Monografias | La privatizacion como innovacion: privacion y exclusion social en Argentina

La privatización como innovación: privación y exclusion social en Argentina (Resumen)

La falta de recursos económicos para innovar o modernizar infraestructuras o la producción de bienes y servicios condujo a la privatización de prácticamente la totalidad de las empresas del Estado argentino. Este hecho viciado por la falta de transparencia, reemplazo de monopolios estatales por monopolios privados, entre otros, y con un alto coste social produce una constante privación y exclusión de amplios sectores de la población.

Palabras clave: Argentina/ innovación/ privatización/ privación/ exclusión social.

The lack of economic resources in order to inovate or modernice infraestructures or the production of goods and services was conduces for the privatization of practicaly all of the enterprises of the argentinian satate. This effect was made for the lack of transparency, amond other, the states monopolies were replaced with private monopolies, and with a high social cost, a constant privation and exclusion of large sectors of the population were produced.

Key Words: Argentina/ innovation/ privatization/ privatio/ social exclusion

En primer lugar quiero expresar que el término que precede esta convocatoria, muy en boga en la actualidad, está siendo distorsionado a través de erróneas interpretaciones propaladas mediáticamente. Se da a entender que en la mayoría de los casos este vocablo sólo se refiere a cambios tecnológicos, más precisamente de alta tecnología. Permanentemente los medios de comunicación masivos refuerzan esa idea; incluso muchos de nuestros pares universitarios no reparan en ampliar el concepto del término, anclados en una posición eurocentrista. Sin embargo, la innovación como forma de introducir nuevas ideas, novedades a "alguna cosa" en general, pone en evidencia la falta de interés por el resto de los aspectos que se pueden innovar, porque la innovación, como sabemos, se pude presentar a través de múltiples manifestaciones: epistemológicas, científicas, políticas, sociales, económicas, culturales, entre otras⁽¹⁾.

No por estas cavilaciones debemos dejar de prestarle la merecida atención a otras dimensiones de la innovación que incluye, además, cambios tecnológicos, sin los cuales no habría desarrollo, aunque insistiendo en la noción de proceso. La tecnología vista así es un medio importante, pero las innovaciones son mucho más amplias, y de alguna manera se relacionan o dependen de ésta. De la innovación aplicada a un espacio tangible, América Latina, se infiere, por una parte, que la referida al aspecto tecnológico es fundamental para la provisión de servicios esenciales: vivienda, infraestructura, servicios, comunicación, informática, producción, gestión y transporte; y por otra, la realidad nos demuestra que la incorporación y difusión de nuevas tecnologías estuvo supeditada en el pasado y en el presente a la transferencia de los países más avanzados y a los condicionamientos impuestos por los créditos externos, inversiones, pagos de patentes, mantenimiento, rápida obsolescencia de sistemas productivos sin recursos económicos para modernizarlos o reemplazarlos, sin que las acuciantes necesidades y crecientes demandas sociales de un amplio segmento de la población hayan sido satisfechas por completo⁽²⁾.

En lo concerniente a la difusión espacial de la nuevas tecnologías o avances científicos, el rol que desempeñan las ciudades centrales en América Latina -dependientes además de los centros de poder mundial- y sus entornos innovadores como aglutinantes de la mayor parte de los mismos, y que ejercen como centros hegemónicos del poder político-económico a nivel nacional, luego se propagan con menor intensidad a otras ciudades intermedias o pequeñas, poniendo en evidencia una centralización, no actual, secular. Es así que la fricción del espacio ejercida por la distancia va difuminando los efectos de los factores que podrían proporcionar mayor bienestar. Por otra parte, debido a la localización excéntrica, en su mayoría, de los centros productivos y receptores de nuevas tecnologías, "los espacios de la innovación" no irradian a las periferias nacionales sus bondades, y si se producen afecta a un mínimo de la población -efecto barrera-, abriéndose una brecha cada vez más extendida, hasta llegar a extremos donde la exclusión social y la segregación territorial es extrema. Por lo tanto, los mecanismos de difusión de la innovación a todos los espacios habitados debieran asegurar una relación no ficticia entre éstos y las autoridades nacionales, o entre la ecuación universidad-empresa; su aplicación debiera consolidarse desde las disciplinas científicas, asociadas, por otra parte, a la provisión de bienes y servicios puestos a disposición del desarrollo urbano y regional, no como entes abstractos, sino teniendo en cuenta que en esos espacios viven personas con disímiles medios económicos para alcanzar la mayor cantidad de beneficios posibles.

