Monografias | Golpes militares y salidas democráticas (1930-1995)

En esta monografía queremos mostrar los hechos lo más verazmente posible, sus causas y consecuencias; expresar nuestra opinión y exponer el clima de miedo, dolor, horror y represión que vivió la gente, mostrando la inescrupulosidad con la que actuaron aquellos golpistas, que violaron las garantías y derechos humanos de esas personas e influyendo negativamente en la economía.
Presentamos el contenido en estilo claro y preciso. Algunos temas han sido enriquecidos con mayores datos, lo que significa un desarrollo más completo. Otros han sido tratados con mayor extensión, no siempre estudiados con la profundidad debida, pero con la intención de responder a las exigencias del lector.

Sus causas
En 1927 el General Justo, aún ministro de guerra, hizo sondeos para un golpe militar que impediría la asunción de Yrigoyen, o por lo menos obligase a Alvear a intervenir Buenos Aires. No tuvo éxito. Un año más tarde Hipólito Yrigoyen llegó a la presidencia y contaba con un gran respaldo en la Cámara de Diputados y en el pueblo. Pero éste se fue debilitando porque el presidente no supo obrar con la energía suficiente para evitar algunas amenazas que caían en el gobierno y en el país.
La primera era la del ejército, que el propio Yrigoyen había politizado, y que desde principios de siglo había caído bajo la influencia prusiana Predispuesto a la conspiración desde la presidencia de Alvear, se volcó decididamente a ella cuando la ineficacia del gobierno, comenzó a provocar un descrédito popular. Yrigoyen impidió que el general Dellapiane, su ministro de guerra, obrara oportunamente para desalentarlo.
La segunda era la evolución de ciertos grupos conservadores que abandonaban sus convicciones liberales y comenzaban a asimilar los principios del fascismo italiano mezclado con algunas ideas del movimiento monárquico francés. Desde algunos periódicos esas ideas empezaron a proyectarse hacia los grupos autoritarios del ejército y algunos sectores juveniles del conservadurismo.
Muy pronto parecerían también atrayentes a algunos jefes militares propensos a la subversión.
Pero la más grave de las amenazas era la derivada de la situación mundial que había hecho crisis en 1929, y que empezaba a hacerse notar en el país. Los grupos ganaderos, y la industria frigorífica se sintieron en peligro y comenzaron a buscar un camino que les permitiera sortear las dificultades. Los grupos petroleros creyeron que había llegado el momento de forzar la resistencia del Estado argentino y comenzaron a buscar aliados en las fuerzas que se oponían a Yrigoyen.
El 30 de enero el teniente general José Félix Uriburu, que ha sido Inspector General del Ejército, se puso en contacto con Justo y otros militares. Son reuniones aparentemente de amistad, se hablaba del "desgobierno", en lo que todos están de acuerdo. Pero no existía una unanimidad en los fines de una revolución. Uriburu consideraba que el ejército debe "sacarlo" a Yrigoyen reemplazándolo por un gobierno o directorio militar hasta que se resolviese la forma definitiva.
Los opositores debieron conectarse con el ejército y exigir la renuncia de Yrigoyen y llamar a elecciones "sin personalismo".
Son dos posiciones antagónicas: Uriburu no creyó en los partidos políticos ni en el sistema constitucional, pero no expresó ideas claras sobre lo que vendría después. Justo esperó de los partidos políticos que le den la presidencia constitucional.
Se formó una junta presidida por Uriburu que designó "oficiales de enlace", quien la mayoría era yrigoyenistas o no querían comprometerse. Los oficiales sabían que la situación es caótica, pero no creían que el ejército debía intervenir.
Los únicos que querían "sacar" a Yrigoyen eran el Colegio Militar y la base aérea del Palomar.
El 2 de agosto Uriburu citó a una junta de revolucionarios, en la que se fijó la revolución para el 30 de agosto. Se levantaría Campo de Mayo arrestando a los regimientos de la capital y al Colegio Militar.
De los treinta oficiales de la Escuela solo cinco simpatizaban con la revolución.
El golpe debió postergarse: porque el ministro Dellapiane detuvo el 29 de agosto a algunos comprometidos y ordenó el acuartelamiento de las tropas aunque estos fueron liberados, ya que tres días después el ministro renunciaba, los detenidos eran puestos en libertad y se siguieron los trabajos revolucionarios fijándose nueva fecha para la mañana del 6 de septiembre. El único que tomó en serio la conspiración fue Luis Dellapiane, que era simpatizante de Yrigoyen. Pero la disminución mental del presidente hizo que cambiara de idea aunque su lealtad no se perturbó. Como todos le ocultaban la conspiración militar a Yrigoyen, decidió ser él quien le dijera la verdad al presidente.
Luego Ricci, otro oficial, renunció y le mandó una carta a Yrigoyen alertándolo de la conspiración, para ver si podía hacerlo reaccionar y salvar el gobierno.
Tanto el conservadurismo bonaerense como el partido demócrata de Córdoba y el Radicalismo antipersonalista de Entre Ríos llevaron a cabo una labor de desgaste facilitada por la inoperancia yrigoyenista. La oposición socialista y la demócrata progresista fueron también rotundas, pero no conspirativa. Los movimientos estudiantiles se unieron a la prédica opositora.

Una semana agitada
Yrigoyen no tenía buena prensa: La Prensa, Crítica, y La Nación entre otros y el New York Times de los Estados Unidos, hablaban mal de él.
Desde que trascendió el ambiente revolucionario en los primeros días de septiembre hubo retiros de fondos de los bancos, y se temía que los bancos cerrasen o se produjera una caída de la moneda.
Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños y viejos, de todas las clases y condiciones sociales, estaban hermanados en la acción contra Yrigoyen como si la caída del "VIEJO CAULDILLO" curara todos los males del país.
Desde fines de agosto el presidente estaba con gripe, en la cama. El día 2, el intendente visita a Yrigoyen, para decirle que la situación era crítica, que la opinión se había tornado desfavorable y que los rumores de revolución militar continuaban a pesar de las detenciones. Pero el presidente contesta:
"No, no puede ser. El pueblo y el Ejército están conmigo. Son los elementos del régimen los que perturban. Pero ya verá usted que no pasará nada". No era posible convencer a un hombre de soberbia y obstinación, que se sentía identificado con el país y el partido, que debía presentar voluntariamente su renuncia.
El miércoles 3, renuncia Dellapiane y González queda a cargo de la tarea.
El jueves 4, se entrevista a Yrigoyen que está con 40º de fiebre para decirle que convendría que delegara el mando por sus problemas de salud. Aunque no sólo la salud les importaba; los militares querían aunque sea en forma aparente, desprenderse de Yrigoyen. Este pidió que lo dejen reflexionar hasta el día siguiente. En ese mismo día, una de las manifestaciones intenta entrar a la Casa de Gobierno. La guardia mata a uno de los estudiantes. A él se le prepara un entierro que según la gente haría caer a Yrigoyen.
Al día siguiente el ambiente estudiantil llegó al máximo y distribuyó un manifiesto donde se le exigió la renuncia a Yrigoyen.
Ese mismo día iban a ver al presidente, quién firma el decreto de delegación provisorio del mando traído por González. A la tarde se le comunicó al país que Yrigoyen no ejercía más la presidencia, que lo hace Martínez, quien declaró estado de sitio por treinta días, y anunció que lo hizo "para evitar la repetición de incidencias por conceptos lamentables". Creyó que había quitado la oposición de la calle, y tampoco le preocupó la los los rumores de una revolución ya que no ordenó la detención de Uriburu.
Para que la revolución tome un tono constitucionalista, Justo redactó bases como programa revolucionario y se distribuyeron copias.
Uriburu informó que la revolución estallaría a las 7:30 de la mañana siguiente. A esa hora se presentaría en Campo de Mayo, y desde allí marcharía con las tropas a la Casa de Gobierno, sin encontrar resistencia en ninguna parte. También declaró que la revolución la haría "en forma de no tener ninguna relación con los políticos, que quería tener absoluta independencia para obrar una vez en gobierno".

El 6 de Septiembre
El plan de Uriburu no difería del que tuvo para el 30 de agosto. Los oficiales conspiradores sublevarían contra sus jefes de la base aérea del Palomar, el Colegio Militar de San Martín, los regimientos de granaderos, la Caballería de Palermo y la Artillería de Ciudadela. Confiaba en anular la policía de la capital yrigoyenista.
La noche del 5, dos oficiales de la Escuela de Artillería le anunciaron a Uriburu que no se podía contar con Campo de Mayo y debía nuevamente, postergar el golpe. Pero a las dos de la mañana, el coronel Reynolds, director del Colegio Militar, le comunica que podía contar con el instituto y allí lo recibiría. Uriburu ordenó que se apoderasen de la base del Palomar, que aprontaran los aviones y que se advirtiera a los demás que la revolución no se postergaba.
Uriburu, llegó a San Martín a las 5:30 horas de la mañana, y a las 7:30 entró al Colegio. Reynolds lo esperaba con los cadetes formados en el patio de armas con equipo de combate. La mayoría de los oficiales estaban en sus puestos.
A las ocho de la mañana pasaron los primeros aviones de la base del Palomar; poco más tarde llegó el equipo de Comunicaciones del Palomar, que no pasaban de 800 hombres. Los civiles no pudieron llegar ni tampoco la Legión de Mayo, los jóvenes de la liga republicana fueron por caminos disimulados.
A las once, llegó el capitán Saavedra con los tres escuadrones del primer grado de Caballería sacados de Campo de Mayo.
En total no llegaban a 2000 hombres, muy pocos para imponerse a Campo de Mayo, Palermo y Ciudadela.
A las 12:40 hs. Uriburu dió la orden de marcha.
El vuelo de los aviones y la errónea noticia de Campo de Mayo hizo que una multitud acompañara a Uriburu y Reynolds. El teniente coronel Sarobe, que no había conseguido levantar la Escuela de Guerra por la pertinencia vigilante, alcanzó con Justo a Uriburu en Villa Urquiza.
Desde las primeras horas de la mañana del 6 de setiembre Enrique Martínez estaba en el despacho presidencial.
A las 9:30 hs. se oyó la sirena de CRÍTICA y el anuncio de que "el general Uriburu, al frente de las tropas de Mayo, viene hacia la ciudad a poner término al gobierno que nos avergüenza". Sabía que los políticos que fueron a sublevar la guarnición están presos.
A las 10 hs. recibió un telegrama de Uriburu en el que le pidió la renuncia a él y a Yrigoyen.
Martínez quizo ampliar el estado de sitio a toda la República, pero los ministros prefirieron consultarle a Yrigoyen.
A las 11:30 hs. El general Marcilese le comunicó a Martínez que se había instalado la junta de defensa en el Arsenal.
A las 17 hs. Martínez levantó una bandera blanca en el mástil a manera de bandera de parlamento. Una multitud llenó la Casa de Gobierno que estaba sin custodia.
La columna revolucionaria siguió su marcha. En Córdoba y Riobamba ocurrió el primer tiroteo, pero la columna siguió su marcha. En la Plaza del Congreso se produció otro tiroteo de mayores proporciones.
Dominando el desorden avanzaron por la avenida de Mayo, por Rivadavia y Victoria, y por la Escuela de Comunicaciones.
La mayor parte de los ministros habían abandonado la Casa de Gobierno. Martínez quizo ir a resistir a la revolución pero no lo dejaron.
A las 18:10 hs. Llega Uriburu. A las 18:20 se encuentró con Martínez en el comedor de la residencia y le exigió la renuncia, pero éste no quiere, entonces Uriburu ordenó que la aviación bombardee el Arsenal y el Departamento de Policía.
Colombo convenció hacer renunciar al presidente. Justo es comisionado a rendir el Arsenal. Martínez es dejado en libertad y pudo retirarse a su domicilio. Su presidencia había durado veintiocho horas.
González explicó a Yrigoyen que este debía renunciar, de lo contrario bombardearían al Arsenal, pero Yrigoyen quería intentar la resistencia, pero no tuvo otro arbitrio que entregarse y renunciar sin comprender las causas de la veralidad de su pueblo.

