Monografias | Chile bosques de verdad

Desde fines de agosto los empresarios forestales chilenos llevan a cabo una agresiva campaña publicitaria llamada "Bosques para Chile". Muchos chilenos nos hemos sentido agredidos por la puesta en escena de los empresarios forestales, que en su primera etapa ha salido con mucha fuerza a través de los medios de comunicación.

Según la Corporación de la Madera (Corma), entidad que agrupa a los grandes empresarios madereros y de la industria de la celulosa, esta campaña durará cinco años y su primera fase tendrá un costo de 1 millón de dólares. El costo total de la campaña se estima en unos 6 millones de dólares. La campaña en cuestión es trasmitida por todos los medios de comunicación (televisión, radios y prensa escrita), acompañada de diversos artículos de opinión firmados por destacados ejecutivos de las empresas forestales mas importantes.

Los mensajes transmitidos apuntan a generar confusión. Por ejemplo, en los spots televisivos se muestran plantaciones forestales de pino y se dice que son Bosques para Chile. También en la misma publicidad se muestra una casa, muebles y otros objetos de madera elaborada, diciendo: "madera, un recurso renovable" y repitiendo: Bosques para Chile. En radio la publicidad no es muy distinta. Se escuchan golpes de puño sobre madera y el locutor va diciendo nombres de distintos instrumentos musicales (piano, guitarra, violín, etc.) y se repite: Bosques para Chile. La campaña obviamente pretende mejorar la imagen que tienen los chilenos del sector forestal, ya que según una encuesta realizada por la propia Corporación de la Madera dio por resultado que el 97% de los chilenos piensa que los bosques están en peligro.

A través de esta estrategia el empresariado forestal chileno pretende ocultar los daños que han causado con el establecimiento de grandes plantaciones forestales: la erosión de los suelos por prácticas de tala rasa, la aplicación de agroquímicos que son arrastrados hacia los cursos de agua, las precarias condiciones en que viven y los miserables sueldos que reciben los trabajadores forestales. También pretende ocultar el gran daño a la biodiversidad que estas plantaciones forestales han generado al ocupar grandes extensiones de tierras, fragmentando los hábitats de las especies nativas, como tampoco da cuenta de las al menos 200.000 hectáreas de bosques que han sido sustituidas por plantaciones en los últimos 25 años. Nada dice de como se han adquirido los terrenos que ocupan las plantaciones, ni de como el estado ha subsidiado durante todos estos años el establecimiento de plantaciones con especies exóticas y el enriquecimiento de los propietarios de las grandes masas forestales. Tampoco la citada campaña explica que las plantaciones forestales de nuestro país no están hechas para producir objetos elaborados con alto valor agregado sino que están orientadas a producir madera en bruto y celulosa para exportación.

Las organizaciones ambientales, ecologistas y de consumidores estamos muy preocupadas y hemos iniciado acciones en respuesta a esta campaña. La primera de ellas es solicitar la adhesión de organizaciones y personas a una "aclaración pública" que llamamos BOSQUES DE VERDAD PARA CHILE. Cada una de las organizaciones firmantes se compromete además dentro de sus posibilidades a generar acciones que desenmascaren la campaña de los empresarios.

Sin embargo, y pese a lo difícil que pueda resultar contrarrestar los efectos de una campaña tan bien financiada como la desatada por los empresarios forestales, las organizaciones no gubernamentales chilenas pueden sentirse muy orgullosas de su éxito. A través del lanzamiento de esta campaña, el sector forestal reconoce su creciente desprestigio social, motivado por sus propios actos y por la constante denuncia fundamentada de las organizaciones de la sociedad civil acerca de los graves impactos que los monocultivos forestales han causado al bosque chileno, a otros ecosistemas, a la biodiversidad, al agua, a los suelos y a los habitantes de las regiones invadidas por las plantaciones. Se han visto obligados a sacar 6 millones de dólares de sus bolsillos para maquillar su imagen. Y aunque los dólares les sobren, eso siempre les duele. (Por: Flavia Liberona, Boletín Nº 39 del WRM, Octubre de 2000).

Chile: Proyecto forestal amenaza producción de vinos

Durante décadas en el valle del Itata pequeños y medianos propietarios han desarrollado actividades económicas basadas en la producción de vinos y hace poco tiempo han logrado obtener "denominación de origen" para la producción de vinos finos de exportación. Con el trabajo de muchos años han logrado desarrollar una actividad que tiene un enorme potencial económico y social.

En enero de este año la COREMA (Comisión Regional del Medio Ambiente) de la VIII región, decidió rechazar la instalación del proyecto "Complejo Forestal Industrial Itata" que se ubicaría en este mismo valle y el que comprende actividades ligadas al rubro forestal entre las que se encuentra la instalación de una planta de celulosa en el Valle del Itata. La razón dada para el rechazo fue que este proyecto generaría impactos ambientales negativos. La empresa proponente del proyecto -Celulosa Arauco y Constitución S.A.-- pertenece al grupo Angelini, uno de los más poderosos del país.

Usando los mecanismos que le otorga la ley, Celulosa Arauco apeló la decisión a la instancia superior, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente). De acuerdo a la Ley de Bases del Medio Ambiente cuando se presenta una situación de este tipo, el organismo encargado en definitiva de resolver la viabilidad ambiental del proyecto es el Consejo de Ministros, instancia superior de la CONAMA. Para decidir en forma adecuada el Consejo de Ministros cuenta con el apoyo del Consejo Consultivo, organismo de consulta, que en teoría cuenta con representantes de distintos sectores -organizaciones no gubernamentales, científicos, centros académicos independientes, trabajadores, empresarios y gobierno. En realidad sus representantes no son elegidos democráticamente por las propias organizaciones, sino que son nombrados por el Presidente de la República.

Sorpresivamente, hace pocos días el Consejo Consultivo decidió recomendar al Consejo de Ministros la aprobación ambiental de este proyecto. ¿Cómo se explica esto? Varios servicios públicos, además de un Panel de Expertos de la Universidad Católica contratado especialmente para analizar el proyecto, han opinado que la instalación de la planta de celulosa en el valle del Itata es incompatible con la actividad económica que se desarrolla actualmente en la zona: la vitivinicultura. La instalación del proyecto produciría un conflicto entre dos actividades económicas incompatibles: la existente vitivinícola- turística versus la forestal-industrial.

Por otra parte, desde sus inicios este proyecto ha tenido un fuerte rechazo en las cinco comunas aledañas al lugar de instalación del Complejo Itata (Ranquil, Coelemu, Trehuaco, Quillón y Portezuelo). Esta oposición no es antojadiza y se fundamenta en que la instalación de una planta de celulosa es altamente contaminante, pues en el proceso industrial de producción de celulosa se usan compuestos químicos clorados que son considerados compuestos tóxicos peligrosos y además se generan "dioxinas", que son sustancias mutagénicas, las cuales aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. O sea, se generarían graves impactos ambientales además de daños en la salud y calidad de vida de las personas que habitan en este valle.

Un argumento normalmente esgrimido por este tipo de emprendimientos es la generación de empleo, hoy en día tan escaso en nuestro país. No obstante, también en este sentido la recomendación del Consejo Consultivo no resulta comprensible, pues hoy en día existen 3.000 empleos fijos en la zona -producto de la actividad vitivinícola-- contra 1.200 empleos que podría llegar a generar la instalación del Complejo Forestal Itata en todas sus actividades.

