Monografias | Globalizacion capitalismo y comercio agroalimentario entre el Mercosur y la Union EuropeaGlobalizacion capitalismo y comercio agroalimentario entre el Mercosur y la Union EuropeaResumen: La tendencia hacia la liberalización comercial en el mundo y la creciente globalización de la economía, enmarcadas dentro de las necesidades vitales del modo de producción capitalista, constituyen los principales rasgos que caracterizan las relaciones comerciales agroalimentarias entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE). Precisamente es el capítulo agrícola el más controvertido en las negociaciones que se están llevando a cabo para culminar el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación Comercial y Económica entre ambos bloques regionales.(V) La tendencia hacia la liberalización comercial
en el mundo y la creciente globalización de la economía, enmarcadas dentro de
las necesidades vitales del modo de producción capitalista, constituyen los
principales rasgos que caracterizan las relaciones comerciales agroalimentarias
entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE).
Precisamente es el capítulo agrícola el más controvertido en las
negociaciones que se están llevando a cabo para culminar el Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación Comercial y Económica entre ambos bloques
regionales. En estas relaciones existe una clara contradicción
ajustada al típico esquema centro-periferia, donde el MERCOSUR representa su
tradicional papel dependiente. Sin embargo, junto a ésta aparece otro
antagonismo de clase que será determinante sobre la evolución de la
agricultura y los espacios rurales de la UE y del MERCOSUR, toda vez que la
eliminación de las trabas aduaneras perjudicará a los agricultores
comunitarios y al sector agropecuario de los países europeos más débiles,
mientras que favorecerá por encima de todo los intereses de las elites
financieras e industriales. Los principales beneficiarios en el MERCOSUR serán
sin duda los grandes propietarios agrícolas y los operadores comerciales,
quedando excluidos de las posibles ventajas de la liberalización comercial la
mayoría del campesinado y de la sociedad.
Palabras clave: capitalismo, comercio
agroalimentario, globalización, liberalización, Mercosur, Unión Europea
Globalization, capitalism and agricultural
food trade between the Mercosur and the European Union (Abstract)
The trend towards worldwide commercial
liberalization and the increasing economic globalization, within the framework
created by the needs of the capitalist mode of production, are the main factors
in the farming and food trade relationships between the Southern Common Market
(MERCOSUR) and the European Union (EU). It is precisely the agricultural sphere
that is creating more controversy in the current negociations towards an
International Framework Agreement for Commercial and Economic Cooperation
between the two regional institutions.
In these relationships there is a clear
contradiction, which responds to the typical center-periphery scheme, whereby
MERCOSUR plays the traditional dependent role. However, there is a further class
antagonism which will be greatly influential upon the evolution of agriculture
and rural spaces in the EU and MERCOSUR, for the elimination of customs barriers
will be perjudicial to EU farmers and to the farming sector in the weaker
European countries, whereas it will benefit mostly the interest of finance and
industry elites. Most probably, those who will profit from Mercosur will be
mainly large farming owners and trade operators, while the majority of farmers
and members of society will be excluded from the potential advantages of trade
liberalization.
Key words: Agricultural food trade,
capitalism, European Union, globalization, liberalization, Mercosur
En un trabajo reciente (Segrelles, 1999 a)
planteaba dos cuestiones que a mi juicio son esenciales para comprender los
procesos político-económicos que están desarrollándose en el mundo durante
las últimas décadas, como es el caso de la creciente globalización (o
mundialización) de la economía, la formación de grandes bloques regionales,
la progresiva liberalización comercial o el aumento de los intercambios
mercantiles a escala planetaria. La primera cuestión hacía alusión a que el término
globalización, al socaire del neoliberalismo, constituye un eufemismo
para designar esa fase avanzada del capitalismo mundial que persigue a toda
costa mantener sus tasas de ganancias en territorios cada vez más amplios,
amparándose para ello en la tendencia generalizada hacia la liberalización del
comercio y los mercados de capitales, la creciente internacionalización de las
estrategias empresariales de producción y distribución y el desarrollo tecnológico.
Es decir, nuevas tácticas que sirven a un viejo ideario de acumulación y
reproducción del capital. La segunda de ellas ponía de manifiesto que la lógica
inmanente del modo de producción capitalista estriba en la creación de
contradicciones y desequilibrios "necesarios" entre áreas
(centro-periferia), países (desarrollados-subdesarrollados), hábitats
(campo-ciudad), sectores económicos (agricultura-industria y servicios),
relaciones de producción (capital-trabajo), personas (ricos-pobres) y clases
sociales (explotadas-explotadoras).
Desde hace algún tiempo proliferan, más en
Latinoamérica que en España y Europa, excelentes trabajos sobre la globalización,
los bloques económicos regionales y sus relaciones, los acuerdos comerciales
internacionales y la liberalización del comercio mundial realizados por técnicos
y científicos sociales de diverso signo: agrónomos, veterinarios, geógrafos,
economistas, juristas o historiadores. Sin embargo, es menos frecuente encontrar
una asociación clara y una interdependencia manifiesta entre dichos procesos y
la preeminencia del sistema capitalista en el mundo. En ocasiones, leyendo la
bibliografía acerca de estos temas, sobre todo la española, parece como si la
evolución de la economía y el comercio mundiales se produjera de forma espontánea,
porque sí, como si formaran parte de una progresión natural, sin tener en
cuenta que las relaciones de producción impuestas por el capitalismo son
determinantes para el nacimiento, avance, estancamiento, retroceso, transformación
u organización de las pautas político-económicas y sus influencias sociales y
territoriales. Asumir esta base teórica deviene, por lo tanto, fundamental como
punto de partida para reflexionar sobre el tema estudiado en este artículo.
El acuerdo marco firmado en diciembre de 1995
entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea (UE) tiene como
objetivo final establecer una asociación interregional de carácter económico
y político basada en una progresiva liberalización del comercio, aunque además
se asienta sobre la cooperación en diferentes ámbitos que van más allá, al
menos en teoría, de lo estrictamente económico y mercantil, ya que también
afecta a las instituciones, la educación, la formación, la cultura, la
información y las comunicaciones. Aun teniendo en cuenta la relevancia de estos
factores, merece la pena resaltar, dentro del actual proceso de negociación,
las cuestiones relacionadas con el comercio agroalimentario entre ambos grupos
de países porque se trata en muchos casos de productos muy sensibles sobre los
que todavía existen posturas encontradas. Y todo ello pese a la opinión del
actual presidente brasileño F.H. Cardoso, citado por M. Buxedas (1996), que
sostiene que las relaciones comerciales entre el MERCOSUR y la UE son más de
complementariedad que de competencia. Asimismo, la referencia al comercio de
productos agropecuarios trasciende necesariamente las relaciones MERCOSUR-UE
para incluir también de forma tácita a Estados Unidos, pues las principales
presiones para que se lleve a cabo el estricto cumplimiento de ciertos acuerdos
comerciales internacionales, como el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y
Comercio (GATT), que mediatizan tanto al MERCOSUR como a la UE, proceden de la
superpotencia económica y agrícola norteamericana.
El objetivo principal de este artículo es, pues,
reflexionar sobre la forma en que se establecen las relaciones comerciales
agroalimentarias entre ambos bloques económicos regionales, cómo se inserta
esta relación en los condicionantes globales actuales, la intensidad del clásico
vínculo dominación-dependencia y las repercusiones que la total liberalización
comercial pueden tener en los sectores agropecuarios, espacios rurales y
sociedades del MERCOSUR y la UE.
La agricultura europea: un sector amenazado
por la liberalización comercial
Desde la firma del Tratado de Roma (1957) y la
celebración de la Conferencia de Stressa (1958) la agricultura puede ser
considerada, sin temor a exagerar, uno de los pilares básicos sobre los que se
ha ido realizando la construcción europea. La Política Agrícola Común (PAC)
es el instrumento fundamental que permite este logro a través del artículo 39
del Tratado de Roma, donde figuran sus cinco objetivos prioritarios: incremento
de la productividad de las explotaciones agropecuarias, garantía de
sostenimiento para las rentas de los agricultores, estabilización de los
mercados, mantenimiento de precios razonables para el consumidor y seguridad en
el abastecimiento agroalimentario. Para alcanzar esta meta la PAC giraba en
torno a tres principios esenciales: la unidad del mercado europeo, la
preferencia comunitaria y la solidaridad financiera (Comunidad Europea, 1985).
La importancia concedida a la agricultura cuando
se crea la Comunidad Económica Europea (CEE) se debe en gran medida al acusado
desabastecimiento alimentario sufrido por el continente durante la Segunda
Guerra Mundial y a la toma de conciencia del valor estratégico del sector
agropecuario por parte de las autoridades comunitarias. En la actualidad, la
agricultura sigue siendo relativamente importante en los países europeos. No
obstante, el protagonismo que hoy en día concede Bruselas a las diversas
agriculturas europeas depende de la división regional del trabajo, de los
intereses de clase en cada uno de los países y del papel asignado por los
centros de decisión a cada país y a cada área dentro de un mismo Estado, como
veremos con detalle más adelante.
También es cierto que la relevancia de la
actividad agraria es en general más social, política, cultural y ambiental que
económica, pues sólo representa el 1,8 por ciento del Producto Interior Bruto
(PIB), el 8,5 por ciento de las exportaciones y el 11,5 por ciento de las
importaciones de la UE-15, según los datos de J. Lamo de Espinosa (1997). Las
aportaciones del sector agrario a la riqueza de las naciones y a los ingresos en
concepto de ventas en el exterior no han dejado de reducirse durante las últimas
décadas. Pese a ello la agricultura constituye un sector muy sensible en los países
comunitarios, que hasta ahora ha sido especialmente mimado por sus políticas
económicas. De ahí que desde la propia creación de la CEE este
aprovechamiento haya provocado constantes controversias entre los Estados
miembros. Es innecesario recordar que fue precisamente en el tema agrario donde
se fundamentó la firme oposición de Francia para que España ingresara en las
Comunidades Europeas. Cuando por fin lo consiguió en 1986 fue a costa de graves
limitaciones, recortes y concesiones en su sector agropecuario y pesquero y de
un categórico desmantelamiento de su tejido industrial.
Estas disputas intracomunitarias se han
generalizado a sus relaciones comerciales con el resto del mundo, pues los
incuestionables logros de la PAC, que convirtieron a la UE en el segundo
exportador mundial de productos agrarios y a su agricultura en un sector
protegido, se han vuelto contra la propia Comunidad (excedentes crónicos,
enormes gastos presupuestarios, protestas de los países terceros, represalias
comerciales por parte de Estados Unidos, erosión, contaminación ambiental) con
el paso del tiempo y a medida que se expandía por el planeta el neoliberalismo,
la globalización y la liberalización de los intercambios comerciales.
Las presiones internacionales y europeas sobre
la agricultura comunitaria
La culminación de las negociaciones en la Ronda
Uruguay (1994, Acta de Marrakech) del GATT y la posterior entrada en vigor
(1995) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) están teniendo, y más
que tendrán en el futuro inmediato, repercusiones concluyentes sobre el sector
agropecuario europeo. Los ataques de Estados Unidos y el grupo de Cairns contra
los fundamentos de la PAC, ya presentes, aunque con un tono menos exigente, en
las anteriores Ronda Kennedy (1963-1967) y Ronda Tokyo (1973-1979), se
recrudecieron desde el comienzo de la década de los años noventa, conforme la
globalización se convertía en una necesidad perentoria para el capitalismo
mundial.
Sin duda alguna Estados Unidos ha sido el gran
triunfador de los acuerdos finales del GATT, pues este país también es una
potencia en el terreno agrario que le lleva a ser el primer exportador mundial
de productos agroalimentarios, es decir, entra en competencia directa con muchas
producciones europeas y ve en las políticas agrícolas comunitarias un obstáculo
para su expansión planetaria. Buena prueba de todo ello es que Estados Unidos
ofrece una balanza comercial agraria positiva frente a un déficit comercial
general de 170.000 millones de dólares anuales (Lamo de Espinosa, 1997). Según
este autor, la verdadera estrategia norteamericana, que sinceramente no sé a
quien puede sorprender, se materializó un año más tarde de la firma del Acta
de Marrakech con la promulgación de una nueva ley (Freedom to Farm Act)
que pretende acabar con el control sobre las producciones, hecho que desembocará
en un incremento de la producción, sobre todo de cereales y oleaginosas, con el
consecuente aumento de su presencia en los mercados internacionales. Además, el
antiguo sistema de subvenciones agrícolas (370.000 millones de dólares en la
última década) será sustituido por un modelo de ayudas directas fijas,
curiosamente similar al implantado, y por Estados Unidos combatido, en la UE.