¿Qué pasó después?
Después de este golpe de Estado, la situación económica empeoró y la inquietud política fue en aumento. Enfermo y sin posibilidades de ser concretado su proyecto, Uriburu aceptó convocar a elecciones.
Varios partidos conservadores del interior se unieron y, con el apoyo de muchos antipersonalistas, propusieron la candidatura de Justo. Para esta Alianza utilizaron en nombre "La Concordancia". A los candidatos ni se les computarían los votos que pudiesen obtener.
Como consecuencia, el partido Radical declaró la abstención en las elecciones. Este fraude electoral, que impidió la presentación de un partido que seguía siendo mayoritario en los distritos más importantes del país, le permitió a Agustín Pedro Justo llegar a la presidencia de la Nación

Sus causas
Por este tiempo el Estado asumió un papel mas activo que hasta entonces y la política económica fue conducida con habilidad y protagonismo, aunque muy subordinada a intereses. Pero el liberalismo estaba en baja y ala defensiva. Como no había dirigentes políticos en el conservadurismo, se pidió ayuda a otros partidos para brindar un buen reporte político
La práctica constante del fraude condujo al escepticismo. Ese nacionalismo aumentó, y apuntó a objetivos alejados del campo político. La mayoría ya no confiaba en el sistema.
Ortiz, llegó a la presidencia en este ambiente y enfermo, era diabético. Se inclinó por el radicalismo antipersonalista.
Cuando promediaba el año 40 la posición del presidente firme. Pero su enfermedad hizo crisis en Julio, cuando tuvo que delegar el poder en el vicepresidente: Castillo.
A partir de ese momento, se hizo manifiesto que la situación de relativo equilibrio que en medio de las presiones mantenía el Gobierno Nacional, había dependido del Presidente.
Castillo cambió las condiciones existentes y reveló tres líneas militares. El se inclinaba hacia los conservadores y nacionalistas.
Unos meses después la censura de la mayoría del Senado al ministro de guerra provocó una fuerte reacción en el presidente. Enseguida, el 22 de agosto, Ortiz envió su renuncia. Pero la posición y mantener la naturalidad argentina impidiendo que cayese en la influencia norteamericana. Seguiría restaurando el conservadurismo con apoyos del nacionalismo y contra el radicalismo. Comenzó la crisis, mientras Ortiz hacia público el retorno del fraude político, que dio pie para que se intentaran conspiraciones nacionalistas y la penetración Nazi en la Argentina. Pero los partidarios de Justo las neutralizaron. Castillo afirmó la neutralidad argentina ante la guerra, lo que provocó el aislamiento continental y el endurecimiento de sus relaciones con Estados Unidos.
La posición política de Castillo parecía más fuerte en 1.942 y en las fuerzas armadas disputaban tres líneas: la " justicia", la " nacionalista", y la "profesionalista".
Al año siguiente, el 11 de enero de 1,943 muere Justo por un derrame cerebral.
El campo parecía despejado para Castillo aunque su prestigio cayó al comunicar que Robustiano Patrón Costas le sucedería en el gobierno.
Esta pérdida se sintió en las filas internas. Los 20 meses de tranquilidad habían terminado.
Los generales Rawson y Menéndez, viejos conspiradores, se lanzaron a buscar adeptos.
Los oficiales mayores no pensaban en revolución. Pero a los jóvenes no le gustaba Patrón Costas, que significaba el abandono de la neutralidad y la continuación del régimen con sus falsificaciones electorales y lastre de corrupción. Pero con una "revolución" que derrocase al gobierno constitucional bastaría. Todo era cuestión de oponerse a Patrón Costas un candidato radical, que podía ser Amadeo Sabattini, radical quien acababa de hacer un gran gobierno en Córdoba, y se manifestaba neutralista.
La noche del 15 de mayo se reunieron los directivos del GOU convocados por Perón. Se propuso la " acción inmediata " pero predominó la opinión de seguir los contactos radicales. Pero estos no encontraban una figura que pudiera unir a las dos fracciones radicales. Entonces se propuso a Ramírez, ya que Castillo no podría hacerle fraude a su ministro de guerra. Castillo se enteró de inmediato y le reprochó su falta de lealtad y lo comprometió a desmentir por la prensa su posible candidatura.

Los días revolucionarios
Ramírez lo hizo, y el 3 de junio se corrió la voz de que este había renunciado.
En esa misma mañana el teniente coronel González se enteró que había un decreto privado por Castillo, que "separaba" a Ramírez de su cargo y lo ponía como titular de marina.
Esto sería el detonante de la revolución. González se pone en contacto con Perón quien dice que el desplazamiento sin renuncia de Ramírez no era solamente un agravio al ejército, sino descabeza al GOU (grupo de oficiales unidos).
Se resolvió a iniciar el movimiento con la marcha de Campo de Mayo y Liniers sobre Bs. As. Solamente jefes de unidades eran miembros del GOU, pero se les informó a la 1º división y a la 2º y 3º de la Infantería.
Antes de comenzar se relató una proclama revolucionaria.
Ramírez había pedido que en caso de decidirse la revolución fuera un general y no la logia de oficiales quien apareciese al frente. El GOU pensaba que le comprendía al general Martín Gras, quien no pudo aceptar por una enfermedad repentina. Entonces Arturo Rawson fue quien cumplió el cometido. Desde ese momento obró como jefe de la revolución.
Los comandantes de Campo de Mayo se reunieron en la escuela de caballería de Campo de Mayo para informarle de la situación y resolver la actividad de acontecimiento. González informó la exoneración (alivio) del ministro de guerra. A todos le pareció que era un agravio y Campo de Mayo debía ponerse en pié de guerra para sostener al ministro y, un caso necesario derrocar al presidente.
Rosas y Belgrano deben levantar la Escuela de Infantería en ausencia de su director, y Sosa y Mascaró anular al Regimiento de Ciudadela.
En esa noche (3 de junio) Castillo recibió la información que en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo estaban reunidos
varios jefes del acontecimiento con el secretario del Ministerio de Guerra (González), entonces llamó a Ramírez. Este creyó que era para pedirle la renuncia. Con ella se presentó el Olivos. Eran las 2 de la mañana del 4 de junio. Pero el presidente no lo había llamado para pedirle la renuncia, sino para que le informara sobre la reunión de Campo de Mayo. Ramírez no pudo decirle nada, porque en realidad no sabía nada. Castillo le ordenó que fuera a Campo de Mayo a " ver lo que allí sucedía". Si Campo de Mayo se había levantado en armas o estaba por hacerlo debía conseguir una demora de 24 horas para aclarar el malentendido.
Ramírez, sin presentar su renuncia, le expresó su lealtad y se fue a Campo de Mayo.
Eran las 3 de la mañana cuando llega Rawson a la Escuela de Caballería. La mayoría de los miembros del GOU habían ido a cumplir sus cometidos.
Nadie ha hablado de un enfrentamiento. Poco después llega el Gral. Ramírez que viene a cumplir la misión encargada por el presidente. Pero Rawson no la acepta y comunica que Castillo debe irse, y si se encontraba oposición "tendría que correr sangre".
Ramírez se desconcierta. La deposición de Castillo no tiene objeto, pues no ha retirado su confianza al ministro. Pero los preparativos estaban terminados y todos estaban en sus puestos.
Será un levantamiento total de las Fuerzas Armadas. No podrá haber resistencias efectivas. Los pocos jefes legalistas han perdido el control de sus unidades, pero aseguran que no correrá sangre.
Se abren los portones de Campo de Mayo y la tropa se pone en marcha con Rawson a su frente. Ramírez vuelve a Buenos Aires a comunicarle al presidente el fracaso de su gestión.
Diez mil hombres de las tres armas se dirigen hacia Buenos Aires desde Campo de Mayo, Liniers y Ciudadela. Son las 6 de la mañana.
En Olivo, la residencia se estaba llenando de ministros y altos funcionarios porque la existencia de una revolución había corrido por la ciudad.
Castillo no puede convencerse de que sea una "revolución", ya que todo estaba bien el día anterior. A las 5 de la mañana visita la división de Palermo donde le comunican que no hay síntoma de sublevación ya que los comandantes obedecen al ministro Ramírez y sin su orden no se pondrán en marcha.
Castillo y los ministros se trasladan hacia la Casa de Gobierno. Todo está tranquilo. Unas horas después llega Ramírez informando que no ha podido cumplir su orden y que las tropas están saliendo de Campo de Mayo. Castillo arresta a Ramírez.
En la ciudad desde la noche anterior saben que algo pasa.
Hacia las 9:30 le informan a Castillo que no era posible resistir al alud. Sólo el departamento de policía está de pie para defender al presidente. Entonces éste ordena que se suspendan las medidas preventivas y que preparen el rastreador porque se embarcará en él. Invita también a los ministros. Poco después parten.
Mientras tanto las tropas de Campo de Mayo llegan a la avenida Gral. Paz y de allí se desplazan hacia el río. Las de Ciudadela y Liniers entran por la calle Rivadavia; las del Arsenal circundan el Departamento de Policía (que tiene orden de no hacer fuego contra el ejército).
Rawson manda al coronel Mendoza, para que Martínez, jefe de la policía, le entregue su cargo y divida sus tropas en dos columnas, una que marchara por la avenida Alvear y otra por Cabildo. Pero al enfrentarse la Escuela de Artillería y la Escuela de Mecánica, se produce un inesperado combate con un saldo de 70 víctimas.
La marcha siguió, al medio día, la columna revolucionaria llegó al viejo Tiro Federal.
Desguarnecida la policía, la plaza de Mayo es un hormiguero de gente.
Un grupo de comunistas intentan incendiar las publicaciones nacionalistas que difunden los jóvenes de la Alianza, y destruyen los ómnibus de la Corporación de Transporte.
Rawson entra a las 15 a la Casa de Gobierno, que acaba de abandonar Castillo. Llegan los jefes de Campo de Mayo, el liberado Ramírez y el primer escalón del GOU. Se ha tomado el Ministerio de Marina. Rawson nombra a González secretario de la presidencia.
Ha llegado la hora del trabajo: Farrell irá a la comandancia de Palermo, con Perón, Eyzaguirre, al Segundo Regimiento y Ducó
al Tercero. Todos son hombres del GOU.
Castillo, embarcado en el Drummond vuelve, y atraca en el Río de la Plata, donde lo esperaba Mason, en representación de
Rawson, y un grupo de oficiales. A estos les había avisado la Marina, ya que no le era leal a Castillo. El Gral. Quiere conminarlo a que cumpla una formalidad que los militares entienden necesaria: que entregue la renuncia del cargo.
Castillo sonríe y los acompaña al Regimiento nº7. Pregunta si debe dirigirla al Congreso; le dicen que ha sido disuelto, entonces no la dirige a nadie y traza dos líneas que entrega a Mason. El Gral. Le informa que está en libertad y puede disponer de su persona. Trece años atrás, en ese mismo cuartel, firmó Yrigoyen su renuncia.
Castillo va a su residencia donde recoge sus cosas y su familia.
No hubo necesidad de designar a un presidente, Rawson entró al despacho y tomó asiento en el sillón presidencial. Nombra presidente a Sabá Suyro, su compañero de conspiración, y en el ministerio de Marina a Benito Sueyro.
Dos días después asume Ramírez a la presidencia.

¿Qué pasó después?
En octubre de ese año Ramírez, por presiones de sus compañeros de armas, nombró vicepresidente al Gral. Edelmiro Farrell. En febrero de 1.944 Ramírez solicitó licencia y días después renunció. Farrell asumió la presidencia y el 10 de marzo, designó vicepresidente de la Nación al Coronel Perón.
Al promediar el año 1945 el gobierno surgido del golpe militar dos a los antes se encontraba desprestigiado. Los partidos políticos disueltos por decreto, estaban en realidad activos. Las críticas acusaban al gobierno de nazifascita y la situación europea mostraba la derrota de los sistemas totalitaristas. Sin embargo Juan D. Perón, un militar que había desarrollado una intensa actividad en la Secretaría de Trabajo y de Previsión, despertaba la simpatía de amplios sectores. Esa popularidad de Perón le creó enemigos dentro del Ejército, quienes presionaron al Gral. Farrell para que lo destituyeran. El 13 de octubre Perón fue detenido y enviado a la Isla Martín García. La huelga general decretada por la Confederación General del Trabajo y una enorme concentración realizada el 17 de octubre de 1.945, evidenciaron el consenso que Perón había logrado en los sectores obreros.
Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación el 4 de junio de 1.946, retornándose así a la normalización institucional.

