente a realizar la intermediación de valores en uno o más mecanismos centralizados que operen en las bolsas.

([19])El Tratado de Derecho Mercantil editado por la Editorial Gaceta Jurídica tiene programado contar con siete tomos que son los siguientes: Derecho Societario, Títulos Valores, Contratos Mercantiles y Bancarios, Derecho Concursal, Derecho del Mercado Financiero y del Mercado de Valores (Banca, Seguros, Bolsa), Derechos Intelectuales (Propiedad Industrial, Derechos de Autor) y Derecho de Consumidor y Libre Competencia.

([20]) Para Ruben Sanabria Ortiz el derecho tributario se divide de la siguiente manera: derecho tributario general, derecho tributario especial, derecho procesal tributario, derecho constitucional tributario, derecho internacional tributario y derecho penal tributario. Dentro del derecho empresarial el derecho tributario tienen como fin tributar pero de manera que sea posible pagar menos tributos. Es decir, lo que importa es tributar pero de la mejor manera posible. Para tal fin se recurre a las escisiones principalmente, por ejemplo muchas empresas se encuentran divididas en partes sobre todo la parte de los transportes para lograr con esto un menor pago de impuestos, en lo que se refiere al impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. La norma I del Título Preliminar establece que el Código Tributario establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico tributario. Al derecho tributario se le conoce también como derecho impositivo y derecho fiscal.

([21]) Dentro del derecho laboral es de especial importancia el contrato de trabajo. Los contratos laborales sujetos a modalidad que adquieren especial importancia son los siguientes: Contratos de naturaleza temporal que son tres y son los siguientes: Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, Contrato por necesidades de mercado, Contrato por reconversión empresarial; Contratos de naturaleza accidental que son tres y son los siguientes: Contrato ocasional, Contrato de suplencia, y Contrato de emergencia; Contratos de obra o de servicio que son tres y son los siguientes: Contrato específico, Contrato intermitente y Contrato de Temporada. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad podrán celebrarse cuando así lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitente de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes. El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado  entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. El contrato por necesidades de mercado es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados  por variaciones sustanciales en la demanda en el mercado aún cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Su duración es de seis meses al año. En los contratos temporales por necesidades de mercado deberá constar la causa objetiva que justifique la contratación temporal. Dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal o imprevisible de ritmo normal de la actividad productiva, con exclusión de las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional. Es contrato temporal por reconversión empresarial el celebrado en virtud a la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Su duración máxima es de dos años. El contrato accidental ocasional es aquel celebrado entre un empleador para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Su duración máxima es de seis meses al año. El contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de las disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. En tal caso el empleador deberá reservar el puesto a su titular, quien conserva su derecho de readmisión a la empresa, operando con su reincorporación oportuna la extinción del contrato de suplencia. En esta modalidad de trabajo se encuentran comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular por razones de orden administrativo deben desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. El contrato accidental de emergencia es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. Su duración coincidirá con la duración de la emergencia no pudiendo exceder de un año. Los contratos para obra determinada o servicio específico son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido  y de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. Este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación  de la obra o servicio objeto de la contratación. Los contratos de servicio intermitente son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, para cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá derecho preferencial  en la contratación pudiendo consignarse en el contrato primigenio tal derecho, el que operará  en forma automática, sin necesidad de requerirse de nueva celebración de contrato o renovación. El contrato de temporada es aquel celebrado entre un empresario y un trabajador con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento, que se cumplen sólo en determinadas épocas del año y que está sujeta a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función a la naturaleza de la actividad productiva. El derecho de trabajo se divide en sector privado y sector público, adquiriendo para el derecho empresarial especial importancia el derecho laboral para el sector privado. El derecho de trabajo del sector privado se divide en derecho individual y en derecho colectivo de trabajo. Para el derecho colectivo de trabajo son de especial importancia la negociación colectiva, el pacto colectivo, los sindicatos y la huelga, temas que se encuentran regulado s por el D.Ley 25993 de 26 de junio de 1992. Las organizaciones sindicales se organizan en sindicatos, federaciones y confederaciones. Jorge Rendón Vásquez considera como partes del derecho del trabajo el derecho individual de trabajo, el derecho colectivo de trabajo y el derecho procesal de trabajo. El mismo autor define al derecho del trabajo como una rama del derecho en general integrada por las normas rectoras del trabajo, prestado por una remuneración o un ingreso económico. Guillermo Cabanellas define al derecho laboral de la siguiente manera: esta nueva rama de las ciencias jurídicas abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o manuales), en sus aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de los elementos básicos de la economía; donde el Estado, como poder neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción. Gallart define al derecho de trabajo como el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patronos y obreros o empleados y además, otros aspectos de la vida de estos últimos; pero, precisamente, en razón de su condición de trabajadores. Juan Ramirez Gronda define al contrato de trabajo de cómo aquel en virtud del cual una persona pone su actividad profesional a disposición de otra para trabajar bajo dirección de esta mediante una remuneración. La Editorial Normas Legales en su libro Laboral Régimen Privado define el contrato de trabajo como aquél por el cual una persona natural denominada trabajador, se obliga libremente a ejecutar una obra o a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica llamada empleador, bajo su dirección o dependencia, mediante el pago de la remuneración periódica, haciendo referencia que existen tres elementos del contrato de trabajo que son los siguientes: a) prestación personal de los servicios, b) pago de una remuneración y c) Vínculo de subordinación jurídica. Guillermo Cabanellas define al contrato de trabajo como aquél que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes – el patrono, empresario o empleador – da remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra, denominada el trabajador. Del derecho laboral ha surgido el derecho de la seguridad social que forma parte del derecho público.

([22]) En el derecho positivo laboral peruano no existe ni ha existido Código de Trabajo, por lo cual es necesario precisar que en otros Estados ha existido Código de Trabajo.

([23]) El derecho societario es la parte del derecho privado que regula las sociedades. El derecho societario abarca las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. La primera ley de sociedades peruana se denominó ley de sociedades mercantiles y reguló sólo las sociedades mercantiles, ya que las sociedades civiles eran reguladas por el Código Civil Peruano de 1936, el cual fue abrogado por el Código Civil Peruano de 1984.

([24]) El derecho cambiario o derecho cartular es la parte del derecho privado que regula los títulos valores. La ley de títulos valores vigente se caracteriza por regular todos los títulos valores, lo que no ocurría con la primera ley de títulos valores, que sólo regulaba algunos títulos valores. La Nueva Ley de Títulos Valores se encuentra contenida en la Ley 27287.