J. Lamo de Espinosa (1997) señala que las
batallas agrarias norteamericanas en las negociaciones comerciales
internacionales son consustanciales con su propia naturaleza porque la
agricultura constituye la base de su desarrollo industrial y goza de enorme
predicamento entre la población. Lo que no dice, sin embargo, es que las
grandes corporaciones agrarias y los poderosos operadores comerciales de
materias primas representan un muy dinámico grupo de presión con una
influencia política decisiva en Washington. Se echa en falta, asimismo, algún
apunte, siquiera breve, que aludiera a las grandes empresas transnacionales, que
son precisamente quienes más se benefician de la progresiva mundialización de
la economía. De ahí que el impulso globalizador y la inminente expansión
agraria de Estados Unidos aparezcan como un doble fenómeno de una misma
realidad, que instrumentaliza al mismo tiempo al GATT y a la OMC como punta de
lanza del neoliberalismo y de sus fines agrícolas. Quizás el espaldarazo final
a las políticas globalizadoras y de liberalización comercial se consigan en la
próxima confererencia de la OMC, que se celebrará en Seattle (EE.UU.) y servirá
para iniciar un nuevo ciclo de discusiones económico-comerciales: la denominada
Ronda del Milenio.
En otro frente de lucha, pero con consecuencias
agrorurales casi idénticas, encontramos la reforma de la PAC, que surge como un
intento claro, desde el año 1992, de adaptar la agricultura y la ganadería de
la UE a una economía cada vez más globalizada y a un comercio mundial libre de
trabas aduaneras (Segrelles, 1999 b). Dicha reforma, que en numerosas ocasiones
ha utilizado para su propia promoción y para conseguir el favor de la ciudadanía
la creciente conciencia ecológica de la población europea ante un sector
agropecuario intensivo y muy contaminante, tiene su impulso principal, además
de las presiones exteriores, en la insostenible acumulación de excedentes y en
los altos costes presupuestarios de la política agraria (Vieri, 1994), pues los
gastos de la sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA) representan el 64'2 por ciento de los gastos totales de la UE
en 1988 y el 50'5 por ciento en 1996. Las líneas de actuación para corregir
los elevados costes presupuestarios se orienta, por lo tanto, hacia dos
estrategias básicas: el control de las producciones excedentarias y la reducción
de la tradicional política de precios a la mínima expresión posible. Para
ello es imprescindible potenciar las prácticas agropecuarias extensivas, la
supresión de cultivos, el abandono de tierras, la repoblación forestal, las
ayudas para abandonar la actividad agraria, las jubilaciones anticipadas, el
apoyo a las zonas desfavorecidas y de montaña y la revalorización de los
espacios y recursos naturales. Es evidente, como señala J. Cruz (1991), que la
conciencia ecológica y ruralista de Bruselas hubiera tardado en manifestarse de
no ser por los imperativos de tipo presupuestario y productivo. De la necesidad
se ha hecho virtud.
La modificación de la política de precios en la
UE, la reducción de las exportaciones y el previsible aumento de las
importaciones desde terceros países limitarán la competitividad de los
productos agropecuarios europeos en los mercados internacionales y abrirán
nuevas perspectivas para ciertas producciones foráneas, fundamentalmente aquéllas
que son excedentarias en Europa (cereales, lácteos, carne de vacuno). Aparte de
Estados Unidos, los países más beneficiados serán Argentina, Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y Uruguay.
Esta situación perjudicará a los países
comunitarios cuyos sectores agropecuarios sean menos competitivos, ya que se
convertirán en receptores netos de los excedentes europeos (Maas y Segrelles,
1997). La retracción de las exportaciones obligará a Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Francia o los Países Bajos a compensar dichas pérdidas en el
mercado interno de la UE, quizás mediante una agresiva política de precios a
la baja. De lo contrario se verían abocados a una reducción drástica de sus
producciones agropecuarias, estrategia prácticamente inviable si tenemos en
cuenta el valor de sus exportaciones agrarias y las protestas socio- políticas
que se desencadenarían. La perspectiva de que se produzcan importaciones
masivas de productos agroalimentarios desde terceros países, junto con la
reducción de las ayudas directas a las explotaciones, es negativa para la
totalidad de la UE, pero mucho peor para España porque tiene unas empresas
agropecuarias menos competitivas y con menores rendimientos.
Aunque en Europa encontramos técnicas de
producción y eficacia productiva de las más elevadas del mundo, algunos
subsectores agropecuarios no serán capaces de competir con la entrada en vigor
de los acuerdos del GATT, pues los costes de producción son demasiado onerosos
como consecuencia de la política agrícola y social de la UE. Además deben añadirse
los altos costes ecológicos de la actividad agropecuaria. En el caso concreto
de la ganadería también puede encarecerse la producción como consecuencia de
algunos episodios recientes, como la detección de la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) en la cabaña vacuna británica (1996) y el hallazgo
de dioxinas en la avicultura de carne belga (1999). Es muy probable que las
normas sanitarias y alimentarias de la UE conduzcan a una sensible limitación
de los ingredientes que entran en las formulaciones de los piensos compuestos,
con lo que habría que utilizar materias primas más caras, aumentaría el
precio de la alimentación pecuaria y, por consiguiente, el del producto final
obtenido. De todo ello se desprende que la competencia internacional se
convertirá en primer lugar en una rivalidad mutua entre los grandes productores
y exportadores europeos, mientras que la posición de los países ya débiles,
como España, Grecia o Portugal, se deteriorará todavía más.
La Declaración de Cork (1996) y la llamada
Agenda 2000 (1997) representan una vuelta de tuerca más de la UE hacia una política
más rural que agraria. Es cierto que una salida interesante para la agricultura
y los espacios rurales de los países comunitarios estriba en la conversión de
las explotaciones agrarias en explotaciones rurales (Mendoza, 1996). Se trata de
que las explotaciones agrarias puedan diversificar sus ingresos mediante el
fomento del turismo rural, la artesanía local, la producción y comercialización
de productos típicos, la oferta de servicios específicos o la revalorización
de las características paisajísticas, ambientales y culturales del lugar,
entre otras iniciativas. Solo así podrán generar nuevas fuentes de riqueza que
ayuden a complementar las rentas de los campesinos y a mantener en el medio
rural la población suficiente para que no se pierdan sus recursos naturales y
culturales.
Sin embargo, últimamente se suele olvidar con
frecuencia que los agricultores son profesionales que merecen por su trabajo una
remuneración adecuada, extremo que podría lograrse potenciando el
cooperativismo o mediante la existencia de precios más justos para su
productos, pero en modo alguno es un hostelero, un artesano o alguien que
proporciona paseos a caballo o descensos fluviales en canoa. Tampoco se puede
obviar que para que los espacios rurales tengan un vida socio-económica activa
y dinámica es necesario que la base productiva de las comunidades rurales se
asiente sobre lo que éstas ofrecen de modo más natural: la actividad agrícola,
ganadera, forestal y pesquera. Aunque el medio rural ha ganado complejidad económica,
demográfica y funcional respecto al de décadas pasadas, el aprovechamiento
agropecuario todavía sigue siendo preponderante en amplias áreas europeas.
Además, un campo sin agricultura quedaría plenamente desnaturalizado.
Tanto la PAC y su reforma como la Agenda 2000
favorecen sin duda a las explotaciones de mayores dimensiones y a las
agriculturas continentales (cereales, lácteos, carne de vacuno) frente a las
explotaciones pequeñas y a las agriculturas mediterráneas (aceite de oliva,
frutas, hortalizas, vino, tabaco), respectivamente. La Agenda 2000, en la que se
realiza un planteamiento económico-financiero sobre el futuro de la UE para el
período 2000-2006, sólo hace una breve alusión a los cultivos mediterráneos,
mientras que por el contrario se extiende y es más minuciosa con las
producciones continentales. Este documento, que supone en realidad una reforma
de la reforma de la PAC, acontecida en 1992, no contempla medidas para lograr
una mayor racionalidad en las explotaciones, sigue sin apostar decididamente por
una mejora estructural ni por una política fiscal para movilizar la tierra,
olvida incentivar la transformación de productos alimentarios e incluso
potenciar la comercialización de los mismos y el cooperativismo. No obstante,
concede recursos presupuestarios y un papel importante a los instrumentos
agroambientales con el fin de fomentar el desarrollo sostenible de las zonas
rurales y responder a la creciente demanda (tal vez dirigida) de servicios
ambientales por parte de la sociedad.
Dichas divergencias se acentuán por la escasa
importancia concedida a las políticas estructurales, pues éstas debían haber
sido más eficaces para ayudar a equilibrar unas agriculturas mediterráneas
caracterizadas en términos generales por el acusado minifundismo y la
abundancia de población activa agraria. Es más, los bajos presupuestos del
FEOGA-Orientación, en comparación con los del FEOGA-Garantía, y las diversas
y poco eficaces políticas agrarias nunca han perseguido en realidad la corrección
de los desequilibrios territoriales, la minoración de las diferencias sociales
o la reducción efectiva de las producciones en todo el ámbito comunitario y
sin excepciones. Cabe preguntarse entonces qué es lo que verdaderamente se ha
pretendido.
La Agenda 2000, inspirada por los contribuyentes
netos de la UE (Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria), aboga por reducir el
gasto agrícola. Este ahorro de las arcas comunes no servirá para lograr un
mayor apuntalamiento de la cohesión europea en otros capítulos socio-económicos
o políticos, sino que revertirá en los tesoros nacionales. De este modo no
resulta exagerado afirmar que la mejora de los países ricos va a ser financiada
indirectamente por los menos prósperos de la UE mediante la reducción de sus
ayudas agrícolas. A este respecto no puede olvidarse la actitud preponderante
que ejerce Alemania en este proceso. La necesidad vital de expandir su área de
influencia hacia Europa Central y Oriental es lo que le ha llevado a proponer el
endurecimiento de las condiciones para acceder a los fondos estructurales y de
cohesión por parte de los países mediterráneos.
Todo ello es la respuesta lógica a la necesidad
de acumulación y reproducción que tiene el capitalismo, así como al puntual
cumplimiento del esquema dominación-dependencia en favor de las economías prósperas
del norte de Europa. En este sentido representan un papel fundamental los
centros de gestión del territorio, es decir, donde se decide la creación y
organización del espacio y se vincula el territorio con el control de un
Estado, grupo social, institución o empresa (Corrêa, 1989, 1992, 1997). En la
UE, las metrópolis de Amsterdam, Frankfurt del Main, Londres y París conforman
los vértices del cuadrilátero central europeo, o lo que es lo mismo, el corazón
económico, financiero, urbano, industrial, terciario, demográfico y de consumo
del continente, área en la que la acumulación del capital permite diseñar las
políticas y estrategias que influyen en la organización espacial, rural y
urbana, de todos los países comunitarios.
Por lo tanto, la lógica del modo de producción
capitalista, el proceso de globalización y el ajuste de las políticas agrícolas
y rurales europeas generarán más desequilibrios entre los miembros de la UE y
en el seno de los propios países comunitarios, pues parece ser que los centros
de gestión, en connivencia con las oligarquías financieras locales, van camino
de convertir a los socios mediterráneos en países de servicios desprovistos prácticamente
de sus fuerzas productivas, donde el turismo figura como un peligroso y
dependiente monocultivo en el que la oferta rural se uniría a la ya ingente
oferta litoral. Esta actividad terciaria está siendo consolidada a marchas
forzadas mediante inversiones y subvenciones selectivas que se concentran en las
infraestructuras viarias y hoteleras, instalaciones deportivas, reforestación,
mejora ambiental, adecentamiento costero o conservación arquitectónico-artística
(Martín, 1996). Se puede afirmar, por consiguiente, que todo apunta hacia el
fomento de las áreas rurales, pero dejando de lado las actividades
agropecuarias. Huelga insistir entonces en los ya antiguos problemas del sector
lechero español o en los más recientes del olivar y el girasol.