Esta situación plantea muchas interrogantes. ¿Qué se está evaluando realmente? ¿La capacidad de ejercer presión e influencia de uno de los grupos económicos más importantes del país, o el impacto ambiental del proyecto? ¿Son consideradas realmente las comunidades y las economías locales a la hora de decidir que es mejor para ellas?

Ahora toda la responsabilidad está en manos del Consejo de Ministros. Su decisión señalará en los hechos cuál es, efectivamente, la política ambiental y económica del actual gobierno. (Por: Flavia Liberona, Boletín Nº 40 del WRM, Noviembre de 2000).

Chile: Se intensifica el debate sobre las plantaciones de árboles

Con el objetivo de mejorar su deteriorada imagen, el sector forestal chileno lanzó en agosto una multimillonaria campaña publicitaria -"Bosques para Chile"-- consistente en la difusión de propaganda en los medios de comunicación masivos, apuntando a convencer a la opinión pública sobre los beneficios de lo que llama "bosques" y que en realidad son monocultivos de árboles.

Las ONGs locales, que han estado luchando durante años contra ese modelo forestal destructivo, iniciaron de inmediato una contracampaña que obligó al sector forestal a reaccionar. En una carta publicada en el diario de circulación nacional "El Mercurio", el Sr. Juan Correa Bulnes, Vicepresidente ejecutivo de CORMA, la poderosa organización de la industria de la celulosa y el papel, demostró su malestar criticando duramente un artículo de Malú Sierra, integrante de la ONG "Defensores del Bosque Chileno". Según él, la afirmación del artículo de que las plantaciones no son bosques "es una muestra de ideologismo extremo que lleva a hacer afirmaciones que no tienen ningún respaldo científico y menos aún lógica".

En su respuesta, Malú Sierra destaca que en vez de insistir en que las plantaciones son bosques y gastar millones de dólares para mejorar su imagen, la industria maderera debería invertir ese dinero en realizar estudios ecológicos que demuestren lo que ya todo el mundo sabe: que los monocultivos de árboles producen impactos negativos. "Que las plantaciones no son bosques cualquiera puede saberlo; hasta un niño nota de inmediato la diferencia. Se puede torcer la verdad con imágenes sugestivas creadas por la mente de expertos publicistas, pero un bosque es un bosque y una plantación es una plantación", termina diciendo. Más claro, imposible.
(Boletín Nº 41 del WRM, Diciembre de 2000).

Chile: Monocultivos forestales amenazan bosque de características únicas

La fragmentación de hábitats resultante de actividades humanas, como por ejemplo las plantaciones forestales a escala industrial, generan restricciones en el suministro de recursos y necesidades de espacio por parte de especies animales y vegetales, que pueden incluso conducir a la desaparición de ecosistemas enteros. Una vez que la estructura del paisaje ha sido alterada se pone en peligro la persistencia tanto de poblaciones vegetales como animales.

En las regiones central y sur de Chile se han establecido y siguen instalándose extensos monocultivos de árboles de rápido crecimiento. Los bosques templados que allí se encuentran contienen los más altos índices de biodiversidad y endemismo del país. La actual superficie plantada en Chile se estima en alrededor de 2.500.000 hectáreas, de las cuales 80% corresponden al pino Monterrey (Pinus radiata). Un estudio realizado por la agencia estatal CONAF en 1997 ya había demostrado que la tasa anual de deforestación en el período 1985-1994 había sido de 36.700 hectáreas y que casi un 40% de esa superficie había sido destruida para ocupar su lugar con plantaciones.

Además de los conflictos sociales generados por esas plantaciones, varios estudios señalan, desde la década de 1980, que los cambios en el paisaje causados por las plantaciones han provocado efectos negativos desde el punto de vista ambiental, entre los cuales está la afectación de hábitats de especies nativas. Investigaciones de carácter independiente son coincidentes en afirmar que el grado de perturbación provocado por las plantaciones de pino radiata es alto. Las alteraciones ecológicas a veces han afectado a las propias plantaciones, como ha sucedido con la explosión de la población de insectos defoliantes y roedores registrada en plantaciones en Chile.

En un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Chile y la Universidad de Carleton, Canadá, se analiza la deforestación y fragmentación del bosque de ruil (Nothofagus alessandri), una formación endémica de clima templado, limitada a una extensión de 100 kilómetros en la faja costera central de Chile, en asociación con Nothofagus glauca, Nothofagus obliqua y otras especies. Se estima que en 1981 el bosque de ruil ocupaba 825 hectáreas, área que en 1991 había caído a 352 hectáreas, debido especialmente a la expansión de las plantaciones de pino radiata. Los remanentes de bosque de ruil presentan ahora la configuración de un archipiélago -compuesto por varios segmentos pequeños, de forma regular, y algunos más grandes, irregulares, relativamente aislados-- rodeados de una matriz formada por plantaciones de pinos. A pesar de tratarse de un ecosistema de características únicas y de encontrarse severamente amenazado, tan sólo 45 hectáreas del bosque de ruil están incluidas en el Sistema Chileno de Areas Protegidas, y tal protección -incluso teniendo en cuenta que esa área resulta insuficiente dado el actual estado del bosque-- no existe en la práctica.

La investigación mencionada considera que la actual situación es crítica, dado que los efectos de la deforestación y la fragmentación implican, en el corto plazo, la pérdida de especies y que este ecosistema es único: "El bosque de ruil es un ecosistema que se dirige a la extinción. Si la actual tasa de deforestación no disminuye, aún no considerando los otros efectos nocivos más allá de la reducción en su superficie, el bosque de ruil como bioma reconocible habrá de desaparecer en el correr de la próxima década debido a la extinción de muchas de las especies asociadas con esta formación", expresa el documento.

Por otra parte, el pino radiata representa una amenaza aun mayor para el bosque de ruil: se trata de una especie invasora que es capaz de ingresar en los fragmentos remanentes de esta formación vegetal; debido a su habilidad mayor para obtener agua, podría resultar vencedor en la competencia con los árboles nativos por ese elemento; es una especie susceptible a incendios y, dado que el bosque de ruil está inserto en una matriz de pinos, cualquier incendio en las plantaciones podría destruir totalmente los remanentes de bosque de ruil.

La conclusión de los autores es que el uso del suelo en la región central de Chile no es sustentable. "La sustentabilidad implica consideraciones económicas, ecológicas y socioculturales. Si bien las plantaciones de pino pueden representar un ingreso considerable (en el actual esquema de mercado), tales beneficios se logran a expensas de aspectos socioculturales y ecológicos. Desde el punto de vista sociocultural las extensas plantaciones de pino aumentan los niveles de pobreza y desempleo, dado que las mismas requieren poca fuerza de trabajo. El aumento del desempleo a nivel local ha promovido la emigración campesina (Lara & Veblen, 1993; Unda et al., 1997). Más aun, la pérdida del bosque debido al manejo inadecuado es considerada por la población local como uno de los principales problemas de la región (Hajek et al., 1990). Desde el punto de vista ecológico el manejo de la tierra es definitivamente inusustentable. No tenemos evidencias de que el pino Monterrey degrade la tierra donde es plantado, pero, como se señala más arriba, esta especie exótica es la principal causa de pérdida y fragmentación del bosque de ruil y, en definitiva, de su actual situación de riesgo". (Boletín Nº 45 del WRM, Abril de 2001).