Además, la innovación tecnológica no solo se limita a nuevas tecnologías: "una innovación tecnológica determina un cambio en relación con las políticas, acciones y conductas previas. Introduce una novedad en un contexto y en el tiempo, dado a través de la invención, la copia o la adaptación"⁽³⁾. La cuestión central de la innovación tecnológica, entonces, no es de carácter meramente técnico, lo es también social. La tecnología por sí sola no garantiza procesos sin desequilibrios sociales ni económicos; no asegura la competitividad de una economía a largo plazo, ni el crecimiento económico, ni el empleo, ni el bienestar individual o colectivo. Para el logro de estos objetivos debe asimilarse en el proceso global de innovación social⁽⁴⁾.
 

Innovar o sucumbir
 

La innovación concierne, entre otros cometidos, a la construcción de una sociedad desarrollada insertada en un sistema perfectamente coordinado y controlado por todos los actores sociales, bajo la atenta mirada de los Estados, asumiendo el papel administrador que les corresponde. Al hilo de la cuestión también es necesario recordar que los procesos innovativos deben ser sostenidos y sustentados por los actores sociales, políticos, económicos, por la emergente sociedad civil, para no enterrarnos en la oscuridad de la obsolescencia.

Relacionada con esta última reflexión, escribía Mario Bunge⁽⁵⁾ en un certero artículo titulado "Carta abierta a los argentinos del siglo XXI: Innovar o decaer", donde, entre otros temas, analiza los aciertos, adelantos y retrocesos del país, vinculantes también a América Lativa:

"El país está parado porque no produce ideas nuevas: se ha convertido en una colonia cultural. Prefiere importar ideas en todos los campos, en particular el de la estrategia económicosocial. Y en esta era del conocimiento no hay progreso económico ni social si no hay progreso cultural, en particular científico y técnico. Un pueblo que no innova se estanca o decae. El Estado puede, ya estimular, ya inhibir la creatividad y la innovación. El que haga lo uno o lo otro depende de la ciudadanía y, en particular, de que la intelectualidad rehabilite y ponga al día y practique la ideología de la Ilustración. Mañana, como ayer, la consigna debiera ser: innovar o decaer".

No podemos replicar sus palabras, aunque siempre surgen idénticas incógnitas ¿contamos con los recursos humanos y económicos necesarios?, ¿cómo encaminar nuestras sociedades a un estado de creciente satisfacción?, ¿por dónde comenzar cuando lo comenzado casi nunca se acaba?, ¿cómo afrontar nuevos cometidos?, ¿cómo priorizar sin sentirnos condicionados?, ¿cómo mantener lo innovado y avanzar innovando? Mientras innovamos en cualquier ámbito o en varios a la vez, otros se van quedando rezagados u obsoletos. Estas y muchas otras preguntas podrán ser contestadas desde el conocimiento profundo del problema, otras seguirán en el campo de la duda. No es correcto hablar del problema, sino hablar con el problema.
 

Innovación y crisis
 

El conjunto de países de América Latina, en general y Argentina en particular viven en crisis continua. En este escenario debemos actuar e innovar en todos los ámbitos. La crisis estructural y las coyunturales recurrentes, que no hacen más que fortalecer a la primera, escapa a la mejores intenciones de planificadores e investigadores. Entre otras cosas porque estamos viviendo una "crisis de la utopía" alimentada por los reiterados fracasos que postergan y frustran a los sectores más progresistas y creativos, pasivos e incapaces de dar respuestas a los problemas. Los cómplices del silencio, que tienen mucho que dar, se mantienen agazapados y ciegos ante la realidad. Qué duda cabe que las presiones ejercidas por los grupos de poder son de mayor peso que la de los excluidos económica y socialmente, mientras aquellos siguen incorporando innovaciones rentables para sus crematísticos emprendimientos. Sarcásticamente aprueban beneficios millonarios al tiempo que recomiendan moderación salarial. En definitiva la crisis actual es económica, social, de legitimidad, de gobernabilidad, de moral. Asimismo, la crisis liberal provoca una aguda desorganización social, una dinámica de desorden, en el seno de las familias, de los sindicatos, de los partidos, de las asociaciones y en el mismo Estado.