Por último, cabe indicar que la posición periférica
de ciertas áreas europeas (España, Grecia, Irlanda, Portugal, sur de Italia)
se verá acentuada si prospera, como parece ser que así ocurrirá, la ampliación
de la UE con la incorporación progresiva de los miembros del antiguo bloque
socialista, pues el centro de gravedad comunitario se desplazará hacia el este
junto con una serie de recursos económicos que lo más probable es que se
detraigan de los actuales fondos de cohesión para ser compartidos con los
nuevos socios y facilitar así su integración. Si a esta circunstancia se añade
la mayor facilidad de acceso para los productos agropecuarios de países
terceros y la creciente competencia por parte de los socios comunitarios más
desarrollados, es lógico pensar que el reto que tienen ante sí algunas
agriculturas europeas es enorme, y su futuro, dramático.
Pese a los malos augurios que se ciernen sobre
las agriculturas comunitarias menos competitivas, los Jefes de Estado y de
Gobierno europeos llegaron a un acuerdo (Berlín, marzo 1999) acerca de las
perspectivas financieras de la Agenda 2000, que de momento concede cierta
tranquilidad y equilibrio presupuestarios al sector agropecuario de la UE
(Semanario AgroNegocios, Madrid, 26 de julio-1 de agosto, 1999). Sin
embargo, la suerte está echada y las directrices marcadas desde hace tiempo,
pues en realidad casi no importa que la agonía del campo europeo se alargue un
poco más, quizás hasta el año 2006, cuando termine el periodo establecido por
la Agenda 2000 y una vez que finalice la nueva Ronda del Milenio, cuyas
negociaciones comenzarán a finales de 1999 y no concluirán antes del año
2004. Tal vez se aproveche ese instante para llevar a cabo en la agricultura
comunitaria una reforma sin precedentes, profunda, desigual y discriminatoria.
El Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica
entre el MERCOSUR y la UE
El MERCOSUR, como es sabido, constituye un gran
espacio, o bloque, económico-comercial creado en 1991 con la integración de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto con Bolivia y Chile como países
asociados al mismo. Esta integración es la respuesta lógica a la progresiva
globalización de la economía y al aumento de los intercambios mercantiles en
el mundo, puesto que ello permite, al menos en teoría, lograr una inserción
internacional adecuada, mejorar las relaciones comerciales, productivas y políticas
en el seno de la región y generar una mayor capacidad de negociación de la que
es posible conseguir a cada país de forma individual (Alonso, et al,
1996). El progresivo debilitamiento de la capacidad del Estado-nación
"soberano" para planificar y llevar a la práctica políticas
independientes y autónomas, así como el surgimiento de problemas globales cuya
solución excede la iniciativa individual de los países, propicia la necesidad
de que éstos se agrupen para cooperar y ejercer acciones coordinadas que les
permitan sobrevivir en un mundo cada vez más interrelacionado, y al mismo
tiempo, excluyente.
En realidad, el MERCOSUR no hace más que
reproducir una estrategia bastante frecuente que ha dado lugar a diferentes
procesos de asociación regional, aunque con distintos grados de integración,
tanto en el mundo, como por ejemplo la CEE (1957), la EFTA (1960) o la ASEAN
(1967), como en América: Asociación de Libre Comercio de América Latina
(ALALC, 1960), reestructurada en 1980 como Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI); Mercado Común Centroamericano (1960); Pacto Andino
(1969), sustituido en 1997 por la Comunidad Andina; Mercado Común de la
Comunidad del Caribe (CARICOM, 1973); Programa de Integración y Cooperación
Económica entre Argentina y Brasil; Plan Iniciativa para las Américas del
ex-presidente G. Bush en 1990 (vid. Segrelles, 1999 a); Tratado de Libre
Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos (TLC, 1993); Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación Comercial y Económica entre el MERCOSUR y la UE
(1995), entre otros acuerdos o tratados bilaterales de países latinoamericanos.
Existen autores, como J. Dunning (1994), que
afirman que el crecimiento de las integraciones regionales en el mundo, junto
con otros fenómenos, como por ejemplo la presión de las empresas en favor de
la innovación de los productos, la calidad de los mismos, la reducción de los
precios y el resurgimiento de las políticas de apoyo y fomento del mercado, es
una de las causas últimas de las tendencias globalizadoras. Para él, la
globalización tiene una base nacional o microeconómica. Otros investigadores,
como F. Houtart (1994), señalan, por el contrario, que la mundialización está
ligada al desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción
a nivel mundial, o lo que es lo mismo, resulta una consecuencia directa de las
tendencias económicas del planeta. Sin embargo, la opinión de S. Baró (1997),
que a mi juicio se ajusta mejor a la realidad, considera que el fenómeno
globalizador se debe a la interacción de condiciones que se dan tanto en el
plano nacional como en el mundial como resultado de circunstancias inherentes al
desarrollo del propio sistema capitalista en el planeta, es decir, la
globalización aparece en realidad como producto y agente de las tendencias históricas
internacionales de acumulación capitalista.
Regionalización y globalización constituyen dos
procesos no excluyentes entre sí, ni contradictorios, que están progresando de
forma complementaria, aunque en todo caso se debe tener en cuenta que la
creciente formación de bloques económicos regionales es un paso previo que
intenta preparar la conquista de una meta clara: la mundialización. Es
indudable que dicha tendencia está vinculada a la reciente expansión de las
grandes compañías transnacionales y se apoya en el avance de los transportes y
las comunicaciones. Como señala A. López Gallero, et al (1997), la
gestión global supone un refinado manejo de la economía mundial en beneficio
de los intereses de las empresas, pues la complejidad de los circuitos
productivos aumenta de forma directa con las posibilidades de fraccionar las
etapas de elaboración. Cada escala puede significar un aprovechamiento útil de
las condiciones naturales, humanas, tecnológicas, culturales o salariales
existentes en cada lugar. De ahí que la homogeneización de las directrices
socio-económicas que supone la integración regional y la consecuente
globalización facilite la gestión de las firmas transnacionales, ya que desde
su ubicación en un país concreto de la región pueden resolver el problema del
abastecimiento en los demás mercados del bloque.
Por otro lado, la globalización lleva unida su
propia contradicción interna: la exclusión y marginación de países enteros y
de extensas áreas del planeta a las que se les impide de hecho una inserción
efectiva en el comercio y la economía mundiales. Según S. Baró (1997), la
historia económica universal demuestra que las leyes del modo de producción
capitalista no buscan la plena integración de todas las naciones dentro del
sistema capitalista mundial. El grado y la naturaleza de la integración que se
da entre los países desarrollados y subdesarrollados siempre ha estado
dependiente de los intereses supremos de los primeros, los cuales recurren a
multitud de estrategias y presiones para evitar que los segundos alteren de modo
sustancial su posición en el sistema y el papel que se les ha sido asignado por
las potencias centrales. A. Cebrián (1999) señala que la mundialización crea
un mundo interdependiente y desigual, dominado por los países que ven crecer
continuamente sus economías y elevar el nivel de vida de sus sociedades y
forjado por grandes conglomerados financiero-industriales que anteponen lo económico
a lo social, político y cultural.
Es precisamente en este contexto donde hay que
situar el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación Comercial y Económica
entre el MERCOSUR y la UE firmado en diciembre de 1995, ya que las necesidades
del sistema capitalista mundial y del proceso de globalización abren escasas
perspectivas para los agrupamientos de países subdesarrollados, mientras que
por el contrario fomentan la cooperación económico-comercial de bloques
formados por naciones ricas (centro) y naciones pobres (periferia). Sólo así
puede funcionar la vieja ley del intercambio desigual, que propicia la
reproducción ampliada del capital en los grandes centros de decisión
mundiales.
Las relaciones comerciales entre la UE y el
MERCOSUR, que suman cerca de 600 millones de habitantes, representan el 30 por
ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y constituyen, respectivamente,
el primer y cuarto bloque del mundo por su participación en el comercio
internacional, son las típicas y asimétricas relaciones entre centro y
periferia, pues el MERCOSUR exporta a la UE fundamentalmente materias primas,
mientras que de ella importa ante todo productos manufacturados y servicios
comercializables. El desequilibrio entre ambos bloques es más nítido, según
los datos que ofrecen J.M. Alonso, et al (1996), si consideramos otras
circunstancias, como por ejemplo que el MERCOSUR tiene en la UE su principal
socio comercial (proveedor y cliente), lo que supone el 26 por ciento de sus
intercambios mercantiles, pero en cambio, las transacciones con el bloque
sudamericano sólo representa el 3 por ciento del comercio europeo fuera de las
fronteras comunitarias. En cuanto a la inversión directa europea en el
extranjero, el MERCOSUR concentra el 70 por ciento del total invertido en
Latinoamérica: más de 8.000 millones de dólares en 1996. Esto supone una
notable presencia de firmas europeas en los sectores industrial, financiero y
otros servicios (sobre todo energía, transportes y comunicaciones) de estos países
sudamericanos, hecho acelerado, qué duda cabe, por la oleada de privatizaciones
que acompaña la expansión creciente del neoliberalismo. Tampoco se puede
olvidar la participación de muchas empresas de la UE en la construcción de
grandes infraestructuras y mejora de las ya existentes con el fin de agilizar la
adaptación de la economía del MERCOSUR al aumento de los intercambios
comerciales y al proceso de globalización (Mohr y Hirsch, 1996; Segrelles,
1998).
El capítulo agrícola de las relaciones
comerciales MERCOSUR-UE: una disputa permanente
Tras varias décadas de saldos comerciales
positivos para los países del MERCOSUR en sus intercambios con la UE, la
balanza comercial bilateral se ha invertido desde hace unos pocos años. A título
de ejemplo baste indicar que las exportaciones del MERCOSUR hacia la UE
supusieron 14.735 millones de dólares en 1990 y 19.129 millones en 1997,
mientras que los países comunitarios vendieron bienes al MERCOSUR por valor de
6.972 millones y 26.376 millones de dólares en las mismas fechas, según los
datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo. En otras
palabras, las importaciones del MERCOSUR crecieron un 278 por ciento en el
periodo 1990-1997; las exportaciones sólo lo hicieron en un 30 por ciento. Por
su parte, el comercio intrarregional del MERCOSUR también creció un 311 por
ciento durante estos mismos años. El rubro más importante es el
agroalimentario (23 por ciento del total), seguido por los bienes de capital y
las tecnologías de información (11por ciento).
El tradicional superávit para los países
latinoamericanos sirvió de excusa para mantener cerrados los mercados europeos
a las mercancías procedentes de terceros países. Sin embargo, la deficitaria
situación actual (4.900 millones de dólares en 1996) denota la categórica
apertura comercial del MERCOSUR y el incremento de sus compras en el exterior
frente a una actitud de la UE que todavía es restrictiva y discriminatoria,
sobre todo por lo que respecta a los productos agroalimentarios. No obstante, lo
peor de la situación no reside sólo en el carácter negativo de la balanza
comercial total del MERCOSUR con Europa, sino en que sus ventas a la UE se
concentran cada vez más en los alimentos y materias primas agropecuarias
(Cirio, 1997), circunstancia que agudiza la ley del intercambio desigual y
asegura la dependencia de estos países en vías de desarrollo. Esta
especialización comercial se encuentra en consonancia con una estructura económica
en la que la participación del sector agrario en el PIB de cada país es
demasiado alta para las cifras que imperan en Europa: 7'3 por ciento en
Argentina, 8'0 por ciento en Brasil, 26'5 por ciento en Paraguay y 10'0 por
ciento en Uruguay, según los datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca de Uruguay.