Chile: ¿Represión o solución al enfrentamiento Mapuches-empresas forestales?

Días pasados ocurrieron graves incidentes en la ciudad de Temuco, que finalizaron con más de 125 comuneros presos, muchos lesionados y graves destrozos. Estos incidentes son producto de una larga cadena de usurpaciones que ha sufrido el pueblo Mapuche durante todo el siglo XX y que permanecen sin tener el reconocimiento público y fundamentalmente del Estado, que sigue actuando a favor de las empresas forestales y brindándoles su apoyo de muchas formas, entre otras poniendo la fuerza policial al servicio de las empresas.

Días antes de los incidentes mencionados, la sede de la organización Mapuche Consejo de Todas las Tierras fue destrozada por un contingente policial que lanzó gases lacrimógenos, rompió vidrios e intentó desalojar por la fuerza a una veintena de Mapuches que estaban dentro del local. Este operativo policial represivo se realizó en cumplimiento de una "orden" de los fiscales Alberto Chifelle -señalado por las organizaciones Mapuches de estar involucrado en usurpaciones de tierras-- y Francisco Rojas, para "incautar antecedentes informativos".

En repudio a este acto vandálico sin sentido -que el comandante de Carabineros dijo desconocer-- se realizó una marcha pacífica en el centro de la ciudad de Temuco. En la marcha, la más importante realizada en los últimos años, participaron nueve organizaciones Mapuche de la región. El clima pacífico de la marcha se vio alterado con la llegada de un fuerte contingente de carabineros que, apoyado por carros lanza agua, carros blindados y efectivos a caballo llegaron a dispersar a los manifestantes.

Según el diario La Tercera, Carabineros confirmó que se causaron daños calificados a la propiedad pública y que "se actuó con una violencia nunca vista en esta región". Agregó que los detenidos pasarán a disposición de la Fiscalía Militar, algunos de ellos por maltrato de obra a carabineros en servicio, otros por daños calificados y el resto por desórdenes.

Sin embargo, quienes tienen más derecho para hablar de daños y violencia son los Mapuche, que en estos últimos años han denunciado insistentemente el ahogamiento y acorralamiento que sufren las comunidades que colindan con empresas forestales, la pérdida de sus tierras, la improductividad y la escasez de agua causadas por las plantaciones exóticas, las emigraciones forzadas, la presencia de grupos paramilitares de seguridad forestal; el complot, el sabotaje y las actitudes represivas de empresas en contra de Mapuches, las detenciones y procesamientos judiciales arbitrarios.

Según una carta del abogado indigenista José Aylwin, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, hace mucho tiempo que los Mapuche vienen manifestando de diversas formas su disconformidad frente a los procesos que hoy se verifican en sus territorios ancestrales afectando sus derechos. Destaca fundamentalmente la expansión de la actividad forestal sobre tierras que históricamente les pertenecen y que son reconocidas y protegidas por la legislación por su carácter indígena. La plantación de árboles exóticos literalmente ha encerrado a las comunidades dentro de su propio espacio ancestral (la empresas forestales poseen 1,5 millones de hectáreas al sur del Bío Bío), afectando seriamente las tierras y las aguas de los Mapuche.

A pesar de que los forestales aducen tener derechos Constitucionales sobre las tierras que poseen, los Mapuche "han visto sus tierras disminuir gradualmente desde mediados del siglo XIX, primero mediante la radicación en reducciones, luego a través de la división y enajenación de sus tierras comunales promovida por el Estado, y más tarde, a través de la pérdida de las tierras que les fueran entregadas a través de la reforma agraria. Se trata de un proceso que los Mapuche conocen con un nombre: usurpación".

Todo esto ha conducido a un creciente distanciamiento entre el mundo Mapuche y el Estado y las empresas privadas presentes en su territorio. Los Mapuche reclaman lo que de acuerdo a su historia, concepción del mundo, a su sistema de normas y valores consideran que les pertenece y les ha sido arrebatado. El Estado, por su parte, impone su ley, su estado de derecho. Las consecuencias de dicha incomunicación son la situación de violencia que hoy se vive en las comunidades Mapuche y que se agrava progresivamente.

En cuanto a los hechos de violencia, José Aylwin señala "que existe una enorme desproporción entre las acciones de los Mapuche y la fuerza empleada por los agentes del Estado, o incluso agentes de seguridad privados, para reprimir a los indígenas". Se señala como hecho "preocupante que el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado (Carabineros, Policía de Investigaciones) en contra de personas Mapuche involucradas en acciones en defensa de sus derechos se haya transformado en una rutina" como así también "que las fuerzas policiales actúen en forma conjunta con las empresas que hoy se hacen presente en el espacio territorial Mapuche. Tal es el caso de la actuación conjunta de Carabineros e Investigaciones y guardias de empresas forestales en el área de Malleco. Se trata de un hecho abiertamente ilegal, que no puede seguir siendo amparado por las autoridades".

El gobierno tiene dos caminos: o la búsqueda honesta de soluciones o el incremento de la represión. Por el momento, parece haber optado por el segundo, que claramente constituye un callejón sin salida, como lo prueba la escalada de violencia en el Sur. Es hora de que el Estado chileno asuma su responsabilidad histórica en el drama del pueblo Mapuche y que empiece a buscar soluciones reales, que necesariamente pasan por la devolución de tierras usurpadas por las empresas forestales durante la dictadura pinochetista. (Boletín Nº 48 del WRM, Julio de 2001).

Chile: Policía al servicio de empresa forestal asesina a joven mapuche

El Pueblo Mapuche en Chile lleva años de lucha contra las empresas forestales nacionales y transnacionales y contra el Estado por recuperar sus tierras. El avance de la invasión forestal de monocultivos de árboles en la VIII, IX y X Regiones, donde la población mapuche supera los 337.000 habitantes trae consigo el etnocidio territorial Mapuche. La falta de tierras, la destrucción cultural y ambiental en el ecosistema de las comunidades colindantes con las plantaciones, hace que muchos se levanten en su autodefensa. Sin embargo, el poder económico de las empresas, bajo el fomento y protección del Estado chileno, reprime toda movilización mapuche por medio de los tribunales, la policía y acciones de terceros.

Muchos han caído en la lucha mapuche por la recuperación de sus territorios y una nueva víctima acaba de fallecer a manos de la policía puesta al servicio de las empresas forestales. El 7 de noviembre, en el interior del Fundo Santa Elisa, actualmente en manos de la Empresa Forestal Mininco S. A (perteneciente a uno de los grupos más poderosos de Chile), en una de las más brutales y despiadadas incursiones de la policía chilena, el joven Edmundo Alex Lemún, de 17 años de edad, resultó gravemente herido tras recibir en su cabeza una bala disparada por el cuerpo de Carabineros de Chile. El día 12 de noviembre el joven fallece en el hospital.

Su "crimen" fue el de participar en un intento de recuperación de tierras llevado a cabo por su comunidad. La muerte de Lemún, víctima de la represión en medio de la lucha por los derechos territoriales, enluta a todo el Pueblo Mapuche y genera una extrema tensión en la zona. Queremos hacer llegar nuestra solidaridad al Pueblo Mapuche y a la familia de Edmundo Alex en momentos tan difíciles y apoyarlos en su dura lucha por sus derechos. (Boletín Nº 64 del WRM, Noviembre de 2002).