Algunos insisten en el estado anómico que dificultaría cualquier tipo de transformaciones en lugar de hacerlas posibles. Los cambios necesitan organización para poder ejercer transformación. La anomia facilita desorden extremo y siempre finaliza en desastres: en violencia y despotismo. La anomia como situación extrema nos lleva a subvertir tanto la lógica como los valores fundamentales de la humanidad⁽⁶⁾. No se vislumbran soluciones aparentes. Surge otro interrogante ¿cómo integrar a millones de pobres latinoamericanos a las economías nacionales mientras continúa la descomposición social y la dinámica del desorden que afecta a todo el sistema? Una respuesta: porque no se pudo generar una estructura para la distribución del ingreso ni un desarrollo que cree empleo, ni la forma de integrarlos a través de un sistema educativo -elitista, incompleto, errático e irracional-, o a la asignación de servicios sociales, siempre insuficientes.

¿Podrán los nuevos modelos impuestos desde la crisis de los ochenta -ajustes, privatizaciones, rebaja en los presupuestos dedicados a los gastos sociales, entre otros- paliar estas situaciones? Sabemos que estamos hablando de crecimiento económico y que el mismo está reñido con la equidad redistributiva, que las actuales políticas concentradoras son cualquier cosa menos solidarias. Advertimos, por lo tanto, que hasta el momento asistimos a planes de choques, a cirugías parciales que no devuelven la confianza a la clase media en descomposición ni a los pobres, todos subsumidos en una apatía, con frustraciones acumuladas que auguran más violencia, más choques y levantamientos, además de los consumados.

Ante esta situación que frena cualquier tipo de innovaciones o emprendimientos nos preguntamos el porqué. Ya no valen los iterados diagnósticos porque desde los primeros síntomas de malestar e inequidad diferentes actores sociales y económicos comenzaron a preocupar a gobernantes, tecnócratas e investigadores quienes dieron a conocer desde entonces y hasta ahora numerosas versiones, descripciones e interpretaciones que en su conjunto conforman un diagnóstico que pareciera estar completo, por lo menos en sus contenidos más profundos y trascendentes. Pero este cúmulo de información no ha generado consenso para lograr un tratamiento tendente a erradicar los males debido a su compleja realidad⁽⁷⁾.
 

Innovación vs desarrollo.
 

Podemos partir de la premisa de que no hay desarrollo económico sin una innovación gradual e integral o viceversa, que ese desarrollo y esa innovación cuando se producen deberían afectar a todos los estratos sociales, adecuarse a las necesidades más perentorias de las sociedades. Y si llegan en el momento político y económico adecuados ¿podrán evitar segregar espacios y excluir sociedades o crear más conflictos en lugar de paliarlos? Reflexionar sobre algunos aspectos que han producido cambios acelerados a través de acciones innovadoras y que de alguna manera repercutieron espacialmente; comprender esencialmente los desajustes o desequilibrios sociales que las mismas han provocado nos ayudarán a conocer lo sucedido en Argentina a partir de 1990. Al igual que la mayoría de los países de América Latina, Argentina ha considerado oportuno diseñar políticas de desarrollo económico creciendo productivamente, no competitivamente, para crear una economía de mercado. Además, con el propósito aparente de desentenderse de empresas onerosas, ociosas u obsoletas optaron por la privatización de las mismas: "achicar el Estado". Este modelo, por otra parte, viene a sintetizar lo actuado hasta el momento con pretextos inspirados en las sugerencias del Banco Mundial y del FMI como forma de reducir la deuda externa y sanear la economía, entiéndase reducir el déficit fiscal, preocupación obstinada de ambos organismos, con el fin de asegurarse la tranquilidad de que nuevas moratorias no obstaculicen el pago de la enorme deuda externa que retarda el desarrollo de la mayor parte de los países de América Latina.