El destino europeo del comercio agroalimentario
del MERCOSUR es fiel reflejo de la tendencia mercantil general, pues la mayoría
de los países miembros son exportadores netos de productos agrarios. La
participación de estos productos en sus exportaciones, excluyendo los
forestales, pesqueros y sus respectivas manufacturas, es muy elevada: 51 por
ciento en Argentina, 80por ciento en Paraguay y 42por ciento en Uruguay, sin
contar el importante peso que Brasil y Chile tienen en algunas producciones
agropecuarias como por ejemplo azúcar, vino, tabaco, oleaginosas, carne de ave,
manzanas y otras frutas y hortalizas. A su vez, según la ALADI, los principales
capítulos de las exportaciones agropecuarias son los siguientes:
Argentina:
-Oleaginosas (50 por ciento) Brasil:
-Oleaginosas (36 por ciento) Paraguay:
-Oleaginosas (53 por ciento) Uruguay:
-Carnes (28 por ciento) Es evidente, a la luz de estas cifras, que la
cuestión agropecuaria es la que más preocupa en varios países comunitarios,
capitaneados por Francia, desde el mismo momento de la firma del Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación Comercial y Económica y durante el desarrollo de
unas tensas negociaciones que en teoría deben concluir en el año 2005. La UE
pretende proteger su agricultura mediante la exclusión de varios productos agrícolas
sensibles del área de libre comercio (sobre todo cereales, azúcar, carne de
vacuno y lácteos), al menos durante un periodo de transición, pero a los países
del MERCOSUR les resulta inconcebible la existencia de una zona de libre mercado
que no abarque a todos los productos y que no incluya los intercambios
agroalimentarios, o que en caso de incluirlos la UE no lleve a cabo una reforma
profunda de la PAC y el riguroso cumplimiento de los acuerdos del GATT, es
decir, en esencia se trata de eliminar las subvenciones agropecuarias y las
restituciones a la exportación, así como de destruir sus barreras arancelarias
y no arancelarias.
Un atisbo de réplica por parte del MERCOSUR ante
esta injusta situación estriba en la propuesta presentada por la delegación
uruguaya de impedir de forma definitiva la entrada en la región de productos
subsidiados de otros mercados, aprovechando las recientes reuniones celebradas
en Montevideo con el objeto de paliar el enfrentamiento comercial entre
Argentina y Brasil derivado de la devaluación del real brasileño (Diario El
País, Madrid, 8 de agosto de 1999). Resulta palmario que de llevarse a
efecto esta iniciativa serían los productos agroalimentarios europeos los más
perjudicados.
El principal obstáculo para avanzar en las
negociaciones entre la UE y el MERCOSUR radica en que la OMC impone que todo
acuerdo de este tipo debe incluir el 90 por ciento por ciento de los
intercambios mercantiles entre las partes. Los productos sensibles del MERCOSUR
que en Bruselas se querrían excluir representan casi un 14 por ciento del
comercio con la UE. Resulta palmario que muchos subsectores agropecuarios,
debido a sus elevados costes de producción, no podrían competir en los
mercados mundiales si estuvieran sujetos a los precios internacionales. De ser
así, el ganado vacuno comunitario, por ejemplo, sólo podríamos contemplarlo
en los parques zoológicos como especie rara, según declaraba con cierta sorna
el parlamentario uruguayo del Frente Amplio José Mujica en una entrevista
personal.
La clásica protección del sector agropecuario
europeo, que evita la competencia exterior, perjudica sobremanera a las
producciones agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras más competitivas del
MERCOSUR, que en muchos casos son precisamente los productos catalogados como
sensibles por la UE. Se trata, como en parte se ha mencionado arriba, de los
cereales, las oleaginosas, la carne, los lácteos y derivados, el azúcar, el
tabaco, la celulosa, la madera, el papel o algunas frutas y hortalizas. En el
futuro podrían añadirse a esta lista, si se dispone del suficiente avance
tecnológico, una serie de producciones agroalimentarias procedentes de la
transformación agroindustrial, cuyas restricciones para el acceso al mercado
comunitario son más rígidas que cuando se trata de simples materias primas o
de productos semielaborados, o sea, mercancías con escaso valor añadido. En
definitiva, las importaciones masivas de producciones agropecuarias muy
competitivas desde los países del MERCOSUR provocaría la reducción del precio
de varios productos que ya son excedentarios en la UE, lo que en teoría supondría
la obligación de compensar las pérdidas de los agricultores comunitarios a
través de subvenciones del FEOGA-Garantía. Se estima, grosso modo, que
el coste de la creación de una zona de libre mercado con el MERCOSUR oscilaría,
según la Comisión Europea, entre 975.000 millones y 2'3 billones de pesetas
(Diario El País, Madrid, 21 de julio de 1999).
La actitud proteccionista de la UE para sus
producciones agropecuarias está suscitando importantes controversias no sólo
en los foros comerciales internacionales, sino también en su propio seno,
alineando posturas diferentes según los países y la presión de los distintos
grupos de intereses (agricultores, sindicatos agrarios, confederaciones
empresariales, asociaciones de productores, exportadores, cámaras de comercio,
otros sectores económicos). Mientras Francia e Irlanda ven con recelo cualquier
intento de apertura comercial, la industrial Alemania defiende la plena inclusión
de los productos agrarios en el área de libre comercio con el MERCOSUR, ya que
aparte de beneficiarse de precios más bajos en los alimentos debido al libre
acceso de las producciones foráneas al mercado europeo, este país dispone,
como hemos visto, de instrumentos eficaces, sobre todo la reforma de la PAC y la
Agenda 2000, para proteger a sus agricultores y ganaderos de la competencia
exterior mediante el desvío de sus previsibles problemas a los países mediterráneos,
cuyas dificultades para preservar la actividad agraria son manifiestos. Y eso
que el sector agropecuario alemán, y el de otros países del norte europeo, se
basa precisamente en aquellos subsectores en los que el MERCOSUR se muestra más
dinámico, tanto en la producción como en el comercio exterior (cereales, lácteos
y carne de bovino).
Por otro lado, una visión superficial e
inmediata del problema puede llevarnos a concluir de forma apresurada que la UE
debe evitar la competencia desleal que respecto al MERCOSUR suponen las ayudas y
subvenciones a las exportaciones y las tarifas arancelarias. Es cierto, además,
que la libertad comercial es un asunto sin vuelta atrás, lo que podría
representar un balón de oxígeno vital que no estrangulara el desarrollo económico-comercial
de ese bloque emergente latinoamericano. Las naciones del MERCOSUR tienen
expectativas de que el comercio de productos agroalimentarios asuma un papel
importante en la estabilización y ajuste económicos de la región, como
consecuencia de una serie de ventajas derivadas de la disponibilidad de recursos
naturales y mano de obra, capacidad de producción, experiencia productiva y
aprovechamiento pleno de las economías de escala de algunos rubros. Por lo
tanto, estos países merecen, como todos los del mundo subdesarrollado, un trato
de igualdad que no hipoteque de raíz su progreso. Sin embargo, es preciso
plantear varios matices.
En primer lugar, se debe tener en cuenta que las
restricciones europeas a la libre entrada en sus mercados de productos
agropecuarios procedentes del MERCOSUR se deben en gran medida a la voluntad de
proteger su agricultura, pero también, y de manera fundamental, a la
"exigencia" de que exista un intercambio desigual para que el modo de
producción capitalista funcione de manera óptima. Además, la UE no firma el
llamado Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica con el MERCOSUR por
altruismo, o por afán de ayudar desinteresadamente a los países menos
desarrollados, sino por dos razones básicas más creíbles: rivalizar con su
mayor oponente comercial y económico, Estados Unidos, a través de la penetración
y consolidación de sus posiciones en el área de influencia natural de la
potencia norteamericana, así como asegurar un mercado emergente para sus
productos y un campo apropiado para sus inversiones en las mejores condiciones.
Respecto a la primera cuestión, es obvio que la
UE acelera las negociaciones para poner en marcha un acuerdo económico-comercial
con el MERCOSUR porque intuía la más que probable amenaza para sus intereses
por parte del plan de G. Bush Iniciativa para las Américas (1990), que apuntaba
hacia la creación de una gran zona de libre comercio en todo el continente
americano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Este proyecto, cuya culminación
se prevé para el año 2005, ha sido corroborado recientemente por el actual
presidente estadounidense W. Clinton en el Segundo Encuentro de las Américas
celebrado en Santiago de Chile (1998). La iniciativa europea, que se adelantó
aprovechando la demora de Estados Unidos impuesta por el Congreso, ya ha dado
importantes frutos, pues su presencia e influencia en América Latina y en el
MERCOSUR crece de forma constante. Los países de la región compran en la
actualidad a la UE el 33 por ciento del total de las importaciones realizadas y
venden en el mercado comunitario el 31 por ciento de sus exportaciones. Con
Estados Unidos esta participación es del 28 por ciento y del 20 por ciento,
respectivamente. No obstante, ante el temor europeo de que la experiencia del
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y México se
extienda por todo el continente (Area de Libre Comercio de las Américas), la
reunión de Río de Janeiro de junio de 1999 entre la UE, América Latina y el
Caribe constituye una respuesta al desafío norteamericano por consolidar sus
posiciones inversoras y comerciales en estas regiones americanas, donde además
están en juego, dadas sus perspectivas de crecimiento, las posibilidades de
realizar compras públicas y la adjudicación de excelentes contratos para la
construcción y modernización de las infraestructuras, e incluso para asuntos
relacionados con la defensa.
Las cuestiones mencionadas enlazan con la segunda
motivación de la UE para negociar un acuerdo de cooperación con el MERCOSUR,
ya que el crecimiento económico de estos países y la eliminación de sus
aranceles permite una mayor afluencia de las importaciones procedentes de
Europa. Incluso han aumentado en la región las ventas comunitarias de productos
agropecuarios con alto grado de elaboración, es decir, con mayor valor añadido,
mientras que el MERCOSUR sigue suministrando materias primas baratas, básicas,
estandarizadas, sin diferenciación (commodities). Asimismo, la penetración
europea en el MERCOSUR, a través de sus empresas transnacionales de los
sectores industrial y de servicios, ha sido masiva durante los últimos años.
En menor medida, pero sin quedarse atrás en ningún momento, también se han
instalado firmas europeas y españolas ligadas a diversos subsectores primarios,
como por ejemplo el forestal (Forestacap, Repoblaciones y Aprovechamientos
Forestales), el pesquero (Pescanova, Pescafina, Alvapesca), el hortofrutícola
(Anecoop) o el lácteo (Nestlé, Parmalat, Leche Pascual, Bongrain, BSN, Gessy
Lever, Sodima), que aprovechan los recursos naturales, la escasa protección
social, los bajos costes de producción, la permisiva legislación ambiental y
los exigüos salarios de la región.
Mención especial merece la ganadería intensiva
(porcino y avicultura de carne) porque ante el aumento de las dificultades, ya
comentadas en la primera parte de este artículo, que amenazan al sector
agropecuario de los países comunitarios menos competitivos, fundamentalmente a
España, en un trabajo de próxima publicación (Segrelles, 1999 b) se defiende
la conveniencia de trasladar a los países del MERCOSUR las propias unidades de
producción para aprovechar sus ventajas comparativas (abundancia de Superficie
Agraria Util, disponibilidad de materias primas, excelentes condiciones
zoosanitarias, inexistencia de excedentes, bajo consumo de estas carnes,
presencia de grandes espacios, nula congestión de la actividad pecuaria y, por
consiguiente, de contaminación ambiental, estabilidad política, libertad
comercial, reducidos costes de producción), tal como los porcinocultores
holandeses están haciendo en los territorios germanos de la extinta RDA y en la
propia España, sobre todo en Cataluña (Buxadé, 1996). Esta iniciativa, aunque
tal vez haya por mi parte una excesiva ingenuidad dadas las inevitables
relaciones de dependencia que determina el sistema capitalista, podría
representar el acceso del MERCOSUR a la tecnología ganadera más avanzada, pues
ésta es bastante precaria salvo en Brasil. Al mismo tiempo, un aumento de la
demanda de carne de cerdo y pollo, que es demasiado baja para lo que es normal
en el mundo, y una reducción de la de bovino, no sólo equilibraría la
producción pecuaria y diversificaría el consumo cárnico, sino que supondría
además la obtención de una mayor oferta para la exportación de carnes
vacunas, que como es sabido gozan de gran reputación en los mercados exteriores
por su calidad y producción natural.