La caída de Perón
Perón gobernó durante 6 años. Finalizado su primer mandato, tuvo la posibilidad de ser reelecto presidente por el período 1952-1958. Pero las condiciones ya no eran las mismas, la situación económica empeoraba crecía el descontento de numerosos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, los grupos agrícolas - ganaderos, la Marina y varios partidos políticos, fundamentalmente la U.C.R.
La oposición organizó el golpe de estado con la decisiva participación de oficiales del Ejército y principalmente de la Marina. Las razones del descontento de estos grupos estaban en el creciente enfrentamiento que Perón mantenía con la Iglesia Católica, debido a la sanción de una ley de divorcio, el permiso para el funcionamiento del prostíbulos y la decisión de abandonar el sostén del culto por parte del Estado.
Otra cuestión que había irritado a los sectores ultranacionalistas era que Perón planeaba pasar la explotación del petróleo de la Patagonia a empresas norteamericanas, dejando de lado a YPF.
El 16 de junio los conspiradores atacaron la Casa de Gobierno con aviones de la Marina y Fuerza Aérea, apoyados por escasos contingentes del Ejército. Bombardearon la Plaza de Mayo dejando un saldo aproximado de 1000 víctimas, la mayoría eran civiles. El objetivo era matar a Perón, pero el presidente, avisado de la intentona, se había refugiado en el Ministerio de Guerra, donde hoy funciona el Comando en Jefe del Ejército.
El gobierno culminó exitosamente con la rendición de los jefes militares golpistas. Pero la acción, de las fuerzas civiles que apoyaban al gobierno aumentó los problemas. Varias iglesias y La Curia de Bs. As. fueron saqueadas y quemadas. Perón intentó calmar la situación, reemplazó a los ministros de prensa y declaró finalizada la revolución peronista y abierta una nueva etapa de carácter constitucional. El 15 de julio de 1955 pronunció un discurso ante los legisladores peronistas: este discurso implicaba un reconocimiento de críticas de los opositores hacia su régimen. La oposición política reaccionó con desconfianza y reclamó el restablecimiento de las garantías jurídicas comenzando por el levantamiento del estado de guerra interno - un mecanismo similar al del estado de sitio que permitía al Poder Ejecutivo suspender las garantías constitucionales y arrestar a individuos sin orden judicial vigente desde 1951.
La oposición mientras tanto organizaba el golpe de estado con la participación de oficiales del Ejército y principalmente de la Marina.
El 16 de septiembre estalló un levantamiento en Córdoba encabezado por el General Eduardo Lonardi. Las tropas leales no
pudieron sofocarlo, el levantamiento no consiguió extenderse. El Ejército procuraba no intervenir pero la Marina se movilizó totalmente contra Perón. Sus naves bloquearon Bs. As. Y amenazaron con atacar los depósitos de combustible de La Plata y Dock Sud. Antes de la hora señalada como ultimátum por la Marina, el Ministro de Guerra, el General Lucero pidió parlamentar y leyó una carta en la que Perón solicitaba la negociación de un acuerdo. Esta carta no era una renuncia, Perón describía su actitud como un renunciamiento; pero la Junta de Generales Superiores del Ejército decidió considerarla como tal y negociar con el grupo revolucionario. El 20 de septiembre Perón se refugió en la embajada del Paraguay e inició su largo exilio.
El 23 de septiembre una multitud perteneciente a la clase media, llenó la Plaza de Mayo para escuchar la palabra del nuevo presidente provisional, el General Lonardi.
El golpe que derrocó al gobierno peronista contó con el apoyo de la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas, apoyado por los sectores ya nombrados y por los sectores civiles. Todos estos sectores de la sociedad argentina coincidían en caracterizar al régimen peronista como una dictadura totalitaria, por esta razón se sintieron identificadas con el nombre de Revolución Libertadora que los militares golpistas dieron a la intervención que quebró el orden democrático. Los jefes militares que encabezaron el golpe se presentaron como los verdaderos representantes, de la democracia y la libertad.
Entre las medidas tomadas se encuentran la clausura del Congreso, la intervención de las provincias, la cancelación del contrato de concesión de explotación petrolífera con una empresa norteamericana, la intervención de las universidades y la formación de una Junta Consultiva integrada por representantes de los partidos tradicionales.
Lonardi era afín al nacionalismo católico y proclive a contemporizar con el peronismo. Frente a él, los sectores intransigentemente antiperonistas - encabezados por el vicepresidente, el almirante Isaac F. Rojas -, apoyados por los partidos políticos del frente antiperonista, reclamaban una política dura contra los partidarios del gobierno derrocado. Estas diferencias que se hicieron manifiestas con la renuncia de Lonardi y su reemplazo en noviembre de 1955. La presidencia es asumida por el Jefe de Estado Pedro Aramburu.

Presidencia de Pedro Eduardo Aramburu (1955-1958)
Con el General Aramburu en la presidencia - en la vicepresidencia quedo confirmado el contralmirante Rojas - comenzó una etapa que se caracterizaría por una enérgica actitud contra los partidos del régimen depuesto.
Los sectores autoritarios que rechazaban la orientación del gobierno de Perón y se resistían a aceptar los profundos cambios sociales llevados acabo por el peronismo, se afianzaron en el gobierno. La proscripción de Perón y del peronismo fue seguida por la prohibición de la publicación del nombre de Perón y de cualquier símbolo, palabra o imagen de éste.
El Ejército retiró de sus filas algunos militares a quienes se atribuía simpatías con el peronismo, al tiempo que se disolvió el partido peronista y se devolvió el diario "La Prensa" a sus legítimos propietarios.

Restitución de la Constitución de 1853.
La constitución vigente era llamada "Constitución Justicialista", sancionada en 1949. Por tal motivo el 23 de abril de 1956, el gobierno provisional puso en vigencia la Constitución de 1853, convocándose posteriormente a elecciones para una Convención Constituyente que se reunió en Santa Fe en septiembre de 1957. En esa convención de la cual tuvo excluido el peronismo se declararon nulas las reformas de 1949 y se mantuvieron los artículos de la Constitución de 1853, adicionándosele un artículo, el 14 bis, sobre derechos sociales.
El gobierno de la "Revolución Libertadora" auspició una política económica de corte liberal. Entre sus obras significativas se cuentan la inauguración de la super Usina de San Nicolás, la ampliación de la red caminera y la aprobación de una ley destinada a promover la industria automotriz y la CGT y los sindicatos fueron intervenidos.

Represión y resistencia social al gobierno de Aramburu.
Aramburu dictó varios decretos que tenían como objetivo desintegrar al peronismo como fuerza política y social. Además decretó la inhabilitación de todos los dirigentes políticos y gremiales que hubieran participado del gobierno de Perón.
Los anteriores militares intervinieron la C.G.T. y controlaron las sedes de los gremios mediante fuerzas de seguridad. También suspendieron las convenciones colectivas de trabajo privando a los trabajadores de negociar mejoras salariales en un período en el que el poder adquisitivo de los salarios decaía a causa de la inflación.
Frente a esta situación los trabajadores organizaron y protagonizaron acciones de resistencia. Se rebelaron contra la prohibición del peronismo. Realizaban actos en las celdas en las que cantaban la marcha peronista, arrojaban volantes favorables a Perón y desaparecían rápidamente. Otros se concentraron en comandos de resistencia social, que surgieron en todo el país, los más audaces y astutos comenzaron a organizar sabotajes y subir el tono de las protestas, haciendo estallar explosivos de fabricación casera.
Primeramente estos grupos no tenían conexión entre sí. El intento por establecer una relación orgánica partió de John W. Cooke (quien había sido diputado peronista en 1.946) y Perón que lo nombró su delegado. Desde 1.957 las acciones de la resistencia fueron creciendo en organización.

División de la Unión Cívica Radical
Dentro de este tradicional partido se fueron perfilando líneas políticas: una encabezada por Arturo Frondizi y otra dirigida por el doctor Ricardo Balbín.
En 1.956 se reunió en Tucumán la Convención Nacional de la U.C.R. con la ausencia de los delegados partidarios de Balbín. La asamblea proclamó a Arturo Frondizi y a Alejandro Gómez como integrantes de la fórmula radical. La ruptura del partido ofreció dos versiones a los ciudadanos: la U.C.R. intransigente liberada por Frondizi y la U.C.R. del pueblo dirigida por Balbín.

La división del radicalismo - que se había producido en 1956, cuando se lanzó la candidatura de Arturo Frondizi - introdujo un nuevo elemento de confusión en el gobierno. Frondizi sabía que si conseguía arrastrar los votos peronistas triunfaría. Para ello selló un pacto secreto con Perón- que consistía en ofrecer el apoyo electoral de Perón a Frondizi a cambio del levantamiento de las proscripciones al partido. Este pacto permitió a Frondizi triunfar en las elecciones nacionales del 23 de febrero de 1958 convocada por el gobierno militar. La fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente (Arturo Frondizi - Alejandro Gómez) obtuvo la mayoría, triunfando en los comicios.
Arturo Frondizi asumió la presidencia el 1 de mayo de 1958, ante la expectativa general. A su llegada el país estaba dividido y tenía una economía muy deteriorada.
El presidente debía enfrentar una doble situación: quienes no eran peronistas le reprocharían permanentemente el hecho de haber llegado al poder con el apoyo peronista y éstos le enrostrarían que no los dejara participar abiertamente en la conducción nacional.
Al principio Frondizi puso en marcha algunas medidas tendientes a satisfacer demandas de los sectores peronistas. Se intervino la C.G.T fijándose un plazo de noventa días para su normalización, se sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales que auspiciaba una central obrera encuadrada dentro de la filosofía propiciada por los sindicatos peronistas, se dialogaron decretos y resoluciones que prohibían la propaganda peronista e inhabilitaban a ex funcionarios de ese gobierno, otorgó un aumento salarial del 60 % y concedió la amnistía y levantó proscripciones sobre dirigentes y organizaciones sindicales. Estos medios lograron una relativa tranquilidad sindical que duró a lo largo de 1.958.
El gobierno estuvo dominado por la constante presión militar sobre el presidente. Los militares desconfiaban de Frondizi, por sus antecedentes izquierdistas y por su reorientación hacia el capitalismo pronorteamericano. Frondizi era visto como un político maquiavélico, dotado de una gran capacidad táctica, y poco confiable, que había pasado del antiperonismo militante al acuerdo electoral con Perón. Los militares presionaron al presidente mediante los "planteos" (32 planteos en menos de 4 años), para que tomara alguna medida de orden general – como el desplazamiento del asesor presidencial, Rogelio Frigerio, y la designación de un ministro de economía que mereciera su aprobación, como Alvaro Alsogaray.
El momento culminante de la crisis se produjo en 1.962 ante las elecciones de renovación de gobernadores provinciales. El peronismo se presentó en la provincia de Buenos Aires bajo la denominación de la Unión Popular y ganó las elecciones. El triunfo de los candidatos peronistas en la mayoría de las provincias desencadenó una crisis que terminó con el derrocamiento de Frondizi.
El 28 de mayo de 1.962 las tres fuerzas armadas decidieron deponer al presidente Frondizi que fue detenido en la residencia de Olivos y llevado a la Isla Martín García.

La economía
Frondizi llevó a cabo una política de integración referente a la creación de una alianza - que incorpora a la clase obrera peronista bajo el liderazgo de la burguesía.
Esta alianza tenía como fin conseguir el desarrollo económico del país. El desarrollo suponía un salto en el proceso de industrialización, que sería posible con capitales y tecnologías extranjeras.
El tradicional papel agroexportador de la Argentina en estrecha asociación con Gran Bretaña, fue cuestionado y el gobierno planteó transformar el país en una moderna nación industrial.
La política de radicación de capitales extranjeros - cuyas medidas principales fueron las leyes de inversiones extranjeras y de promoción industrial y los contratos petroleros - tuvo éxito porque coincidió con la etapa de gran expansión transnacional de las empresas norteamericanas.
Entre 1.958 y 1.963 se alcanzó el máximo histórico de las inversiones extranjeras del período 1.912 - 1.975: alrededor del 23% del total del período. Las ramas industriales privilegiadas en esta segunda etapa del proceso de sustitución de importaciones fueron la automotriz, la petrolera y petroquímica, la química, la metalúrgica y la de maquinarias eléctricas y no eléctricas. Las inversiones se orientaron hacia el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecía un mercado interno protegido.
La política petrolera de Frondizi fue objeto de controversias por el papel que había tenido el propio presidente en la crítica a los contratos petroleros propuestos por Perón durante su gobierno. Esta política consistía en formalizar convenios con empresas privadas y extranjeras para que extrajeran petróleo, tramitación de los contratos sin licitación previa, así como el drástico cambio de posturas ideológicas sobre la materia sostenida anteriormente por Frondizi desde el libro y en el parlamento, merecieron la crítica de los más diversos sectores: los grupos nacionalistas, la UCR del Pueblo y los partidos de izquierda lo combatieron duramente.
En 1.959 el Plan de Estabilidad y Desarrollo anunciado en diciembre de 1.958 provocó una fuerte reacción popular y como consecuencia el marco general del país se tornó crítico. El gobierno cambió al Ministro de Economía. El nuevo ministro, Alvaro Alsogaray, aplicó un programa ortodoxo de estabilización económica – devaluación, congelamiento salarial, contención del gasto público -, que llevó a una ruptura con el movimiento obrero organizado. Ello originó una sucesión de huelgas y atentados que fueron reprimidos duramente. El gobierno dispuso la aplicación del Plan Conintes (Conmoción del Orden Interno) mientras persistían los planteos militares y se hacían oír duras críticas de la oposición.

Relaciones exteriores
La actitud de Frondizi ante la Revolución Cubana de 1959 – que instaló el primer gobierno socialista en América Latina – volvió más tensas las relaciones con los militares. Aunque era partidaria de la Alianza para el Progreso, impulsada por el presidente J.F. Kennedy, Frondizi trató de mantener una posición internacional diferente de la de los EE.UU, nación que condenaba abiertamente al régimen cubano. Sin embargo, Frondizi, presionado por los militares, rompió relaciones con Cuba. La Revolución Cubana confirmó los temores de las Fuerzas Armadas y acentuó su anticomunismo militante.

José María Guido, presidente entre dos crisis: la militar y la económica
Con el derrocamiento de Frondizi, y la anterior renuncia del vicepresidente se abrió un interrogante respecto de la sucesión presidencial. Durante la jornada del 29 de marzo el país prácticamente no tuvo gobierno. Mientras el Comandante en Jefe del Ejército se hacía presente en la Casa de Gobierno para hacerse cargo de la presidencia, se produjo un hecho nuevo y confuso. El doctor José M. Guido, con su carácter de vicepresidente primero del Senado, se había presentado ante la Corte Suprema de Justicia declarando que asumiría la acefalía presidencial en virtud de una ley de acefalía. Tras largas deliberaciones con los mandos, Guido fue reconocido.
El nuevo presidente anuló las elecciones efectuadas durante la etapa final de la presidencia anterior, intervino la provincia y dispuso el receso definitivo del Congreso Nacional.

