Monografias | Realidad de la Universidad Colombiana: La Aplicación de la “Revolución Educativa” en las universidades

Elementos de la crisis

En el año 2000, 270.000 cupos no fueron utilizados (en las universidades colombianas) , 60.000 de ellos correspondieron a la universidad pública y 210.000 a la privada1.  

La deserción estudiantil es ya alarmante; así lo reconoce el plan de gobierno2 cuando afirma que cada año se incrementa la deserción en la educación superior debido a que la participación del gasto educativo en el gasto total del hogar ha aumentado en los últimos tres años. 

Hace cuatro años, el Plan de Desarrollo del gobierno anterior reconocía el fracaso del modelo económico. Sin embargo, de manera extraña se afirmaba en el mismo documento que la salida debía ser su profundización3. Tal vez en aplicación de una lógica semejante, el presidente Uribe propone: ya que ...a pesar del incremento del presupuesto de la entidad (ICETEX) el número de créditos renovados viene decreciendo desde 1998...4 debería entonces seguir incrementándose la oferta de crédito educativo en reemplazo de la financiación directa a las universidades públicas (1. Ampliaremos el crédito universitario. 2. Utilizaremos el crédito como herramienta fundamental para los estudiantes de educación superior de las universidades públicas y privadas)4. 

Mientras tanto, la Universidad Tecnológica de Pereira está cerrada por decisión de su dirección que intenta imponer el cobro de matrículas que autofinancie los nuevos programas académicos. La Universidad Industrial de Santander, aquella que de acuerdo con el criterio gubernamental presenta los mejores indicadores de eficiencia, está, literalmente, pidiendo limosna a sus egresados para tratar inútilmente de subsanar un faltante de $23.000 millones5 que requiere para terminar el año. Con el objeto de reducir los costos educativos, la nueva dirección de la Universidad Nacional de Colombia nombrada en contra de la voluntad absolutamente mayoritaria de los universitarios y con el favor del gobierno, piensa reducir en 20% el tiempo de estudios y por tanto el contenido curricular de todas las carreras, sin consideraciones sobre la calidad del servicio educativo.  

El Tiempo5 divulga, además del caso de la UIS, el déficit de la Universidad del Atlántico ($ 30.677 millones) de la Universidad del Cauca ($ 9.000 millones) de la Universidad del Tolima ($3.500 millones) de la Tecnológica de Pereira ($3.000 millones) y la del Quindío ($2.300 millones). 

A pesar de los informes presentados por algún contratista preferido por sucesivos gobiernos6 (contratos con ICFES, direcciones de algunas universidades, CGR) quien curiosamente obtiene siempre conclusiones extrañas por lo contraevidentes en cuanto se refiere a las universidades públicas, no se trata de que las instituciones de educación superior se estén convirtiendo en unos sumideros ineficientes de recursos. Sin desconocer algunos casos aislados de manejos poco claros que siempre han sido denunciados por los profesores, aún a costa de su seguridad, como en la Universidad del Atlántico, en la Popular del Cesar, en la del Valle hace algunos años y en otras, en general el gasto por estudiante y el aporte del gobierno nacional a la formación de cada estudiante viene descendiendo de manera alarmante (en contravía de las conclusiones de Silva6). 
 

Las figuras 1 y 2, basadas en la información que divulga el ICFES en su página web7 y en el reporte mensual del IPC8, muestran lo afirmado. US $1.660 de aporte del gobierno colombiano por estudiante de universidad pública en 2002 (o US $476 por estudiante universitario en general) no son comparables de manera favorable con US $3.655 que reportaba en 1997 la UNESCO9 como la media mundial. Y la tendencia es a empeorar. 

También, por la misma causa de la reducción de los aportes, se desfavorecen ahora indicadores relacionados con la calidad. No es cuestionable de manera razonable que el tiempo que un profesor dedica a la atención de sus estudiantes incide sobre la calidad de la formación. Ese tiempo está conformado por las horas de trabajo de los docentes (no las horas de clase) y el número de estudiantes matriculados.   

También basados en la información divulgada por el ICFES7 las figuras 3 y 4 muestran la evolución de indicadores relacionados con el tema en cuestión. 
 

