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Transgénicos sin control en el Cono Sur
Resumen: El gobierno de Luiz Inacio "Lula" da Silva acaba de autorizar "provisionalmente" el cultivo de soja transgénica en Brasil. La decisión ha significado un duro golpe a las organizaciones sociales que buscaban detener ese cultivo, impacta negativamente en la imagen del gobierno del PT, y tendrá repercusiones, también negativas, en los demás países de la región.
Publicación enviada por Gerardo Evia
La decisión de Brasilia es una muestra más de las
graves carencias en la región para manejar ese tema. Un análisis de esa
situación tiene diferentes lecturas e implicancias en distintas dimensiones:
ambientales, comerciales, y políticas. Pero además pone en cuestión la
capacidad de muchos de nuestros países para mantener niveles mínimos de
autonomía y decisión sobre temas trascendentes para el desarrollo.
Las de marchas y contramarchas que durante años tuvieron lugar dentro del
intrincado marco institucional brasileño, habían determinado hasta ahora la
prohibición formal para el cultivo de soja transgénica. Cambiando esa situación,
el gobierno brasileño acaba de promulgar la Medida Provisoria Número 131 que
autoriza con condiciones y en forma "provisoria" el cultivo de soja
transgénica en la próxima zafra, con semilla disponible actualmente por los
productores, así como la comercialización del producto hasta diciembre de
2004.
Hasta ahora el cultivo de esa variedad estaba formalmente prohibido en Brasil,
pendiente en última instancia de los resultados de estudios de impacto
ambiental. En los hechos era públicamente reconocido que miles de hectáreas
venían siendo cultivadas en forma ilegal con semilla contrabandeada desde
Argentina, fundamentalmente en Río Grande del Sur, donde se la conoce como
"Soja Maradona" (por el jugador de fútbol argentino). Se estima que
el 8% de la producción de soja de Brasil sería transgénica.
Teóricamente la decisión del gobierno de Brasil es justificada como un intento
de terminar con una situación anómala, y blanquear una situación de hecho
para re-asumir el control sobre lo que ocurre en esa materia hasta tanto el tema
se resuelva definitivamente. Antes de Lula, el gobierno de Fernando Henrique
Cardozo venía mirando para otro lado, sin tomar medidas serias, y con ello
comprometiendo la credibilidad del país en la materia. La administración Lula
asumiría con esta medida la responsabilidad de reconocer la situación y
retomar el control. Sin embargo, ese movimiento deja bajo cuestión las premisas
sobre las que se basa la autonomía de nuestros países
El debate en Brasil sobre este tema retoma diferentes perspectivas y vuelve a
abrirse la discusión sobre las consecuencias para el ambiente y la salud de las
personas del uso de estos productos. Se destaca la posición del Ministerio del
Ambiente que sostiene la necesidad de un exhaustivo estudio de impacto ambiental
que tome en cuenta las condiciones locales previo a su aprobación. Sin embargo
la medida se toma en contra de la opinión de la ministra M. Silva, enviando un
claro mensaje de la subordinación de la gestión ambiental.
También existen fuertes discrepancias jurídicas sobre las diferentes medidas
que han sido adoptadas en los ámbitos legislativo, administrativo y judicial en
torno a este tema y que en última instancia llegan a cuestionar la
constitucionalidad de la MP 131.
Finalmente, aunque no menos importantes son las implicancias económicas para el
país, para la región y para el mundo. Basta recordar que Brasil pasaría a ser
este año el primer exportador de soja del mundo.
El proceso de adopción de la "medida provisional" implicó la
participación del propio presidente Lula, quien habría telefoneado
especialmente desde el exterior al vicepresidente Alemcar para instarlo a que
firmara la medida. Se han sucesido acusaciones de de legalizar lo ilegal,
incluso se ha dejado en evidencia que la posición de Lula contradice su postura
en la campaña electoral en contra de los transgénicos.
Entre las posiciones a favor de la medida se destacan algunas que resultan
preocupantes, como por ejemplo las de Leila Oda, presidente de la Asociación
Nacional de Bioseguridad (ANBio), y Ywao Miyamoto, presidente de la Asociación
Nacional de Productores de soja quienes afirman que la única forma de controlar
lo que se produce es la legalización de los transgénicos, ya que existe una
demanda concreta de los agricultores por esas semillas. La legalización también
permite, según afirmó la Sra. Oda, proteger al sector productor de semillas ya
que la soja contrabandeada no paga impuestos ni se controla su calidad.
Este tipo de argumentos que sostienen la convalidación de los hechos consumados
y la postura de los intereses de determinados sectores por encima del interés
general. Son posiciones frecuentes de escuchar en nuestros países y muchos
jerarcas gubernamentales los esgrimen como argumentos para la toma de
decisiones.
En Uruguay, a propósito de la reciente decisión del gobierno de aprobar una
variedad de maíz transgénico, el ministro de agricultura de ese país sostenía
entre otros argumentos que la población uruguaya ya estaba consumiendo ese tipo
de granos que eran importados de Argentina en forma indiscriminada. A su juicio,
la aprobación de ese evento en Uruguay venía a "regularizar" dicha
situación.
Tales argumentos resultan asombrosos en tanto implican renunciar a las más mínimas
potestades de los Estados para regular y tomar decisiones sobre asuntos de interés
general. Siguiendo esa idea, ¿cuál es el sentido de mantener estructuras
legales, burocráticas y regulatorias? Esa perspectiva promueve dejar al mercado
actuar libremente y no falta quien la defienda en tanto evita la onerosa carga
que todas esas estructuras representan para nuestros pueblos. Obviamente esa
perspectiva lleva a posiciones sin sentido.
Sin embargo ese tipo de argumentos no parece aplicarse en todos los ámbitos ni
para todos los temas, sino que sólo se aplican en tanto no afectan o afectan a
determinados sectores. De hecho los gobiernos no renuncian a combatir el
contrabando de otro tipo de productos, ni renuncian a la defensa de sus
fronteras frente a otro tipo de "agresiones" potencialmente menos dañinas.
Cabe preguntarse también si será posible para las autoridades brasileñas,
establecer el efectivo control de los detalles y condicionalidades que implica
la nueva medida. Esto es, su carácter provisorio se basa justamente en el
establecimiento de condicionalidades que exigen discriminar el destino de la
soja transgéncia, como semilla o para uso industrial, controlar el tránsito
entre estados y entre productores, y hasta la prohibición de su cultivo en áreas
de protección. Si durante años fue imposible controlar la introducción ilegal
y la plantación de decenas de miles de hectáreas en forma irregular, ¿es creíble
que puedan establecerse ahora estos controles mucho más complejos?
Todo esto pone de manifiesto nuevamente la necesidad de articulación de
estrategias y políticas comunes en la región para encarar los temas
ambientales, productivos y de desarrollo en general. De lo contrario será difícil
mantener la autonomía necesaria para definir estrategias en beneficio de las
mayorías de nuestras naciones.
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Publicación enviada por Gerardo Evia
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Código ISPN de la Publicación EpylppykAAslEOAFBW
Publicado Tuesday 4 de November de 2003
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