     La Nueva Ley de Títulos Valores Peruana regula los siguientes títulos valores:

a)       La letra de cambio.

b)       El pagaré.

c)       La factura conformada.

d)       El cheque.

e)       Los certificados bancarios de moneda extranjera y moneda nacional.

f)         El certificado de depósito.

g)       El Warrant.

h)       El título de crédito hipotecario negociable.

i)         El conocimiento de embarque.

j)         La carta de porte.

k)       Los valores mobiliarios.

Para la División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica los principios cambiarios son los siguientes:

a)       Principio de Incorporación.- por el cual los derechos patrimoniales que representa el título valor se encuentran fusionados con éste.

b)       Principio de Literalidad.- por el cual los derechos y obligaciones se limitan al contenido expreso del título valor.

c)       Principio de Formalidad.- por el cual los títulos valores deben reunir los requisitos exigidos por ley para poder ser considerados títulos valores.

d)       Principio de Circulación.- por el cual los títulos valores están destinados a la circulación, la cual se realiza a través del endoso, la cesión de derechos y la simple entrega.

e)       Principio de Autonomía.- por el cual los derechos que tiene una persona que interviene en un título valor son distintos a los derechos de las otras personas que intervienen la relación cambiaria.

Los títulos valores se clasifican en títulos valores al portador, títulos valores a la orden y títulos valores nominativos. Los títulos valores al portador se transfieren mediante su simple entrega, los títulos valores a la orden se transfieren mediante el endoso y los títulos valores nominativos se transfieren por la cesión de derechos. El endoso es de las siguientes clases: endoso en propiedad, endoso en fideicomiso, endoso en procuración y endoso en garantía. El endoso se realiza en el mismo título valor, a diferencia de la cesión de derechos que es un contrato que se realiza generalmente en otro documento, como ocurre por ejemplo en el caso de las acciones de las sociedades anónimas, sin perjuicio de la inscripción de la transferencia de las acciones en el Registro Privado denominado por la Ley General de Sociedades como Matrícula de Acciones. Es decir, la cesión de derechos debe constar en el mismo título valor o en otro documento salvo que el mismo título o un mandato legal establezca otra cosa.

([25]) El derecho concursal es la rama del derecho público que regula la insolvencia, la concurrencia de acreedores y la quiebra.

([26]) El derecho y el derecho positivo se dividen en tres grandes ramas que son las siguientes: derecho público, derecho privado y derecho social, y a su vez cada una de estas tres ramas se dividen en ramas, a las cuales se denomina ramas del derecho. Es frecuente afirmar que el derecho empresarial se ubica dentro del derecho privado, por lo cual es necesario precisar que esto no es así conforme se detalla a lo largo del presente trabajo en el cual se sostiene que el derecho empresarial se ubica dentro de las tres grandes ramas del derecho que son el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Es decir, el derecho empresarial no se ubica sólo en el derecho privado.

([27]) El derecho positivo lo conforman las normas legales. Para Guillermo Borda: “el derecho positivo es el derecho vigente en  un país”. Para Raul Mugaburu: “el derecho positivo es el sistema de normas jurídicas que rigen a un pueblo con vigencia efectiva en un determinado momento histórico”. Para Josserand: “el derecho positivo es el derecho que está en vigor en un país en un determinado. momento”. Para Giorgio Del Vecchio: “el derecho positivo es el sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico”. Para Manuel Albaladejo “el derecho positivo es el derecho vigente o puesto (positus), es decir, rige en el determinado momento en el que se le contempla”.

([28]) Conforme al  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española código es cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático.

([29]) Es necesario dejar constancia que a la luz del derecho extranjero no se han tenido a la vista Códigos de la Empresa, lo cual representa una dificultad para la redacción de un Código de la Empresa, ya que impide la recepción externa correspondiente y el estudio comparativo correspondiente. Sin embargo, es necesario dejar constancia que su elaboración es de especial cuidado, dejando constancia que su extensión es mayor a la del Código de Comercio, por que el derecho comercial forma parte del derecho empresarial. Es necesario dejar constancia que en el derecho peruano nunca ha existido Código de la Empresa. Otro nombre para el Código podría ser Código Empresarial, sin embargo el término Código de la Empresa resulta mas apropiado. También es necesario dejar constancia que no se han tenido a la vista definiciones de Código de la Empresa.

([30]) Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española Código de Comercio es el que reúne cuanto jurídicamente concierne a los comerciantes y sus contratos, el comercio marítimo, la suspensión de pagos, la quiebra y la prescripción.

([31]) En el Estado Peruano se encuentran vigentes los siguientes Códigos:  Código de Comercio de 1902, Código de Procedimientos Penales de 1940 (Ley 9024), Código de Justicia Militar de 1980 (D.Ley 23214), Código Civil de 1984 (D.Leg. 295), Código del Medio Ambiente de 1990 (D.Leg. 613), Código Penal de 1991 (D.Leg. 635), Código Procesal Penal de 1991 (D.Leg. 638), del cual se encuentran vigentes sólo algunos artículos, Código de Ejecución Penal de 1991 (D.Leg. 654), Código Procesal Civil de 1993 (D.Leg. 768), Código Tributario de 1999 (D.S. 135-99-EF de 1999 que es el Texto Unico Ordenado del D.Leg. 816 de 1996) y Código de los Niños y Adolescentes del 2,000 (Ley 27337). De los cuales el Código de Comercio de 1902 es el Código Peruano más antiguo que se encuentra vigente, sin embargo, muchas de sus normas han sido derogadas.

([32])En el artículo 16 del Código de Comercio Peruano de 1902 se estableció que se abrirá en todas las capitales de departamento, un Registro Mercantil compuesto de dos libros independientes en los que se inscribirán: 1) Los comerciantes particulares y 2) Las Sociedades. Por lo cual el mismo año fue dictado el primer Reglamento del Registro Mercantil, luego en 1936 fue dictado el Reglamento de Inscripciones en cuya Sección Sexta se Regulaba el Registro Mercantil y posteriormente en 1969 se dictó el nuevo Reglamento del Registro Mercantil y finalmente en el año 2001 se aprobó el Reglamento del Registro de Sociedades el cual se encuentra vigente.