Los sectores "azul" y "colorado"
La gestión de Guido tuvo dos características: un fuerte deterioro económico y pronunciamientos en distintos sectores militares. Por un lado estaba el grupo legalista de Campo de Mayo (identificado como "azul") encabezado por el General Juan Carlos Onganía y por otro lado se encontraba el sector militar denominado "colorado".
Unos y otros eran antiperonistas, pero diferían en las razones de su oposición a Perón y en su visión acerca de la política que debía seguir el Ejército.
Los azules eran antiperonistas por razones profesionales. Este grupo estaba formado por muchos oficiales que se oponían a Perón por sus intentos de politizar el Ejército. Los azules eran mayoría en la caballería, a la que pertenecían los miembros de la clase alta. Los azules pensaban en la posibilidad de integración de una fuerza política de base popular y al mismo tiempo anticomunista.
Los colorados eran antiperonistas por razones sociales. Predominaban en las armas de infantería y artillería. Consideraban inaceptable cualquier tipo de incorporación del peronismo al sistema político.
El enfrentamiento entre azules y colorados falló a favor de los azules, que en adelante tendrían el predominio dentro del Ejército. El General Onganía, principal figura entre los azules se convirtió en el Comandante en Jefe del Ejército. Los azules planearon la constitución de un "frente nacional" que incluyera detrás de un líder, a militares, empresarios y sindicalistas. Este plan fracasó y las elecciones debieron realizarse, con el peronismo expulsado.

Elecciones
Con el Ejército restablecido, la Aeronáutica plegada por simpatía a la orientación "Azul" y la Marina un tanto lastimada pero neutral, Guido pudo moverse con mayor tranquilidad y anunciar que las elecciones presidenciales se realizarían a mediados de 1963.
De inmediato se produjo una gran movilización de los partidos políticos. Se integro un frente nacional y popular conformado por fuerzas heterogéneas, entre ellas, el peronismo, el cual ante los obstáculos legales que se le opusieron optó por la abstención. La U.C.R. del Pueblo presento las candidaturas de Arturo Illia y Carlos Perette, para presidente y vicepresidente respectivamente. En esos momentos surgió una nueva agrupación política: la Unión del pueblo argentino (U.D.E.L.P.A.), que sostuvo la candidatura del General Aramburu.
Las elecciones se realizaron el 7 de julio de 1963. El 25% de los votos favorecieron a Illia, hubo un 19% de votos en blancos y los restantes se lo llevo la U.C.R.I.

Arturo Illia llevó a cabo un gobierno caracterizado por el respeto escrupuloso a la legalidad republicana y no trató de consolidar una coalición de intereses con los grupos organizados (los militares, los intereses liberales financieros y el sindicalismo peronista).
Procuró gobernar evitando conflictos, con un estilo moderado y tolerante, que sus enemigos calificaron de lento e inoperante.
Su gobierno aportó libertad política y cultural. El país vivía plenamente la vigencia de la Constitución y se gobernó sin estado de sitio observándose una absoluta libertad de expresión.
Al comienzo la situación política del presidente era débil a causa del escaso apoyo que tenía. Luego la situación cambio y el gobierno debió enfrentar la oposición militar - la U.C.R.P estaba vinculada con el sector colorado del Ejército y el control de éste estaba en manos de los azules -, la sindical, la de los medios de comunicación y la de sectores empresariales.
Los logros económicos del gobierno no le otorgaron nuevos aliados porque la política económica no buscaba beneficiar específicamente a ninguno de los grupos de intereses organizados.
Los desarrollistas reclamaban la anulación de los contratos petroleros y una política más benigna hacia la inversión extranjera. Los liberales protestaban por lo que consideraban un dirigismo excesivo del gobierno, al que acusaban de indiferente frente al proceso de movilización sindical realizado por la C.G.T. Ésta en 1964 presento un Plan de Lucha que intentaba bloquear el proyecto de gobierno de limitar el poder de las organizaciones sindicales a través de leyes sindicales y de un control más estricto de su política interna. Se ocuparon más de 10.000 establecimientos industriales por sus obreros. Esta medida se hizo sin mayores inconvenientes pero la imagen del gobierno se fue deteriorando.
Este plan conducido por el sindicalista metalúrgico Vandor tenía como destinatario al gobierno y buscaba mostrar a otros sectores poderosos - las Fuerzas Armadas, el empresariado y Perón -.
El propósito de Illia fue derrotar a los peronistas en elecciones sin proscripciones. El logro de este objetivo se basaba en la situación política en la que se encontraba el peronismo.
Perón encontraba enormes dificultades para ejercer su liderazgo a distancia y envió a su esposa María Estela Martínez para dominar al peronismo indócil. Las gestiones de ésta tuvieron éxito y se restituyo la "verticalidad" de la estrategia peronista.
Dentro del grupo peronista que trataba de ampliar sus bases independientes de Perón, el liderazgo de Vandor favorecido por el Plan de Lucha y por una alianza con una parte de los caudillos provinciales neoperonistas, adquiría perfiles más definidos.
Se torno increíble el liderazgo de Perón después del frustrado intento de la C.G.T de traer a Perón de regreso, que fue impedido por el gobierno.
La derrota del proyecto vandorista, en las elecciones de gobernador de Mendoza, contribuyó a que desaparecieran las posibilidades de una continuidad civil del gobierno de Illia, puesto que "el peronismo sin Perón" - el único tolerable para los militares- era una ilusión imposible.
El gobierno radical, sufría los ataques de una campaña de acción psicológica cuidadosamente organizada. El elemento principal era la denuncia de la supuesta inmovilidad del gobierno y el rechazo de los partidos políticos. Se quería legitimar la alternativa de una nueva fórmula política y militar, cuya cabeza era el Gral. Onganía. El golpe anunciado llegó el 28 de junio de 1966. Illia fue expulsado de la Casa de Gobierno; los miembros de la Corte Suprema, los gobernadores y los intendentes electos fueron destituidos, el Congreso y las Legislaturas provinciales fueron disueltos y la actividad de todos los partidos políticos fue suspendida. La Junta de Comandantes que ejecutó el golpe, mantuvo el poder durante 24 horas, para luego entregarlo al Gral. Onganía.

Desarrollo económico
Llegada al poder la U.C.R. trató de cumplir lo que había prometido en la campaña electoral: intervencionismo estatal y protección a los consumidores y hacia esos principios se orientó la política económica. Como consecuencia de esa política surgió la ley de Abastecimiento.
El gobierno fue desarrollando una creciente economía con una política económica caracterizada por un reformismo gradualista.
El competente equipo económico del gobierno radical consiguió buenos resultados:
* el PBI (producto bruto interno) tuvo un crecimiento importante
* el desempleo cayó a la mitad de los altos índices de 1963.
* crecieron los salarios
* el gobierno anuló los contratos petroleros firmados con empresas extranjeras en la presidencia de Frondizi
* se replantearon las relaciones con el F.M.I (Fondo Monetario Internacional)
* se retaceó el aporte crediticio a las grandes empresas otorgándolo a las pequeñas.
* se modificó el acuerdo con SEGBA asegurando la mayoría estatal en la conducción de la empresa.

Política exterior
La política radical, en este aspecto, se manifestó independiente a la biporalidad existente y el presidente se rehusó a integrar expediciones militares intervencionistas en otros países (como la propiciada con la República Dominicana en 1965). Se destaca la participación del canciller argentino Miguel A. Zabala Ortiz, quien supo manejarse con solvencia frente al problema de Malvinas cuando se negó a admitir ante la Asamblea de las Naciones Unidas que al principio de autodeterminación de los pueblos fuese aplicable al caso de nuestras islas. La tesis argentina se basó en el hecho de que las Malvinas no son una colonia inglesa, puesto que Inglaterra no colonizó sino que se estableció por la fuerza, en época de paz, desalojando a una población que con legítimo derecho ejercía su soberanía.
Nuestro país solicitó que "debía respetarse la integridad territorial de todos los países, impidiendo cualquier intento encaminado a quebrantar, total o parcialmente, la unidad nacional" lo cual ocurría si una parte del territorio argentino continuaba siendo colonia británica.
Frente a la argumentación argentina la XX Asamblea General de las Naciones Unidas votó por la resolución que establece que el problema de la descolonización debía resolverse sin demora entre las dos naciones "a fin de encontrar una solución pacífica". Esta resolución sirvió como base para las posteriores negociaciones entre los representantes de nuestro país y los del Reino Unido.

Derrocamiento de Arturo Illia: Presidencia del Gral. Juan C. Onganía
Derrocado Illia el poder pasó transitoriamente a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, quienes en nombre de la "Revolución Argentina" disuelve los cuerpos electivos (gobernadores, legisladores, concejales, etc.), los partidos políticos y separó de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Este golpe tuvo características diferentes a los anteriores, pues por primera vez las tres fuerzas actuaban unidas como corporación y declaraban que uno de sus objetivos fundamentales era reordenar y rigorizar la economía del país. Afirmaban que darían prioridad al tiempo económico por sobre el tiempo social y el tiempo político.
La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas ordenó presidente al General Juan Carlos Onganía, quién era el líder del sector azul del Ejército. El presidente no sólo contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas, también existía un consenso nacional basado en la esperanza de que se promovieran urgentes cambios económicos.
Se redactó un estatuto que reemplazaba a la Constitución Nacional en el cual no se estableció un límite de tiempo del mandato presidencial.
La dictadura militar buscó normalizar el funcionamiento de la economía capitalista en Argentina y se propuso reorganizar la sociedad sobre nuevas bases hasta el punto de prohibir las actividades políticas. Convencidos de que la crisis económica del país había sido provocada por las luchas partidistas, los militares, eligieron como funcionarios para ejecutar las políticas de gobierno a hombres de sólida formación técnica vinculados con las empresas de capital extranjero que realizaban inversiones en el país.
Las características particulares de esta dictadura se vinculaban a modificaciones en las condiciones internacionales - la nueva política de los Estados Unidos hacia América Latina y la Revolución Cubana de 1959 - y a la manera que esos cambios eran analizados en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Otro elemento clave fue la difusión ideológica de lo que se llamaría la Doctrina de la Seguridad Nacional. Los militares establecían una relación estrecha entre seguridad y desarrollo: el subdesarrollo generaba pobreza y descontento social, condiciones que permitían que prosperara el mensaje revolucionario comunista, lo que ponía en peligro la seguridad nacional.
Siguiendo con ésta línea el desarrollo económico se transformaba en una prioridad militar que servía para justificar la decisión de tomar el poder político y desde el Estado conducir un proceso de crecimiento económico.
El gobierno de Onganía intentaba disimular la alianza entre el sector dominante del Ejército y los grandes intereses empresariales, representados en el gabinete por la figura del ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena.
Onganía se rodeó de elencos ministeriales diferentes, donde figuraron funcionarios de gran experiencia empresarial y poca experiencia políticas y algunos con ciertas influencias nacionalistas.
Poco a poco se manifestó una actitud represiva: además de suprimir las actividades políticas, mediante un acto policial se anuló la autonomía universitaria.

La etapa económica
En 1967, ante la renuncia del Ministro de Economía, asumió Adalbert Krieger Vasena. Favoreció la concentración de capital en pocas manos, elaboró un programa económico que atacó la inflación, el déficit del Estado y congeló los salarios que pasaron a ser controlados por el gobierno. Los principales beneficiarios de su plan fueron los grandes empresarios y las grandes empresas industriales.
El agro pampeano se vió perjudicado cuando el gobierno devaluó la moneda en un 40% y estableció retenciones para las exportaciones agropecuarias, que impidió a los productores obtener beneficios de la devaluación. La supresión de las medidas proteccionistas para algunas producciones regionales desencadenó fuertes crisis sociales en provincias como Tucumán, Chaco y Misiones.
Pudieron encararse algunas obras de base y de "saneamiento". Se concluyeron algunas obras públicas de gran importancia como la represa hidroeléctrica Chocón - Cerros Colorados y la primera usina atómica situada en la localidad de Atucha; se concluyó el túnel subfluvial que une las ciudades de Santa Fe y Paraná y se mejoró la red caminera.
A pesar de que el gobierno pudiera mostrar logros en su objetivo de estabilización y crecimiento de la economía la gestión económica generaba un intenso descontento en sectores económicos importantes.
Hacia 1969 surgen algunos signos de intranquilidad pública. Los sindicatos y los estudiantes universitarios comenzaron a reaccionar y produjeron expresiones que fueron minando la autoridad del gobierno. En mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, se produjo un serio movimiento casi insurreccional: el Cordobazo que se extendió en a otras provincias. Provocó una gran conmoción interna y una consiguiente crisis de gabinete que hirió el gobierno de Onganía.
Las consecuencias inmediatas del Cordobazo fueron la caída de Krieger Vasena y la caída del frente interno militar.
El presidente debió encarar un hecho clave que oscureció el panorama político: el ex presidente Pedro Aramburu murió asesinado en manos de elementos extremistas. Este hecho marca el comienzo de la subversión armada en nuestro país.
Sin una fuerza política propia Onganía se cerró en un personalismo que desembocó en renuncia de 1970.

Presidencia de Roberto M. Levingston
La Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas procedieron a elegir nuevo presidente, designando al general Roberto Marcelo Levingston bajo cuya conducción, comenzaría la segunda etapa de la "Revolución Argentina". Esto significo un cambio en relación entre la Junta de Comandantes dominada por Alejandro Lanusse; ahora el presidente era un representante de la junta de comandantes.
El nuevo presidente militar solo se mantuvo en el poder escasos nueve meses. Levingston propuso "nacionalizar la Revolución Argentina cambiando el rumbo de la política económica, constituyendo un movimiento político en su apoyo y tomando distancia de Lanusse. Su intento fracasó.
En Marzo de 1971 Levingston - por desacuerdos y enfrentamientos con la Junta de Comandantes - renunció a su cargo y fue reemplazado por Lanusse.