Entre 1996 y 2002 creció en un 50% el número de estudiantes atendidos por cada profesor de tiempo completo equivalente (la suma de todos los profesores ponderados de acuerdo con su tiempo de dedicación y dividida por la carga normal de un profesor de tiempo completo).  

Algunos llamarían a ese cambio, incremento de la eficiencia del docente de la universidad pública, pero la eficiencia no puede medirse sobre la base de un incremento de la producción (más adelante se hará referencia al tema) con calidad decreciente. Como ya se indicó, aún cuando sea de difícil cuantificación la calidad se relaciona, entre otros factores, con la posibilidad que tiene el estudiante de acudir a la aclaración y a la experiencia de aquel con mayor formación y una vida dedicada a compartir conceptos, métodos, inquietudes y vivencias con sus alumnos. Ese tiempo individual se reduce al multiplicarse el número de demandantes de dicha atención.  

Pero el otro factor importante es el presentado en la Figura 4. Al reducir los profesores a tiempo completo equivalente se usa como criterio el número de horas de clase dictadas. No toma en cuenta la asesoría fuera de clase, la dirección de trabajos de investigación (que se pretenden minimizar y aún suprimir) el trabajo necesario de actualización permanente, la discusión periódica de los contenidos y los métodos, en fin, considera que la labor del profesor se restringe a lo realizado en el aula de la clase. Por eso es conveniente mirar la evolución de la proporción de profesores que en efecto, son de tiempo completo, es decir, se dedican a la academia. Se trata de otra variable que afecta la calidad de una manera importante. El descenso de esa proporción, de 79% en 1990 hasta 67% en 2002 en las universidades públicas, es demostrativo de la práctica adoptada por las direcciones universitarias de no reemplazar la plaza de aquel académico que se retira, seguramente con el objeto de estirar la nómina dadas las limitaciones crecientes de los aportes gubernamentales frente a la demanda justa de los colombianos por su educación. 

En otras latitudes el profesor llamado de cátedra existe solo en casos particulares: cuando la especialización y la experiencia de ese catedrático son difícilmente encontrables en un académico. Aún las universidades privadas extranjeras, reconociendo la necesidad de una academia sólida, basan la misma en una planta importante de profesores de tiempo completo. 

No es esa la situación de la universidad privada colombiana que en la inmensa mayoría de los casos basa la formación de sus estudiantes en un cuerpo mínimo de profesores de planta y una nómina muy numerosa de catedráticos que circulan entre varias de ellas para ajustar un ingreso que los aproxime a una vida digna. Las cuentas de algunas producirían vergüenza al compararlas con patrones internacionales. 

A pesar de lo anotado, el presidente Uribe propone1 3. Establecer un plan de desempeño con las universidades públicas para que cada peso ejecutado se traduzca en cobertura y calidad nivelada con las mejores del sector privado (el subrayado es nuestro). Con el respeto que ellas puedan merecer, el desarrollo de tal meta significaría un retroceso real en la calidad y aún en la eficiencia de la educación superior de los colombianos.  

Los recursos para la labor educativa están en la raíz de la crisis, y arrastran graves problemas de tipo académico. 

Otros temas como la fusión de universidades públicas para ahorrar en costos administrativos1 no hacen referencia a la relación académica que busca el fortalecimiento de los cooperantes, a favor de sus alumnos y de toda su actividad universitaria, sino centra su objeto en una incierta disminución de los costos administrativos. La universidad a distancia por internet y la promoción de la formación llamada técnica y tecnológica, vinculada a la educación a distancia,  también persigue la reducción de la inversión estatal en la educación de los colombianos y el favorecimiento de la instrucción, antes que de la educación. La acreditación, los estándares de calidad de las carreras y los exámenes de estado, ECAES, forman parte de una concepción imperante de la educación que constituye el tema de la siguiente sección.

La nueva mercancía: la educación superior de los colombianos10

En épocas de auge globalizador, todo aquello que sea objeto de demanda se quiere convertir en mercancía cuyo tránsito y transacción libre debe rentar utilidades para el proveedor. En momentos de crisis económica, los servicios públicos se quieren convertir en mercancías con mercado relativamente asegurado, de consumo casi necesario. 