([33]) El Código de Comercio Peruano de 1902 consta de cuatro libros que son los siguientes: 1) Libro I De los Comerciantes y del Comercio en general, 2) Libro II De los Contratos Especiales de Comercio, 3) Libro III Del Comercio Marítimo, y 4) De la suspensión de pagos y de las quiebras. Es decir, el Código de Comercio Peruano de 1902 tiene los mismos libros que el Código de Comercio Español de 1886. El Código de Comercio es uno de los Códigos que abarca mayor cantidad de materias en el derecho peruano, en lo que se refiere al texto original del Código de Comercio Peruano de 1902, el cual se encuentra vigente en parte.

([34]) El primer Código de Comercio fue el Código de Comercio Francés de 1807, el cual fue aprobado por Napoleón, pero no es tan conocido como el Código Civil Francés de 1804 al cual se le denomina Código Napoleón.

([35]) Cuando precisamos que dicho Código estuvo en vigencia totalmente, nos referimos al texto original del Código de Comercio Peruano de 1902.

([36]) El derecho cooperativo es la parte del derecho que regula la actividad de las organizaciones cooperativas.

([37]) Para Hernan Figueroa Bustamante el derecho bancario es el conjunto de normas que regulan los mecanismos que permiten garantizar la eficiente asignación del ahorro a la inversión, con especial incidencia en el mercado. Para el mismo autor el estudio del derecho bancario comprende tres partes que son las siguientes: la primera dedicada al objeto de la materia, los instrumentos financieros, el dinero y los títulos y los servicios de inversión, incluyendo los de crédito que presta la banca. La segunda centrada en los sujetos del derecho bancario, las entidades de crédito, y a las empresas de servicios de inversión. La tercera dedicada a la contratación en el Mercado Financiero, es decir, a los negocios jurídicos que sirven a la realización de la función inversora. La Ley General del Sistema Financiero, de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros se encuentra contenida en la Ley 26702. Para Sydney Alex Bravo Melgar el derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la actividad de los bancos (Garrigues), es decir, las operaciones y negocios masivos de intermediación profesional en el crédito, el dinero o los títulos valores que realiza una empresa bancaria (Arcangeli). Para Walter Andía Valencia el derecho bancario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la actividad de los bancos, es decir, las operaciones y negocios masivos de intermediación profesional en el crédito, el dinero o los títulos valores que realiza una empresa bancaria. Además precisa que la materia es esencialmente comercial.

([38]) Dentro del derecho aduanero son de especial importancia los subsidios, el dumping y las medidas arancelarias y las medidas para arancelarias. También el drawback. En el Vocabulario Jurídico realizado bajo la dirección de Henri Capitant se determinó que el derecho de aduana es el derecho percibido por la administración de aduanas sobre una mercadería exportada o importada. Es decir, al derecho aduanero también se le conoce como derecho de aduanas, sin embargo, en el derecho peruano mas se le conoce como derecho aduanero. Consideramos mas apropiada la denominación de derecho aduanero.

([39]) La Ley 23407 aprueba la Ley General de Industrias.

([40]) Para Guillermo Cabanellas el derecho industrial es el que regula y determina las funciones industriales.

([41]) El estudio de las marcas corresponde al derecho marcario, que es la rama del derecho que se ocupa del estudio de las marcas.

([42])La Ley de Propiedad Industrial de España de 16 de marzo de 1902 expresa que se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para señalar los productos de la industria y del trabajo, con objeto de que el público los conozca y distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie. La ley argentina 3975 establece en su artículo primero que pueden usarse como tales las denominaciones de los objetos o los nombres  de las personas bajo una forma particular, los emblemas, los monogramas, los grabados o estampados, los sellos, viñetas o relieves, las franjas, las palabras o nombres de fantasía, las letras y números con dibujo especial o formando combinaciones, los envases o envoltorios de los objetos y cualquier otro signo con que se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los de un comercio o los productos  de la tierra y de las industrias agrícolas. En el artículo 12 de la misma ley se establece que sólo es considerada marca, a los efectos legales, la registrada, la que conste por el correspondiente certificado.

([43])El artículo 1791 del Código Civil Español define el contrato de seguro de la siguiente manera: contrato de seguro es aquel por el cual el asegurador responde del daño fortuito que sobrevenga en los bienes muebles o inmuebles asegurados mediante cierto precio, el cual puede ser fijado libremente por las partes.

([44]) A los organismos supervisores también se les denomina Agentes reguladores.

([45]) Para algunos autores podemos hablar en la actualidad del derecho regulador, para otros del derecho regulatorio. Para nosotros mas apropiado es hablar de derecho regulador que de derecho regulatorio.

([46]) Consideramos mas apropiado el nombre derecho empresarial en lugar de utilizar el nombre derecho de la empresa.

([47]) En nuestro medio se encuentra mas difundido el nombre de derecho comercial en lugar de derecho mercantil.

([48]) No obstante que las fuentes de información consultadas fueron fuentes de información nacional y fuentes de información extranjera.

([49]) Para Guillermo Cabanellas el derecho comercial versa sobre los principios  doctrinales, legislación y usos que reglan  las relaciones jurídicas patrimoniales  que surgen de los actos y contratos  de cambio, realizados con ánimo de lucro por las personas que del comercio hacen su profesión.

     El mismo autor precisa que el derecho comercial comprende lo relativo  a los comerciantes individuales, compañías o sociedades lucrativas, las actividades bancarias y bursátiles, la contratación peculiar (documental y simplificada) de los negocios mercantiles, los títulos valores y otros efectos del comercio, lo relacionado con el derecho marítimo y lo concerniente  a la suspensión de pagos o quiebras.

Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española el derecho mercantil es el que especialmente regula las relaciones que conciernen a las personas, los lugares, los contratos y los actos del comercio terrestre y marítimo.

Para Juan Ramirez Gronda el derecho comercial es la parte del derecho privado que regula las relaciones de los particulares relativos al ejercicio de la actividad comercial o resultantes de la realización de actos de comercio.

En el Vocabulario Jurídico realizado bajo la dirección de Henri Capitant se determinó que el derecho comercial es la rama del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, relativas el ejercicio de la profesión comercial o que resultan del cumplimiento de actos de comercio.

Para Navarrini el derecho comercial es aquella parte del derecho privado que regula las relaciones materiales y procesales derivadas de actos o desenvolviéndose de institutos particulares que el legislador considera comerciales; la actividad jurídica y la capacidad de los comerciantes y de sus auxiliares.

Para Valeri el derecho comercial es aquella rama del derecho privado que resulta del conjunto de normas reguladoras de las relaciones privadas consideradas comerciales por el legislador quien delimita la materia mercantil.

Para Roberto Mantilla Molina el derecho comercial es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, y regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos.

