Muchas opiniones se han emitido respecto al último mensaje presidencial por las fiestas patrias peruanas, acontecidas cada 28 de Julio, el cual a su vez ha centrado su interés en el terreno de lo económico y de la justicia, dentro del contexto de la conducción política del Estado.

El gobierno de turno, precisado en el régimen del primer presidente ancashino de la historia del Perú, ha sido examinado y criticado en su gestión, desde diferentes ángulos y vertientes, con el sesgo de opiniones interesadas o no en destacar tal o cual parte del mensaje, en la cual el jefe de Estado incurrió en errores de dicción, de oratoria o retórica fina y perfecta. Pero las cuestiones formales del evento poco pesan frente a los importantísimos temas de fondo, que, en el marco de las decisiones fundamentales del Poder Ejecutivo, son el reflejo del proceso de interpretación de la realidad peruana, asumido por el actual gobierno central.

La administración Toledo en el último mensaje presidencial ha dado una serie de lineamientos o vigas maestras, que tienen su expresión en dieciséis medidas concretas, a ponerse originalmente en práctica desde el mes de agosto del año 2003; esto es, casi inmediatamente después de terminado el discurso por fiestas patrias. Al término del segundo año de gestión, el Presidente Constitucional de la República del Perú ha hecho suyo un punto de quiebre, entendido como un necesario señalamiento de cambio y reconducción del país, en la ruta del reconocimiento de la existencia de promesas electorales que no se pueden cumplir, aunque se quiera que se hagan realidad, así como del carácter necesario de las opiniones o pensamientos distintos, y de señalar expresamente que los éxitos macroeconómicos se deben traducir en beneficios y bienestar para los peruanos.            

El actual énfasis en lo microeconómico se plasma por excelencia en el incremento anunciado de la remuneración mínima vital de cuatrocientos diez a cuatrocientos sesenta nuevos soles (un aproximado de 132 dólares americanos), en el cumplimiento del lema que refiere que la economía está al servicio de la gente y no a la inversa, sin dejar de lado a la macroeconomía que, en su expresión política, ha de ser prudente y sostenible; es decir, responsable en los logros nacionales de la economía del país pero también preocupada por poner dinero en el bolsillo de las mujeres y hombres del Perú. Tal énfasis se complementa con la promesa de una reforma tributaria dentro de noventa días, que incluye una propuesta de sustitución del incremento del impuesto general a las ventas (IGV).

En el ámbito de lo económico la situación aparece, entonces, con la claridad suficiente de la asunción de los grandes retos que constituyen los que concitan la directa atención de los ciudadanos y habitantes de la República: el problema del empleo, el salario y el dinero. Después de todo, el denominado Punto de Quiebre se justifica como respuesta integral a los reclamos económicos de la población.

Además del terreno de la economía, la justicia es el otro campo gravitante y de crucial importancia para el pueblo y el Estado nación. En este rubro, el Presidente peruano ha realizado un urgente llamado para una auténtica y profunda reforma del Poder Judicial, anunciando la pronta presentación de iniciativas legislativas que crean, en primer lugar, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia, con la participación de la Defensoria del Pueblo, organismos vinculados a la administración de justicia y la sociedad civil. Asimismo, el primer mandatario del país anunció proyectos de ley de participación de la sociedad civil en los órganos de control del Poder Judicial, el referente a la incorporación de dos miembros más al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en correspondencia a lo estipulado en el artículo 155 de la Constitución Política del Perú, así como el que se refiere al establecimiento de la edad de 65 años para el cese definitivo de jueces, fiscales y miembros del CNM. Finalmente, se hizo el anuncio de un proyecto de reforma constitucional que autoriza al CNM ratificar en forma extraordinaria a jueces y fiscales.  

De estas medidas sobre justicia, la única que puede encontrar algún rechazo justificado es la que se refiere a la ratificación extraordinaria de magistrados. Las otras son, en mayor o menor grado, fiel reflejo de la voluntad del pueblo peruano, aunque se diga que tales medidas puedan ser utilizadas en provecho particular del gobierno de turno.

En todo caso, la corrupción casi emblemática del Poder Judicial ha sido el elemento a considerar para nuevas movidas en el tablero del ajedrez político, en direcciones que apuntan hacia una novedosa intervención o participación de la sociedad en el sistema de justicia.

Iván Guevara Vásquez

D.N.I 18069920

iusfilosofia@yahoo.es

Profesor de derecho y metodología de la investigación científica en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, 34 años

(Trabajo realizado en Agosto del 2003).        

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