Es evidente que este desplazamiento territorial
no puede ser consumado por las explotaciones familiares, que son precisamente
las que en el caso español van a sufrir más las consecuencias de las presiones
europeas y de la progresiva liberalización comercial. En cualquier caso,
siempre se tratará de firmas potentes del sector cárnico, como Campofrío, o
aquéllas vinculadas a los programas genéticos. En este último aspecto son ya
varias las empresas españolas ligadas a las hibridaciones porcinas que se
han instalado en el MERCOSUR, sobre todo en Argentina y Uruguay. Algunas de
ellas lo han hecho bajo la modalidad de riesgo compartido (joint-venture),
pues lo que el MERCOSUR necesita es cooperación y no explotación, empresarios
productivos y no especulativos, que se comprometan con el desarrollo de la región
y no abandonen a la menor contrariedad. El contacto directo con algunas firmas
españolas allí instaladas ha llevado a que numerosas delegaciones de
empresarios argentinos y uruguayos acudan con regularidad a las ferias y
exposiciones agropecuarias que se celebran en España interesados por la
tecnología y genética porcinas.
Tras este alarde de optimismo, quizás desmedido,
asumo que el lector, sobre todo el latinoamericano, pueda interpretar que las
ideas expuestas arriba, movidas más por el deseo que por el desconocimiento
candoroso de la realidad de los negocios en una economía de libre mercado,
constituyen una reiteración más de los tantas veces oídos discursos hueros y
demagógicos que abogan por la solidaridad, la cooperación y la conducta ética
de las empresas de las naciones desarrolladas cuando invierten en los países en
vías de desarrollo. Me preocupa más que congratula ver este sincero anhelo
corroborado por las declaraciones de E. Iglesias, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en una reciente entrevista (Diario El País,
Madrid, 9 de agosto de 1999).
Por su parte, las razones de Estados Unidos para
exigir el fin del proteccionismo agropecuario europeo tampoco están motivadas
por la solidaridad hacia los países en vías de desarrollo a los que en
ocasiones ha dicho defender, en este caso los del MERCOSUR. Como ya se ha señalado,
su agricultura se encuentra tan protegida como la de la UE, y más que lo estará
en el futuro inmediato, pero tiene firmes aspiraciones de conquistar mayores
cuotas de los mercados comunitarios aprovechando su excelente competitividad,
las múltiples subvenciones existentes, el desarrollo tecnológico o
subterfugios de diversa índole. Recuérdese al respecto su continua negativa a
identificar la carne exportada a la UE procedente de animales engordados con
hormonas o los recientes problemas con los cultivos transgénicos y la
multinacional estadounidense Monsanto (vid. The Ecologist, vol.
28, nº 5, sept.-oct. 1998).
Sería deseable que la UE destruyera de una vez
por todas las barreras que impiden el libre acceso de los productos
agroalimentarios del MERCOSUR a nuestros mercados. Todos los países tienen
derecho a ocupar un lugar digno en el comercio internacional, aunque resulta
frustrante contemplar la evidencia de una auténtica batalla comercial entre
ricos (EE.UU. y UE) a la que las naciones subdesarrolladas asisten en realidad
como convidados de piedra, sin apenas capacidad de decisión sobre cuestiones
que les afectan directamente. Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de
la década de los años noventa, y tras el fin de la bipolaridad del mundo,
Latinoamérica se ha convertido en un campo abierto donde se disputan los
intereses de los Estados y las empresas. Ante esta brutal competnecia, a los países
latinoamericanos sólo les queda la esperanza de negociar con astucia para que
el enfrentamiento de las potencias mitigue en lo posible los riesgos de un
vasallaje que parece inevitable (Kourliandsky, 1997).
El verdadero rival de la UE es, sin ningún
genero de duda, Estados Unidos. Incluso suele ocurrir que detrás de varias
producciones agropecuarias de los países latinoamericanos se escondan, a veces
sin demasiado disimulo, firmas norteamericanas, que son las que realmente
absorben la mayor parte de unos beneficios que no permanecen en el país
productor, ni siquiera sirven para mejorar la situación de la población autóctona,
sino que emigran y se acumulan en las instituciones financieras de Estados
Unidos. Es lo que sucede, por ejemplo, con la Chiquita Brands o la Dole,
herederas de la tristemente famosa United Fruits, en el caso de las bananas y
otras frutas tropicales en Centroamérica. Hasta los cereales y la soja
producidos en los países del MERCOSUR, tan esenciales para la ganadería
industrial europea, son exportados, molturados y distribuidos por operadores
estadounidenses en régimen de cuasi auténtico monopolio (Cargill, Continental
Grain, Stanley, Central Soya), pues en la actualidad ganan más dinero los que
monopolizan el comercio y el transporte que los que poseen y/o trabajan las
tierras y afrontan los riesgos de las cosechas. Basta una intervención de
Cargill, o de cualesquiera de las cuatro o cinco firmas que controlan el mercado
mundial del grano, para desequilibrar de modo fatal la balanza de pagos de un país
productor débil (Mata y Dowell, 1989).
A título comparativo, sería un grave error
considerar que la producción de automóviles de la factoría Ford de Almussafes
(Valencia, España), que es el principal rubro exportador de la región,
revierte como debería en la generación de riqueza a escala local, regional y
nacional. No es falso que la presencia de esta fábrica implica puestos de
trabajo, bastante empleo indirecto y cierto dinamismo económico en la zona,
pero a cambio aprovecha muchas ventajas fiscales, ajusta la plantilla según sus
conveniencias y puede trasladarse a otro lugar en cuanto lo estime oportuno o
cuando los trabajadores y sindicatos reivindiquen demasiado sus derechos o se
muestren poco sumisos a sus exigencias laborales (salarios, incentivos, turnos
de trabajo, jornadas nocturnas, días de fiesta, etc.). Sin embargo, lo más
importante es que el grueso de los beneficios vuelan a la casa matriz localizada
en Estados Unidos, aunque en las estadísticas figure la Comunidad Valenciana
como exportadora de vehículos.
El MERCOSUR y la UE: ¿antagonismo nacional o
antagonismo social en sus relaciones agroalimentarias?
Un matiz esencial para la interpretación del fenómeno
estudiado estriba en la convenciencia de desterrar en la medida de lo posible a
las naciones como marco de referencia analítico y sustituirlo por la justa
ponderación del comportamiento y relación de las clases o grupos sociales
dentro del modo de producción capitalista, pues éstos tienen intereses
contrapuestos que entran en conflicto y se revelan antagónicos. Es un hecho
evidente que la sociedad se divide en grandes grupos humanos que se diferencian
entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente
determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de
producción (relaciones que las leyes refrendan), por el papel que representan
en la división social del trabajo y por el modo de percibir y la proporción en
que perciben la parte de la riqueza social de que disponen. Según E. Plimak y
A. Volodin (1984), la existencia de cada clase, sus funciones sociales y sus
relaciones con otras clases presuponen uno u otro modo de producción y
distribución, o sea, una determinada estructura socio-económica de la
sociedad.
Hablar de países en cualquier estudio económico
o geográfico es tan habitual que apenas nos paramos a pensar en la existencia
de otras relaciones más ajustadas a la realidad de los procesos. Esto es muy
frecuente en los trabajos investigación de muchas ciencias sociales que se
caracterizan por su carga idiográfica, descriptiva, clasificatoria y aséptica.
A lo largo de este artículo se ha hecho alusión constante a países y bloques
regionales porque constituyen un soporte teórico-conceptual cómodo para
explicar las relaciones comerciales entre dos vastos espacios económicos y muy
práctico para poder utilizar las estadísticas disponibles que existen sobre el
fenómeno. Es obvio que las conclusiones obtenidas no tienen por qué ser
incorrectas o inútiles, pero sí necesariamente incompletas y sesgadas,
ofreciendo una imagen irreal del mundo y de los procesos que en él se
desarrollan, si no fuera por la posibilidad de introducir interpretaciones
cualitativas alejadas de cualquier consideración idealista o metafísica.
Por lo que respecta a las relaciones comerciales
agroalimentarias entre el MERCOSUR y la UE, casi todos los investigadores que
han abordado el tema aluden al proteccionismo europeo, a la mayor presencia del
MERCOSUR en el comercio mundial, a los acuerdos del GATT o a la progresiva
liberalización comercial en el mundo, incluso algunos mencionan de pasada el
intercambio desigual entre ambos bloques, pero es difícil encontrar en la
bibliografía al uso una ponderación rigurosa de los intereses de cada clase
social y del carácter excluyente, contradictorio y desequilibrador del sistema
capitalista, lo que sería de gran ayuda para comprender y explicar mejor la
esencia de estas relaciones comerciales agropecuarias.
Debemos partir de la base de que el capitalismo
necesita crear desigualdades, exclusiones y desequilibrios para generar
beneficios y reproducirse, que es su fin último. Por lo tanto, la ligazón económico-comercial
entre el MERCOSUR y la UE responde a la lógica tradicional de dominación-dependencia,
esquema que también se impone en el interior de estos bloques regionales y en
el seno de cada país, es decir, todo norte alberga en su médula un sur
marginado y excluido al que se le asigna un papel de sumisión absoluta. En el
caso europeo ya hemos visto cómo los centros de decisión del norte del
continente utilizan las políticas agrícolas en su propio beneficio y a costa
del deterioro progresivo de la actividad agropecuaria en las naciones
meridionales menos prósperas. Incluso hay quien habla de la utilización de la
agricultura mediterránea como moneda de cambio ante las presiones
internacionales para que la UE abra sus mercados a la competencia exterior y
ante la firme posibilidad de consolidar en el MERCOSUR la actuación de los
sectores industrial y terciario comunitarios. En los países desarrollados, y en
muchos de los subdesarrollados, la agricultura representa un sector subordinado
y sometido a los dictámenes de la industria y las finanzas.
A este respecto llama la atención que el
vicepresidente de la Comisión Europea, el socialista español M. Marín,
defendiera el acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la UE manifestando
que la región latinoamericana es muy fuerte en muchas producciones, pero no en
las mediterráneas (Diario El País, Madrid -edición de la Comunidad
Valenciana- 10 de julio de 1998), lo que no supondría un perjuicio grave para
nuestros agricultores. La realidad agropecuaria del MERCOSUR desmiente estas
palabras porque no todas las producciones competitivas de estos países se
centran en los cereales, los lácteos y la carne de vacuno. El seguimiento estadístico
de los últimos años demuestra de forma nítida la fuerte expansión, tanto en
la producción como en las ventas al exterior, de otros aprovechamientos típicamente
mediterráneos. Es el caso del arroz, el tabaco, los zumos y los cítricos de
Brasil (Gómez López, 1993), las frutas y el arroz uruguayos, la miel
argentina, las frutas y la carne de ovino de Chile, el vino argentino y chileno,
las carnes de ave y cerdo brasileñas, el girasol argentino o el algodón de
Paraguay. El alcance de esta competencia sería mucho mayor si añadimos varios
rubros del tejido productivo industrial de los países del MERCOSUR que tienen
una procedencia agropecuaria y forestal y que también pugnan por agenciarse un
lugar en los mercados exteriores: calzado, cuero, textil o madera.
Quizás la lectura más acertada de esta realidad
se deba a F. Moraleda, secretario general del sindicato agrario español Unión
de Pequeños Agricultores (UPA), cuando dijo (Diario El País, Madrid, 5
de julio de 1999), aludiendo a los acuerdos con el MERCOSUR, que los
agricultores de la UE no estaban dispuestos a que se perjudicara a los pobres de
los países ricos, es decir, los campesinos, en beneficio de los ricos de los países
pobres, o sea, los grandes latifundistas y los operadores comerciales, que son
quienes rentabilizarían casi en exclusiva la apertura de las fronteras
europeas. En efecto, cualesquiera de los acuerdos firmados en el pasado reciente
por la UE con otras zonas del globo (Egipto, Túnez, Israel, Marruecos o
Jordania) para aumentar las importaciones agrícolas comunitarias, no ha servido
para mejorar las rentas de los agricultores de esos países, mientras que por el
contrario el aumento de las ventas sí ha hundido algunos mercados europeos,
como el de la carne, los ajos, los tomates, las frutas y hortalizas, el vino o
la miel.