Presidencia de Lanusse
La llegada de Lanusse al gobierno implicó la aceptación de los militares y el intento de conducir una transición ordenada que garantizaba la conservación de las Fuerzas Armadas, desacreditadas por su fracaso en el gobierno, y corroídas por diferencias internas y por la acción guerrillera.
Esta tercera etapa se caracterizó por la decisión gubernamental de institucionalizar el país. La vida política se normalizó, el partido justicialista obtuvo u personería política y se dio a conocer un calendario electoral.
Lanusse se propuso garantizar la transición de un gobierno civil preservando la unidad de las Fuerzas Armadas. Su plan político preveía el llamado a elecciones sin proscripciones, una enmienda a la Constitución Nacional y un pacto con las fuerzas políticas – el Gran Acuerdo Nacional, en el que se alentaba una vuelta a la vida constitucional. Se propuso limitar el papel de Perón bloqueando su candidatura presidencial. Perón tenía su estrategia para volver al centro de la vida política nacional. Procuró neutralizar el intento de Lanusse de establecer condiciones para la retirada de los militares del gobierno.
El acuerdo de Perón con el radicalismo se hizo realidad en noviembre de 1970 en "La Hora del Pueblo", una concentración de fuerzas políticas – el peronismo, la UCR y otros partidos menores – que se comprometían a luchar por un proceso electoral limpio y un gobierno respetuoso de los derechos de las minorías.
Perón decidió instrumentar en su favor la amenaza al orden social que implicaba la violencia política, presionado a Lanusse. Privilegió a los cuadros políticos tradicionales del peronismo frente al poder sindical.

La aparición de la violencia política
El período que se abrió con la crisis del gobierno de Onganía se caracterizó por una aceleración de los conflictos sociales y políticos.
Los sectores populares – obreros y sectores medios – protagonizaron un proceso de movilización caracterizado por una activa resistencia a aceptar modificaciones en sus condiciones laborales y pautas salariales.
La prohibición de realizar actividades políticas originó la progresiva radicalización de la violencia que reemplazó a la política y fue envolviendo a la sociedad argentina a lo largo de toda la década. Los protagonistas de esa violencia fueron los grupos guerrilleros surgidos a fines de la década del ’60. Los principales fueron el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), defiliación trotskista, y Montoneros, creación de un grupo proveniente del nacionalismo católico, luego de venido peronista.
Finalmente, la resistencia social quebró al Estado burocrático autoritario y logró el levantamiento del peronismo en 1.973 y el regreso de Perón al país en 1.974.

Presidencia de Héctor Cámpora
Las autoridades electas en los comicios del 11 de marzo asumieron sus funciones el 25 de mayo de 1973. El triunfo de Cámpora significó el triunfo de Perón, así lo refleja la consigna "Cámpora al gobierno, Perón al poder". Las fuerzas izquierdistas peronistas que acompañaban a Cámpora no lo entendieron así y procuraron mantenerse en el poder.
Entre las primeras medidas favorecidas por el gobierno de éste y aprobadas por la Legislatura, se cuenta una amnistía que permitió que saliesen de las cárceles un buen número de militantes políticos y algunos terroristas encarcelados por el gobierno anterior.
Dentro del peronismo - como una corriente de este - fue tomando fuerza el camporismo.
La República se conmovía frente a la violencia cada vez mas generalizada y en el movimiento peronista surgieron críticas a la conducción política llevada a cabo por Cámpora que produjo una crisis dentro de este nucleamiento. En consecuencia, los doctores Cámpora y Solano Lima renunciaron a sus cargos con el objeto confesado de posibilitar el acceso de Perón al Poder Ejecutivo. Cámpora se mantuvo en el cargo solo 50 días. Fue reemplazado provisoriamente por Raúl Lastiri (presidente de la Cámara de Diputados), hasta que se realizaran las elecciones.

Tercera Presidencia de Juan D. Perón
Los comicios se realizaron el 23 de septiembre y la formula Juan D. Perón - María Estela Martínez de Perón obtuvo el 61,85% de los votos el radicalismo, con las candidaturas de Balbín - De la Rúa alcanzó el 24,2%.
De vuelta en el gobierno, Perón buscó ordenar el complejo cuadro de fuerzas políticas y sociales movilizadas desde 1969. Trató de encauzar las expectativas y los conflictos de casi 20 años de enfrentamiento, y agudizados en los últimos años de la Revolución Argentina.
Perón intentó depurar su partido y reorientar la acción política, pero los conflictos habían penetrado en el peronismo y conmovido a la sociedad argentina.
El proyecto de Perón se basaba en: el acuerdo político y el Pacto Social. El primero fue fácil de concretar, la oposición política tenía la actitud de colaborar en la normalización institucional del país. A las apelaciones para la conciliación del país se adhirieron los partidos opositores.
El Pacto Social fue difícil de cumplir. La idea de un acuerdo entre sindicatos, empresarios y el Estado como herramienta de política económica y social no era novedosa dentro del peronismo, y se inspiraba en las experiencias europeas de concertación social. El Pacto Social no colmaba las expectativas de los sindicalistas. Los salarios fueron aumentados un 20%, las negociaciones colectivas fueron suspendidas por 2 años y se estableció un rígido sistema de control de precios. La CGT presionada por Perón firmo el pacto junto con la CGE, representante del empresariado, y el gobierno. El cumplimiento del pacto suponía que la CGE la central obrera y la CGT acatarían lo pactado. Sin embargo estos vieron caduca su posibilidad de asegurar esta condición y fueron superadas por sus bases.
El conflicto entre capital y trabajo pasó a resolverse en el ámbito de las empresas. Solamente la intervención directa de Perón mantenía con vida el acuerdo.
Este doble sistema no alcanzaba a contener el conjunto de problemas políticos que Perón debía enfrentar. Este procuró garantizar la autonomía de las Fuerzas Armadas y subordinarlas efectivamente al orden constitucional.
Se produjo un enfrentamiento entre el ala izquierda y el ala derecha del peronismo, propiciada por la renuncia de Cámpora, que abrió paso a un ajuste de cuentas de la derecha peronista. La evidencia trágica de estos enfrentamientos fue la masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973 - en el mismo día que Perón regresaba al país -.
Perón decidió apoyar a sus fieles sindicalistas y a los miembros de su entorno, liderados por su secretario privado y Ministro
de Acción Social, José López Rega. Esto condujo a un enfrentamiento con la izquierda peronista. En los primeros meses del gobierno de Perón, el conflicto tuvo como eje central el desplazamiento de los gobernadores cercanos a la izquierda peronista. Los secuestros y asesinatos políticos se fueron convirtiendo en un método habitual para resolver las diferencias dentro del peronismo. Los Montoneros eligieron sus víctimas entre sindicalistas - Rogelio Coria, ex secretario de la CGT y José Rucchi, secretario de la CGT-, políticos como Arturo Mor Roig (ex ministro de Lanusse) y empresarios como Jorge Born, secuestrados y luego liberados tras el pago de un importante rescate. En noviembre de 1973 apareció la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que atentó contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen. También tuvo como víctimas de sus ataques a Silvio Frondizi, Atilio López, el padre Carlos Mugica y Rodolfo Ortega Peña.
La ruptura definitiva y abierta entre Perón y la izquierda peronista se produjo el primero de mayo de 1974, en el acto del Día del Trabajo, durante el cual el presidente pronunció un discurso en defensa de los sindicalistas e hizo duras criticas a la juventud Peronista.
El 12 de junio Perón pronunció su último discurso público en la Plaza de Mayo. Amenazó con su renuncia y reclamó al movimiento obrero el cumplimiento del Pacto Social.
Muerte de Perón y sucesión de la presidencia a la vicepresidente María Estela Martínez
En junio de 1974 la salud del presidente se había agravado y el 1º de julio falleció.
Su muerte se convirtió en un suceso conmovedor. Sus exequias se realizaron ante la consternación generalizada en tanto que en el país se advertía un evidente vacío de poder.
El 1º de julio la presidencia fue asumida por la vicepresidente y esposa María Estela Martínez.
La muerte de Perón dejó sin control al conjunto de fuerzas que habían coexistido conflictivamente bajo su liderazgo y privó al gobierno de una conducción legítima y aceptada por el conjunto del peronismo que pudieran reformular los acuerdos políticos y sociales para asegurar la gobernabilidad del país.
Durante el gobierno de María Estela Martínez apareció un serio deterioro económico e institucional. Rodeada por un "micro clima" de consejeros de su propio círculo en el que habría de sobresalir el Ministro de Bienestar Social José López Rega, la nueva presidente resultó incapaz para resolver el cúmulo de problemas que asolaban al país, pues a la crisis económica se sumaron planteos sociales y violentos atentados terroristas.
Los sindicatos se sintieron libres de los compromisos que habían asumido en 1973 y se encargaron de deshacer el diseño político armado por Perón. La dirección de la CGT pasó a mano de sindicalistas.
Los nuevos compromisos que la nueva dirigencia negoció con el gobierno apuntaban a la reformulación del Pacto Social y al desplazamiento de los líderes sindicales y políticos opositores al oficialismo cegetista.
La concesión de la renegociación del Pacto Social produjo la renuncia de Gelbard. Esta reorganización del gobierno llevó a López Rega a la cúspide de su poder, fortaleció a la burocracia sindical y coincidió con su agravamiento de la violencia.
En1975 el conjunto de acuerdos que Perón había articulado y que habían compuesto el eje de su proyecto de institucionalización política había fracasado y el país parecía marchar desorientado.

Desequilibrio en la economía
La llegada de Celestino Rodrigo al Ministerio de Economía agudizó los problemas. López Rega apoyó a Rodrigo en la adopción de una serie de medidas conocida como el "rodrigazo"; estas medidas fueron: la devaluación del peso entre un 100% y un 160%, incremento del 181% en el precio de la nafta y del 75% en los precios del transporte y otras medidas que tuvieron como consecuencia la intensificación de la inflación y una crisis política. Este hecho obro como un detonante y se produjo una reacción sindical que habría de terminar con un hecho inédito: una huelga general propiciada por los sindicatos peronistas contra un gobierno del mismo signo político.
Ante el agravamiento de la crisis el ministro López Rega debió ser expulsado de su cargo.
La presidente solicitó una licencia y asumió provisoriamente el cargo el presidente del Senado Ítalo A. Luder, un peronista reconocido por sus posiciones moderadas que debió recurrir a las Fuerzas Armadas para contener los desbordes terroristas. Este firmó un decreto en el cual autorizaba a las Fuerzas Armadas a eliminar la subversión. Este decreto fue utilizado por los militares golpistas de 1976 para fundamentar la eliminación de los grupos subversivos.
Con la vuelta al poder de la señora de Perón, se hicieron más intensas las acciones terroristas de ultraizquierda mientras organizaciones de ultraderecha los enfrentaron apelando los mismos métodos. Fracciones políticas y sindicales resolvieron también sus disputas mediante la fuerza.
El regreso de María Estela Martínez, la crisis interna peronista, la agudización de la violencia política, y la falta de colaboración del empresariado y de las Fuerzas Armadas, quitaron al gobierno toda base de apoyo. Todo esto desembocó en un golpe de estado.

La Junta Militar
El descontrol económico, la violencia política y la evidencia de la desintegración del gobierno abrieron paso para que los militares regresen al gobierno.
El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar - integrada por los tres comandantes de las tres armas, Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R. Agosti (Aeronáutica) - destituyó al gobierno de María E. Martínez y asumió el gobierno iniciando lo que llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Esta nueva intervención militar fue diferente de las anteriores, el gobierno fue ejercido directamente por las Fuerzas Armadas. El gobierno militar se propuso transformar de raíz la sociedad argentina. Lo que para la Junta Militar estaba en juego era la existencia misma de una Nación. Para resolver esta crisis había que "reorganizar" la sociedad, en un "proceso" que no tenía "plazos" sino "objetivos". Se lanzó a una campaña contra los militantes políticos y sociales, haciendo uso de un terror mucho peor que aquel que decían estar combatiendo. Entre 1976 y 1983 - bajo el gobierno militar- miles de personas, fueron arrestadas y desaparecieron sin dejar rastros.
Esta "reorganización" tuvo características definidas: represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y ejercicio autoritario del poder.
El poder político fue reemplazado por el poder militar: la presidente fue detenida; se declararon nulos los gobiernos provinciales y municipales, cesó el Poder Legislativo, se removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se suspendieron las actividades políticas y gremiales en todo el país.
El proceso apoyó su accionar institucional en torno a tres instrumentos legales: 1) el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional; 2) el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y 3) el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar.
A través de los dos primeros, se firmó el carácter revolucionario el movimiento militar en tanto que por el tercero se reservaba la Junta Militar plenos poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Constitución Nacional quedó subordinada a los ya nombrados instrumentos legales.
En la proclama que dio inicio al Proceso, la Junta Militar alegó que estaban "agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional" y superada " la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones". Denunció la existencia de un "vacío de poder" y la necesidad de derrotar a la subversión.
La Junta Militar designó como presidente al Teniente General Jorge R. Videla el 2 de abril de 1976. El 1º de agosto de 1978 Videla dejó de integrar la Junta de Comandantes en Jefe y sólo ejerció la presidencia de la Nación.
El gobierno tenía ante sí la actividad de la guerrilla a la que muy pronto se le opondría una actividad simétrica de grupos militares y paramilitares que no siempre respondían al control presidencial. La llamada "cultura de la violencia" se había establecido en el país gestándose una especie de guerra civil larvada que dejó hondas y dolorosas huellas.
El gobierno militar estuvo atravesado por profundas divisiones internas.
Entre 1976 y 1981 la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública estuvo a cargo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto perjudicó el funcionamiento del Estado, porque cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar. Esto contribuyo a dividir al Estado en múltiples unidades que poseían una autonomía de hecho, con los efectos de corrupción
Cumplido el término fijado para el período presidencial del General Videla el 29 de marzo de 1981 asumió la presidencia el Teniente General Roberto E. Viola. Por enfermedad el presidente (diciembre de 1981) asumió interinamente la presidencia Tomás Liendo.
Viola distendió la economía nacional y reemplazó al ministro de economía. La Junta lo reemplazó, a Viola, transitoriamente por Carlos Alberto Lacoste.
Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco carteras con la intención de despersonalizar la política económica, incorporo una mayoría de civiles al gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios – nombró dirigentes representativos del sector rural y del industrial en los ministerios de Agricultura e Industria – e inició un diálogo con sindicalistas y políticos.
Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el régimen militar fracasó.
En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria – convocada por la UCR y compuesta por los partidos Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo -, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado "tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, conyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional".
Finalmente el mandato de Viola no alcanzó a cumplir un año y el 12 de diciembre fue relevado de la función presidencial y reemplazado por el Teniente General Leopoldo Galtieri, quien lo había sucedido a la Jefatura del Ejército.
Galtieri intentó restablecer la imagen de gobierno y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos del nuevo Ministro de Economía Roberto Alemann. Endureció la relación con los partidos políticos y con el sindicalismo, que endureció su oposición. Una masiva concentración promovida por la CGT, el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. La magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido.
Una de sus consecuencias principales fue la descomposición inmediata de gobierno militar. Galtieri renunció, la Marina y la Fuerza Aérea se retiraron de la Junta Militar y el Comandante en Jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el Gral. Reynaldo Bignone.

