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Los bolivianos frenan el plan gasífero de Repsol YPF
Resumen: Repsol YPF ha sufrido un serio revés con su plan energético en Bolivia. La convulsa situación social que vive el país andino y que supuso el cambio de presidente el pasado mes de octubre ha dejado en punto muerto el Plan Pacific LNG. Un plan cuyo objetivo era la venta de gas hacia el Norte, concretamente al Estado de California, por un valor de 6.000 millones de dólares.
Publicación enviada por Mateo Balín
 La
multinacional hispano argentina Repsol YPF sólo podrá cumplir de momento una
parte de su ambicioso proyecto de exportar gas desde Iberoamérica hasta Estados
Unidos. Tras firmar el pasado diciembre con Shell Western un contrato de
suministro de gas desde Trinidad y Tobago hasta la costa atlántica
estadounidense, la petrolera ha sufrido un serio revés con su plan energético
en Bolivia. La convulsa situación social que vive el país andino y que supuso
el cambio de presidente el pasado mes de octubre ha dejado en punto muerto el
Plan Pacific LNG, que el consorcio del que forma parte Repsol YPF (junto a sus
socios británicos Pan American y British Gas) tenía presupuestado en alrededor
de 6.000 millones de dólares y cuyo destino era satisfacer la demanda del
Estado de California.
Para ello la compañía petrolera tenía como objetivo transportar gas natural
por un gaseoducto desde Bolivia hasta un puerto de la costa del pacífico (Chile
o Perú) y después licuarlo en una planta especializada para posteriormente
trasladarlo en buques hasta México. Desde allí se transportaría hasta plantas
de ciclo combinado ubicadas en Baja California para producir finalmente la
electricidad necesaria.
Pero en su intento de llevar a cabo este proyecto la petrolera no contaba con la
respuesta social del pueblo boliviano, cansado del “expolio” al que se ven
sometidos por parte de las multinacionales. Las protestas populares iniciadas en
septiembre se agruparon en torno a la plataforma de la Dirección Única de la
Defensa del Gas, que agrupa desde sindicatos, obreros y productores de hoja de
coca, hasta el principal partido de la oposición, el Movimiento al Socialismo,
dirigido por el líder cocalero Evo Morales. La organización nació para
oponerse a la venta de gas natural a Estados Unidos y México sin que antes se
aclarasen los beneficios que va a reportar el proyecto a la población local.
La fuerza social que ha adquirido esta plataforma sectorial en defensa del gas
es sustancial. En su momento logró desbancar del poder el pasado mes de octubre
al entonces presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque para ello
el camino se tiñera de sangre: con más de 70 muertos y cientos de heridos.
Para atemperar los ánimos su sucesor Carlos Mesa, vicepresidente del dimitido Sánchez
de Lozada, se ha visto comprometido a convocar un referéndum vinculante antes
de marzo para que sea el pueblo el que decida sobre la exportación del gas
natural. Aunque detrás se encierran otras reivindicaciones por parte de los
bolivianos.
Y es que la implementación del proyecto implicaría la presencia de un segundo
país: Chile o Perú, las dos salidas al mar más cercanas para Bolivia. La
primera opción es más factible técnicamente y menos costosa, como así ha
reconocido la petrolera española. Pero políticamente entraña mayores riesgos
por el profundo sentimiento antichileno que impera en Bolivia. La causa está en
que Chile mantiene la soberanía sobre los 120.000 kilómetros cuadrados de
litoral que fue boliviano hasta la guerra del Pacífico de 1879 y que dejó al
país andino sin salida al mar.
Para encrespar más el ánimo popular, el Gobierno sigue postergando las
demandas sociales propuestas y al finalizar el año se encontró de bruces con
un déficit fiscal del 8% del PIB, lo que equivale a un agujero financiero de
640 millones de dólares. La administración se ha visto en la necesidad de
pedir un préstamo al FMI por valor de 94 millones de dólares con el que
solventaría el 15% de la deuda pública generada. Cifra que se suma a un
desempleo que llega al 10% de la población –Bolivia tiene ocho millones de
habitantes y la mitad está por debajo de la línea de la pobreza– y una
inflación del 3,5%, el mismo nivel de crecimiento de los salarios.
Referéndum: “No es vender o no vender”
“Hay una pregunta fundamental que es el núcleo del referéndum. ¿Vender o no
vender el gas? Este es el elemento clave”, afirmó Mesa recientemente. Estas
manifestaciones parece que deja en manos de los bolivianos la decisión sobre qué
hacer con el gas.
El especialista y escritor Carlos Villegas, autor del libro "Privatización
de la industria petrolera en Bolivia", pone sobre la mesa un asunto
esencial para comprender el paraíso hidrocarburífero que es el país andino
para las multinacionales. Villegas recuerda que los dos gobiernos de Sánchez de
Lozada suscribieron contratos de garantía con los principales organismos
internacionales de inversión con el objeto de evitar nacionalizaciones como
resultado de las movilizaciones sociales.
Además, en 1996 el propio ex presidente promulgó la Ley de Hidrocarburos, que
diversificaba los campos de gas y eliminaba parte del impuesto conocido como
‘bonosol’: una clara muestra de las garantías gubernamentales a las
multinacionales. “Con estos contratos -añade el especialista- Bolivia
continuará profundizando las bases para una competitividad espuria, es decir,
las grandes empresas aprovecharán simultáneamente la explotación de los
recursos naturales y la mano de obra barata”.
Hecho que corroboró un ejecutivo de Repsol YPF al afirmar a través de la
prensa local el pasado mes de noviembre que por cada dólar que invertía su
empresa en Bolivia la ganancia era de diez, cuando lo óptimo en la industria
del gas era lograr cinco dólares de rentabilidad. Dicho cargo de la petrolera
señaló además que los costos de la producción del gas en el país andino sólo
alcanzan los 0,97 centavos de dólar frente a los 4 dólares que se requiere en
Venezuela, México o Argentina. Condiciones muy factibles que no han pasado
desapercibidas para las grandes productoras de hidrocarburos, que en su reparto
de la tarta del gas boliviano se han topado contra pronóstico con un obstáculo
inesperado: la oposición popular. No obstante, ya no está en sus manos el
futuro de un recurso que el ex presidente Sánchez de Lozada liberalizó a
cambio de nada.
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Publicación enviada por Mateo Balín
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Publicado Wednesday 28 de January de 2004
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