Dentro de los propios países también existen
intereses encontrados, que siempre se desequilibran en favor de los sectores
económicos, clases sociales o grupos de presión más poderosos. V. Martín
(1996) afirma que el capital financiero español contribuye al desmantelamiento
de gran parte del tejido productivo nacional en nombre de la escasa rentabilidad
de las explotaciones agrarias y empresas industriales y a cambio de participar
en el reparto económico del mundo que llevan a cabo las potencias. Véase al
respecto la intensa penetración en Latinoamérica, en general, y en el
MERCOSUR, en particular, de las instituciones financieras del país y de las
empresas constructoras, energéticas y de comunicaciones a ellas vinculadas. Por
citar sólo dos casos, la inversión neta del Banco Santander en América Latina
hasta septiembre de 1998 ascendía a 360.000 millones de pesetas, mientras que
la del Banco Bilbao Vizcaya rondaba los 570.000 millones (Diario El País,
Madrid, 2 de septiembre de 1998). Por el contrario, según J. Alvarez Ramos
(1997), durante el periodo comprendido entre enero de 1993 y diciembre de 1996,
la inversión real española en América en agricultura, ganadería, explotación
forestal y pesca es de sólo 4.464 millones de pesetas, aunque asciende hasta
los 6.425 millones si añadimos la alimentación, las bebidas y el tabaco.
Por paradójico que parezca, dada la importancia
que en España tiene el sector agropecuario, nuestro país se ha convertido en
paladín de la causa latinoamericana, lo que le ha llevado a un acre
enfrentamiento con Francia durante las semanas previas a la celebración de la
reunión UE-América Latina en Río de Janeiro (junio 1999). De sobra son
conocidas las reticencias francesas a cualquier acuerdo comercial que ponga en
peligro su agricultura y su cultura rural. Su disposición alcanza como mucho a
posponer las negociaciones con el MERCOSUR sobre las reducciones tarifarias de
la UE para los productos agropecuarios hasta el año 2003, cuando ya se hubieran
celebrado las elecciones presidenciales previstas para el mes de mayo del 2002
(gran parte del apoyo electoral de J. Chirac proviene del medio rural) y
culminado la tanda de negociaciones de la Ronda del Milenio, que comienzan a
finales de 1999 y se prevé que se completen no antes de terminar el año 2003.
A partir de ahí se liberalizaría el comercio de forma gradual y progresiva,
pero siempre sin perder de vista los productos agropecuarios considerados
sensibles por Bruselas.
¿Y cuál es el papel de España en este
conflicto de intereses?. Sería loable que la imagen pública difundida como
valedora desinteresada del MERCOSUR en la UE y de defensa de los vínculos históricos,
lingüísticos y culturales se correspondiera con la más estricta realidad,
tanto como merece la solidaridad con los pueblos de estos países hermanos. Sin
embargo, no es descabellado pensar que la postura del Ejecutivo español, en
conjunción con los centros de decisión capitalistas de la UE, responde a
intereses más poderosos que los de la agricultura, que a fin de cuentas aporta
muy poco a la riqueza nacional y no tiene tanta capacidad de presión ni está
tan organizada sindicalmente como la francesa. Esos intereses poderosos no son
otros que los de la banca y los de algunos sectores a ella ligados, que están
obteniendo pingües beneficios en Latinoamérica y el MERCOSUR y no desean
verlos peligrar por una mera cuestión agraria. La presencia de bancos españoles
en estas regiones (Argentaria, Santander Central Hispano, Bilbao Vizcaya, Caja
Madrid, Popular) no ha dejado de aumentar durante los últimos años, bien de
forma directa, bien participando en el capital de las instituciones financieras
locales, incluso mediante la adquisición de algunas administradoras de fondos
de pensiones. Tampoco hay que olvidar la reciente expansión latinoamericana de
varias empresas, algunas privatizadas recientemente, de los sectores energético
y de comunicaciones (Telefónica, Abengoa, Repsol, Endesa, Gas Natural, Aguas de
Barcelona o Iberdrola).
En este sentido no se debe menospreciar nunca el
poder de los centros de decisión europeos y del capital financiero español
para reorientar la economía del país según sus conveniencias. Aun teniendo
España un desempleo crónico y un PIB muy inferior al de Alemania o Francia, la
banca de nuestro país consigue año tras año enormes beneficios netos (los más
altos de la UE) que curiosamente representan el doble de los que obtienen los
bancos alemanes o el triple que los franceses. Es un hecho real y contrastado
sus constantes demandas en aras de liberalizar la economía española y de
suprimir las empresas agrarias e industriales, a su juicio, poco rentables,
peticiones que se han logrado gradualmente desde nuestro ingreso en las
Comunidades Europeas en 1986. Incluso muchas de las empresas de estos sectores
que no han sido desmanteladas se ven absorbidas por capitales extranjeros cuya
presencia en la banca es insignificante. Sin embargo, las exigencias para los
demás no se aplican a uno mismo con tanta vehemencia, ya que la banca española,
y varias empresas energéticas participadas por el capital financiero,
permanecen incólumes pese a los importantes cambios, regulaciones,
privatizaciones, absorciones y entradas masivas del capital foráneo que ha
experimentado la economía del país en los últimos quince años. Para los
otros sectores económicos, liberalización; para ellos, proteccionismo amparado
por los sucesivos Gobiernos y el Banco de España (Navarro, 1999). Baste señalar
que los cuatro grandes bancos españoles (Santander Central Hispano, Bilbao
Vizacaya, Argentaria y Popular) alcanzaron un beneficio neto de 307.597 millones
de pesetas durante el primer semestre del año 1999, es decir, un 17'5 por
ciento más que en el mismo periodo de 1998 (Diario El País, Madrid, 26
de julio de 1999).
Todo esto demuestra bien a las claras que el
capital carece de nacionalidad, credo o etnia, irá allí donde pueda generar más
beneficios y reproducirse con eficacia, aunque para ello sacrifique la economía
de un país, ponga en entredicho el bienestar de amplias capas de la sociedad o
sirva a las estrategias de intereses superiores que ya han diseñado los modelos
socio-económicos que deberán imperar en cada zona del planeta. La descomposición
productiva aumenta la dependencia externa y, por lo tanto, el grado de
sometimiento de los países.
Según B. Ramírez (1995), el capital
internacional necesita la connivencia de las oligarquías locales y conciliar
sus intereses con los de ellas para cumplir sus objetivos y reproducirse. Esto
es, ni más ni menos, lo que resume las ideas expuestas arriba, que son válidas
tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. De este modo se
crea una alianza de intereses complementarios que genera una doble corriente de
contradicciones (países ricos-países pobres y explotados-explotadores) que se
unifican en un solo antagonismo entre los poseedores y los que no tienen nada,
entre los que tienen capacidad para tomar decisiones y los que deben acatar las
decisiones tomadas por otros, entre los que avanzan con el progreso de las
fuerzas productivas y los que no tienen participación en él o ejercen una
participación pasiva.
Las diferencias e intereses contrapuestos entre
los que deciden y los que acatan es mucho más acusada en cada uno de los países
del MERCOSUR que en la UE. Buena prueba de ello es que más de una década de
liberalización comercial, crecimiento económico, reformas estructurales y
equilibrio de la macroeconomía no ha servido para reducir sustancialmente la
secular pobreza, exclusión y desigualdad entre las clases sociales. La riqueza
generada en la región por el aumento de las exportaciones sigue concentrada en
muy pocas manos. De ahí que los grandes hacendados y las empresas exportadoras
sean los más interesados en profundizar el proceso de liberalización de la
economía y el comercio. A ellos beneficia de forma directa no sólo la
afluencia de inversiones y la más estrecha inserción del MERCOSUR en las redes
mercantiles mundiales, sino también el acuerdo económico-comercial con la UE.
Aunque esto no supone nada comparado con las ventajas que obtienen los países
centrales y sobre todo su plutocracia. A cambio de una mayor cuota
latinoamericana en los mercados internacionales de productos agropecuarios, que
muchas veces también está en manos extranjeras, la dominación sobre la
industria y los servicios regionales es manifiesta. La apertura del comercio
resulta en realidad contradictoria porque si bien ha impulsado las
exportaciones, ha ayudado a dominar la inflación y ha modernizado la producción
mediante inversiones en tecnología, también acentúa el desempleo, extiende la
pobreza, genera balanzas comerciales negativas y multiplica los salarios bajos,
ya que precisamente esto último es lo que alienta las inversiones extranjeras,
sobre todo en el sector exportador, con lo que un ciclo pernicioso vuelve a
iniciarse. Debido a esta circunstancia no hay crecimiento del mercado interno
regional y, por lo tanto, serán muy limitados y desiguales los beneficios que
reportan los acuerdos de libre comercio. En definitiva, ello significa,
siguiendo a E. Ermakova y V. Ratnikov (1986), que junto con la contradicción clásica
entre el trabajo y el capital, típica de la sociedad burguesa, se profundiza la
contradicción entre la mayoría de la nación y los monopolios, sean éstos
extranjeros o autóctonos.
La liberalización comercial completa puede
representar para el MERCOSUR la destrucción de su frágil industria, la absorción
de la totalidad de su sector terciario superior, la desaparición incluso de
muchos aprovechamientos agropecuarios y el aumento de las desigualdades
existentes, tanto por lo que respecta a las sociedades como a los territorios.
Algunos países de la región pueden verse seriamente perjudicados porque las
políticas liberalizadoras generarían una profundización de la división
regional del trabajo del sector agrario bajo el pretexto de la necesaria
especialización productiva y complementariedad económica entre las diferentes
áreas del bloque. Por lo que atañe al sector bovino de carne, es el caso de
Uruguay, que se dedicaría con preferencia a la cría del ganado, y de
Argentina, que podría concentrar el engorde de las reses y su sacrificio. Si
esta estrategia, defendida en algunos ámbitos regionales, llegara a culminar no
tardarían en dejarse sentir sus efectos negativos sobre el agro uruguayo, en
general, y el complejo cárnico, en particular, ya que el abandono de praderas y
el cierre de mataderos frigoríficos sería una consecuencia directa de la
disminución del valor añadido de la producción del país y el retraimiento de
una demanda industrial muy concentrada y ubicada en el exterior. Sobre la
influencia del MERCOSUR en la actividad pecuaria de la región, así como en
otros rubros agroalimentarios, resulta significativo el trabajo de S.M.
Verheijden y M.W. Verheijden (1997).
El dinamismo económico y exportador no puede
desarrollarse a partir de un nivel dado si las infraestructuras no acompañan su
progresión. La fluidez de los intercambios depende de la adaptación de las
carreteras, puentes, ferrocarriles, puertos, aeropuertos e hidrovías a las
nuevas necesidades. De ahí la puesta en marcha de varios proyectos (Mohr y
Hirsch, 1996; Segrelles, 1998) que han suscitado una viva polémica entre los
diferentes agentes sociales de la región porque los principales beneficiarios
son las empresas de construcción, exportación y transporte. Por supuesto, habría
que añadir el impacto ambiental que provocará la creación de esas nuevas
infraestructuras, unidas inevitablemente a la expansión de algunas producciones
agropecuarias, según ha estudiado N. Gligo (1998). La ejecución de estas obras
tiene como meta la agilidad mercantil de las explotaciones agrícolas,
ganaderas, forestales y mineras, autóctonas y foráneas, instaladas en la zona,
respondiendo además a los intereses de una elite que consigue ventajas de un
transporte que ha sido pagado con fondos públicos pero para un fin privado. La
mayoría de la población no obtiene ningún provecho, asume la pérdida de
recursos y ve alejarse unas inversiones selectivas que financian actividades que
no cubren sus necesidades elementales, como la sanidad y la educación
(WWF-ICV-CEBRAC, 1994). A esta situación no son ajenos ciertos organismos
financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
que en el área litoral del río Uruguay impulsó un programa de apoyo a la
construcción y mejora de caminos rurales y a la electrificación del área con
el objetivo explícito de facilitar el acceso hasta los productores por parte de
las firmas transnacionales lácteas Parmalat y Nestlé, recientemente instaladas
en territorio uruguayo (López Gallero, et al, 1997).