Colombia: Legislación "a la medida" de Smurfit

Las plantaciones forestales con fines comerciales a cargo de empresas privadas comenzaron en Colombia en la década de 1960. Las plantaciones comerciales de madera de fibra larga -pinos y cipreses-- se hallan ubicadas principalmente en el oeste del país, en los departamentos de Antioquía, Caldas, Quindio, Risaralda, Valle y Cauca; en tanto en las zona central -en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá-- predomina el Eucalyptus globulus.

Ya desde la década de 1970 se vienen denunciando los impactos provocados por los monocultivos forestales en gran escala en dicho país. Un estudio de ese entonces, contratado por el propio estado colombiano para evaluar los efectos de las plantaciones de coníferas en el Departamento del Cauca, concluyó que las mismas destruían los ecosistemas naturales. A su vez, en la década de 1990 varios municipios prohibieron las plantaciones forestales en cuencas abastecedoras de agua y sancionaron a compañías forestadores por practicar la quema del bosque para dar lugar a plantaciones. Sin embargo, bajo la influencia del modelo globalizador y a instancias de las autoridades nacionales y de organismos internacionales de crédito, la forestación en gran escala continúa.

Uno de sus actores más relevantes es Smurfit Cartón de Colombia, responsable de daños ambientales como la tala de selva en el Chocó Biogeográfico, la contaminación hídrica en el río Cauca y la contaminación atmosférica en la ciudad de Yumbo. La actividad de la empresa en el país comenzó en 1957 cuando se creó Celulosa y Papel de Colombia S.A. (Pulpapel) -conformada por el Instituto de Fomento Industrial (IFI), Cartón de Colombia y la Container Corporation of América, una subsidiaria de la Mobil-- que luego vendió sus acciones a Cartón de Colombia y pasó a denominarse Smurfit Cartón de Colombia. Esta es parte de la multinacional Jefferson Smurfit Group plc, con sede en Irlanda. Dicha empresa es uno de los mayores productores de empaques a base de papel en el mundo, operando en veinte países. La empresa obtiene el mayor margen de ganancias en América Latina. Es así que en 1993, por ejemplo, el 70% de las ganancias de Smurfit provenían de Colombia, México y Venezuela.

¿Por qué Smurfit eligió estos países y específicamente Colombia? Además de los buenos crecimientos de las plantaciones de pino, de la debilidad de los controles ambientales y de los bajos costos de mano de obra -debido al empleo de trabajadores informales y a la subcontratación de tareas-- una razón fundamental ha sido la legislación que, gracias a su poderosa influencia, Smurfit ha logrado que el estado apruebe en su beneficio.

Para comenzar, la Ley 99 de 1993 asignó a un representante de los gremios de la actividad forestal un lugar en el Consejo Nacional Ambiental. La Asociación Colombiana de Reforestadores (ACOFORE), creada a instancias de la propia Smurfit, lógicamente ofrece ese lugar a Smurfit.

Por otra parte, están vigentes una serie de beneficios que la ley le otorga, algunos rayanos en el disparate. Por ejemplo, a través de los Certificados de Incentivo Forestal (CIF), establecidos en 1993 como "un reconocimiento del Estado Colombiano a las externalidades positivas de la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales generados", se permite que los proyectos de plantación con especies introducidas reciban los mismos beneficios que aquellas donde se usen árboles autóctonas, siempre que "se demuestre como resultado de estudios científicos o de investigación aplicada que la especie presenta calidades excepcionales para poblar y conservar y regular aguas". Teniendo en cuenta los probados impactos negativos que los monocultivos forestales con especies de rápido crecimiento tienen sobre la dinámica del agua en las cuencas, lo anterior es difícil de imaginar. Sin embargo, la empresa logra que los estudios lo "demuestren" y se beneficia de los CIF.

Smurfit es también beneficiaria de diferentes tipos de exoneraciones impositivas para promover lo que erróneamente la legislación denomina "reforestación". A modo de ejemplo: un descuento del 20% en el impuesto a la renta generada por las nuevas plantaciones, una deducción del 80% del valor imputable sobre la venta de los productos de la cosecha de madera a efectos del pago de impuestos, y la exoneración de impuestos sobre prestación de servicios técnicos relacionado con las plantaciones forestales, establecida por la Ley de Presupuesto de 1995.

El rumbo que ha tomado la política forestal en Colombia es alarmante por diversos motivos. En tanto por un lado no existe una protección efectiva de la enorme diversidad forestal existente en su vasto territorio, afectada además por las actividades de plantación de cultivos ilícitos y su represión, por otro lado se fomentan los monocultivos, que son una causa directa de la deforestación y degradación de los bosques, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Además, se aprueban medidas legislativas hechas a medida para Smurfit y los grandes "reforestadores", en tanto los agricultores -en especial los minifundistas-- son dejados librados a los azares del mercado y las condiciones atmosféricas. Todo ello en el marco de un sangriento conflicto a nivel nacional cuya causa primera se encuentra precisamente en el injusto sistema de tenencia de la tierra.

En la vecina Venezuela, Smurfit ya ha debido enfrentar severos conflictos con comunidades locales a causa de los monocultivos forestales. Asimismo en Colombia sus actividades vienen generando una oposición creciente, como la que están oponiendo los Grupos Ecológicos de Risaralda, provincia donde la empresa ya es dueña del 10% de la tierra. En realidad, difícil sería esperar otra cosa frente a una actividad que, para beneficiar a unos pocos, tantos perjuicios ocasiona a tantos desde el punto de vista ambiental y social. (Boletín Nº 43 del WRM, Febrero de 2001).

Colombia: Incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera

La palma africana fue introducida a Colombia en 1932 pero el desarrollo comercial del cultivo se inició a finales de los años cincuenta. A mediados de la década del sesenta ya existían 18.000 hectáreas en producción en los departamentos del César, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Los cultivos se expandieron a otros departamentos y según datos publicados en 1995 por Fedepalma, en ese año ya sumaban alrededor de 130.000 hectáreas, siendo el principal cultivo de oleaginosas del país, fundamentalmente en las zonas norte, central y oriental.

Hoy en día, en el marco del llamado Plan Colombia se pretende sustituir plantaciones de cultivos ilícitos por palma africana y en todo el país se está planificando sembrar hasta 300.000 nuevas hectáreas. Estas nuevas plantaciones se realizarían dentro del proyecto agrario de la actual administración, sin tener en cuenta ni la gente ni el ambiente.

Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. (ACVC), estas plantaciones son "un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra". Y la ACVC agrega: "Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben conservarla ellos 'dada su experiencia'. En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la 'economía campesina de la palma'. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos".

Ni siquiera los objetivos declarados, como el de encontrar mayor rendimiento monetario por hectárea se cumplirán en este caso, ya que como bien lo ha afirmado la ACVC, de lo que se trata es de contar con una mayor oferta de materia prima.
Un ejemplo de lo que podría suceder en Colombia se verificó el año pasado en Malasia. Mientras hubo un incremento en la cosecha del 30 % durante el período comprendido entre setiembre y octubre, el precio bajó paulatinamente durante todo el año hasta alcanzar un 40% menos en octubre de lo que se había cotizado el producto en enero del mismo año. Malasia, que es el mayor productor y exportador de palma del mundo, tiene muchísima experiencia en el tema y no precisamente positiva, especialmente para la gente y el ambiente. Hace apenas unos días, a fines del mes de mayo, muchos productores malasios de las localidades de Keningau y Tenom se vieron obligados a quemar la fruta madura de su producción "porque es demasiado costoso trasladar el producto a la planta procesadora más cercana en Beaufort, a la luz de la disminución del precio de la palma en el mercado mundial", tal como fue publicado en el diario local Daily Express.