No podemos desconocer que en el decurso histórico los países de Amárica Latina han tratado de introducir innovaciones a través de disímiles políticas. Desde los años iniciales del desarrollismo latinoamericano, allá por los años 50, de la mano de la recientemente creada CEPAL, se afincó la idea de que la ciencia y las universidades desempeñarían un papel central en el desarrollo socioeconómico. Raúl Prebisch junto con sus colaboradores ponían énfasis en la necesidad de adaptar y combinar el conocimiento tecnológico foráneo para resolver los problemas de América Latina, de definir las prioridades con la planificación económica y de ordenar los programas de investigación para atender a esas prioridades. Desde entonces y hasta la actualidad se han configurado estilos de desarrollo con objetivos que escapan de los primigenios; pero que en los últimos años, tras la reinstauración democrática en la mayor parte de los países de la región, el contenido social y la preocupación por las necesidades básicas insatisfechas (NBI), como las propuestas para el crecimiento económico como medida para erradicar la creciente pobreza, despiertan interrogantes, lamentablemente no en los actores políticos y económicos, sí en los investigadores pertenecientes a ámbitos universitarios, científicos, ONG, y en la emergente sociedad civil, pero que en rigor no tienen poder de decisión o de influir en los gobiernos de neto corte neoliberal. Mientras tanto la pobreza es una incógnita sin que existan los recursos económicos ni la sensibilidad de los gobernantes para atender las Necesidades Básicas Insatisfechas, que son más que las tres que usualmente los datos oficiales hacen figurar (vivienda, salud y educación), cuando organismos internacionales, la OMS entre ellos, ofrecen una lista más amplia de las mismas. Pero también debemos observar que muchos de los términos en uso se tornan abstractos cuando tratamos de imaginarlos así como las realidades que caracterizan a los países de América Latina. Asimismo las cifras de insuficiencias que manejamos se antojan como morbosas para muchos analistas. sin intentar dar respuestas a los interrogantes que podrían surgir; no apuntan a revertir o a paliar esas carencias. Son palabras, cifras sin voz.
 

Innovación y privatizaciones.
 

La dos ecuaciones, Investigación + Desarrollo, Innovación + Desarrollo Económico son indisolubles, están estrechamente vinculadas, son acciones que se retroalimentan: ¿sin desarrollo habría investigación? o ¿sin innovación habría desarrollo económico?. La puesta en marcha de cualquiera de estos extremos requiere de inversiones más o menos cuantiosas de acuerdo a la escala que pretendamos abarcar o a lo que queramos innovar.

Privatizar entregando las instituciones dedicadas a la producción de bienes y servicios públicos fue la premisa a partir de 1990 en la Argentina menemista. Sólo se podía innovar a través de inversiones privatizadoras. Al respecto interesa replantear el concepto de innovación asociado a las "redes" y servicios urbanos desde la perspectiva que plantea Mario Albornoz (1998):

"¿Tiene sentido utilizar un concepto neo-shumpeteriano, propio de las sociedades organizadas competitivamente (para ganar en la competencia), para aplicarlos a sociedades de marginalización creciente, aparentemente destinadas a perder en la competencia? Con una categoría de este tipo, ¿podemos realmente pensar en nuestros problemas? Creo que el término innovación debería ser, por lo menos, redefinido en su sentido de "innovación social" y el adjetivo "social" concebido desde nuestras realidades, a partir de una profunda reflexión e identificación con las raíces y los problemas propios. De lo contrario nos estaremos mirando en un espejo deformador".

Cuando se privatiza, la "innovación social" se entierra en elucubraciones demagógicas. En la era de las privatizaciones, cuando las economías aperturistas de algunos países de América Latina inauguraron esta acción de gobierno se daba por sentado que el Estado no podía hacerse cargo de algunas empresas proveedoras de bienes y servicios básicos por resultar onerosos y alimentar el déficit público. Las reformas de los estados debían cumplir las directivas del Banco Mundial y del FMI, en primer lugar, para sanear las economías y hacer frente a los servicios de la deuda externa, en segundo término para asegurar una mejor asistencia a los gobernados. Los motores de la globalización -desregulación, liberalización, privatizaciones, transnacionalización- irrumpieron creando más desajustes y desequilibrios, amparando a los más poderosos, creando una perversa situación: a mayor riqueza mayor pobreza. Abrieron una amplia brecha entre los que más poseen y los que menos o nada tienen, haciendo desaparecer paulatinamente, a la influyente clase media, que pasa a engrosar la cifra de pobres. Se estaba innovando sin crear riqueza, el Estado se descapitalizaba y se convertía sólo en aparente gestor.
 