Para Luis Guillermo Diaz Valverde el derecho comercial es la rama del derecho privado que regula las relaciones derivadas del ejercicio del comercio.

El derecho comercial es autónomo por que tiene sus propias normas entre las cuales podemos citar el Código de Comercio de 1902, la Ley General de Sociedades contenida en la Ley 26887, la Ley de Títulos Valores contenida en la Ley 27287, entre otras, y también goza de autonomía por que existen cátedras dedicadas al estudio del derecho comercial.

Para Daniel Echaiz Moreno dentro del derecho comercial han surgido una gama de especialidades de tal forma que en la actualidad forman parte del derecho comercial: el derecho aeronáutico, bancario, bursátil, cambiario, de la competencia, de seguros, de telecomunicaciones, del consumidor, marcario, marítimo y societario entre otras ramas del derecho. Por lo cual es necesario tener en cuenta lo precisado por Joaquín Garrigues en el sentido que el derecho mercantil ya no es un derecho del comercio, sino un montón de las mas heterogéneas materias.

Para Teresa de Jesús Seijas Rengifo el nuevo derecho mercantil tiene como contenido el conjunto de normas e instituciones derivados de tres elementos empresario, empresa y actividad económica. Esta definición parece ser una definición de derecho empresarial.

Para Walter Andía Valencia el derecho comercial es el conjunto orgánico de normas jurídicas que constituyen una rama autónoma de la ciencia jurídica, cuyo origen proviene de los usos y costumbres comerciales, que regulan las relaciones intersubjetivas derivadas del comercio o anexas a él.

Para Sydney Alex Bravo Melgar el derecho comercial es la parte del derecho privado que regula las relaciones de los particulares, relativos al ejercicio de la actividad comercial o resultante de la realización de actos de comercio.

Ante el surgimiento del derecho empresarial, algunos autores son del criterio que el derecho comercial ha incrementado su campo de estudio. Con lo cual no estamos de acuerdo por que el derecho empresarial es una nueva disciplina que abarca al derecho comercial y a otras ramas del derecho, es decir, que el surgimiento del derecho empresarial no implica que el derecho comercial haya incrementado su campo de estudio. Sin embargo, es necesario dejar constancia que algunos autores definen el derecho comercial como si se tratara del derecho empresarial.

([50]) Al derecho laboral también se le conoce como derecho de trabajo.

([51]) Igualmente dentro del derecho positivo el derecho empresarial es mas amplio que el derecho comercial

([52]) Para  Polinsky los costos de transacción incluyen los costos de identificación de las partes con las que uno va a tratar, los costos que implica reunirse con dichas partes, los del proceso de negociación en si y los costos de la puesta en práctica de cualquier acuerdo al que se llegue. Para Santos Pastor se entiende por costos de transacción los que origina la identificación, reunión, negociación y el efectivo cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes.

([53])Los Códigos Civiles que han regido al Estado Peruano son el Código Civil Peruano de 1852, el Código Civil Peruano de 1936 y el Código Civil Peruano de 1984, el cual se encuentre vigente con ciertas modificaciones como las introducidas por el Código Procesal Civil Peruano de 1993. El Código Civil Peruano de 1936 puede ser considerado como un Código altamente técnico, mientras que el Código Civil Peruano de 1984 merece ser considerado como un Código acequible. El Código Civil Peruano de 1852 y el de 1936 tomaron como fuente entre otros Códigos el Código Civil Francés de 1804 (Código al cual se lo conoce como Código Napoleón) y el Código Civil Peruano de 1984 tomo como fuente el Código Civil Italiano de 1942 entre otros Códigos.

([54]) Descodificación es el proceso por el cual una materia regulada por un Código deja de ser regulada por el mismo para pasar a ser regulada por otra norma.

([55]) El derecho civil se ha visto reducido en los últimos años, de tal forma que ya no abarca las sociedades civiles, ni el contrato de edición, ni el arbitraje, por lo cual podemos afirmar que lo que ha ocurrido con el Código Civil Peruano ha sido una descodificación. El Código Civil Peruano de 1936 era mas amplio que el Código Civil Peruano de 1984, sin embargo, en cuanto al arbitraje no se encontraba regulado en el Código Civil Peruano de 1936, sino sólo en el Código Civil Peruano de 1984.

([56])La abrogación es la cesasión total o completa de un Código, de una ley, de un Decreto Supremo o de un Reglamento, es decir, que por la abrogación se deja sin efecto la totalidad o el texto completo de una norma legal. Es decir, que cuando se deroga todo el texto de un artículo de una norma que consta de varios artículos, no estamos ante un supuesto de abrogación (Normas Legales de Julio del 2003. Tomo 326. Volumen II. Pag. 152).

([57])La división del derecho en derecho público y en derecho privado existió en el derecho romano, es decir, ya en el derecho romano el derecho se dividía en derecho público y en derecho privado.

Un aforismo romano precisa lo siguiente Sub tutela juris publici latet jus privatum que significa lo siguiente bajo la tutela del derecho público se halla latente el derecho privado. Es decir, en el derecho romano no se hacía referencia al derecho social.

El derecho público no puede ser alterado por los particulares jus publicum privatorum pactis mutari non potest.

En el derecho romano el derecho privado era el conjunto de normas jurídicas que protegen y regulan la actividad del individuo privatum  ius est quod ad singulorum utilitatem pertinet, y el derecho público era el conjunto de normas que se refieren al Estado, al culto, a los sacerdotes y a los magistrados en especial modo publicum ius est quod ad rempublicam pertinet.

Para Guillermo Cabanellas el derecho privado es el que rige los actos de los particulares cumplidos por su iniciativa y en su propio nombre y beneficio. Precisa además que por su origen y finalidad se ve dominado por el interés individual.

Para el mismo autor el derecho público es el conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con los particulares y con otros Estados. Precisa además que es el que regla los actos de las personas cuando se desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin el Estado, en virtud de delegación directa o mediata del Poder público.

Para el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española el derecho público es el que tiene por objeto regular el orden general del Estado y sus relaciones, ya con los súbditos, ya con los demás Estados.

Para Raul Ferrero el derecho privado es el que respecta al interés de los particulares, es decir las leyes dejan en libertad a los interesados para establecer sus relaciones dentro de límites muy generales. Para el mismo autor el derecho público es el que afecta al interés de la comunidad y dentro de él la voluntad de las partes no puede derogar la norma.

Para el mismo autor en el derecho privado existen normas de orden público, pues interesan a toda la sociedad, tales como el estado civil de las personas, el matrimonio y el régimen de bienes.