Bajo esos criterios los gobiernos latinoamericanos han adelantado programas de privatización de los servicios públicos, impulsados por las agencias internacionales de crédito. La venta de activos de propiedad social genera un doble efecto: por un lado permite el ingreso de dineros que se destinan al pago de obligaciones financieras (servicio de deuda pública) mal que aqueja a todos los gobiernos; por otro lado libera para la competencia mercantil nuevos productos con demanda garantizada, es decir, genera buenos negocios para el lucro de particulares. Así por ejemplo el suministro de agua y de energía eléctrica, la recolección de basuras, las comunicaciones y el transporte, necesarios para la vida en la sociedad actual, no se encuentran ya en manos de la sociedad a través del Estado sino que, en poder de entes privados, ahora se han transformado en actividades con ánimo de lucro. Servicios vitales convertidos en grandes negocios, en perjuicio de toda la población. 

La salud y la educación no escapan a esta tendencia. La intermediación privada vigente para la prestación de servicios de salud se quiere extender al servicio educativo, según se plantea en el programa de gobierno llamado Revolución Educativa y en el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario. Toda intermediación privada acarrea sobrecostos (la utilidad del intermediario) que se sustraen a la extensión del servicio y restringen la búsqueda de mayor cobertura o mejor calidad.  

La educación superior, cuya demanda de acceso en Colombia se dobla cada diez años mientras su nivel de cubrimiento no alcanza al 35%, se perfila, bajo el criterio neoliberal, como un gran negocio.  

Tal vez compartiendo ese criterio anotado, el Ministerio de Educación Nacional impulsa la discusión de la Negociación de Servicios de Enseñanza en el ALCA11. El simple título de la presentación ya indica el concepto tras la política: la educación superior es un negocio.  

Se reconoce la presencia de proveedores (nuevo nombre acuñado para las universidades) cuyo objetivo expreso es el lucro. En ese mercado, al igual que en la venta de hamburguesas, se realizan acuerdos de franquicias según los cuales se cobra por la marca. Títulos de Harvard ahora en Colombia anunciaba el diario La República, en la página 2B del pasado 11 de abril. 

A las universidades públicas (proveedores públicos) se les indica la necesidad de participar en actividades lucrativas11 (Aumentaremos la venta de servicios de consultoría de las universidades públicas1), asunto desligado del objeto de dichas instituciones que las obliga a competir con sus propios egresados, con nefastas consecuencias como lo demostró la historia reciente de la Universidad del Valle; es decir se les quiere convertir también en negocios generadores de renta. 

Se enfatiza en la presentación del MEN el suministro transfronterizo dado el desarrollo tecnológico que facilita la educación a distancia. Ello envuelve una concepción sobre la educación que se comercializa: no se trata de la formación que induce al cuestionamiento de cualquier verdad, motor fundamental del desarrollo del conocimiento y del progreso de una sociedad; no se trata del estímulo a la confrontación y al debate de las ideas sino de la asimilación individual de información transmitida como cierta por algún poseedor del conocimiento. Se trata de una instrucción para la adquisición de habilidades productivas y el estancamiento social. Tal situación se ratifica en las Bases del Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario12 en donde se privilegia la educación a distancia y la formación en los niveles llamados técnico y tecnológico, necesarios sí, pero nunca sustitutivos de la verdadera educación superior. 

Ya que se trata entonces, según el concepto gubernamental, de una mercancía y se avanza en el proceso de integración del mercado americano con la conformación del ALCA, se requiere la eliminación de las restricciones que limitan su comercio. El acceso libre al mercado requiere un trato equitativo para todos los proveedores, públicos o privados. 

La eliminación de subsidios estatales constituye uno de los temas de discusión hacia el ALCA. Los subsidios norteamericanos a su producción agrícola, que facilitan el control del comercio y generan la ruina de los productores no subsidiados de otras naciones, constituye una de las barreras importantes para la globalización.  

La universidad pública recibe aportes (subsidios) del Estado. Según la lógica oficial, tales subsidios distorsionan el mercado y lo convierten en inequitativo; por lo tanto esa situación debe ser modificada y los subsidios deben desaparecer de manera gradual para que el producto estatal compita, en igualdad de condiciones, con la mercancía privada nacional o internacional.  