Pero el daño más irremediable quizás será sobre el ambiente y por ende sobre la gente que vive en él y fundamentalmente la de menores recursos. En un estudio publicado recientemente por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt se afirma que "Es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona". Algunos ejemplos ya se han documentado, como es el caso de "la zona palmera occidental (Municipio de Tumaco), en donde la destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma. Y como es sabido, una de las principales causas para que especies de fauna ingresen a alguna de las categorías superiores de amenaza, es la destrucción de los hábitats que las soportan".

El objetivo fundamental de ese estudio científico fue demostrar la "perversidad" de determinados incentivos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), enunciados como "para la paz" y promovidos dentro del marco del Plan Colombia. "Se escogió el ICR para cultivos de tardío rendimiento como incentivo potencialmente perverso, debido a que éste se orienta directamente a la expansión de áreas sembradas en palma en cualquier región del país sin tener en cuenta consideraciones con respecto a la conservación de la biodiversidad. El ICR, es una condonación del crédito otorgado por FINAGRO a los productores agropecuarios y puede ser hasta del 40% del mismo, dependiendo del tipo de productor involucrado".

Es importante aclarar que ésta es sólo una nueva fórmula para una vieja historia de incentivos ya que "los estímulos han acompañado a los palmicultores desde la década del 50, e impulsaron la decisión de incrementar las áreas sembradas que pasaron de 250 hectáreas en 1957 a más 150.000 hectáreas en 1999" y que han sido de todo tipo: "fiscales y tributarios, la investigación y asistencia técnica, la distribución gratuita de plántulas y semillas, el acceso al crédito"... entre otros.

Mediante "un análisis microeconómico que permitió determinar el comportamiento de los productores ante cambios en el precio del crédito, se pudo determinar que los ICR "pueden estimular tanto a los actuales productores como a nuevos inversionistas a incrementar las áreas sembradas en palma africana, reemplazando coberturas vegetales tan diferentes como son el bosque húmedo tropical y los pastos". El modelo construído dentro de este estudio permitió "simular el posible efecto que tendría sobre la biodiversidad el otorgamiento del ICR en dos zonas palmeras del país: la zona norte y la zona occidental" y "estimar las áreas óptimas que serían demandadas por los productores" y permitió también calcular "un Indicador de Biodiversidad (IBD) que permite comparar el nivel de biodiversidad actual con el nivel que habría si las áreas potencialmente demandadas se transformaran en cultivos de palma". Los resultados indicaron que las pérdidas en biodiversidad irían desde 21,8% hasta 39,15 % en las diferentes áreas estudiadas.

Pero más allá de los impactos ambientales y sociales de todo tipo que la expansión de los monocultivos de palma africana pueden acarrear, resulta increíble que la "solución" que el tan cuestionable Plan Colombia ofrece a los actuales cultivadores de cultivos ilícitos sea la plantación de palma africana. La única solución viable sería aquella que permitiera a esos agricultores sustituir su actual producción por otra que les brinde ingresos más o menos equivalentes a los que ahora obtienen. Y eso es algo que seguramente la palma no les dará. El actual nivel de precios ya no resulta rentable y el incremento de las áreas dedicadas al cultivo de la palma no hará más que reducirlo aún más. Este es por lo tanto un nuevo engaño, que sólo servirá para que el empresariado colombiano del aceite de palma obtenga mayores ganancias. Los impactos los sufrirán la gente y el ambiente.
(Boletín Nº 47 del WRM, Junio de 2001).

Costa Rica: Los peligros de los monocultivos forestales

Como muchos otros países del Sur, Costa Rica está enfrentando el problema de la expansión de los monocultivos forestales. Especialmente en la Región de Huetar Norte, el establecimiento de plantaciones industriales ha sido un completo fracaso durante los últimos veinte años. Tras haberse gastado U$S 10 millones en estos programas, hoy en día más del 70% de las plantaciones se encuentran en mal estado y su nivel de producción ha sido mucho más bajo del esperado. Al mismo tiempo, se ha ignorado el potencial de los bosques secundarios y su rica biodiversidad, que en lo que respecta solamente a los árboles supera las 150 especies.

A pesar de los esfuerzos semánticos de los promotores de las plantaciones por llamarlas "bosques plantados" y de referirse a esta actividad como "reforestación", el hecho es que las plantaciones no son bosques y que generan una serie de impactos sociales y ambientales. Los monocultivos forestales industriales implican la ocupación de vastos territorios, la concentración de la propiedad de la tierra y el desplazamiento de pequeños y medianos campesinos. En el caso de Ston Forestal -subsidiaria del gigante Ston Container-- unas 300 familias tuvieron que dejar sus tierras en el sur de Costa Rica, las que fueron ocupadas por monocultivos de gmelina. Por otra parte estas plantaciones conspiran contra el desarrollo del conocimiento tradicional en el manejo forestal y la agricultura. El pueblo indígena Melku, en el norte del país, vio cómo 40.000 hectáreas en su región fueron ocupadas por monocultivos forestales apoyados por subsidios estatales, mientras que ellos no recibieron compensación alguna para la recuperación del mastate (Poulsenia armata), una especie casi en extinción debido a la presión de madereo, y que constituye el recurso básico de la artesanía local.

Los impactos sociales han ido de la mano de los negativos efectos a nivel ambiental. Ston Foresal está enfrentando un juicio por haber provocado la desecación de humedales, al tiempo que los monocultivos de gmelina en la Península de Osa son considerados responsables de un potencial impacto negativo sobre la población de loros y guacamayos en el vecino Parque Nacional Corcovado. Las plantaciones de palma a cargo de la firma Palma Tica se están expandiendo sobre los humedales de la región sur, a pesar de los esfuerzos en contrario por parte de los ambientalistas, quienes han llegado incluso a presentar una demanda contra la empresa. Los monocultivos de teca provocan erosión del suelo debido a la concentración y rápida liberación de grandes gotas de lluvia a partir de sus hojas. En la región norte se ha comprobado que los monocultivos de eucalipto reducen el flujo de agua hacia los acuíferos.

A pesar de todo esto el gobierno de Costa Rica está apoyando decididamente la inclusión de las plantaciones forestales en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. ¿Cuántos impactos más deberán sufrir la gente y el ambiente para que finalmente se llegue a la obvia conclusión de que las plantaciones no son bosques? (Boletín Nº 39 del WRM, Octubre de 2000).

Ecuador: Fiebre del palmito provoca deforestación

El cultivo comercial de palmito se inició en el Ecuador en 1987 y desde entonces, su expansión ha sido constante, convirtiéndose en un nuevo producto de exportación. El palmito se obtiene de la parte central y tierna de varias palmas. El "chontaduro" (Bactris gasipaes), especie nativa del Ecuador, es la más cultivada en el país para este fin.