La represión durante la dictadura militar
La represión ilegal - que tuvo su punto culminante entre 1976 y 1978- fue uno de los caracteres básicos del gobierno militar. La
población vivió en un clima de miedo y censura como consecuencia de la represión.
La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno. El ordenamiento institucional y jurídico del gobierno del Proceso se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que el mismo había dictado.
La represión cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los altos niveles de decisión política y militar, fue clandestina. Sus destinatarios fueron los guerrilleros, sectores sociales y políticos sin vinculación directa con las organizaciones guerrilleras.
Las formas de represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos; la tortura y la ejecución. La Junta Militar impuso la pena de muerte pero la aplicó fuera de la ley. A causa de ella surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas - alrededor de 30000 -. Entre los centros de detención se hace "famoso" el conocido como "LA ESCUELITA", que funcionó bajo la jurisdicción del Comando del Vto. Cuerpo de Ejército.-
Numerosos testimonios recogidos dan cuenta que a dicho lugar eran conducidos encapuchadas, maniatadas y amordazadas las personas que a diario se secuestraban en la ciudad y zona. También operando como centro de interrogación, torturas y alojamiento de detenidos -desaparecidos.-
El centro "La Escuelita", considerado de enorme importancia por el número de detenidos y la trascendencia personal de alguno de ellos (legisladores, funcionarios, etc.) habría funcionado en terrenos de la parte posterior del Comando, en un lugar donde anteriormente funcionó un tambo y próximo al ClCOFE (Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército) y al cual se accedía desde el llamado "Camino de la Carrindanga" (ruta a la localidad de Cabildo). -
Testimonios recogidos indican que a dicho centro, compuesto de diversas construcciones, también se recluyó a detenidos trasladados de otros lugares del país, mujeres embarazadas que habrían dado a luz durante el cautiverio y un gran número de personas que luego aparecieron muertas en presuntos enfrentamientos con fuerzas regulares.
La crueldad de los represores a cargo del centro fue uno de los aspectos que lo caracterizó, ya que detenidos - desaparecidos que luego fueron puestos en libertad, dan testimonio de las más aberrantes e inhumanas torturas físicas y psicológicas.
El modus operandi de las fuerzas represivos se caracterizó por el secuestro nocturno, en automóviles, generalmente no oficiales, donde eran introducidos encapuchados y maniatados los individuos secuestrados. Se los trasladaba en el piso del rodado, constantemente golpeados para que se desorientaran del lugar donde eran llevados. Se movían en grupos fuertemente armados, en varios vehículos, aunque generalmente era solo uno el que se detenía frente al domicilio a requisar, contando con el apoyo a distancia de los restantes.
Los allanamientos, en su mayoría violentos, consistían - en algunos casos- en secuestro de familias enteras, y en otros de las personas "buscadas" en la situación que se encontraban, también llevado cualquier otro "sospechoso" que en ese momento habitara la vivienda.-
Otra de las características que rodeaban los operativos era el robo y el desmantelamiento de las viviendas de los detenidos. Esta actitud es la que se llego a catalogar, en el decir popular, como que constituía el "botín de guerra" de los que "arriesgaban su vida" en los operativos.-
Al mismo tiempo que se venían realizando estas acciones, también se efectuaban los operativos considerados 'legales" en los que intervenía personal del Ejército, Marina o Policía, con abundante despliegue bélico y la participación de vehículos militares. En varios de estos procedimientos, realizados aún a pleno día y ante numerosos testigos presenciales, fueron detenidas personas que hoy figuran como desaparecidas.-
Todos estos grupos mencionados – grupos del Ejército, Marina o Policía - actuaron con la más absoluta impunidad, careciendo la población de confianza en la justicia que veía dificultada su accionar.
Según el actual presidente, Carlos Menem, los registros de las atrocidades fueron destruidos por los militares tras la guerra de Malvinas en 1982. Los desaparecidos no han sido oídos hasta hoy.

Plano económico
La política económica fue conducida y ejecutada durante cinco años por José A. Martínez de Hoz.
Ministro de Economía (entre 1976 y 1981), tras formular un grave diagnóstico de la situación económica nacional, instauró una discutida estrategia económica. Concentró en sus manos un enorme poder, que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y de la sociedad argentina.
El programa económico, presentado al país el 2 de abril de1976 por Martínez de Hoz, era de inspiración liberal y postulaba la posibilidad de pasar a una economía de producción, por medio de la libre competencia y la limitación del papel del Estado en los asuntos económicos.
El programa implementado no dio los resultados esperados, al contrario, se incrementó abultadamente la deuda externa y afectó dramáticamente el aparato productivo.
Inicialmente el gobierno militar tomó una serie de medidas de estabilización – apoyado por el Fondo Monetario Internacional y la banca privada extranjera – para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público – congelando los salarios – y se consiguió el financiamiento externo. Se violaron los derechos de los trabajadores: se suspendió el derecho de huelga y se redujo la participación de los asalariados en el PBI (producto bruto interno).
Después de controlada la crisis abierta con el Rodrigazo, el equipo económico llevó a delante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.
La apertura de la economía era la apertura del mercado interno. El instrumento de esta política fue la reducción de los aranceles de importación. Luego la sobrevaluación del peso se sumó a esta medida lo que comprometió la actividad productiva.
La liberalización del mercado financiero se llevó a cabo con la liberación de la taza de interés y la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e instituciones financieras. Sin embargo el Estado garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por entidades financieras privadas.
En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiaria que determinaba una devaluación mensual del peso. El objetivo era controlar la inflación pero no se alcanzó. Se fomentó una fuerte especulación con una gran masa de dinero, basada en la existencia de alta tazas de interés y las garantías del Estado sobre el precio de recompra de los dólares.
La euforia financiera contrastaba con le comportamiento del endeudado sector productivo. El sector industrial sufrió una transformación que incluyó una caída en su producción, una disminución de la mano de obra y el cierre de varias plantas.
El esquema económico estalló en 1980 con la quiebra de importantes entidades financieras. El Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados.
En 1981 el descalabro económico llegó al extremo. Se dispuso una devaluación del peso del 400% y la inflación llegaba al 100% anual. Esto tornó imposible que las empresas privadas pagasen sus deudas en dólares. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público.
A pesar de su carácter liberal la política económica de Martínez de Hoz incluyó una influencia considerable del estado en la economía.
Durante este período creció la inversión pública. Muchas obras públicas fueron realizadas por contratistas privados y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades. En este caso se incluyó la subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera; y de tareas de reparación de materiales y mantenimiento de vías en los ferrocarriles, la provisión de equipos telefónicos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires.
Otras áreas de crecimiento del gasto público fueron la estatización de empresas privadas y en el considerable gasto militar.

Política exterior
En el ámbito de la política exterior, el régimen militar mantuvo una tensa relación con el gobierno estadounidense de James Carter, que formuló severos reclamos sobre la vigencia de los derechos humanos a raíz de la represión antisubversiva. También se agudizaron los conflictos con Chile, por el diferendo limítrofe austral del canal del Beagle, y con Gran bretaña, por la cuestión de las Malvinas.
En el caso de chile, al alcanzarse un clima prebélico, ambas naciones suscribieron el tratado de Montevideo a principios de 1979, solicitando la mediación de santa sede para superar el conflicto.
Las relaciones entre la Argentina y EE.UU durante la dictadura atravesaron dos etapas diferenciadas. En la primera, el gobierno estadounidense estaba en manos de James Carter, que hizo de la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades en América Latina, esto lo llevó a un conflicto permanente con el gobierno argentino que violaba descaradamente los derechos humanos.
Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos las relaciones con nuestro país cambiaron. Reagan, que buscaba aliados para su política exterior, encontró en Galtieri un hombre dispuesto a alinear a la Argentina con la política exterior norteamericana y a intervenir en forma militar en América Central.
Estados Unidos levantó las sanciones que la administración de Carter había impuesto a Argentina. Galtieri, entusiasmado con los norteamericanos e ignorante de la poca importancia de los aliados de EE.UU, supuso que este apoyo se traduciría en una neutralidad benévola en el conflicto que iniciaría con Gran Bretaña.
El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las islas Malvinas. Se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas sin tener en cuenta sus posibles consecuencias políticas y militares. Contó con un amplio apoyo popular. El gobierno pensó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento de gran descontento de la sociedad.
El gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó que los Estados Unidos apoyarían su acción.
La reacción británica fue dura. El gobierno británico envió una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del General Haig – que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas – apoyaron decididamente a su principal aliado (Gran Bretaña).
El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución del conflicto, y creó un clima triunfalista.
La Argentina recibió la adhesión de los países de América Latina y del Movimiento de Países No Alineados. Un intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus alianzas conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó. El poderío y la organización británicos superaron al improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de 1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos. La derrota militar fue a la vez inevitable e inesperada y dejó profundas consecuencias en la política del país.
Aunque la gran mayoría de la opinión pública había apoyado la acción iniciada en abril, la derrota militar desencadenó una ola de aguda oposición y precipitó una crisis dentro de las Fuerzas Armadas.
Presionado por los mandos castrenses Galtieri debió renunciar a la comandancia del Ejército y a la Presidencia de la Nación. En las primeras funciones fue reemplazado por el General Cristino Nicolaides quien designó para sucederlo en la primera magistratura al General Reynaldo Bignone, que asumió el primero de julio. Ni bien inicio su mandato se reunió con representantes de todos los partidos para acordar una salida política y – poco después - convocó a las elecciones para el 30 de octubre de 1983.

La fórmula radical Raúl Alfonsín-Víctor Martínez obtuvo un 52 % de los sufragios, y la del peronismo, integrada por Ítalo Líder y Deolindo Bittel, un 40%. En la elección de gobernadores no obstante, el justicialismo triunfó en 12 Prov. (los radicales en 7 y partidos locales en las tres restantes)consagrando 24 senadores nacionales.
Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 y se fijó 3 prioridades: el juzgamiento de las 3 primeras juntas militares de proceso por violaciones a los derechos humanos en la lucha antisubversiva; la renegociación de la deuda externa y la solución del diferendo del Beagle. Para resolver el último tema convocó a una consulta popular en noviembre de 1984, que se pronunció mayoritariamente a favor de la propuesta vaticana y el acuerdo con Chile, que culminó el centenario conflicto.
Este retorno a la democracia no significó la restauración del régimen político democrático con las mismas características que tenia antes de 1976. Los casi ocho años de dictadura habían producido importantes modificaciones en la sociedad y en el Estado, que se reflejaron en el plano de la política.
La reconstrucción de la democracia política argentina tuvo como base un sistema político bipartidista. Desde 1955 hasta 1976, en los períodos de gobierno democráticos, ya fuera por la proscripción del peronismo o por la mayoría absoluta obtenida por esa fuerza política en los comicios, lo común había sido que un solo partido impusiera su mayoría parlamentaria y gobernara sin tener la necesidad de negociar con los legisladores de la oposición.
Otro cambio importante fue el caudal electoral que obtuvo la UCR. Un conjunto de factores contribuyeron a dar al radicalismo esta nueva fuerza electoral: las dificultades del peronismo para presentar una propuesta coherente y el temor popular de volver a los años de enfrentamientos violentos entre peronistas y radicales; el liderazgo de Alfonsín como jefe de un partido que practicaba la democracia interna, a diferencia del verticalista movimiento peronista; la imagen de previsibilidad que el radicalismo proyectaba sobre su futura gestión de gobierno, aún cuando no presentó una propuesta programática sólida.
La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987 inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos sectores que componían el partido. Las propuestas de reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal a la ciudad rionegrina de Viedma - dos ambiciosos proyectos que revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la República - no lo lograron atraer al electoral que, cada vez más, ubicaba los problemas económicos en el centro de sus preocupaciones.
Apuntalado por su canciller Dante Caputo, el presidente también dinamisó la política exterior Argentina viajando a Venezuela, Colombia, España, Ecuador, Perú, Bolivia, EE.UU., Panamá, Francia, Alemania, Italia, el vaticano, Argelia y la India.

