Monografias | Desercion escolar y pobreza

En los últimos días se ha difundido, profusamente, un estudio de Paz Ciudadana y Adimark sobre deserción escolar, cuya conclusión, más destacada, ha sido identificar la desmotivación, la "flojera" y el embarazo adolescente como las principales causas de ésta. En nota de El Mercurio, del pasado 13 de junio, J.J. Brunner y Roberto Méndez aparecen afirmando: "...en deserción escolar ya no prevalece la pobreza". En la misma dirección editorializa El Mercurio (17/07/02) unos días después: "debe dejarse a un lado la antigua intuición de que los desertores del sistema escolar lo son por la pobreza". Estas afirmaciones contradicen un gran cúmulo de evidencia e investigaciones - no se trata solo de "intuiciones" como afirma el editorialista- que establece la estrecha relación existente entre situación socioeconómica y deserción escolar.

Se vuelve así a ese antiguo tópico conservador según el cual los pobres son pobres porque son "flojos". El tema es particularmente relevante en el actual contexto de las políticas educativas, toda vez que el Presidente Lagos ha anunciado la meta de 12 años de escolaridad obligatoria, lo que significa alcanzar cobertura plena en la educación media, para lo cual se deben identificar aquellas políticas públicas más adecuadas para acabar con la deserción escolar en el nivel secundario.

La Encuesta CASEN (2000) es especialmente reveladora para entender la vinculación entre pobreza y deserción escolar. Así, mientras el ingreso mensual promedio del hogar de los jóvenes incorporados al liceo es de $ 450.434, en los hogares de los no incorporados este alcanza sólo a $ 234.889. Esto explica el hecho fundamental que el 76% de los jóvenes desertores pertenezcan al 40% más pobre de la población.

Asimismo, si incorporamos la variable capital cultural de las familias, que por cierto está íntimamente vinculada a la condición socioeconómica, podemos constatar evidencia que refuerza esta relación. Mientras la escolaridad promedio de los jefes de hogar de los jóvenes desertores es de 5.9 años, la de los padres de los jóvenes que se mantienen en el sistema escolar es de 9.3 años.

La CASEN 2000 consulta también sobre cuales son las principales causas que se identifican con el abandono escolar, predominando las respuestas asociados a factores de vulnerabilidad social (dificultades económicas y búsqueda de trabajo) con un 36.3% , seguida por la maternidad o el embarazo con un 14% y "falta de interés" con otro 14%. Estas dos últimas razones coinciden con lo señalado en el estudio Adimark, pero la Casen 2000 demuestra, con claridad, que la causa principal sigue siendo la vulnerabilidad socio-económica de los jóvenes y sus familias.

El énfasis que nos propone Paz Ciudadana y Adimark para explicar la deserción escolar no pasaría de ser un tic conservador sin mayor trascendencia, sino estuviéramos en el contexto de definir las políticas más idóneas y los financiamientos respectivos para acabar con el abandono escolar. Hasta ahora el gobierno ha venido enfrentando este desafío a través de la entrega de becas y de otras políticas de apoyo -vía el programa Liceo Para Todos- para aquellas familias y jóvenes que presentan mayor vulnerabilidad socioeconómica y que por lo mismo se encuentran en mayor riesgo de deserción escolar.

Hacer posible los 12 años de escolaridad obligatoria implicará en los próximos años aumentar sustantivamente el número de estas becas así como de aquellas dirigidas a la población indígena (sector con altos índices de pobreza y de abandono escolar); desarrollar programas de nivelación de estudios para los padres con escolaridad incompleta; mejorar los internados y sistemas de acogida para los niños y jóvenes que desde el mundo rural deben proseguir sus estudios en la ciudad; actualizar y mejorar los procesos de reforzamiento de estudios, en primero medio, pues el fracaso escolar en el inicio de la educación secundaria repercute en el rendimiento en los años posteriores y con ello en la probabilidad de completar la educación secundaria.

Se requiere, por tanto, profundizar políticas de discriminación positiva hacia los sectores más pobres, revirtiendo los problemas de rendimiento y motivacionales asociados a variables de vulnerabilidad social y a la eventual ventaja económica que pudiera significar para las familias más pobres un ingreso prematuro de niños y jóvenes al mundo laboral, con el consiguiente abandono del sistema escolar.

Resulta preocupante este nuevo esfuerzo conservador por minimizar, en el campo de la educación y también en otros ámbitos de las políticas sociales, la importancia y significado de las desigualdades socioeconómicas. Se trata de esta forma de restar valor a las políticas de equidad y de focalización en marcha. Ello es particularmente grave e insolidario en un país con tan profundas desigualdades y carencias sociales como el nuestro.

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