La eliminación de la financiación estatal (llamada por el gobierno subsidio a la oferta) obliga a las instituciones a su autofinanciación. Parte de ella debe lograrse, según el Ministerio, por la ya anotada participación en actividades lucrativas. Otra parte importante se deberá obtener por la venta directa del producto, el cobro de matrículas evaluadas según el costo real de la producción. Dado que se trata de una mercancía costosa pero de gran demanda, el Estado debe facilitar el acceso de la población a ella; para tal efecto deberán ofrecerse líneas de financiación para que cada individuo, contando con crédito aprobado (subsidio a la demanda), pueda escoger libremente al proveedor que le suministre la mercancía, proveedor que bien puede ser público o privado, nacional o internacional; al fin y al cabo todos ellos estarían en igualdad de condiciones para competir por la clientela. Lo anterior también encuentra su ratificación en las Bases para el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario. 

La transformación que se plantea al esquema de financiación de la universidad pública no puede ser de aplicación inmediata, como tampoco es inmediata la globalización de la nueva mercancía educación superior. La gradualidad exige que, a la par con la reducción paulatina de aportes estatales ya contemplada en el Plan de Desarrollo, se busque para estas instituciones una mayor eficiencia que les permita competir en el futuro, en ese mercado abierto: deben producir más y consumir menos. Para ello el gobierno fijará unas metas de desempeño cuyo cumplimiento se mida por indicadores de eficiencia como los definidos en el mismo Plan: carga académica por profesor y carga administrativa por estudiante. El aporte estatal remanente se efectuará de acuerdo con la aproximación institucional al cumplimiento de las metas fijadas. 

Pero es claro que el Estado tiene otros papeles que jugar frente a esta educación superior mercantilizada. Toda mercancía que circule a través de las fronteras debe contar con certificación estatal de su calidad mínima. Para tal efecto el gobierno (según las Bases para el Plan de Desarrollo) establecerá estándares mínimos para el contenido de los distintos programas curriculares (normas) y luego examinará los productos (exámenes de estado para cada carrera) con el fin de verificar el cumplimiento de tales normas. El ICFES pasará entonces a constituirse en el ICONTEC de esta nueva mercancía en lugar de su función de fomento de la educación superior. 

¿Y quién define las normas de calidad? Como ocurre con toda mercancía, el productor más importante impone su criterio y su norma. Tal vez nos veamos en un futuro cercano adoptando los programas de filosofía y sociología de alguna universidad confesional extranjera o reduciendo el nivel y el contenido de las carreras de ingeniería para ajustarlas a cuatro años de estudio, reduciendo de paso los costos en un 20%, como lo quiere el nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia. Para ese ajuste se plantea el proceso de acreditación de programas e instituciones bajo el control del Ministerio de Educación Nacional (no de la academia) y se rechaza el proceso autónomo de acreditación que venía desarrollándo la misma Universidad Nacional que, seguramente, se desvía en sus criterios en relación con lo requerido para internacionalizar esta mercancía. 

Un último tema para cerrar esta versión libre de los criterios y políticas gubernamentales para la universidad colombiana. Relacionado con el mismo proceso citado de acreditación de programas, el Plan de Desarrollo plantea que la pertinencia de la carrera es criterio fundamental para su aprobación. Una carrera no pertinente no será acreditada. Podemos compartir ese criterio. Sin embargo, según el Plan, la pertinencia será determinada por un Observatorio Laboral, aún no creado, cuyo objetivo es hacer seguimiento al mercado profesional. El criterio para la acreditación se transforma entonces en este otro: si no hay mercado, no hay pertinencia y no hay acreditación. ¿Qué será entonces de la Física, las Matemáticas, la Filosofía, la Música, la Sociología y tantas otras disciplinas y profesiones necesarias para la vida y el desarrollo, pero con mercados restringidos? 

El esquema gubernamental es definitivamente coherente con su concepción mercantilista. El punto de partida, la concepción, es una barbaridad antisocial e inhumana.

Estudio breve de casos

La concepción y la política para la educación superior vienen aplicándose con gradualidad en varias universidades públicas. Luego de procesos anunciados de recuperación de la gobernabilidad (léase de injerencia indebida del poder ejecutivo, violatoria de la autonomía) para garantizar la aceptación de la política, varias universidades colombianas han entrado en crisis evidente. A manera de ejemplo se presentan los casos de la UTP, hoy cerrada, y la UIS que pide limosna para pasar el año.