La fiebre del palmito está provocando la deforestación de amplias zonas de bosque tropical en varias provincias amazónicas (Napo, Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza), así como la desaparición de gran cantidad de remanentes de bosque en el Occidente del país. Este cultivo ha encontrado en las zonas tropicales y sub-tropicales del Ecuador, las óptimas condiciones agroambientales para su desarrollo: luminosidad, humedad y temperatura estables, un nivel de precipitación regular durante todo el año y muy buenas condiciones de riego y suelo.

Pero los impactos de la producción del palmito aumentan a medida que se incrementa la superficie cultivada. Entre los mismos se destacan el reemplazo de la vegetación original (en particular bosques primarios y secundarios), pérdida de biodiversidad y erosión de los suelos. Muchos cultivadores ni siquiera han respetado las franjas de vegetación de rigor que protegen los cursos hídricos, y han extendido sus plantaciones hasta los bordes ribereños, dando paso a la caída de materiales sólidos en el agua, lo cual a su vez causa problemas a quienes utilizan estas fuentes de agua. Menos aún, se han planteado la necesidad de dejar corredores de vegetación que permitan un mínimo fluido de la biodiversidad local.

Si bien hasta ahora las plantaciones de palmito no han alcanzado las dimensiones de los monocultivos de palma africana en el país, desde ya se puede percibir un cambio en el paisaje y notar la desaparición de gran parte de remanentes de bosque, especialmente de las estribaciones occidentales de los Andes. El cultivo de esta especie está en constante crecimiento debido al incremento de la demanda mundial de palmito ecuatoriano y hay muchas posibilidades de que las plantaciones se expandan y con ellas desaparezcan los últimos remanentes de biodiversidad en el Occidente.

En muchos ámbitos aún prevalece el mito de que los monocultivos de especies nativas no son "tan malos" como aquellas plantaciones de especies exóticas, como la palma africana, el pino o el eucalipto. Sin embargo, es tiempo ya de reconocer que los modelos de producción vigentes -en particular los monocultivos a gran escala destinados a la exportación- son ecológicamente insostenibles y no apuntan a cubrir las necesidades humanas más urgentes, como es la seguridad alimentaria. Al contrario, este modelo está provocando impactos tales como la pérdida de diversidad genética y con ello, mermando las posibilidades de sobrevivencia del ser humano. Es hora de exigir a los gobiernos que asuman sus responsabilidades con respecto al medio ambiente local y global. Es hora de entender que la diversidad tiene mayores ventajas y valor que los monocultivos a gran escala -sean de especies nativas o exóticas- que son y serán siempre social y ambientalmente insustentables. (Por: Lorena Gamboa, Boletín Nº 33 del WRM, Abril de 2000).

Ecuador: Palma africana en el devastado jardín del paraíso

En el Ecuador, frente a un nuevo relanzamiento de la actividad palmicultora, se han dado diversas reacciones. Por ejemplo, un extenso reportaje de un periódico de amplia difusión planteaba la interrogante de que si el nuevo auge de plantaciones de palma africana en la provincia de Esmeraldas acercaría la realidad de esta pobre región del Ecuador al paraíso (El Universo, 11/3/2000), mientras otros titulares planteaban que los palmicultores están acabando con los bosques nativos, señalando las miles de hectáreas destruidas en San Lorenzo (La Hora, 18/5/2001).

Otros medios de prensa recogían en cambio parte de la masiva campaña para limpiar su imagen realizada por la Asociación de Palmicultores del Ecuador ANCUPA, luego de los cuestionamientos a la destrucción de bosques por las empresas palmicultoras y señalaban que los monocultivos de palma africana constituyen una propuesta para el desarrollo sujeta a "censuras ambientales" y se interrogaban sobre si la palmicultura era la gallina de los huevos de oro o una "arpía" para el medio ambiente.

Por otra parte Salomón Gutt, gerente de Palmeras de los Andes, una de las empresas responsables de la mayor tala de bosque primario en San Lorenzo, afirmaba que "esta zona estaba olvidada de Dios y del mundo" hasta que ellos llegaron. Al mismo tiempo, destacaba que la palma es amigable con el ambiente que "en el fondo se tiene un nuevo bosque de palma, que emite mucho oxígeno. Tal vez no existe ningún otro proyecto empresarial que pueda igualar al cultivo de la palma donde el hombre y la naturaleza forman uno solo".

El sector gubernamental también intervino en la discusión. Hans Thiel anterior director forestal y actual subsecretario, afirmaba que el Ministerio del Ambiente ve con buenos ojos la creación de fuentes alternativas de empleo ofrecidas por las palmicultoras debido a que la principal presión que existe sobre el bosque natural es la de la pobreza, la de la colonización y el desplazamiento de la población (sic) (Diario Hoy. Blanco y Negro, 6/5/2000).

Han pasado ya varios meses desde que se inició la acelerada implantación de estos monocultivos en Esmeraldas y es importante hacer varias puntualizaciones sobre la situación actual:

- en el proceso de compra venta de tierras se provocó el desplazamiento de población afroecuatoriana. Parte de esa gente, impulsada por los palmicultores, se encuentra ahora presionando el territorio de comunidades indígenas Awa y Chachis, las que han denunciado esto ante el Ministerio de Agricultura de la zona.

- ya se han deforestado cerca de 8000 hectáreas, la mayoría ilegalmente y además se han realizado adjudicaciones ilegales del Patrimonio Forestal del Estado, exactamente dentro del bloque 13.

- las empresas no han presentado los estudios de impacto ambiental necesarios para estas operaciones y las sanciones y acciones oportunas para detener esta deforestación no se han realizado, como se puede deducir de las declaraciones de los funcionarios del gobierno.

En comparecencia pública en el Congreso Nacional, ante denuncia de organizaciones ecologistas, el Ministro del Ambiente expuso que se iniciaron ocho procesos judiciales por tala de bosque nativo y que de esos juicios se han resuelto siete. Con respecto a los mismos, la situación sería la siguiente: con relación a Palmeras de los Andes, está el juicio anulado en apelación, debido a errores en la ubicación del predio. A Palesema se le ha impuesto una multa de 67.908 dólares por la tala de 250 hectáreas de bosque secundario. A Ecuafinca se la ha impuesto una sanción de 10 salarios mínimos vitales. Palmeras del Pacífico fue absuelta por el Distrito Forestal de Esmeraldas por falta de pruebas. Aiquisa recibió una sanción de 10 salarios mínimos vitales. El juicio a Agrícola San Lorenzo fue anulado en la apelación por errores administrativos. A Teobrama se la sancionó con 10 salarios mínimos vitales y a Ales Palma con 10 salarios mínimo vitales (¡el salario mínimo vital es de 4 dólares!).

La actividad de las empresas palmicultoras está además afectando al propio Patrimonio Forestal del Estado. La empresa Ales Palma tiene áreas que se "sobreponen" al Patrimonio Forestal del Estado, en el sector de Ricaurte; Alzamora en el sector denominado Corriente Larga; Palesema en el sector Campanita y parte dentro de la reserva de manglares Cayapas-Mataje, mientras que Palmeras de los Andes, en Corriente Larga. Dichas adjudicaciones ilegales fueron hechas por el INDA (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) y el Ministro de Agricultura ha acusado ante el Congreso Nacional al INDA de ser "una cueva de ladrones".