Génesis de las privatizaciones.
 

Como ya se expresó, los organismos internacionales en connivencia con los sectores dominantes locales adoptaron la estrategia de privatizar las empresas estatales, presionando para que esa política se aplicase aceleradamente. Esta coyuntura propició que las acciones no se llevaran a cabo en condiciones aceptables: las empresas fueron vendidas o concesionadas, en la mayoría de los casos, a precios irrisorios, por debajo de los que marcaba el mercado real, subvaluadas, con falta de transparencia durante el proceso. El objetivo era "privatizar todo lo privatizable". El Estado argentino, "el Estado empresario", a principio de 1990, contaba con 527 empresas de las cuales se privatizaron algunas muy rentables o con un alto valor estratégico y socio económico, reemplazando, en muchos casos, monopolios estatales por monopolios privados con resultados sociales, económicos y espaciales negativos.

El proceso de privatizaciones en Argentina descansa, además, en una serie de improvisaciones de las administraciones a lo largo de su historia. La necesidad de infraestructuras en Argentina respondio en su evolución espacio temporal a los diferentes modelos de desarrollo económico, con costes más sociales que políticos. La evolución infraestructural se caraterizó por pulsos más o menos intensos y la década de 1980 marcó un traumático corte en la misma: se conmocionaron con una crísis generalizada reflejada en una desatención global y de desinversión. En realidad, siempre estuvo disociada de las necesidades regionales y de los sectores económicos debido a graves dificiencias durante muchas décadas por la falta de inversiones y "la falta de una concepción sistemática de esta problemática acarrearon no pocos problemas al sistema productivo y, en particular, a las economías regionales, identificadas a través del encarecimiento de los costos, la desarticulación sectorial y regional y un sinnúmero de ineficiencias"⁽⁸⁾. Los problemas obedecieron a: mantenimiento insuficiente, asignación equivocada de inversiones, desperdicio, subuso o ineficiencia de recursos.

El proceso de privatización y de inversiones privadas supuso la mayor inversión en una relación de 3 a 1 respecto de los fondos públicos y condujo al aumento de tarifas pagadas por los usuarios o que antes no se pagaban. En principio se manifestó una mayor eficiencia que permitió disminución de cargas a través del accionar de los mecanismos de mercado y la aplicación de políticas regulatorias. Tal fue el pago de peaje en carreteras y autopistas concesionadas, en el primer caso, y abaratamiento en las tarifas eléctricas para grandes consumidores industriales, en el segundo. Obviamente, la privatización acompañada de inversiones para mejorar las prestaciones de servicios significó una considerable reducción de subsidios y subvenciones, pero también la incorporación de avances técnicos actuales en ciertos sectores - redes de transportes, comunicación y servicios- por parte de los nuevos propietarios o concesionarios, beneficiando de alguna manera a los usuarios. Sin embargo, estas innovaciones técnicas o funcionales, provocaron el retiro voluntario o despido de miles de empleados, - "destrucción creadora"- sin oportunidad de incorporarse a nuevos trabajos por la escasez de oferta del mercado laboral o por la falta de capacitación para los nuevos tiempos. Se creó la polémica entre los que sostienen que la innovación es un factor clave para el desarrollo y los que, por el contrario, ven en ella destrucción de empleos, desequilibrios regionales, entre otros. YPF -hoy REPSOL-YPF- desde su proceso privatizador hasta la actualidad ha despedido a más de 55.000 obreros y técnicos.