En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado se define al derecho público como el que regula el orden general del Estado y sus relaciones con los súbditos o con los demás Estados. Esta definición de derecho público es muy parecida a la definición que nos brinda el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española.

Para Savigny y Sthal lo que permite distinguir el derecho privado y el derecho público es el fin. En el derecho público el estado es el fin. En el derecho privado el individuo es el fin.

([58])El derecho público comprende las siguientes ramas del derecho: derecho político, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal, derecho tributario, Derecho Internacional Público, Derecho Financiero, Derecho Municipal, Derecho de la Integración, Derecho de Comunicaciones, Derecho Tributario, Derecho Aduanero, Derecho Sanitario, Derecho Penal Militar, Derecho Electoral, Derecho Notarial, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Consular, Derecho Diplomático, Derecho Parlamentario, Derecho Marítimo, Derecho Aéreo y Espacial, principalmente.

Respecto al derecho privado es necesario precisar que comprende las siguientes ramas del derecho: derecho civil, derecho industrial, derecho internacional privado y derecho comercial principalmente. El derecho comercial abarca el derecho cambiario, el derecho societario, el derecho bursátil y el derecho concursal.

Si comparamos el derecho privado, el derecho público y el derecho social podemos apreciar que el derecho público es la rama del derecho que abarca mayor cantidad de ramas del derecho.

En cuanto al derecho social es necesario precisar que comprende las siguientes ramas del derecho: derecho laboral o derecho de trabajo, derecho de familia, derecho agrario y derecho minero.

([59]) Es decir, el hecho que una rama del derecho sea codificada o no, no determina tal circunstancia su desarrollo. Por ejemplo el derecho comercial ha desarrollado mas en sus ramas no codificadas, como el derecho societario, el derecho cartular y el derecho concursal.

([60]) Para un estudio mas detallado de los Códigos de Comercio Peruanos es conveniente el estudio de los Códigos de Comercio Españoles.

([61])Es necesario precisar que el Código de Comercio Peruano de 1902, que tuvo como antecedente legislativo el Código de Comercio Español de 1885, es el segundo Código de Comercio que ha regido en el Estado Peruano, por que el primer Código de Comercio Peruano fue de 1853, que tuvo como antecedente legislativo el Código de Comercio Español de 1829.

([62]) El artículo 2 de la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional establece que el sistema tributario nacional se encuentra comprendido por:

I.Código Tributario.

II.Los Tributos siguientes:

1.       Para el Gobierno Central.

a)       Impuesto a la Renta.

b)       Impuesto General a las Ventas.

c)       Impuesto Selectivo al Consumo.

d)       Derechos Arancelarios.

e)       Tasas por la prestación de servicios públicos, entre las cuales se consideran los derechos por tramitación de procedimientos administrativos.

f)         El Régimen Unico Simplificado.

2.       Para los Gobiernos Locales: los establecidos de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal.

3.       Para otros fines:

a)       Contribuciones de Seguridad Social, de ser el caso.

b)       Contribución al Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI.

c)       Contribución al Servicio Nacional  de Adiestramiento Técnico Industrial – SENATI.

d)       Contribución al Servicio Nacional  de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO.

En la misma norma se establece que quedan derogados todos los demás tributos, cualquiera sea su denominación y destino, diferentes a los expresamente señalados en el artículo en mención.

Además se establece que los derechos correspondientes a la explotación de recursos naturales, concesiones u otros similares se rigen por las normas legales pertinentes.

Es decir, con esta norma se ordena el sistema tributario peruano.

([63]) El derecho positivo de los diferentes Estados se clasifica en derecho vigente y derecho no vigente. Por ejemplo el Primer Código de Comercio Peruano no se encuentra vigente pero forma parte del derecho positivo peruano. Lo mismo ocurre con el Código Civil Peruano de 1936 que no se encuentra vigente pero forma parte del derecho positivo peruano. Es decir, el derecho positivo no siempre se encuentra vigente.

([64]) La aprobación de un Código de Trabajo implica que el derecho de trabajo ha desarrollado significativamente, lo que no ha ocurrido en el derecho peruano, sin embargo es necesario precisar que pocos Estados han llegado a desarrollar lo suficiente el derecho laboral como para tener Código de Trabajo, lo cual se ve reflejado en que son pocos Estados que cuentan con Código de Trabajo.

([65]) El derecho concursal peruano ha desarrollado significativamente en los últimos años, lo cual se aprecia en el derecho positivo peruano, sin embargo, son de especial cuidado las simulaciones de insolvencia (es decir,  lograr que se declare el estado de insolvencia cuando no corresponde ello) para burlar a los acreedores por que retrasa las ejecuciones en el patrimonio del deudor.

([66]) En la actualidad existen dos proyectos de ley sobre el Registro Fiscal de Ventas a Plazos, que son los siguientes: Proyecto de Ley relativo al Registro de Contratos de Ventas a Plazos y de Financiamiento y sobre el Proyecto del Reglamento del Registro de Contratos de Ventas a Plazos y de Financiamiento, sobre los cuales el suscrito formuló las correspondientes opiniones.

([67]) Carnelutti define al derecho procesal civil  como el conjunto de normas que establecen los requisitos respecto del proceso. Para Couture el derecho procesal civil es la rama de la ciencia que estudia la naturaleza, el desenvolvimiento y la eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominado proceso civil.

([68]) Los Códigos Procesales que han regido en el Estado Peruano son los siguientes Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852, Código de Procedimientos Civiles de 1912 y Código Procesal Civil de 1993 el cual se encuentra vigente. 

([69]) El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos heterocompositivo por el cual la controversia existente entre las partes la decide un arbitro o Tribunal Arbitral.

([70]) Conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española arbitrar es resolver un tercero, de manera pacífica, un conflicto entre partes. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado define al arbitraje de la siguiente manera: Procedimiento para resolver por medios pacíficos conflictos internacionales, sometiéndolos al fallo de una tercera potencia, de una persona individual o de una comisión o tribunal.

([71]) La norma que regula el arbitraje en el Estado Peruano es la Ley 26572 que entre otras normas tiene como antecedentes legislativos la Ley 25935, el Código Procesal Civil Peruano de 1993, el Código Civil Peruano de 1984, el Código de Procedimientos Civiles de 1912, y el Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852.