Ante tantas irregularidades, el 14 de marzo del 2001 el Tribunal Constitucional concedió el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas para prohibir en forma perentoria las actividades tendientes a desarrollar monocultivos de palma africana, que se declare en emergencia ecológica la provincia de Esmeraldas, que se inicien las acciones legales para sancionar a quienes hayan talado los bosques y exigiendo al Ministro del Ambiente que adecúe sus actuaciones a los mandatos legales.

En vez de acatar como corresponde las disposiciones legales, los palmicultores de San Lorenzo amenazaron con paralizar sus actividades y salir de la zona ante lo que consideran la "falta de garantías" por parte del Ministerio del Ambiente. El ex ministro del Ambiente Rendón insinuó que su renuncia, ocurrida días después de estas declaraciones, se había debido a la presión de empresarios palmicultores.

A pesar de las evidencias de ilegalidades en las actividades palmícolas en el país y del recurso de amparo obtenido por la sociedad civil, la situación continúa siendo grave. Prueba de ello son las multas irrisorias impuestas, el hecho de que no se hayan establecido responsabilidades penales, como establece la Constitución para los culpables de la destrucción de bosques, que no se haya sancionado a los funcionarios cómplices de estos ilícitos y corresponsables de la deforestación por su negligente actitud. Por otro lado, las empresas continúan sus actividades en zonas en las que el Estado no puede ni siquiera ingresar, haciendo uso de su poder e influencia en el Gobierno y evadiendo así todo tipo de sanción y control.

La devastación actual en la provincia de Esmeraldas es causada por una lógica desarrollista que ha privilegiado la destrucción de los bosques para favorecer los monocultivos; la exportación de camarones a cambio de la destrucción del manglar; la extracción de madera a costa de la biodiversidad. Para colmo, la provincia verde de Esmeraldas es afectada en estos meses por las fumigaciones realizadas en Colombia para la erradicación de cultivos de coca. Este jardín del paraíso debe ser urgentemente declarado en emergencia. (Por: Ricardo Buitrón, Boletín Nº 47 del WRM, Junio de 2001).

Ecuador: Plantaciones de eucaliptos en la Provincia de Esmeraldas

En los últimos cinco años hemos visto salir desde las provincias de la Sierra del Ecuador, cientos de camiones cargados de eucalipto con destino al puerto de Esmeraldas en donde son transformadas en astillas para luego ser exportadas a Japón en donde son convertidas en pulpa de papel. El eucalipto que sale, el tradicional Eucalyptus globulus, fue introducido en 1865 por decreto presidencial, principalmente para leña y como material de construcción. Ahora vemos como se ha montado el primer proyecto de plantaciones masivas de eucalipto, no en los Andes ecuatorianos, sino en la costa y con una especie nueva, el Eucalyptus urograndis.

Estamos en la fase inicial de este proyecto, que muestra el ingreso de la explotación de madera plantada a gran escala en el país, proyecto que puede afectar aún más la situación de los pobladores de la provincia costera de Esmeraldas, presionados por la extracción masiva de árboles para madera, realizada durante los últimos 50 años; por la implantación en la última década de piscinas dedicadas al cultivo de camarón para exportación y que han destruido los manglares; y por la implantación en los últimos dos años de plantaciones de palma africana que han devastado extensas áreas de bosque primario e invadido zonas de Patrimonio Forestal del Estado y áreas protegidas.

El modelo desarrollista impulsado por el estado ecuatoriano fomenta la exportación de recursos no renovables y no tradicionales en una lógica de aplicación de las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que han provocado la reprimarización de la economía nacional y nuestra inserción subordinada al acuerdo de Libre Comercio para las Américas ALCA. Esto ha implicado modificaciones a los marcos legales existentes para favorecer este tipo de inversiones, como desregulaciones ambientales y flexibilización del sector laboral, incentivos tributarios y subsidios perversos.

Es en este escenario en el cual el presidente de la República del Ecuador, Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en una entrevista de televisión explicaba cuan importantes son las inversiones transnacionales en el Ecuador, y entre ellas mencionaba las siguientes: "ahora tenemos al OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) 1200 millones de dólares y el petróleo que tenemos, eso hay que extraerlo, son 2400 millones en los próximos años, eso es otro adicional, la empresa International Water, en la ECAPAG en Guayaquil 800 millones en 30 años, pero es un flujo y así una empresa para hacer microchips en Esmeraldas con madera, es una empresa Chilena-Japonesa, 50 millones este año y 30 millones más el próximo....". No sabemos si la ingenuidad o el desconocimiento o que, del presidente que le hace confundir esos "microchips" con el eucalipto convertido en astillas (chips) para pulpa de papel.

Seguramente se refería al proyecto para realizar plantaciones de eucalipto a gran escala en la provincia de Esmeraldas en la costa ecuatoriana. Proyecto que bajo un maquillaje verde pretende resolver el problema de emisiones de CO2 de las empresas eléctricas japonesas y proveer de astillas para pulpa de papel a las empresas papeleras. El dinero de inversión total es de US$ 50 millones, proviene de fondos del gobierno japonés (80%) y de las empresas Electric Power Development Co. Ltd, cuyo principal accionista es el estado del Japón, de las megacorporaciones como Sumitomo Corporation, Mitsubishi Papers Mills y Waltz International que aportan el 20% restante.
Estas empresas formaron EUCAPACIFIC, o Eucalyptus Pacífico S.A. y pretenden plantar más de 10.000 hectáreas en los próximos 6 años, aprovechando las "ventajas comparativas" que les ofrece el Ecuador, tanto climáticas como su situación geográfica, pero principalmente los bajos costos de la mano de obra y de la tierra, las permisibles y laxas regulaciones ambientales, las exoneraciones tributarias de la provincia de Esmeraldas, principalmente para exportaciones.
Estas empresas, en su discurso ambientalista señalan que no quieren líos con los ecologistas, que tienen la voluntad de no cortar bosques, de sensibilizar a la gente a la "reforestación" y parece que su objetivo principal fuera la protección del medio ambiente, ocultando sus verdaderas motivaciones que son obtener una rentabilidad financiera y productiva que les permita aumentar la producción de pulpa de papel y evitar las multas futuras por las emisiones de CO2.

Cuentan con el aval del gobierno ecuatoriano, principalmente del Ministerio del Ambiente, que cree que todo lo que suena a "reforestación", aun si son plantaciones masivas, es beneficioso y le ayuda a mejorar su pobre imagen institucional haciéndolos aparecer como que apoyan iniciativas para forestar en el país; y cuentan además con la poca información a la que pueden acceder los ciudadanos ecuatorianos sobre este modelo forestal en otros países del mundo y los impactos ambientales y sociales que produce.

La puesta en marcha de este proyecto y los objetivos que menciona perseguir nos deja con más dudas que certezas sobre el comportamiento futuro de este consorcio transnacional y el impacto de las plantaciones de eucalipto, lo que nos obliga a estar atentos a su implementación.

Como en tantas otras regiones del Sur, la historia vuelve a repetirse en Esmeraldas: el mismo modelo (monocultivos de eucaliptos), los mismos actores (empresas transnacionales y gobierno) y las mismas promesas (que en poco tiempo se demostrarán falsas). Muchos motivos para estar vigilantes frente a este nuevo emprendimiento.

El estudio completo titulado "Plantaciones de eucalipto en la Provincia de Esmeraldas: un mito ecológico" (Acción Ecológica, mayo de 2001) se encuentra disponible en: http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/Buitron.html
(Por: Ricardo Buitrón, Boletín Nº 48 del WRM, Julio de 2001).