El alfonsinismo
La consolidación del liderazgo de Alfonsín en el interior de la UCR y su proyección hacía sectores sociales que antes no votaban al radicalismo en el marco de la profunda crisis que atravesaba el derrotado justicialismo llevó a muchos dirigentes radicales a pesar que el alfonsinismo podía ser la base para la formación de un tercer movimiento histórico. Pensaban que la adhesión a la persona del Presidente estaba alcanzando una dimensión que superaba los marcos del partido y que el liderazgo de Alfonsín podía aglutinar a la mayoría de los sectores que se identificaban con los valores democráticos. El tercer movimiento histórico era concebido con una continuidad y, a la vez, una superación del radicalismo yrigoyenista y del peronismo, al que los dirigentes radicales consideraban próximo a disgregarse.

La Junta Coordinadora Nacional
Una de las fuerzas partidarias que se alinearon decididamente detrás del liderazgo de Alfonsín fue la Junta Coordinadora Nacional (JCN). Se trataba de una agrupación de jóvenes radicales organizada en 1968 por un pequeño núcleo de militares universitarios de la provincia de Santa Fe. La Coordinadora se integró luego al Movimiento de Renovación y Cambio y apoyó a Alfonsín en la lucha interna contra el balbinismo.
Los integrantes de la JCN tuvieron un papel protagónico durante la campaña electoral de 1983, durante la cual movilizaron a la mayoría de los sectores juveniles partidarios y participaron activamente en la organización de los actos multitudinales.
El estilo político de la Coordinadora renovó la antigua tradición de UCR en la que predominaban las reuniones de afiliados en los comités y en las practicas clientelisticas de los punteros de barrio. La JCN aportó al radicalismo el hábito infrecuente de los actos masivos y el fervor participativos de los militantes. Su gran crecimiento se produjo durante el periodo electoral de 1983, cuando realizaron una intensa campaña nacional de afiliación bajo la consigna "Afíliese al radicalismo para que Alfonsín gane". Esta estrategia les permitió crecer y superar las estructuras de los punteros barriales quienes en muchos casos observaron con recelo la actuación de la coordinadora y señalaban a sus militantes como recién llegados.
Una vez instalado el gobierno radical, los integrantes de la JCN ocuparon cargos legislativos y tuvieron una importante presencia en las estructuras del Estado. Sus principales dirigentes Enrique Nosiglia, Marcelo Stubrin, Luis Cáceres, Federico Storani, Ricardo Laferriéri, Jesús Rodríguez, Leopoldo Moreau se diferenciaron como una tendencia particular dentro del oficialismo y apoyaron con entusiasmo la formación del tercer movimiento histórico. Una de sus bases de sustentación fue la agrupación universitaria Franja Morada, que desde 1983 ganó las elecciones estudiantiles de la mayoría de las universidades nacionales.
A partir de 1985, se fue acentuando la lucha interna en la UCR por la integración de las listas de cargos electorales para renovar el Parlamento. Los jóvenes de la Coordinadora se fueron diferenciando del Movimiento de Renovación y Cambio histórico y entraron de lleno en la práctica de las negociaciones con otros sectores internos para ocupar espacios en la conducción del partido y en el gobierno. Enrique Nosiglia se desempeñó como un operador político estableciendo acuerdos en los que predominó el pragmatismo por encima de las afinidades ideológicas. Dentro y fuera de la UCR, se oyeron críticas a las trenzas o las roscas, como se denominaba en la jerga política a los acuerdos que se establecían con fines puramente electoralistas.
Poco a poco, los más importantes referentes de la JCN se fueron diferenciando de sus estrategias de alianzas y posturas políticas y el nucleamiento se fue disgregando. Nosiglia en la Capital Federal, Storani en la provincia de Buenos Aires y Changui Cáceres en Santa Fe fueron los principales referentes de cada sector. La JCN fue perdiendo la cohesión de los primeros tiempos y comenzó a desaparecer. No obstante, uno de los saldos de su actuación fue promover un recambio generacional en la dirigencia radical y dinamizar la actividad partidaria.
La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987 inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos sectores que componían el partido. Las propuestas de reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal a la ciudad rionegrina de Viedma- dos ambiciosos proyectos que revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la república- no lo lograron atraer al electoral que, cada vez más, ubicaba los problemas económicos en el centro de sus preocupaciones.

Crisis económica
El mayor problema que debió enfrentar el gobierno fue la escalada inflacionaria, que alcanzó el 30% de incremento mensual, para lo cual convocó a la concertación a obreros y empresarios. Los primeros cambios en gabinete afectaron a los ministros de trabajo, Antonio Muccisi y de economía Bernardo Grinspun.
El año concluyó con una inflación del 688%, que obligó a Alfonsín a destruir al ministro de economía, Grispum, nombrando a Sourouille, para sustituirlo.

Creación de la CONADEP
En 1983, con el retorno de la democracia, Alfonsín anunció el sometimiento a juicio de los integrantes de las Juntas Militares por los delitos de privación ilegitima de la libertad, torturas y muerte de detenidos, creándose una Comisión Nacional, la CONADEP, para investigar la "lucha antisuversiva" y el destino de los desaparecidos. Además de los objetivos específicos de esta delegación, que fueran la recepción de denuncias y acumulación de pruebas, se propuso efectuar un análisis del marco general en que se desenvolvió la regresión en la zona, aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que reproduzcan en alguna medida el entorno en el cual se desarrollaron los hechos las particularidades con las cuales operó la represión.-
Su informe revela el secuestro sistemático de hombres mujeres y niños, la existencia de alrededor de 340 centros de detención bien organizados, y el uso metódico de tortura y asesinato.
Además de la CONADEP surgieron otros organismos que reúnen a las familias de los desaparecidos y perseguidos políticos de la última dictadura militar, que surgen de la necesidad de sus miembros de pelear contra la impunidad que, con el apoyo de su aparato jurídico, el gobierno argentino a dado a los responsables del genocidio perpetrado en nuestro país en la década de los `70. Entre estos organismos se destacan H.I.J.O.S., M.A.D.R.E.S., Abuelas de Plaza de Mayo.
El juicio de los militares implicados en las represiones se venía serenando; a fines del año 1986, el gobierno había planteado una ley de Punto Final, y en 1987 formuló el concepto de "Obediencia Debida", que supuso poner fin a la exigencia de responsabilidades mas allá de los principales mandos castrenses.

Repercusión de la crisis económica en la sociedad
En 1987 la CGT convocó de inmediato un paro general en apoyo del orden constituido, y todas las fuerzas políticas se movilizaron en defensa de la legalidad. Los insurrectos "caras pintadas" se rindieron sin combatir. De todas maneras, la maquinaria militar no comprometida en el lanzamiento, incluso la aeronáutica, se mostró renuente a sofocar la rebelión. Los jefes de la sublevación quedaron detenidos.
La CGT venía desafiando al gobierno con un paro general cada tres meses. En enero rebrotó el conflicto militar no resuelto en el año anterior. Rico volvió a cuestionar la conducción del ejército. Los tanques se movilizaron en su contra por disposición del general Dante Caridi, comandante del arma, y Rico se rindió.
Pese al l triunfo de Cafiero en las elecciones provinciales del año anterior, en las confrontaciones internas del justicialismo realizadas en julio, Carlos Saúl Menem resultó elegido candidato presidencial para 1989.
El 9 de septiembre culminaron los paros para los cegetistas con manifestaciones en la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno apedreada, varios heridos y gran número de detenidos.
Durante la ausencia de Alfonsín – que se encontraba en EE.UU haciendo negociaciones con el presidente Bush - se produjo un nuevo levantamiento militar en Buenos Aires.
Poco antes tres jefes militares habían sido condenados a penas que iban de cuatro y medio a doce años de prisión por su responsabilidad en la guerra de Malvinas.
Al comienzo de 1989, año en que la democracia parecía hundirse a causa de la ingobernabilidad del país. Un denominado "Movimiento Todo por la Patria", capitaneado por Enrique Gorriaran Merlo, fundador del ERP asaltó a sangre y fuego el Regimiento de la Tablada. Alfonsín dispuso la creación de un Consejo de Seguridad, integrado por militares y civiles, en un esfuerzo por alcanzar la estabilidad política.

Los actores en conflicto
A los dos días del triunfo electoral que, en 1.983, consagró presidente a Alfonsín, fue disuelta la Junta Militar y se inició la retirada del gobierno de la dictadura militar. En los 40 días que transcurrieron entre las elecciones del 30 de octubre y la asunción del jefe radical, se inició una compleja lucha política cuyos ejes fueron la cuestión de la violación de los derechos humanos durante el gobierno militar y la subordinación de las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional. Los principales actores de esta lucha política fueron los militares, los dirigentes de la UCR y los organismos de derechos humanos.
Los militares que se vieron obligados a entregar el gobierno cuatro meses antes de lo previsto, no pudieron imponer condiciones al nuevo gobierno democrático sobre estos dos temas, que afectaban directamente a las Fuerzas Armadas. La UCR, por el contrario, contaba en ese momento con un gran poder político y una importante capacidad de maniobras gracias al gran respaldo obtenido en las urnas. Los organismos de derechos humanos, por su parte, con el apoyo del Partido Intransigente y de la Democracia Cristiana, se movilizaron y realizaron numerosas declaraciones públicas exigiendo que, una vez restablecida la democracia se formara una comisión bicameral con amplios poderes para investigar los crímenes cometidos por los represores desde 1.976.

La estrategia de autojuzgamiento militar
La campaña electoral de Alfonsín se basó en el restablecimiento del Estado de derecho y en el juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar.
La estrategia de Alfonsín para resolver la cuestión de las violaciones de los derechos humanos estuvo orientada a lograr que los militares se autojuzgaran. El presidente esperaba que las propias Fuerzas Armadas sancionaran a quienes violaran los derechos humanos y, al mismo tiempo, que los militares depuraran sus instituciones y se reinsertaran en la vida democrática.
Con esta meta, el gobierno ordenó el arresto de los comandantes de las tres primeras juntas militares y la persecución de los principales líderes guerrilleros.
Cumpliendo con lo dicho, en la campaña electoral, el 29 de diciembre de 1.983, el radicalismo impulsó en el Congreso la derogación de la ley de autoamnistía con la que los militares habían pretendido exculparse y evitar cualquier investigación penal ulterior. La derogación fue votada casi por unanimidad.
Para posibilitar el autojuzgamiento, el gobierno envió al Parlamento una ley de Reforma del Código Militar, que otorgaba a la justicia militar la facultad de juzgar a los responsables de la represión ilegal. La ley establecía que si el tribunal militar se demoraba más de seis meses en los trámites, la justicia civil se haría cargo de proceder las causas.

El juicio a las juntas militares.
Las audiencias públicas del juicio a los comandantes de la dictadura se desarrollaron entre abril y diciembre de 1.985, cuando finalmente el tribunal llegó a una sentencia condenatoria. Sin embargo, lejos de clausurar el tema de la violaciones de los derechos humanos, la condena aplicaba a los ex comandantes reavivó la polémica.

La ley del punto final y la rebelión militar de Semana Santa.
El gobierno de Alfonsín se había comprometido con el nuevo jefe del Estado Mayor, el general Ríos Ereñú, en que los miembros de las juntas militares condenados serían perdonados. Con la intención de restringir los alcances del fallo de la Cámara Federal y evitar que prosperaran nuevos enjuiciamientos. Este intento por reducir el número de condenados no prosperó ante la amenaza de renuncia de todos los integrantes de la Cámara Federal.
El 31 de diciembre de 1.986, el Congreso aprobó una iniciativa del gobierno, conocida como ley de punto final, que fijaba una fecha tope para iniciar causas por la represión ilegal. Este hecho marcó el inicio del retroceso de la lucha política por los derechos humanos. No obstante, y a contramano de lo que se proponía el gobierno, la fecha límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de Estado incentivó a que en muchos juzgados de todo el país se incrementaran las denuncias y se aceleraran las presentaciones de pruebas.

El Plan Primavera y la hiperinflación
La crisis económica se agravó durante 1.988. En agosto, el equipo económico puso en marcha el Plan Primavera. Las medidas incluídas en el plan avanzaban en la apertura de la economía, favoreciendo las importaciones, y procuraban disminuir el déficil fiscal.
El plan contó con el apoyo de los grupos más concentrados y vinculados al mercado internacional de la UIA.
Los efectos del Plan no fueron los esperados. Los grandes grupos empresarios se lanzaron a la especulación financiera aprovechando las altas tasas de interés para los depósitos y comprobando, con los excedentes obtenidos, importantes cantidades de divisas al precio oficial.
El 15 de mayo de 1.989, el candidato peronista Carlos Menem que había prometido declarar una moratoria en el pago de la deuda externa y reactivar la economía mediante un salario, obtuvo el 47% de los votos frente al 32 % del candidato radical Angeloz.

El impacto social y político de la hiperinflación
Un proceso de hiperinflación produce la destrucción de la moneda local y su reemplazo por otra moneda que pueda cumplir las funciones de unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.
La agudización de la crisis y de la recesión productiva arrojó a millones de argentinos al hambre y a la desesperación. A fines de mayo de 1989, en Rosario, Córdoba, Tucumán y en algunas localidades del Gran Buenos Aires, gran cantidad de trabajadores y desocupados se lanzaron sobre los supermercados para apoderarse de alimentos. Como respuesta a la crisis social, los legisladores radicales y peronistas votaron el estado de sitio y el gobierno ordenó la represión, que arrojó 14 muertos, 80 heridos y centenares de detenidos. Ante la ingobernalidad de la situación, Alfonsín dejó la presidencia anticipadamente y el 9 de julio de 1.989 el presidente electo Carlos S. Menem asumió el gobierno del país.