En lo expuesto se enfatiza que las distintas líneas de innovación a través de la inversión y/o privatización supone aspectos cualitativos y no sólo la cobertura física y debería enfrentar un doble desafío: ampliar y diversificar los servicios, y mejorarlos en términos de calidad⁽⁹⁾. En este proceso de innovación de infraestructuras existe un problema que tiene varias facetas, muchos actores y articulaciones complejas. Esquemáticamente, es un sistema en el que intervienen: el Estado (especialmente los organismos reguladores), la empresa privada y los usuarios. En el caso de la empresa hay que tener en cuenta que en Argentina se privatizó en primer término el paquete de control y, en una segunda etapa se reservó la colocación de remanentes, en manos del Estado nacional o de las provincias, a través del mercado de accionarios o como paquete a una o más empresas. Por otra, en los pliegos de privatización se exigió la participación de un operador técnico con experiencia internacional que, en muchos casos posee parte del capital accionario de la empresa, aunque la mayor parte de los sectores financieros hayan sido aportados por otros integrantes del consorcio⁽¹⁰⁾. Esta primera fase, además de mejorar la oferta de bienes y servicios, significó la preparación de un ámbito más propicio para atraer inversiones extranjeras.

Si bien, en primera instancia, mejoró la calidad de los servicios y la eficiencia, el precio de los mismos tendió, según transcurría, la década a provocar un fuerte impacto en el incremento o decremento del consumo; y al finalizar el milenio se observaba más esta última tendencia por la inadecuación entre salarios y el excesivo costo de los servicios. De acuerdo a esta expresión, el tema pendiente es la "equidad", enfrentando a la capacidad de pago de las tarifas corrientes y de las cargas de infraestructuras de los usuarios más pobres; por lo tanto el binomio privatización y privación es una realidad que se vislumbra sin atajos y se evidencia en el porcentaje creciente de grupos familiares que engrosan la lista de impagados, lo que a su vez significa un alto costo del servicio, o en su defecto la no utilización personal de ciertas infraestructuras, como autopistas o carreteras, al no poder acceder a las costos de peaje y por no existir alternativas exentas de pago. Otra de las acciones pendientes, de acuerdo al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos (1999) está en el avance de soluciones de carácter regulatorio. El mismo informe acota que lo actuado en los últimos años demuestra lo difícil que resultó conciliar intereses y reclamos de usuarios y empresas. Por una parte los organismos regulatorios, que en el caso de los servicios públicos privatizados obedecen a disímiles lógicas institucionales y con distintos encuadres jurídicos y que intervienen en áreas donde las facultades y las limitaciones pueden ser difusas y, que serían los casos en los que una relación sectorial se enfrenta a una de tipo horizontal: defensa de la competencia o del consumidor, por ejemplo.
 

Efectos
 

Las consecuencias de las privatizaciones supusieron severos desajustes espaciales, sociales y económicos, entre otros motivos, porque a los beneficiarios de las inversiones "no se les aplicó los controles necesarios e imprescindibles para que los bienes y/o servicios que producen sean altamente eficientes y sus precios ajustados a un costo verdadero y a un margen razonable de utilidades" ⁽¹¹⁾. Las empresas, a su vez, no contemplan el beneficio social, aspiran a maximizar sus propios beneficios. En este contexto, el caso argentino es un ejemplo de contrariedades. Los nimios montos cobrados en concepto de importantes privatizaciones se aplicaron en forma parcial a cancelar la deuda externa, mediante pagarés de deuda reconocidos a su valor nominal, otra parte fue desviado a cubrir necesidades presupuestarias o a cubrir el déficit fiscal.

La privatización se convirtió en una panacea e hizo albergar esperanzas a los ciudadanos atrapados por discursos demagógicos y promesas sin fundamentos propalados por el Gobierno Central. Las frustraciones sólo la advierten quienes sostienen que este proceso "no entraña que se incorpore acervo alguno al patrimonio social y al producto interno ni que se incremente la producción. En el mejor de los casos podría lograrse algún uso más eficiente de los factores tecnológicos y de trabajo y alguna inversión para mejorar la operación de la empresa privatizada"⁽¹²⁾. No obstante la apropiación de las empresas estatales por parte de los inversores asociados a las transnacionales y su nuevo papel dominante, en condiciones económico-financieras harto positivas, siguen recurriendo ante el Estado en busca de subsidios, tarifas y precios especiales, más otras prerrogativas, que generalmente se les concede para maximizar beneficios no acordes con las inversiones realizadas.