EE.UU.: Monocultivos forestales en el Sur . . . de los EE.UU.

La destrucción de los bosques con el fin de liberar espacio para monocultivos forestales es un hecho documentado en muchos países del Sur. Un proceso similar pero menos conocido se está dando en la región sudeste de los EE.UU. Los estados de Alabama, Lousiana, Tennessee y Carolina del Norte han sido y siguen siendo invadidos por enormes plantaciones de pino taeda. Esta especie es nativa de la región, pero específicamente del piedemonte húmedo localizado entre las tierras altas y el mar, de modo que es una especie exótica en las colinas donde se están instalando la mayor parte de las plantaciones. Además, estos no son pinos comunes, sino "súper árboles" clonados, seleccionados por su rapidez de crecimiento, rectitud del tronco y resistencia a sequías, enfermedades e insectos.

Ted Williams, autor de un excelente artículo publicado en la revista "Mother Jones" (ver detalles al final del artículo), comienza su análisis con la siguiente pregunta: "¿Qué es algo verde, lleno de árboles y peor que una tala total?" La respuesta es: "Las vastas plantaciones de pino que están reemplazando aceleradamente los bosques a través de una nueva forma de plantación en el Sur".

Williams describe el proceso de la siguiente forma: "Antes de instalar sus super-plantines, las empresas realizan una tala rasa y pasan el bulldozer por el sitio para deshacerse de todos los árboles nativos, los arbustos, las trepadoras, los helechos, los musgos, los hongos, las hierbas y las flores silvestres. Los restos leñosos son quemados. Luego se plantan los pinos. Cuando éstos maduran son raleados y podados. Los retoños de los árboles nativos son cortados o muertos con herbicidas. Con frecuencia las plantaciones son bombardeadas con pelets de fertilizantes. Luego, 15 o 20 años después de haber sido plantados, se cortan los pinos y el proceso comienza nuevamente".

Algunas cifras muestran la alarmante dinámica de la conversión de bosques en plantaciones. Hoy en día hay 156 plantas procesadoras de madera en astillas ("chipeadoras") en la región, de las cuales 110 se abrieron en los últimos diez años. Algunas de ellas pueden triturar hasta 1.200 hectáreas de bosque al año, abriendo así el camino a las plantaciones. Entre 1989 y 1995 las exportaciones de astillas de madera dura desde el sur de EE.UU. creció cinco veces. El Servicio Forestal estima que las plantaciones, que hoy conforman el 36% de las existencias de pino en el Sur, llegarán a ser el 70% en los próximos 20 años.

El sistema utilizado para promover los monocultivos de pino en el sur de los EE.UU. es muy similar al adoptado en los países del Sur. Las grandes empresas -tales como Champion y Weyerhaeuser- reciben exenciones impositivas y créditos blandos, además de una serie de externalidades positivas -como ser la construcción de hidrovías- que alientan el desarrollo de la industria de la celulosa. En Alabama, por ejemplo, el estado otorgó exenciones impositivas y otros beneficios a las empresas plantadoras, lo que privó al sistema escolar de unos U$S 50 millones anuales. La construcción y los trabajos de drenado de la Hidrovía Tennessee-Tombigbee le cuestan a los ciudadanos de ese estado muchos millones de dólares al año. Como sucede en todas partes, un estudio realizado por la Universidad de Auburn ha demostrado que las comunidades rurales más dependientes de este tipo de industria forestal es la que muestra los mayores niveles de desempleo y pobreza.

Una de las razones por las cuales no existen controles significativos sobre la conversión de bosques a plantaciones de pino -explica Williams- es que las empresas forestales han convencido a los medios de prensa y al público de que "replantar" un bosque una vez que ha sido eliminado no sólo es algo posible sino algo admirable. Weyerhaeuser, que según Businees Week hace las cosas "mejor que la Madre Naturaleza", alardea de que "replanta rápidamente" las zonas taladas con "plantines vigorosos y jóvenes". La compañía informó que en 1998 plantó más de 51 millones de árboles en sus "bosques" de EE.UU. Georgia-Pacific, que maneja 1.800.000 hectáreas en el sur del país, planta a razón de 125 millones de árboles por año y se enorgullece de que sus "bosques son una fábrica". Y en realidad son fábricas, pero por cierto no son bosques. Como señaló un profesor de biología de la Universidad del Sur en Sewanee, la industria necesita seguir alimentando la fantasía de que reemplazar los árboles del bosque por pinos taeda es reforestar: "El maíz es un tipo de gramínea. Sin embargo, los granjeros del medio oeste no andan por ahí diciendo que lo que ellos hacen es restaurar la pradera de pastos altos".

Lo que las compañías se cuidan de no mencionar, agrega Williams, "es que la plantación de pinos, así como otros tipos de agricultura en gran escala, daña al ambiente y a la economía. Las plantaciones de pino requieren de enormes cantidades de fertilizante y herbicida, la mayor parte de los cuales termina en los cursos de agua y las fuentes de agua potable. Estos empobrecen el suelo y destruyen los hábitats, incluyendo los humedales. A su vez le roban a las comunidades una valiosa madera para aserrado y los verdaderos bosques que producen agua limpia y suministran oportunidades de recreación. Pocos de los beneficios alcanzan a las comunidades locales y muchas de las empresas son multinacionales".

Pero los impactos por cierto que son locales. Como demuestran los estudios realizados por la Universidad de Clemson, el suelo utilizado para el cultivo de pino en varias rotaciones pierde los nutrientes del horizonte superficial, y cuanto más cortas son las rotaciones -como es la tendencia actual- más destructivo es el proceso. La talarrasa practicada previo a la plantación tiene todavía efectos más drásticos. Hace algún tiempo en Moore Hill una intensa lluvia provocó un aluvión de barro y desechos, proveniente de un lote de alrededor de 50 hectáreas de superficie recientemente cortado por Champion, que terminó en el río Mississippi. Con frecuencia las plantaciones son bombardeadas con pelets de fertilizantes. Esta práctica contamina los hábitats de los peces y la vida silvestre, afectando también a los asentamientos humanos. El año pasado los habitantes del Condado de Sequatchi en Tennessee y sus haciendas fueron dañados por pelets de urea destinados a plantaciones de pino pertenecientes a Bowater. Hay poca información sobre los efectos de largo plazo en peces, vida silvestre y humanos de los herbicidas utilizados en las plantaciones. Las empresas plantadoras generalmente usan Garlon, un producto riesgoso, que puede permanecer en el suelo durante dos años luego de aplicado y ser fácilmente lavado a los cursos de agua.

Por otra parte, los propios monocultivos están enfrentando un importante problema sanitario generado por la destrucción del ecosistema forestal y la red trófica a él asociada: las avispas del pino se están transformando en una amenaza para los árboles en las plantaciones y no pueden ser controladas por sus predadores naturales, que han desaparecido de este nuevo ambiente artificial.

En resumen, los monocultivos forestales en el sur de EE.UU. se basan en el mismo esquema de las plantaciones en los países del Sur: el proceso es promovido por el estado, beneficia a las grandes corporaciones, genera pocos beneficios para las comunidades locales, quienes deben afrontar los impactos sociales y ambientales generados por este modelo forestal, y sigue siendo una de las principales causas de la deforestación. (Boletín Nº 36 del WRM, Julio de 2000).

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