La Universidad Tecnológica de Pereira

Hoy cerrada por decisión de su dirección que quiere liderar la implantación de la política gubernamental en las universidades públicas, muestra indicadores particulares que ameritan presentación y comentario.

El descenso evidente en el aporte nacional por estudiante (de $4.38 millones de 1996 en 1999 a $3.04 en 2002. Figura 5) obliga a la institución, para tratar de sostener su funcionamiento normal, a buscar fuentes alternas de financiación. La generación de recursos a través de actividades lucrativas es la orientación gubernamental. 

La UTP ha abierto en estos días varias carreras nocturnas de ingeniería para cuya vinculación se cobran valores de matrícula capaces de cubrir los gastos: cuatro salarios mínimos semestrales, valor uniforme para todos los estudiantes, que representa más de tres veces el valor actual promedio para todas las carreras diurnas. Se inaugura un régimen discriminatorio que consolida perjuicios relativos para los nuevos estudiantes, asimismo perjudicados por la calidad cuestionable de unos programas ofrecidos por profesores en su mayoría improvisados y todos de dedicación por hora-cátedra al igual que en cualquier universiteca. 

Buscando favorecer el acceso de los demandantes a esa nueva mercancía, la UTP y el ICETEX ofrecen crédito para el pago de la matrícula. Con intereses positivos (debe ser rentable) el estudiante termina pagando más de ocho veces  - en pesos constantes el valor actual y más de 2.5 veces el valor de su matrícula. Es decir, el pago diferido permite la acumulación de renta por parte de la propia UTP y del ICETEX que se convierte en un ente financiero semejante a cualquier empresa privada con ánimo de lucro. El estudiante paga una cuota inicial según su extracción social más una cuota mensual de acostumbramiento (así la llama el Rector) que cubre anticipadamente los intereses causados durante el período de desembolso del préstamo que adquiere, tal vez para aliviar la llamada capitalización de los mismos, y luego de un año de gracia empieza a pagar cuotas que representan un porcentaje fijo del préstamo total adquirido, lo cual se extiende por un período igual al doble del tiempo de desembolso del crédito. 

Se trata entonces, más que la autofinanciación que se quiere extender a toda la universidad pública, de un mecanismo generador de utilidades financieras que aprovecha la ambición justa de los colombianos de hacer realidad su derecho constitucional a la educación. 

El negocio es válido, dirían algunos. Pero se trata de eso mismo: se negocia con el derecho de los ciudadanos a la formación y al conocimiento.  

Para consolidar el negocio en contra de una comunidad que protesta por la imposición, el Rector y el Consejo Superior de la UTP, controlado por posiciones de gobierno, decidió la cancelación del debate por medio del cierre de la institución educativa. Sin mediar pretexto y ante la simple expresión crítica de la comunidad, decidió negar el derecho a una universidad abierta y deliberante, como debe ser por su esencia. A pesar de la opinión contraria expresada aún por la propia comandancia de la fuerza pública, alegando el desorden público causado por marchas y mítines (ni una pinta, ni una piedra, ni una papa) desalojó y militarizó a la universidad. Un individuo de tal comportamiento autocrático, incapaz de sostener el debate de las razones y promotor de medidas de fuerza, simplemente no puede, no tiene el derecho a ser el rector de una institución educativa que debe formar para la democracia.  

El caso de la Universidad Industrial de Santander

La UIS, como en su momento la Universidad del Valle, tal vez para lograr un esquivo favor de los sucesivos gobiernos, se subió desde hace años en el tren de la búsqueda de la autofinanciación. Así una parte importante de sus costos los ha venido sufragando con recursos generados por la propia institución que, además de desarrollar una labor académica importante, ahora se dedica a actividades con ánimo de lucro. La Figura 6 muestra la evolución de la participación del gobierno central en el gasto de la universidad. 

El descenso de la importancia del aporte del gobierno central que pasó de 64.6% del gasto total en 1992 hasta 39.8% en 2002 constituye un indicador suficiente para lo afirmado. Y no se trata de una elevación importante de la participación del Departamento de Santander, cuyo aporte es del orden del 3% de los gastos totales.                                   