Por otro lado, la desmesurada extensión
territorial de la región hace que sea difícil concebir un MERCOSUR real y
efectivo, desde el punto de vista económico-comercial, al sur del valle del río
Negro (Argentina) y al norte del Estado de Minas Gerais (Brasil), puesto que en
un radio de 1.500-1.800 kilómetros a partir de Uruguay se concentra el 70 por
ciento de la producción de bienes y servicios de toda Sudamérica. El trazo de
esta circunferencia abarca varias provincias argentinas cuyas capitales
constituyen las principales ciudades del país (Buenos Aires, Rosario, Tucumán,
Santa Fe, Córdoba o Mendoza), Asunción y el área suroriental paraguaya y los
Estados meridionales brasileños de Sâo Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río
Grande do Sul. Dicha área, que afecta a los cuatro países del MERCOSUR, será
articulada por el proyecto de construcción del eje viario Buenos
Aires-Montevideo-Sâo Paulo, a lo largo del cual encontramos los mayores niveles
económicos y de consumo de la región y del subcontinente, así como
importantes economías externas y de aglomeración que rentabilizan al máximo
las actividades productivas, no sólo las industriales y terciarias, sino también
las agropecuarias. Esta zona regional es la que está experimentando con más
intensidad el crecimiento económico y la expansión comercial del MERCOSUR, de
forma que la concentración de la actividad económica influirá todavía más
en la creación de desequilibrios territoriales internos en todos los países y
en la extensión de la pobreza, sobre todo en el medio rural (Buxedas, 1998). A
este respecto se debe tener en cuenta que el mercado y las nuevas perspectivas
que se abren con el acuerdo MERCOSUR-UE constituyen un estímulo para la inversión,
la producción y la exportación que desarrollará todavía más el peso económico
del área mencionada.
Es muy probable que el acicate mercantilista
conduzca a una intensificación de los sistemas productivos agropecuarios, lo
que llevaría consigo un potencial deterioro del medio y un incremento de la
dependencia externa provocada por la adquisición de ciertos insumos
imprescindibles para la producción. La intensificación del uso de los suelos
agrícolas, ganaderos y forestales ya utilizados puede representar notables
ventajas económicas, pero se debe evitar todo desarrollo que no sea sostenible
(Fernandes Nunes, 1999) y que ejerza más presión sobre las fronteras
agropecuarias, fundamentalmente por lo que atañe al proceso de desarrollo
ganadero de algunos territorios frágiles, como el Chaco paraguayo y la Amazonía
brasileña. Incluso se corre el peligro de que la necesidad de producir aquello
que demanda el mercado extienda de forma abusiva las producciones destinadas a
la venta, contribuyendo así a la degradación de la fertilidad de la tierra y a
la pérdida progresiva de la diversidad biológica y agrícola de estos países.
El aumento de las inversiones agropecuarias y de
las exportaciones no va a contribuir por sí mismo a mitigar las profundas
desigualdades socio-económicas existentes en el MERCOSUR. Es más, quizás la
acentúen, ya que la prevalencia de las relaciones mercantiles, fomentadas por
el proceso de globalización, contribuye a ahondar el antagonismo entre los dos
modelos de aprovechamiento agropecuario que coexisten en el mismo espacio: el de
tipo empresarial, dinámico y moderno, cuya producción se destina al mercado
exterior, y el campesino, que dado su atraso y pobreza se ve afectado por un
proceso selectivo que empobrece a los agricultores y los obliga a abandonar su
medio de vida, engrosando la masa que emigra a las ciudades o al extranjero, tal
como ha estudiado con acierto H. Avila (1999). En esta misma línea se encuentra
el trabajo de C. Pedone (1999) sobre el comportamiento económico de los agentes
sociales y sus interrelaciones en la producción y comercialización de
productos hortícolas en una zona concreta de Mendoza (Argentina).
La industria y los servicios de los países
desarrollados pudieron absorber progresivamente los excedentes demográficos del
campo sin que por ello disminuyera la productividad agraria. No en vano este éxodo
rural masivo estuvo impulsado tradicionalmente por el capitalismo para que
engrosara, desde la época de la Revolución Industrial, las filas de un ejército
de reserva de mano de obra que permitía presionar los salarios a la baja y así
garantizar el óptimo beneficio del capital invertido en las manufacturas
urbanas. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo la emigración
agrorural no ha sido compensada por el aumento de la productividad agraria. La
afluencia masiva de campesinos excluidos ha desbordado la capacidad de acogida
de unas urbes descomunales, que van camino del colapso, y la disposición de
empleo en los sectores secundario y terciario. La inmensa mayoría de los recien
llegados se ven abocados al paro (real o encubierto), a los empleos precarios,
al trabajo ocasional o a la actividad en la economía sumergida, por no aludir a
la prostitución, la mendicidad o la delincuencia.
El crecimiento económico-comercial debería ir
acompañado de una mejor distribución de la riqueza y de la tierra, de un
aumento de la instrucción y educación y de un categórico propósito por parte
de los gobernantes y de la sociedad de transformar la estructura social y económica
de sus países. Sin embargo, existen muchos motivos para ser escéptico, aunque
con dolor, por lo que atañe a América Latina y el MERCOSUR. Ya no se trata sólo
de una lucha comercial contra la UE para que ésta abra sus mercados
agroalimentarios, pues la consecución de dicho objetivo es cuestión de tiempo,
sino más bien del freno que para su desarrollo suponen una serie de factores
externos e internos, es decir, al sometimiento y dependencia tradicionales
respecto a los dictámenes de los países ricos se suma la pobreza rural y
urbana, la desigualdad y el injusto reparto de la riqueza. A todo esto habría
que añadir las graves repercusiones que puede acarrear la reciente crisis
monetario-financiera brasileña, puesto que se ha desembocado en una disputa
económica entre los dos gigantes de la región, Argentina y Brasil, que socava
la necesaria unidad para reivindicar la igualdad de oportunidades en los
intercambios comerciales y amenaza al mismo tiempo con la propia disolución de
su incipiente mercado común.
Es lógico que la devaluación de la moneda
brasileña afecte a toda la región porque se trata de economías muy imbricadas
e interdependientes. Así resulta difícil que los problemas de un mercado
nacional no repercutan directamente en el resto. La depreciación del real ha
puesto en ventaja clara a las exportaciones brasileñas, pues no olvidemos que
el peso argentino y el dólar se hallan equiparados. Durante varios meses,
Argentina, con su mercado inundado de productos procedentes de Brasil, ha estado
acusando a su vecino de poner trabas al libre ingreso de sus productos en el
mercado brasileño, sobre todo a las carnes, lácteos, trigo, harina, algodón y
alimentos en general, pero el detonante principal radica en la decisión de
Brasil de conceder beneficios fiscales y subvenciones a la empresa
norteamericana Ford para instalar una gran factoría en el Estado de Bahía
(Diario Cinco Días, Madrid, 28 de julio de 1999), lo que Argentina
estima contrario a la política común prevista para el automóvil dentro del
MERCOSUR. Su respuesta ha sido rápida: medidas restrictivas, como reducción de
cupos y elevación de aranceles, a la importación de productos brasileños. Por
lo tanto, las acusaciones de proteccionismo y de violar el espíritu del
MERCOSUR son mutuas y ponen en peligro la continuidad de este bloque económico-comercial,
pero no sólo a causa de esta absurda, aunque previsible, guerra fratricida,
sino también porque las frecuentes devaluaciones monetarias, producto de
diversos ataques especulativos, benefician a los países ricos, fundamentalmente
a Estados Unidos, que ven revalorizadas sus divisas y pueden obtener más
mercancías por la misma cantidad de dinero. De este modo se pierde la esperanza
de romper la vieja cadena DOMINACION-exclusión-desigualdad-pobreza-DEPENDENCIA.
Conclusión
La globalización y la regionalización son dos
procesos complementarios que se desarrollan de forma simultánea y están
vinculados a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, o lo
que es lo mismo, a los del capitalismo mundial. Es lógico pensar, entonces, que
la progresiva liberalización comercial en el mundo, auspiciada por el auge del
neoliberalismo, estará necesariamente presidida por un intercambio desigual que
se ajusta a unas relaciones entre países, o bloques económicos, de dominación-dependencia.
El reciente Acuerdo Marco Interregional de
Cooperación Comercial y Económica entre el MERCOSUR y la UE sólo puede estar
enmarcado por este contexto teórico. Algunos planteamientos hacen hincapié en
el potencial modernizador, el supuesto acceso a la renovación tecnológica y la
expansión económico-comercial que puede representar el MERCOSUR, pero se
olvida que la dependencia externa forma parte del mundo real y que las
condiciones impuestas por el neoliberalismo impiden que la región consiga
desarrollarse desde su propio seno. Asimismo, la fe ciega en las fuerzas del
mercado supone de hecho facilitar la acción de los países centrales y de sus
empresas transnacionales para dirigir en su beneficio exclusivo el proceso de
integración regional. De esta forma, el MERCOSUR continúa realizando su
tradicional y pasivo papel como fuente de aprovisionamiento de materias primas
baratas para el mundo desarrollado y de receptor de productos elaborados. A esto
habría que añadir desde hace una década las enormes facilidades para realizar
jugosas inversiones, que se encuentran alentadas por la existencia de bajos
salarios y por las múltiples privatizaciones que se han llevado a cabo en el área
como consecuencia de las exigencias de las políticas neoliberales impuestas por
las potencias y los organismos financieros internacionales a su servicio.
Las firmas transnacionales constituyen
gigantescos conglomerados ligados a las finanzas, a la industria, al comercio, a
la tecnología y a otros servicios diversos. Para desarrollarse, maximizar sus
ganancias y aumentar el proceso global de acumulación del capital precisan de
la existencia de normas económico-mercantiles internacionales y de la mayor
liberalización comercial posible. Por lo tanto, se puede decir que la fuerza
motriz de estas tendencias en el mundo actual procede de las empresas
transnacionales. Incluso las presiones del GATT y la OMC para conseguir un
comercio mundial libre de trabas aduaneras en el sector agroalimentario están
en gran medida relacionadas con algunas corporaciones transnacionales, sobre
todo estadounidenses, que monopolizan los intercambios mercantiles de estos
productos. De ahí que el contencioso entre el MERCOSUR y la UE para que las
producciones agropecuarias latinoamericanas puedan acceder al mercado
comunitario con más facilidad no se circunscribe sólo a estos dos actores,
sino que implícitamente incluye también a Estados Unidos.
Pese a la creciente subordinación de la
agricultura a los intereses industriales, comerciales y financieros y a su
progresiva pérdida de importancia en la riqueza de las naciones, tanto
desarrolladas como subdesarrolladas, es precisamente el capítulo agrícola el
que más controversias está suscitando en las negociaciones entre el MERCOSUR y
la UE para conformar una zona de libre mercado. El sometimiento a otros
intereses y su escasa participación en el PIB de los países no significa que
no se trate de un sector estratégico que todos intentan proteger o potenciar.
Unos porque creen que el auge de las exportaciones agropecuarias sentará las
bases de su posterior desarrollo económico general; otros porque intentan
mantener su autosuficiencia alimentaria y, además, son conscientes de la
importancia social y ambiental de la agricultura. Buena prueba de ello es que
las sucesivas rondas del GATT lograron pocos avances y no fueron capaces de
eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios que impiden el libre
acceso de los productos agroalimentarios a los mercados mundiales (Raghavan,
1990). Habrá que esperar hasta la recien concluida Ronda Uruguay (1994) para
encontrar un claro propósito de liberalizar los intercambios comerciales de
este sector, ya que sólo durante los últimos años los países desarrollados,
como por ejemplo los de la UE, se ven obligados a cambiar de actitud ante el carácter
insostenible de la generación crónica de excedentes y de los elevados costes
presupuestarios que implica la protección de la actividad agropecuaria.
No obstante, ante la firma y sucesivas
negociaciones del Acuerdo Interregional de Cooperación Comercial y Económica
entre el MERCOSUR y la UE, siguen existiendo posturas encontradas sobre los
productos agroalimentarios, pues el bloque latinoamericano considera que un
tratado de estas características no puede ni debe excluir un sector tan vital
para sus economías, que es lo que pretende la UE para salvaguardar su
agricultura de las muy competitivas producciones agropecuarias de los países
del MERCOSUR. Es evidente, por otro lado, que aun eliminando las trabas
existentes para el acceso de estos productos a los mercados comunitarios, las
relaciones entre ambos bloques se ajustarían a un intercambio desigual y a un
esquema dominación-dependencia que ya se manifiesta por la expansión que las
empresas europeas de los sectores industrial y terciario superior están
teniendo en estos países al amparo de las masivas privatizaciones que fomenta
el empuje neoliberal.