Empresas prestadoras de servicios como otros grupos empresariales asociados al sector de las finanzas han gozado de amplias facilidades brindadas por el Estado, convirtiéndose en grupos de poder, actuando en las decisiones políticas y económicas del Estado. Otra vez se repite la historia, otro estado dentro del propio Estado. La febril búsqueda en el ranking pais-riesgo para invertir fue la primera prospección de los capitales extranjeros o coaligados con algunos nacionales para asegurarse mercados que aparentemente se ofrecían óptimos después de la "reactivación económica" que estaba experimentando Argentina, tras de la etapa hiperinflacionista "desterrada por decreto" por el gobierno menemista. La economía se dolarizó. La población se sintió esperanzada, comenzó a hacer proyectos a corto plazo. Se abrieron los créditos bancarios e hipotecarios, aunque restringidos, la tarjetas de créditos (con intereses de hasta el 70 por ciento anual en pagos aplazados), fueron concedidas sin trabas. La población comenzaba a endeudarse con holgura sin medir las estrepitosas consecuencias actuales, se vivía un clima de euforia, de confianza en el futuro; creció el consumo interno, se reactivaron industrias, pero todo esto con sueldos menores a los de 1980 y congelados en 1990. La desregulación de empleos se ensañó.

En medio de este clima triunfalista, propalado internacionalmente, los inversores extranjeros alimentaron esperanzas, realizaron todo tipo de inversiones tanto productivas como no productivas pero, en su mayoría, teniendo in mente la seguridad de despegar a otros destinos cuando se presentara el más mínimo síntoma de crisis, sobre todo los capitales trabajando en el ámbito financiero, "capitales portátiles" o volátiles.

La acción innovadora de 1990 a la fecha, llevada a cabo mediante el régimen de privatizaciones por compra o concesión de bienes y servicios estatales "las joyas de la corona" (ferrocarriles, aeropuertos, puertos, carreteras, autopistas, teléfonos, servicios sanitarios, eléctricos, presas incluidas) actuó como revulsivo de una innovación que no tenía parangón en Argentina desde la crisis de 1930. Las inversiones norteamericanas fueron superadas por las de la UE a través de España. Lo que permitió esta situación fueron las ventajas comparativas, esencialmente los vínculos históricos, culturales y lingüísticos con América Latina encontrando un campo privilegiando para sus inversiones, fue la forma de responder al reto de la globalización.

Sin embargo, la ola privatizadora-inversora tuvo sus impactos sociales, económicos y tecnológicos positivos, pero también y, en gran medida negativos en la prestación de servicios a la población atendida y en los costes de los mismos, inalcanzable para amplios sectores de la población con magros ingresos.

Con el propósito de ilustrar un caso, traemos a colación lo actuado por una de las más fuertes empresas inversoras, Telefónica, instalada en Argentina desde 1990, que realizó grandes inversiones, preferentemente en los servicios de telefonía: básica, móvil, pública, transmisión de datos, larga distancia e internacional, entre otros. De 1990 a 1999, invirtió 8.000.000.000 de dólares a 900.000.000 de dólares están previstos para este año, con el fin de dominar todo el servicio en territorio argentino, antes compartido en partes iguales con TELECOM. El resultado de inversiones concretados en el decenio indicado significó el aumento de un 132 por ciento en la cantidad de líneas en servicio y las líneas instaladas crecieron un 128,9 por ciento. En mayo de 1998, la compañía alcanzó, tras 90 meses de gestión, el 100 por ciento de digitalización de la red telefónica, que era del 14,6 por ciento a finales de 1990. Las líneas de telefonía pública aumentaron un 666 por ciento de 1990 a 1999, alcanzando las cuatro líneas de telefonía pública en servicio por cada mil habitantes, índice que la transformó en líder de Argentina y América Latina. Por otra parte, la capitalización bursátil de Telefónica de Argentina en 1999 se situó en tercer lugar dentro del mercado local, tras alcanzar un valor de 6.573 millones de dólares, que representa el 8 por ciento sobre el total del mercado argentino.