([72]) El Código Civil Peruano de 1984 regula los siguientes contratos: contrato de compra venta, contrato de permuta, contrato de suministro, contrato de donación, contrato de mutuo, contrato de arrendamiento, contrato de hospedaje, contrato de comodato, contrato de prestación de servicios (contrato de locación de servicios, contrato de obras, contrato de mandato, contrato de depósito, contrato de secuestro), contrato de fianza, contrato de renta vitalicia y contrato de juego y apuesta.

([73])El derecho penal económico para algunos autores es lo mismo que el derecho penal de la empresa, sin embargo, son dos áreas de estudio diferentes, en tal sentido el derecho penal de la empresa es el área del derecho que regula los delitos relacionados con la actividad empresarial (dentro del derecho positivo el derecho penal de la empresa es el conjunto de normas jurídicas que regula los delitos relacionados con la actividad empresarial), mientras que el derecho penal económico es el conjunto de normas sancionadoras de las transgresiones de las disposiciones jurídicas que regulan la economía de un pais (Amado Ezaine Chavez). Es decir, el derecho penal económico no debe ser confundido con el derecho penal de la empresa, por que el derecho penal económico al parecer forma parte del derecho económico, mientras que el derecho penal de la empresa forma parte del derecho empresarial y del derecho corporativo. Sin embargo, es necesario dejar constancia que al definir el derecho económico advertimos que el derecho penal económico no forma parte del derecho económico.

([74]) El derecho social no es muy conocido por parte de los estudiosos del derecho, incluso algunos tratadistas no hacen referencia al derecho social como parte del derecho. Forman parte del derecho social el derecho de trabajo, el derecho agrario, y el derecho de familia principalmente. Al derecho social también se le conoce como derecho mixto.

([75]) El derecho comercial es una rama del derecho privado que se caracteriza por que abarca varias ramas del derecho como son el derecho cambiario, el derecho societario, el derecho bursátil y el derecho concursal principalmente, sin embargo, el derecho concursal al ser un derecho procesal forma parte del derecho público.

([76]) Podemos afirmar que el derecho empresarial es el área del derecho que nos permite conocer mayor cantidad de ramas del derecho. También es necesario precisar que el derecho empresarial se caracteriza por que permite conocer ramas del derecho público, del derecho privado y del derecho social.

([77]) El derecho se clasifica en dos partes que son derecho codificado y derecho no codificado. Se denomina derecho codificado a las normas que se encuentran agrupadas en un Código. Se denomina derecho no codificado a las normas que no se encuentran agrupadas en un Código, en tal sentido son derecho no codificado las normas agrupadas en leyes especiales.

([78]) Los Códigos no existen en todas las ramas del derecho por ejemplo en el derecho peruano no existe Códigos en el derecho laboral o derecho de trabajo.

([79]) Lo que ha ocurrido con el Código de Comercio Peruano de 1902 ha sido una descodificación por que algunas materias reguladas por el texto original de dicho Código ya no se encuentran reguladas por dicho Código, como los Títulos Valores, las sociedades y el concurso de acreedores y la quiebra.

([80]) Los Códigos Civiles Peruanos son los siguientes Código Civil Peruano de 1852, Código Civil Peruano de 1936 y Código Civil Peruano de 1984, el cual se encuentra en vigencia.

([81]) El derecho empresarial debe reducir los costos de transacción, en tal sentido la legislación empresarial también debe reducir los costos de transacción. Podemos afirmar que con la legislación actual los costos de transacción son altos, por que los costos de información que forman parte de los costos de transacción, son altos. Una manera de reducir los costos de transacción es aprobando un Código de la Empresa, en el cual se reúnan las principales normas del derecho empresarial peruano. No hemos tenido a la vista proyectos de ley en los cuales se tenga como objetivo un Código de la Empresa.

([82])El Código Civil Peruano de 1984 define en su artículo 1529 el contrato de compraventa de la siguiente manera por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. El decir, el Código Civil Peruano de 1984 define el contrato de compraventa, pero no define el contrato de compra venta de empresas, dejando constancia que el Código Civil Peruano de 1984 sólo se refiere a la transferencia de un bien. En tal sentido esta definición no abarca a la compraventa de empresas. Sin embargo, es necesario precisar que el contrato de compraventa es un contrato nominado. Pero el contrato de compraventa de empresas sólo resulta ser un contrato típico para el derecho tributario, pero no para otras ramas del derecho, dejando constancia que el derecho tributario se refiere al traspaso de empresas como forma de reorganización de una empresa.

([83]) La compraventa de empresas es un tema que es tratado generalmente en grandes empresas y no en pequeñas empresas ni en micro empresas. Por que generalmente sólo las grandes empresas tienen patentes, y otras figuras jurídicas que hacen del contrato de compra venta de empresas que sea un contrato sui géneris. Sin embargo, nada impide que las micro y pequeñas empresas sean propietarias de patentes y otras figuras jurídicas típicas del derecho empresarial La compra venta de empresas normalmente no es estudiado dentro del derecho contractual, sino mas bien la compra venta de empresas así como su valorización es un tema típico que es estudiado dentro del derecho empresarial, es decir, la compraventa de empresas ni siquiera es estudiado dentro del derecho comercial. Generalmente la compraventa de empresas es estudiado en los cursos de post grado de derecho empresarial, así como en los eventos que tienen como materia específica la compraventa de empresas. Es necesario precisar que el Código Civil Peruano de 1984 no regula la compraventa de empresas, sin embargo, al no estar prohibida la compraventa de empresas es un contrato que se celebra en la práctica. El Código de Comercio Peruano de 1902 tampoco regula el contrato de compraventa de empresas, sin embargo, es necesario precisar que la materia mas afin a la compraventa de empresas es el derecho comercial y el derecho tributario. Desde un enfoque tributario la compra venta de empresas resulta un tema de especial cuidado, por que la parte tributaria del tema compraventa de empresas es muy delicada, en tal sentido cuando se celebra un contrato de compraventa de empresas y la empresa tiene dentro su patrimonio inmuebles, se tributa por la transferencia de inmuebles específicamente por el impuesto de alcabala y también en algunos supuestos por la transferencia de la empresa. Conforme al artículo 21 del Decreto Legislativo 776, que contiene la Ley de Tributación Municipal, el impuesto de alcabala grava las transferencias de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso y gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. Las normas que regulan la compra venta de empresas en el derecho tributario no son claras, lo que no permite su análisis y comentario correspondiente.