La renovación Peronista
Durante 1984, fue creciendo el descontento de las bases del movimiento peronista. Las autoridades del Partido Justicialista y la mayoría de los sindicalistas no parecían dispuestos a la autocrítica. Fue surgiendo así un sector de disidentes dispuestos a dar batalla interna.
En diciembre de 1984, se reunió el Congreso del Partido Justicialista en el teatro Odeón. En este fue elegida una conducción de orientación claramente ortodoxa: Isabel de Perón como presidenta y el gobernador santafesino Vernet como vicepresidente acompañado por Miguel de Iglesias.
Los renovadores fueron convocados a otro Congreso Nacional en Río Hondo, (Santiago del Estero) en febrero de 1985. Los resultados más importantes de este congreso fueron el reclamo de la elección directa por distrito para elegir autoridades partidarias y para nominar candidatos a cargos electivos que adquirieron los dirigentes del interior del país. También participaron del movimiento renovador gobernadores peronistas como el riojano Carlos Saúl Menem. Este había desarrollado una actividad política independiente.
Se hicieron las elecciones internas en el distrito de la Capital Federal en 1985.
Antonio Cafiero lideró la ofensiva contra el ortodoxo Erminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país. Iglesias anudó la convocatoria a elecciones internas y Cafiero, decidió romper la tradición de permanecer dentro del partido y formó una alianza con la Democrácia Cristiana y otros partidos menores.
El avance de los renovadores continuó durante 1983 y se consolidó al año siguiente, cuando Cafiero fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires (derrotó a Juan Manuel Casella) y, en el mes de diciembre de 1987, asumió la presidencia del PJ. Esto significó para el peronismo la posibilidad de transformar y dinamizar su organización partidaria que no acostumbraba resolver sus diferencias internas por la vía del sufragio.

De Bunge y Born a Cavallo.
En julio de 1.989 la inflación fue del 196 %, lo que significó que desde el inicio del Plan Primavera, en agosto de 1.988, hasta ese momento el incremento había sido del 3610 % para los precios minoristas y 5061% para los mayoristas.
En agosto y septiembre de 1989, la aprobación de las leyes de reforma del estado y de emergencia económica y la división de la CGT significaban la creación de condiciones favorables para la conflictivas reformas programadas para el mediano y el largo plazo. Por estas razones obtuvo el apoyo de los sectores empresarios más poderosos. En diciembre de 1.989 se desató un nuevo proceso de hiperinflación. Entre abril de 1.989 y marzo de 1.990, los precios al consumidor se incrementaron en un 20.594 %.
En diciembre de 1.989, Rapanelli fue reemplazado por Antonio Erman González como ministro de Economía y el gobierno anunció un conjunto de medidas que fueron presentadas por el presidente Menem como una apuesta "al todo o nada".
La estrategia del gobierno se centró en frenar el aumento del dolar para controlar la inflación. Pero a través de otras medidas redujo el nivel de australes circulantes.
A partir de abril de 1.990 la hiperinflación se contuvo y los niveles de inflación se mantuvieron en un promedio de entre un 15% y un 10% mensual. Durante estos meses, el gobierno aceleró el ajuste avanzando en la reforma del Estado y la privatización de empresas estatales. En noviembre, concretó la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).

El desempleo: ¿resultado inesperado o efecto previsto?
Al mismo tiempo que se manifestaba una evolución favorable en algunos indicadores macroeconómicos, a partir de diciembre de 1.994 comenzó a registrarse un marcado aumento en la tasa de desempleados llegó a más de 18%. Esto significa que había casi cuatro millones de personas con problemas de trabajo.
La causa más importante del desempleo era la crisis financiera de México producida en enero de 1.995; se rompió la cadena de pagos, numerosas empresas quedaron sin financiamiento y tuvieron que reducir el personal. Cavallo también atribuyó el aumento del desempleo a la mayor cantidad de gente que buscaba trabajo y a los inmigrantes de países vecinos que llegaban a nuestro país a buscar trabajo en condiciones más ventajosas que las vigentes en sus países de origen.
Frente a estas respuestas, dirigentes de la oposición y numerosos investigadores coincidieron en señalar que el aumento del desempleo era un efecto previsto en la reorganización del capitalismo iniciada en 1.976.

Los sindicatos frente al gobierno de Alfonsín.
La estrategia del gobierno radical consistió en debilitar al sindicalismo peronista y establecer nuevos patrones de organización sindical, procurando con ello obtener algún apoyo del gremialismo.
El sindicalismo existente en 1.983 no era el mismo que en los años setenta. Y como consecuencia de las transformaciones ocurridas durante la dictadura militar, el peso de los obreros industriales había disminuido y el movimiento obrero se encontraba políticamente dividido.
Durante el mes de enero de 1.984, la CGT Azopardo y la CGT Brasil se unificaron en una sola central.

La política sindical del gobierno de Menem
A poco de iniciado el gobierno de Menem, la política económica y las propuestas de reforma laboral provocaron un nuevo debilitamiento del sindicalismo.
Desde el primer año, el gobierno de Menem puso en práctica la limitación del derecho de huelga y declaró ilegales las huelgas que afectaban a los servicios públicos. Aprobó el despido de trabajadores y aceleró las privatizaciones de las empresas estatales en conflicto. Al mismo tiempo, benefició a los gremios que no cuestionaban la política oficial otorgando ventajas consistentes por ejemplo, en el nombramiento de representantes sindicales en los organismos estatales responsables de la administración de las obras sociales.

Los estallidos provinciales
A principio de 1.994 y hacia mediados de 1.995 se sucedieron una serie de estallidos sociales en algunas provincias del interior del país y localidades del Gran Buenos Aires. Primero en Santiago del Estero y luego en Córdoba, San Juan y General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, la población manifestó su descontento por el atraso en el pago de los sueldos de los empleados estatales y de las jubilaciones y pensiones.
En julio de 1.995, la mayoría de las provincias no tenía los fondos necesarios para efectivizar el pago de sueldos, aguinaldos y jubilaciones y pensiones. La crisis del sector estatal en un gran número de provincias estaba relacionada con la función de colchón que el empleo público viene cumpliendo para amortiguar la crisis de las economías regionales.

El Pacto de Olivos y la reforma constitucional
En 1993, en el marco de una fuerte crisis económica y social, Menem y los dirigentes menemista reflotaron la propuesta de modificar la Constitución Nacional con el objetivo de permitir la reelección del Presidente, a quien se presentaba como reaseguro de la continuidad de la política económica. En un primer momento, el radicalismo optó por concentrar su oposición a la reforma por la cláusula de la reelección. Luego de su derrota en las elecciones legislativas de 1993, las escasas expectativas de éxito en las elecciones presidenciales de 1995 impulsaron a los dirigentes radicales a cambiar su estrategia.
El pacto de Olivos fue un acuerdo entre el PJ y la UCR que destrabó el tratamiento de la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional en el Parlamento. Su realización fue producto de la evaluación que ambos partidos hicieron de la situación en que se encontraban. Frente al riesgo de quedar totalmente al márgen, el pacto permitió a Alfonsín colocar al radicalismo en situación de imponer algunas condiciones en la futura reforma y resguardar un lugar institucional para la oposición radical. Además de estos beneficios particulares, Alfonsín sabía que el gobierno estaba dispuesto a ir a un enfrentamiento frontal para conseguir la aprobación de la reforma y suponía que sus posibilidades de ganar en esa situación eran escasas. El pacto aparecía como una solución que brindaba también beneficios colectivos: evitaba la experiencia de aprobar una vez más una Constitución cuya legitimidad iba a estar cuestionada por una parte significativa de la sociedad. El principal beneficio que obtuvo el gobierno con el pacto no fue la factibilidad de la reforma sino su legitimidad. Con el Pacto peronista radical, la reforma dejó de ser la reforma de Menem para pasar a ser la reforma de los partidos mayoritarios.
El Pacto de Olivos- que se firmó el 14 de Noviembre de 1.993- y la posterior sanción de la ley 24.309- que declaró la necesidad de la reforma- crearon un evento inédito de la historia constitucional nacional: la posibilidad de una reforma constitucional producto no sólo de la neutralización de la capacidad de veto del adversario sino también fruto del consenso productivo interpartidario.
Entre el 25 de Mayo y el 22 de Agosto de 1.994, en las ciudades de Santa Fe y Paraná sesionó la Asamblea Constituyente. El PJ tuvo 146 representantes, la UCR 75, 32 el Frente Grande y 20 el MODÍN. Las restantes 42 bancas se distribuyeron entre diversos partidos. Ninguna fuerza contó con quórum propio ni con una mayoría absoluta. Las modificaciones introducidas significaron cambios en las normas que rigen las relaciones entre los poderes del Estado, entre la Nación y las provincias y en relación con los derechos individuales. La nueva Constitución Nacional fue jurada solemnemente el 22 de Agosto de 1.994.

Las terceras fuerzas
Desde 1.983 quedó perfilado un sistema político bipartidista que se reafirmó con el triunfo de Menem en 1.989 y su reelección en 1.995. Ningún partido ni alianza política estuvo en condiciones de disputarle el electorado a la UCR y al PJ en el nivel nacional.
En muchas de las elecciones entre 1.983 y 1.995, la población fue menor que la que se registró en 1.983, cuando los dos grandes partidos captaron el 91,9 % de los votos. En 1.989 la suma de votos de radicales y justicialistas llegó al 72,9%. Esta disminución no se debió al surgimiento de un partido político que, como tercera fuerza, pudiera alterar el bipartidismo.
El Movimiento Popular Neuquino, el Partido Bloquista en San Juan, el Pacto Liberal- Autonomista en Corrientes, el Movimiento Popular Jujeño, el Partido Demócrata de Mendoza, el Movimiento por la Dignidad y la Independencia ( MODÍN ) en la provincia de Buenos Aires, conformaron localmente, sistemas multipartidistas.
Desde 1983, dos fuerzas políticas intentaron posicionarse como terceras fuerzas en el nivel Nacional: el Partido Intrasingente (PI), y la Unión de Centro Democrático (UCD).
La propuesta del PJ atrajo inicialmente a votantes de orientación de centro izquierda, que comenzaron a denominarse progresistas. Hacia 1987, el PJ se fue diluyendo.
La UCR, un partido de centro derecha que planteaba propuestas de tono conservador y neoliberal en el plano económico, creció electoralmente hasta alcanzar su techo en 1.989. Pero cuando Menem abandonó los postulados históricos del peronismo, los principales dirigentes ucedeístas se pasaron a las filas del menenismo.
El MODIN, que surgió en el distrito bonaerense como expresión política de un sector de los militares carapintadas, intentó ampliar su influencia en la escala nacional apelando a un discurso nacionalista y populista.
Eduardo Duhalde originó un importante caída en las elecciones de 1.995 y su avanse se detuvo.
Desde 1.991, sectores del peronismo liderados por el diputado Carlos Álvarez se alejaron de la estructura del PJ, controlada por el menenismo, y junto con socialistas, ex comunistas, afiliados del PI, demócratas-cristianos e independientes formaron el Frente Grande. Este se fue consolidando como la primera fuerza electoral, Graciela Fernández Meijide ganó la elección como senadora del distrito.

El Frente Grande estableció una alianza con la agrupación País Solidario.
La campaña del Frepaso- Frente del país- estuvo basada en un discurso ético que criticaba la corrupción del gobierno menemista. La fórmula presidencial integrada por Bordón y Álvarez obtuvo alrededor de 5 millones de votos en el nivel nacional desplazando del segundo lugar al candidato radical, Horacio Massacessi. Pero los problemas que esta alianza enfrenta para definir su perfil ideológico, se evidenciaron con el alejamiento de Bordón, no permiten aún precisar cuál es su grado de consolidación en el sistema político.

Gracias a esta monografía hemos podido profundizar, ampliar e interiorizar nuestros casi escasos conocimientos acerca del tema que tratamos.
Concluimos en que los golpes militares se produjeron por crisis económicas, políticas y sociales propias de los distintos momentos históricos y que se caracterizan por quebrar el orden constitucional, eliminar el Parlamento y suprimen los derechos y las garantías constitucionales. De los dieciséis presidentes que se sucedieron entre 1955 y 1983, 7 eran civiles y 9, militares.
Los militares llegan al poder para restaurar la estabilidad política, económica o social pero terminan instaurándose como gobiernos de facto, haciendo imperar el autoritarismo que no respeta los derechos de nadie.
Sin embargo, caen ante la férrea resistencia del pueblo, que busca vivir en un gobierno constitucional y democrático donde se respeten sus derechos.

* Historia 5. Juan A. Bustinza. Editorial AZ. Bs. As. 1.995 6ta Edición.
* Historia Argentina. Lucas J. Luchel (otros). Editorial Santillana. Bs. As. Febrero de 1.995.
* Historia: La Argentina del Siglo XX. María E. Alonso (otros). Editorial Aique. Bs. As. Agosto de 1.997.
* Educación Cívica 2. Alicia B. Casullo (otros). Editorial Santillana. Bs. As. Noviembre de 1.996.