El desembarco de Telefónica Española y TELECOM 1990 -empresa francoitaliana-, por ejemplo, significó la modernización del sector comunicaciones. Incorporaron tecnología punta, extendieron el servicio a lugares antes impensables, se agilizó la lista de espera para instalación a tiempos récords no conocidos en el país y se abarató el contrato del servicio tanto a nivel familiar como empresario. El plantel de operarios fue menguando. Una situación de falsa bonanza reflejada en la fiebre de la dolarización y el freno a la inflación fueron los incentivos que alentaron al mercado consumidor. Sin embargo las inversiones de Telefónica ya fueron ampliamente amortizadas, con millonarias ganancias, sin que esto se refleje en una disminución de las caras tarifas pagadas por los usuarios, una de las más elevadas del mundo.

Es cierto que sin las privatizaciones Argentina seguiría estancada tecnológicamente en muchos sectores, también lo es que este acto debió y debe ser manejado con la máxima prudencia y transparencia a través de los organismos reguladores establecidos. El destino de los fondos obtenidos debió y deberá ser escrupulosamente controlado para gestionarlos racional y eficazmente. Pero aun queda pendiente la decisión política de quebrar los monopolios creados, evitar los futuros y potenciar los mecanismos reguladores bajo un estricto control estatal. A esta altura del proceso privatizador no quedan dudas de las innovaciones aportadas, pero no debemos olvidarnos de lo que esta acción produjo: exclusión social, escisión y segregación espacial. Pero sobre todas las cosas privación para amplios sectores de la población, para los que es cada vez más complicado/imposible acceder a las innovaciones por la creciente descomposición económica, representada en la iconografía de la imparable pauperización urbana y rural.
 

Bibliografía
 

ALBORNOZ, M. Cómo leer desde la periferia las nuevas relaciones entre tecnología y sociedad. In La ciudad y sus TIC's (Tecnologías de información y comunicaciones). Quilmes: Ed. Universidad Nacional de Quilmes, 1998, p. 15-28.

BUNGE, M. Carta abierta a los argentinos del siglo XXI: Innovar o decaer. In Argentinos. Retratos de fin de milenio. Buenos Aires: Viva-Clarin, 1999,  p. 304.

CEPAUR. Desarrollo a escala humana. Santiago de Chile Fundación Deg Hammarskjöld, 1998, p. 21.

MARTINEZ PARDO, M. Nuevas tecnologías, territorio y espacio local. In Seminario Internacional Tecnológico y Crecimiento Urbano en América Latina. Buenos Aires: CEUR-IIED-AL. Tomado de CLICHEVSKY, N. op. cit.

MINISTERIO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. Situación de las infraestructuras de transporte, energía y comunicaciones. Buenos Aires: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, 1999, p. 2.

MINSBURG, N y VALLE, H. (Ed). El impacto de la globalización. La encrucijada económica del Siglo XXI. Buenos Aires: Ediciones Letra Buena, 1993, p. 57.

MINSBURG, N. Política privatizadora en América Latina. In Comercio Exterior, 1993, nov, México, p. 304.

MUSCAR BENASAYAG, E. F. (Coord-Comp)(1998): Innovación y desarrollo en América Latina. TAIBAM-CERSA, Madrid, p. 5-7

SACHS, I. y SANCHEZ, V. Presentación. Revista de la SIAP, 1988, Vol. 22, núm. 85, enero-marzo. Tomado de CLICHEVSKY, N.Construcción y Administración de la ciudad latinoamericana. Buenos Aires: IIED-AL, Grupo Editor de América Latina, 1990, p.392

WEFFORT; F:C. La América equivocada. Apuntes sobre la democracia y la modernidad en la crisis de América Latina. In REYNA, J.L. (comp). América Latina a fines de siglo. México: Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 399-401.
 

Notas
 

1. Agradezco al Licenciado Daniel älvarez la información facilitada.

2. Muscar Benasayag, 1998

3. Sachs y Sánchez, 1988

4. Martínez y Pardo, 1988

5. Diciembre de 1999

6. Weffort,1994

7. Cepaur, 1986

8. Ministerio de Economía, 1999

9. Banco Mundial, 1993

10. Ibídem

11. Minsburg, N y Valle, H, 1993

12. Minsburg, N, 1993

Eduardo F. Muscar Benasayag.
Profesor Titular de Geografía.
Universidad Complutense de Madrid. 

Compartir