Monografias | La dimension politica del delito

Desde la génesis misma de lo jurídico, el mundo de la polis se dejó notar, en cuanto ciudad ordenada con leyes y normas. La polis griega, después de todo, nos legó el nombre “política” como actividad referida a la administración de la cosa pública.

Dentro del derecho aparece, como una creación necesaria para evitar la destrucción o ruina de la comunidad, el derecho penal, que se construye a su vez sobre la noción y concepción de delito. Las conductas establecidas en la ley, castigadas con una sanción por el aparato punitivo del Estado, posibilitaron a las sociedades subsistir y encaminarse hacia el logro de determinados objetivos. En nuestra civilización occidental, el delito tiene así su origen en el ámbito de la política, y por intereses y objetivos de la polis (ciudad), en estricta correspondencia con las raíces de nacimiento del derecho en general.

Cuando la polis griega se fragmenta en grupos particulares provistos de privadas ambiciones y concepciones sobre cómo administrar la cosa pública, en el devenir de los tiempos, surgen los intereses político partidarios que en no pocos casos se traducen en la manera “preocupada” de pensar en cómo repartirse la torta estatal llena generalmente de presupuesto y dinero, en mayor o menor medida, de acuerdo al tamaño y recursos de los respectivos países que albergan a las actuales repúblicas y monarquías constitucionales.

En la época contemporánea, por cierto descrédito en que ha caído lo político partidario, se ha llegado a reducir toda expresión política como sinónimo de ambición desmedida de poder y, en consecuencia, de lucha desleal entre las diversas agrupaciones político partidarias. No en vano, el “vale todo” y la asquerosidad de las intrigas han terminado por erosionar enormemente la función y la finalidad de la política, en el contexto de las democracias representativas y del Estado de derecho.   

En ese sentido, por ejemplo, cuando los ex gobernantes cuestionados por corrupción son denunciados penalmente se esgrime la tesis de la persecución política para precisamente frenar todo intento de ser sometidos a proceso, cuando lo correcto estriba en permitir que se esclarezcan los hechos mediante el apersonamiento y defensa en la respectiva instancia judicial. Pero lo correcto e incorrecto suelen desaparecer fulminados por el relativismo propio de los intereses político partidarios distorsionados a la vez por las imágenes de los únicos caudillos o “líderes natos”, supuestamente insustituibles de generación en generación.

En consecuencia, hay delitos que, mereciendo ser encausados, no lo son, pese a que merecen terminar en proceso con sentencia o resolución final pertinente, y, por el contrario, hay hechos denunciados que, no constituyendo delitos, son encausados debido a que los agentes de la actividad político partidaria pusieron su mayor o menor celo y preocupación en los mismos, respectivamente, por lo general gracias a la orden y mandato del caudillo y de su cúpula privilegiada que lo sustenta y aisla en el poder.

En esa visión, el derecho penal y con ello el delito tienen un presente triste y oscuro explicado por los intereses fragmentados de lo político partidario. Pero, a su vez, se vislumbra un glorioso porvenir cuando, tras desnudarse la verdad de las cosas al respecto, la política retorne a su cauce natural y sea nuevamente una actividad dirigida ante todo y por todo al bien común.

Eso significa cambiar el actual desenvolvimiento de la política, reconociendo su carácter matriz respecto a lo jurídico. Y es que el pretendido divorcio entre el derecho y la política implica estar en la ignorancia más lamentable que pueda haber porque el primero surge de la segunda para regular y ordenar la vida de la comunidad, considerando objetivos públicos nobles y justos.

Ese momento algún día vendrá y caerá por su propio peso por la superación del egoísmo y la ambición desenfrenada. Y la luz del sol de la justicia alumbrará a todos, absolutamente a todos por igual.

Iván Guevara Vásquez

D.N.I 18069920

iusfilosofia@yahoo.es

Profesor de derecho y metodología de la investigación científica en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, 34 años

(Trabajo realizado en Agosto del 2003).

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