Sin embargo, no todo es tan sencillo como asumir
la preeminencia de unas desequilibradas relaciones económico-comerciales, políticas
y tecnológicas entre diferentes países o grupos de ellos. La lógica del modo
de producción capitalista es la de crear servidumbres, desequilibrios,
contradicciones y antagonismos, tanto por lo que respecta a los territorios como
por lo que atañe a los grupos sociales. De ahí que no se pueda reducir todo a
una mera, aunque importantísima, desigualdad entre ambos bloques o a la
existencia de un grupo de naciones dominantes frente a otro que se limita a
acatar sus dictámenes. Este antagonismo nacional, a mi modo de ver, es superado
por otro antagonismo social mucho más clarificador de los verdaderos procesos
que mueven a la sociedad y organizan el espacio.
Aparte de que en la propia UE también hay países
dominantes, los del norte, y países dependientes, los del sur, que tienen
características agrarias diferentes e intereses contrapuestos respecto al
sector agropecuario, lo más determinante para los socios con agriculturas menos
competitivas, como las mediterráneas, es la actitud de una elite
financiero-industrial a la que no le importa sacrificar este sector en sus
respectivos países a cambio de expandirse o consolidar su presencia en el
mercado emergente que representa el MERCOSUR.
Por otro lado, el libre acceso al mercado europeo
no beneficia a la totalidad de la sociedad de las naciones latinoamericanas,
sino que los principales beneficiarios son los terratenientes y los grandes
exportadores. Además, esta apertura comercial ahondaría más las diferencias
entre las modernas y capitalizadas explotaciones volcadas al comercio exterior y
las pobres, marginales y excluidas explotaciones campesinas. Y eso sin contar el
impacto ambiental, territorial y social que supondría la intensificación
productiva, el avance de la frontera agropecuaria, la colonización agrícola y
ganadera de espacios frágiles, la concentración de la actividad económica en
unas áreas en detrimento de otras o la construcción de infraestructuras para
agilizar los intercambios, ya que la liberalización del comercio constituye un
nítido estímulo para aumentar la producción, exportarla con eficacia y
rapidez y crear desequilibrios socio-económicos entre diferentes zonas de la
región.
En definitiva, el antagonismo entre el mundo
desarrollado de la UE y el subdesarrollado del MERCOSUR limita las posibilidades
de desarrollo autónomo de la región. Prueba fehaciente de ello, a pesar del
relativo crecimiento económico y del dominio sobre la inflación, son las
sucesiva crisis monetario-financieras que azotan a estos países e incrementan
su axfisiante deuda externa. El último episodio, con miles de millones de dólares
huyendo del país para buscar refugio seguro en las naciones centrales, es la
reciente devaluación del real brasileño, que ha supuesto graves problemas con
los demás países miembros, una vuelta al proteccionismo y un riesgo cierto de
disolución del propio MERCOSUR que privaría de todo su sentido al acuerdo con
la UE.
En cualquier caso, todo parece indicar que en el
futuro inmediato va a emerger de forma bien visible un histórico antagonismo
entre clases sociales por el que los pobres de los países ricos (los
agricultores) se verán perjudicados en beneficio de los ricos de los países
pobres (los latifundistas y operadores comerciales). Es más, teniendo en cuenta
las condiciones de reproducción del capital, las elites dominantes locales son
absolutamente necesarias para que el capitalismo internacional pueda implantarse
o arraigar su actividad en el territorio.
BIBLIOGRAFIA
ALONSO, J.M. et al. Se nos vino el
MERCOSUR. Los trabajadores en el proceso de integración. Montevideo:
FESUR-CIEDUR, 1996.
ALVAREZ RAMOS, J. Sectores prioritarios para la
inversión agroalimentaria española en América. Nuevas oportunidades para el
comercio agroalimentario recíproco. In GONZALO, M. y LAMO DE ESPINOSA, J.
(coords.). Oportunidades para la inversión y el comercio agroalimentario
español en América. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
1997, p. 401-425.
AVILA SANCHEZ, H. La dinámica actual de los
territorios rurales en América Latina. Scripta Nova. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, 1999, nº 45 (40), 7 p.
BARO HERRERA, S. Globalización y desarrollo
mundial. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1997.
BAUDET, B. The Agricultural Trade War.
Bruxelles: Bureau d'Informations Européennes, 1984.
BUXADE CARBO, C. Expectativas de la ganadería
española en el MERCOSUR. Mundo Ganadero, 1996, nº 82, p. 4-5.
BUXEDAS, M. Mercado y política. Lecciones de
la experiencia de la CEE y del NAFTA. Montevideo: CIEDUR, 1993.
BUXEDAS, M. MERCOSUR y TLC: convergencias,
divergencias y negociación. Montevideo: FONDAD-Uruguay, 1994.
BUXEDAS, M. Mercosud e Unione Europea: 4+15 fa più
di 19?. La Questione Agraria, 1996, nº62, p.187-195.
BUXEDAS, M. MERCOSUR: el papel de la agricultura
con la relación a la pobreza y la alimentación. In RECA, L. and ECHEVERRIA, R.
(comp.). Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina.
Washington: IFPRI-BID, 1998, p.121-166.
CEBRIAN ABELLAN, A. Algunas dimensiones negativas
de la globalización en Iberoamérica. El ejemplo de Guatemala. Scripta Nova.
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 1999, nº 45 (10),
10 p.
CIRIO, F.M. El sector agroalimentario en el
MERCOSUR: evolución y oportunidades. In GONZALO, M. and LAMO DE ESPINOSA, J.
(coords.). Oportunidades para la inversión y el comercio agroalimentario
español en América. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
1997, p.197-226.
COMUNIDAD EUROPEA. La política agrícola común.
Documento 4/85. Madrid: Comisión de las Comunidades Europeas, 1985.
COMUNIDAD EUROPEA. Una Política Agraria Común
para los años noventa. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, 1989.
CORRÊA, R.L. Os Centros da Gestâo e seu Estudo.
Revista Brasileira de Geografia, 1989, nº 30, p.109-119.
CORRÊA, R.L. Corporaçâo, Práticas Espaciais e
Gestâo do Territorio. Revista Brasileira de Geografia, 1992, nº 54,
p.115-121.
CORRÊA, R.L. Los centros de gestión del
territorio. GeoUruguay. Revista Uruguaya de Geografía, 1997, nº 1,
p.54-64.
CRUZ VILLALON, J. Nueva dinámica de los espacios
rurales. Actas del XII Congreso Nacional de Geografía. Valencia (España):
Asociación de Geógrafos Españoles-Universidad de Valencia, 1991, p.257-267.
DUNNING, J. Globalization, Economic
Restructuring and Development. Geneva (USA): UNCTAD, 1994.
ERMAKOVA, A. and RATNIKOV, V. ¿Qué son las
clases y la lucha de clases?. Moscú: Progreso, 1986.
FERNANDES NUNES, E.J. Ordenación del territorio
y desarrollo regional sostenible en la región sur de Bahía, Brasil. Scripta
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 1999, nº 45
(17), 10 p.
GLIGO, N. Impacto ambiental del MERCOSUR en la
agricultura. In RECA, L. and ECHEVERRIA, R. (comp.). Agricultura, medio
ambiente y pobreza rural en América Latina. Washington: IFPRI-BID, 1998,
p.169-190.
GOMEZ LOPEZ, J.D. La introducción y expansión
de nuevos cultivos en el noroeste del Estado de Paraná (Brasil) a través del
asociacionismo agrario. El caso de la cooperativa Cocamar. Actas del VII
Coloquio de Geografía Rural. Córdoba (España): Asociación de Geógrafos
Españoles, 1993, p.559-566.
HOUTART, F. La mondialisation de l'économie.
Louvain-la-Neuve (Belgique): CETRI, 1994.
KOURLIANDSKY, J.J. Europa frente a las
expectativas latinoamericanas. Le Monde Diplomatique, marzo 1997,
p.14-15.
LAMO DE ESPINOSA, J. Los nuevos desafíos de la
agricultura mundial. In GONZALO, M. and LAMO DE ESPINOSA, J. (coords.). Oportunidades
para la inversión y el comercio agroalimentario español en América.
Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1997, p.21-40.
LOPEZ GALLERO, A. et al. Integración
globalizadora y sector lácteo. Buenos Aires: VI Encuentro de Geógrafos de
América Latina, 1997.
MAAS, J.H.M. and SEGRELLES SERRANO, J.A. South
and North in the European Union: the Livestock-Meat Sector of Spain and the
Netherlands. In VAN NAERSEN, T., RUTTEN, M. and ZOOMERS, A. (eds.). The
Diversity of Development (Essays in Honour of Jan Kleinpenning). Assen: Van
Gorcum, 1997, p.412-422.
MARTIN MARTIN, V. La Geografía, la Unión
Europea y el desarrollo rural. Actas del VIII Coloquio de Geografía
Rural. Jaca (Huesca): Universidad de Zaragoza-Asociación de Geógrafos Españoles,
1996, p.237-249.
MATA, J. and DOWELL, J. El terrorismo del dinero.
Integral, 1989, nº 109, p. 512-518.
MENDOZA, J.R. Alternativas de futuro para el
desarrollo del medio rural. In Anuario La Tierra. Madrid: Unión de Pequeños
Agricultores (UPA), 1996, p.31-35.
MOHR, T. and HIRSCH, D. Megaproyectos en América
Latina: un enfoque diferente. In La Unión Europea, Mercosur y el medio
ambiente. Bruselas: Oficina Europea del Medio Ambiente (BEE), 1996, p.60-67.
NAVARRO, V. Una victoria del neoliberalismo.
Madrid: El País, 1999 (26 de mayo), p.19-20.
PEDONE, C. Territorios marginales y globalización.
Organización social agraria en un área del margen del Oasis Norte, Mendoza
(Argentina). Scripta Nova.
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 1999, nº 45 (12),
13 p.
PLIMAK, E. and VOLODIN, A. Cómo se desarrolla
la sociedad. Moscú: Progreso, 1984.
RAGHAVAN, Ch. Un GATT sin cascabel. La Ronda
Uruguay, una sigilosa reconquista del Tercer Mundo. Montevideo: Red del
Tercer Mundo, 1990.
RAMIREZ VELAZQUEZ, B.R. La Región en su
Diferencia: los Valles Centrales de Querétaro 1940-1990. Puebla; México
D.F.; Querétaro: Editorial Red Nacional de Investigación Urbana; Universidad
Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco); Universidad Autónoma de Querétaro,
1995.
SEGRELLES SERRANO, J.A. Montevideo: el futuro
puerto del MERCOSUR. Mahón (Menorca): Terceras Jornadas sobre Estudios
Portuarios y Marítimos, 1998.
SEGRELLES SERRANO, J.A. Viejas
ideas, nuevas estrategias: una reflexión sobre el MERCOSUR y la mundialización
de la economía. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y
Ciencias Sociales, 1999, nº 45 (11), 13 p.
SEGRELLES SERRANO, J.A. La ganadería intensiva
en Uruguay: una posibilidad real para los productores españoles en el MERCOSUR.
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 1999, nº 184 (en
prensa).
VERHEIJDEN, S.M. and VERHEIJDEN, M.W. The
impact of MERCOSUR on Southern Cone agribusiness. Utrecht: Rabobank
International, 1997.
VIERI, S. La Politica Agricola Comune. Dal
Trattato di Roma alla Riforma Mac Sharry. Bologna: Edagricole, 1994.
WWF-ICV-CEBRAC. Hidrovia Paraguai-Paraná, ¿Quem
paga a conta?. Brasilia, 1994.
(*) "Este artículo se
enmarca dentro del proyecto Los
intercambios agroalimentarios entre el MERCOSUR y España ante la liberalización
del comercio mundial. Posibilidades inversoras de las empresas españolas y
valencianas del sector agropecuario en el Cono Sur latinoamericano,
financiado por la Dirección General de Enseñanzas Universitarias e © Copyright José Antonio Segrelles 1999 José
Antonio Segrelles Compartir Publicación enviada por José Antonio Segrelles Contactar mailto:ja.segrelles@ua.es Código ISPN de la Publicación EpZpZFuAFVgUegOUPk Publicado Saturday 6 de December de 2003 Ultimas Publicaciones en ilustrados.com
ilustrados.com nace con el fin difundir el conocimiento publicando trabajos de investigación, monografias, tesis, presentaciones powerpoint y afines. Publicar trabajos en ilustrados.com ha alcanzado prestigio y reconocimiento internacional siendo cada vez más el número de académicos, empresas, investigadores, científicos que consultan las publicaciones de nuestro portal. | |||||||||