([84]) También se hace referencia a este tema con el nombre de transferencia de empresas o traspaso de empresas. En la legislación tributaria se hace referencia al traspaso de empresas. No hemos tenido a la vista trabajos de investigación en los cuales se desarrolle el tema denominado compra venta de empresas, no obstante que las fuentes de información consultadas fueron fuentes de información nacionales y fuentes de información extranjeras. El tema de compraventa de empresas también es conocido transferencia de empresas, sin embargo, es necesario dejar constancia que para tal efecto es de vital importancia el estudio de los estados financieros de la empresa, es decir, el estudio de la contabilidad es de vital importancia en el derecho empresarial.

([85]) El artículo 648 del Código de Honduras de 1950 establece que cualquier contrato sobre una empresa en donde no se expresa que cosa incluye la empresa que transfiere, se entenderá que ella comprende necesariamente los siguientes elementos: 1) El establecimiento de la misma, si ella lo tuviere. 2) La clientela y la fama mercantil. 3) El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. 4) Los contratos de arrendamiento. 5) el mobiliario y la maquinaria. 6) Los contratos de trabajo. 7) Las mercaderías, créditos y los demás bienes y valores similares.

El mismo Código establece que sólo por pacto expreso se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere, las patentes de invención, secretos de fabricación y del negocio, exclusivas y concesiones.

Es decir, el derecho positivo uruguayo si determina lo que comprende la compra venta de empresas, y en caso de no haberse pactado lo que comprende la compraventa de empresas, el Código soluciona la incertidumbre determinando lo que comprende la compraventa de empresas.

No se han tenido a la vista otras normas de otros Estados en las cuales se determine lo que comprende la compraventa de empresas, tema que consideramos de crucial importancia en el derecho empresarial.

Si efectuamos un estudio microcomparativo de derecho comparado respecto de esta norma con el derecho positivo empresarial peruano, concluimos que en el Estado Peruano no existe una norma que regule de esta manera o de alguna manera similar la compraventa de empresas. Es decir, el derecho comparado permite comprender la importancia de tener presente el derecho de otros Estados para la cual se debe tener en cuenta generalmente el derecho de otros Estados cuando se encuentra mas avanzado en la parte del derecho a comparar.

De tal forma que en el Estado Peruano sería complejo determinar que es lo que abarca la compraventa de empresas, ya que el derecho positivo del Estado Peruano no precisa que es lo que comprende la compraventa de empresas. Dejando constancia que el Código de Comercio Peruano de 1902 ni el Código Civil Peruano de 1984, ni otras normas del derecho positivo peruano determinan lo que comprende la compra venta de empresas.

Consideramos necesario que en el derecho positivo del Estado Peruano se apruebe una norma que regule la compra venta de empresas en la cual se determine lo que comprende la compraventa de empresas.

([86]) Conforme al artículo 344 de la Ley General de Sociedades por la fusión dos o mas sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos prescritos por la ley general de sociedades.

([87]) Conforme al artículo 367 de la Ley General de Sociedades por la escisión una sociedad fracciona su patrimonio en dos o mas bloques para transferirlos integramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos, cumpliendo los requisitos y formalidades prescritos por la ley general de sociedades.

([88]) En el Estado Peruano es poco habitual la escisión de empresas individuales de responsabilidad limitada.

([89])En la Declaración de la "Carta de Buenos Aires", aprobada en el Primer Congreso Internacional  de Derecho Registral de 1972 se declara: "El derecho registral integra el sistema jurídico con normas y principios propios, de derecho público y privado, que coexisten y funcionan armónicamente, constituyendo una disciplina independiente de la cual el derecho inmobiliario es una de sus principales ramas".

Para José Manuel García García el Derecho Hipotecario es: “Conjunto de normas y principios que tratan de la publicidad de situaciones jurídicas de trascendencia real a través del Registro de la Propiedad.”

Roca Sastre define al Derecho Registral como el conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble y la práctica, valor y efectos de sus asientos de inmatriculación registral de fincas, con sus modificaciones, y de las inscripciones de actos, resoluciones judiciales y administrativas registrales y anotaciones preventivas admitidas.

Rodolfo Dutto precisa que el derecho inmobiliario comprende todas las normas positivas que rigen el nacimiento, adquisición, modificación, transmisión y extinción de los derechos de propiedad y sus desmembraciones y gravámenes sobre bienes inmuebles, y en especial, la publicidad necesaria para completar los negocios jurídicos erga omnes los derechos anteriores.

Amorós Guardiola define al derecho registral como el derecho que regula de un modo inmediato y primario el nacimiento, modificación, extinción y eficacia de las relaciones jurídicas registrales, y de un modo general la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad.

Para Hernandez Gil el Derecho Registral es el conjunto de normas que regulan la publicidad registral de los actos de constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre fincas.

Lacruz Berdejo define al Derecho Registral como el derecho que regula la adquisición y eficacia de las posiciones registrales.

Edgardo Scotti define el derecho registral como el conjunto de normas que regulan la publicidad.

Para Sanz Fernandez el derecho inmobiliario es el conjunto de normas de derecho civil que regulan las formas de publicidad de los actos de constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre fincas y las garantías de ciertos derechos personales o crédito, a través del Registro de la Propiedad.

Para Roca Sastre el derecho inmobiliario es aquella parte del Derecho Civil que regula la constatación en el Registro de la Propiedad, de la constitución, reconocimiento, declaración, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre fincas y los efectos de dicha registración, así como la expresión y efectos de las garantías estrictamente registrales.

([90]) Podemos afirmar que el derecho registral forma parte del derecho empresarial.

([91]) La sociedad anónima se caracteriza por que en algunos supuestos tiene directorio y por que su capital se encuentra dividido en acciones. Las acciones no se inscriben en el Registro de Sociedades sino en la matrícula de acciones. La sociedad anónima en el derecho  societario peruano es de tres clases que son las siguientes: ordinaria, abierta y cerrada.

     Conforme al artículo 234 de la Ley General de Sociedades la sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando tiene no más de accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.

     Conforme al artículo 249 de la Ley General de Sociedades la sociedad anónima es abierta cuando se cumpla una o más de las siguientes condiciones: 1) Ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. 2) Tiene mas de setecientos cincuenta accionistas. 3) Mas del treinta y cinco por ciento de su capital pertenece a ciento setenticinco o mas accionistas, sin considerar dentro de este número aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual no alcance al dos por mil del capital o exceda del cinco por ciento del capital. 4) Se constituya como tal; o 5) Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptación a dicho régimen.

([92])La sociedad comercial de responsabilidad limitada se caracteriza por que su capital se encuentra dividido en participaciones sociales y por que no tiene directorio. Las participaciones sociales se inscriben en el Registro de Sociedades.