Hace unos años todo el país fue testigo de la quiebra que casi acaba con la Universidad del Valle. Hoy se repite la historia en otra institución de gran prestigio académico y, para su desgracia, fiel seguidora de las políticas estatales.  

Para facilitar el desvío de las actividades académicas hacia las lucrativas, en muchos casos en Cali y en Bucaramanga se incentivó a los profesores con bonificaciones que les permitían complementar un salario que, día tras día, perdía poder adquisitivo. Así algunos, sin considerar el perjuicio académico implícito en la desviación de sus actividades, contribuyeron a consolidar un modelo universitario reñido con el objetivo definido por la sociedad. 

El déficit actual anunciado de $23.000 millones no es fácilmente subsanable. No es posible un convenio de desempeño de esos que pregona el gobierno. Ya los indicadores de eficiencia, según definición y medición gubernamental, que presenta la UIS son los mejores entre las universidades llamadas de complejidad alta. La mayor reducción del gasto por estudiante constituiría el suicidio académico definitivo y eso no se puede permitir. Es responsabilidad del Estado corregir aquello que por su orientación se tiende a desmoronar.

Las causas reales de la crisis

¿Por qué se asfixia a la universidad pública a pesar del discurso de la necesidad de su fortalecimiento? 
 

Además del convencimiento interesado de algunos de la existencia de un ente máximo capaz de orientar la vida de una sociedad: el sacrosanto mercado, existen razones y presiones objetivas que afirman la tendencia. Los recursos son insuficientes para el afán de lucro de los especuladores financieros y para los que se benefician de la guerra. Son estos rubros del presupuesto de la Nación los únicos favorecidos por la política. 

Mientras los gastos que importan para la vida se estancan o decrecen, la amortización y el pago de intereses de la deuda del gobierno central crecen de manera incontrolable (Figura 7). Como porcentaje del PIB los servicios crecieron desde 3% en 1995 hasta cerca de 12% en 2003, según datos de la Contraloría General de la República13. Esa multiplicación real por cuatro veces en ocho años no puede ser compensada por la restricción de gastos necesarios como los causados por la educación superior de los colombianos. La situación es tal que aún anulando todos los gastos, incluido el salario del Presidente, y honrando solo los servicios de deuda y los gastos militares, los ingresos seguirían siendo insuficientes y se recurriría a nuevo endeudamiento que volvería a hacer crecer dichos servicios. Para cubrirlos el gobierno adquiere nuevas deudas que multiplican el valor de los mismos y el saldo de lo adeudado (Figuras 8 y 9). Nunca, en la historia de Colombia, el problema había sido tan crítico. 

Para asegurar el flujo de desembolsos (nuevos préstamos) se debe garantizar la sostenibilidad de la deuda es decir se tiene que demostrar a los prestamistas que, por encima de cualquier consideración, se cubrirán las ganancias del sector financiero. El guardián de los intereses de ese sector, el FMI, impone condiciones que obligan a la reducción del gasto público, incluido el educativo, exceptuando el pago de intereses14 y al crecimiento de los ingresos corrientes (más impuestos) para acumular recursos que se destinen a engrosar los fondos de los especuladores financieros. El FMI define la política que se debe aplicar en nuestro país.  

Los sucesivos gobiernos, fieles súbditos de las orientaciones de los vigilantes del capital financiero, vienen contribuyendo con eficacia a la ruina de los colombianos, al recorte de sus derechos.

Conclusión

El desmoronamiento de la educación superior hunde sus raíces en la postura gubernamental de entrega a los intereses de los especuladores nacionales y extranjeros. El modelo acatado sumisamente por los gobiernos sucesivos de nuestra República, cada vez menos independiente, nos conduce a la ruina. 

Hacer viable el derecho a la educación superior es hacer viable al país. Exigir el respeto a los derechos ciudadanos, a la educación, a la salud, al agua potable, al trabajo y ante todo, a la vida, es contribuir a cambiar el modelo, única posibilidad de supervivencia como Nación.  

La educación no es una mercancía; es un derecho (así lo dice la Constitución) que adquiere el ser humano por el simple hecho de existir. 

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