([93]) Conforme al artículo 295 de la Ley General de Sociedades la sociedad civil se constituye para un fin común de carácter económico que se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por alguno, algunos o todos los socios.

     En el segundo párrafo del mismo artículo se establece que la sociedad civil puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. En la primera los socios responden personalmente y en forma subsidiaria, con beneficio de excusión, por las obligaciones sociales y lo hacen, salvo pacto distinto, en proporción a sus aportes. En la segunda los socios no pueden exceder de treinta, no responden personalmente por las deudas sociales.

([94])Conforme al artículo 278 de la Ley General de Sociedades en las sociedades en comandita los socios colectivos responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, en tanto que los socios comanditarios responden sólo hasta la parte del capital que se hayan comprometido a aportar. El acto constitutivo debe indicar quienes son los socios colectivos y quienes los comanditarios.

([95])Conforme al artículo 281 de la Ley General de Sociedades a la sociedad en comandita simple se aplican las disposiciones relativas a la sociedad colectiva, siempre que sean compatibles con la sociedad en comandita.

([96])Conforme al artículo 282 de la Ley General de Sociedades a la sociedad en comandita por acciones se le aplican las disposiciones relativas a la sociedad anónima, siempre que sean compatibles con la sociedad en comandita.

([97]) Conforme al artículo 265 de la Ley General de Sociedades en la sociedad colectiva los socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Todo pacto en contrario no produce efecto contra terceros.

([98]) En no todos los Estados se pueden constituir empresas individuales de responsabilidad limitada, es decir, el derecho positivo de muchos Estados no consagra la empresa individual de responsabilidad limitada. Es necesario precisar que la empresa individual de responsabilidad limitada no es una persona colectiva por que sólo se encuentra formada por una persona natural, en tal sentido para algunos autores mas propio es hablar de empresario con responsabilidad limitada.

([99]) Lo que no ocurre con el derecho comercial, por que el derecho comercial se relaciona con otras ramas del derecho.

([100])Las maestrías en las cuales se estudia el derecho comercial en el Estado Peruano son maestrías en derecho civil y comercial, las cuales son organizadas por diferentes Universidades del Estado Peruano. Por lo cual es necesario precisar que en el Estado Peruano no se organizan maestrías destinadas al estudio únicamente del derecho comercial.

([101])El Centro de Estudios Garrigues de España organiza una Maestría en Derecho Empresarial, la cual tiene como currícula la siguiente:

     Area Mercantil

     Contratación Mercantil

     Contratación Financiera y Bancaria

     Contratación Internacional

     Derecho Societario

     Responsabilidad de los Administradores

     Delitos Societarios

     Derecho Notarial y Registral

     Mercado de Valores

     Derecho de la Competencia

     Propiedad Industrial e Intelectual

     Area Fiscal

     Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio

     Impuesto sobre las sociedades y Planificación Fiscal Internacional

     Impuesto sobre el Valor Añadido y sobre las Transmisiones Patrimoniales

     Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

     Area Laboral y de la Seguridad Social

     Ordenamiento Laboral

Derecho Social Comunitario

Contrato de Trabajo y Relaciones Laborales Especiales

Seguridad Social

Negociación Laboral Colectiva

Infracciones y Sanciones en Materia Laboral

     Materias Complementarias

Práctica Procesal Civil y Mercantil

Procedimiento Administrativo y Tributario

Conciliación y el Procedimiento Laboral

Arbitraje

     Area de Práctica Procesal

Derecho Comunitario y la Empresa

Arrendamientos Urbanos

Contratación con la Administración

     Materias Instrumentales

Contabilidad Financiera

Economía de la Empresa y Análisis de Balances

Informática Jurídica

     Práctica Jurídico Integrada

Análisis Práctico Integrado

Secretaría del Consejo

Adquisición de Empresas

     Seminarios

     Total horas lectivas       708 Horas

     Prácticas                  120 Horas

     Total Master               828 Horas

([102])Es decir, el campo de estudio del derecho empresarial no es el mismo que el campo de estudio del derecho económico. Para Pedro Flores Polo el derecho empresarial forma parte del derecho económico, el mismo autor considera que el derecho empresarial regula las cuestiones empresariales que trascienden al campo jurídico, mientras que para el mismo autor el derecho económico recoge las relaciones económicas que igualmente trascienden al campo jurídico (Pedro Flores Polo. Diccionario de Términos Jurídicos. Tomo I. Pags, 448 y 449). Por lo cual es necesario precisar que el derecho empresarial no forma parte del derecho económico, sino que son dos áreas del derecho con diferente campo de estudio.

([103])Para Jorge Witker el derecho económico es el conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías sustancialmente de derecho público que inscritas en un orden público económico plasmado en la Carta Fundamental, facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo económico y social de un país. Para Guillermo Cabanellas el derecho económico es la colección de reglas determinantes de las relaciones jurídicas originadas por la producción, circulación, distribución y consumo de la riqueza. Para Hernán Figueroa Bustamante el derecho bancario forma parte del derecho económico, por ser una rama de éste. Es decir, este autor afirma que el derecho bancario es una rama del derecho económico. Para Sydney Alex Bravo Melgar el derecho económico es el derecho de la economía organizada, planificada, según imperativo que a ningún Estado le es ya posible rehusar.

([104])El derecho económico no se encuentra muy desarrollado por parte de los estudiosos en el derecho peruano y es poco conocido por parte de los abogados en el Estado Peruano. En las currículas que hemos tenido a la vista no aparece dicho curso en la currícula de las facultades de derecho. Consideramos que el estudio del derecho económico es de vital importancia para el desarrollo de un Estado, conforme a la definición de derecho económico de Jorge Witker, es decir, el derecho económico tiene mayor importancia para el sector público de un Estado, que para el sector privado, en cambio el derecho empresarial tiene mayor importancia para el sector privado de un Estado. Es necesario la organización de cursos y maestrías en derecho económico para reactivar la economía del Estado.

([105])El desarrollo del derecho no es igual en todas las ramas del derecho ni tampoco en todos los Estados, por ejemplo en el derecho español el derecho registral se encuentra bastante desarrollado, lo que no ocurre en el derecho peruano. Igualmente el desarrollo de todos los métodos de investigación no es igual en todos los Estados, por ejemplo en el derecho español el método comparativo se encuentra mas desarrollado, es decir, el derecho comparado se encuentra mas desarrollado en España por que en dicho Estado se dictan maestrías y doctorados en derecho comparado.