Monografias | Acabar con la desaparición forzada en México, una tarea colectiva

Amnistía Internacional, FEDEFAM y otros organismos de derechos humanos sostienen que, en poco más de veinte años (1966-1986), noventa mil personas fueron víctimas de esta aberrante práctica en diferentes países de América Latina. Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares.

Foro Contra la Represión, la Detención y Desaparición de Luchadores Sociales en Oaxaca y el País

Cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto el crimen perfecto: dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito. La práctica de la desaparición forzada surgió en América Latina en la década del sesenta. Desde el primer momento, las desapariciones forzadas mostraron los signos de lo que a través de los años llegó a constituir el método principal de control político y social en ese país: impunidad y absoluta trasgresión de las leyes más elementales de convivencia humana. Amnistía Internacional, FEDEFAM y otros organismos de derechos humanos sostienen que, en poco más de veinte años (1966-1986), noventa mil personas fueron víctimas de esta aberrante práctica en diferentes países de América Latina. Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares.

Países como México, Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, son o han sido escenarios de la misma.
Fueron refinando el método este adquirió ciertas características que es posible establecer en nivel general: a) Las desapariciones forzadas forman parte del trabajo de la inteligencia militar; b) Su práctica es centralizada y dirigida desde el más alto nivel de decisión militar en orden descendente a través de los aparatos de inteligencia; c) Es clandestina. Desarrolla un aparato que incluye grupos operativos, locales de reclusión, vehículos, armamento, disfraces; médicos y psiquiatras que contribuyen en la fase del interrogatorio; etc.; y, d) Desarrolla a la par una campaña de manipulación psicológica en búsqueda de la aceptación social del método y el resguardo de su impunidad (1).

En México la práctica de la detención desaparición se inició a finales de los años 60's. Sigue las mismas pautas latinoamericanas, fue una política de Estado, realizada por el ejército, cuerpos policíacos y sus instituciones con el objetivo de eliminar a la oposición. 

Existen más de 1300 desaparecidos (2). La mayoría formaron parte de organizaciones -que han llamado guerrilleras- que luchaban por transformar la sociedad, por lograr el uso racional de los recursos materiales y humanos, la distribución de la riqueza en base al trabajo y no en base a la propiedad privada, es decir que luchaban por un sistema socialista, por las reivindicaciones campesinas y de los trabajadores. Militaban en la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), el Partido de los Pobres, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Frente Estudiantil Revolucionario (FER), etcétera.
Ahora no sólo el Estado desaparece, el crimen organizado ha adoptado esta práctica represiva, sobre todo en el norte del país. 

El Fiscal Especial

Después de muchos años de movilizaciones, de denunciar al gobierno y de la caída del PRI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Fox han reconocido que en años anteriores se desaparecía a luchadores sociales. Fox acordó diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (3), solicitó al Procurador General de la República nombrar un Fiscal Especial, agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de concentrar y conocer de las investigaciones, de integrar las averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales o políticos, así como de perseguir los delitos que resulten ante los tribunales competentes.

El Fiscal Especial investiga más de 500 denuncias: la masacre del 2 de octubre, los hechos del 10 de junio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etcétera. Los resultados hasta ahora han sido insuficientes; las investigaciones han llegado al Archivo General de la Nación, que algo dicen de las barbaridades y brutalidades cometidas en las décadas de los 70 y los 80. Hasta ahora los expedientes abiertos sobre casos de desaparecidos carecen de pruebas jurídicas con valor probatorio. Los familiares le exigimos al Fiscal Especial una investigación a fondo sobre los detenidos desaparecidos, una respuesta en relación a la jurisdicción de los militares, si serían juzgados por tribunales civiles o militares, y por qué delitos se acusaría a los que resulten responsables, entre otras cosas. En virtud de la negativa del Fiscal a cumplir con las obligaciones que le marca la ley, familiares hemos tenido que recurrir a los tribunales.

Los desaparecidos frente al Ejército mexicano y la Cámara de Senadores.

Los familiares planteamos a las Cámaras la problemática que debía abordar una iniciativa de ley en relación con los delitos de desaparición forzosa y de lesa humanidad. Asimismo se les entregó una propuesta de Ley sobre desaparición forzada, la que evidentemente no incluía las restricciones que concientemente aprobó todo el Senado. 

Si bien el Senado de la República ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el 10 de diciembre del 2001 agregó dos restricciones: 
1. Una declaración interpretativa: "se entenderá que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención". O sea que no consideró la legislación internacional: no la contemplaron como delito imprescriptible, como los delitos de lesa humanidad.

2. Y una reserva: la del fuero militar, que significa que los militares no podrán ser juzgados en los tribunales civiles, lo que les garantizaría de cierta forma la impunidad. Los senadores sabían y saben que todas las investigaciones y denuncias sobre los desaparecidos conducen hacia las instalaciones militares, por eso en la Convención garantizaron la aplicación del fuero de guerra para el ejército mexicano. 

Restricciones que no permiten llegar al fondo: que se imparta la justicia

Las cámaras federales y estatales tipificaron el delito de desaparición forzada y aprobaron las convenciones para la impunidad, por eso no convocaron a todas las organizaciones de familiares, a las organizaciones políticas y sociales a participar en la discusión. Ellos sabían y saben lo que estaba y está entre manos. Son discusiones nacionales e internacionales que se desarrollan desde los 80's, que conocen no sólo los expertos, sino todos los que han realizado algún trabajo por los desaparecidos.

Siguen las maniobras de Fox, y el Ejército

Es evidente que ni Fox, ni el ejército, ni las Cámaras de Diputados quieren resolver a fondo. El Secretario de la Defensa (4) Clemente Ricardo Vega García, intenta algunas maniobras con los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes además de estar presos en el Campo Militar Número 1 por narcotráfico, también son responsables de múltiples asesinatos y desapariciones forzadas de compañeros. Aprovechando que están en la cárcel, el Secretario de la Defensa ordenó la destitución de Quirós Hermosillo de su grado de general de división, su baja definitiva del Ejército e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo en la administración pública federal, lo que significaría, en caso de prosperar la orden, que estos criminales podrían ser juzgados en los tribunales civiles por su participación en la guerra sucia. Es una cuestión fundamental para el avance en la lucha contra la impunidad, pero no se trata de sólo escoger a dos militares implicados, se trata de que la justicia sea general, de que contemos con leyes en las que los militares no tengan privilegios e impunidad.

Los desaparecidos frente al Fiscal Especial

Del 6 de agosto al 12 de septiembre, la Comisión de Nacional de Derechos Humanos consultó 532 fichas individuales y 150 expedientes en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), lo que le permitió elaborar el informe que Fox le ordenó realizar sobre los desaparecidos de las décadas de los 70s y 80s, pero la Fiscalía lleva 1 año 6 meses y aún no ha podido integrar los documentos a cada una de las averiguaciones sobre los desaparecidos.

Por ejemplo, en la averiguación PGR/FEMOSPP/003/2001 se le solicitó por escrito al Fiscal Especial que foliara el expediente, integrara copias certificadas en lugar de copias simples, citara a las personas involucradas en la averiguación, integrara de manera completa y en original la declaración del detenido desaparecido. Y en virtud de obtener una respuesta negativa a todo lo solicitado, se recurrió al Amparo contra la Fiscalía, para que profundice en la investigación y cumpla con la ley. En lugar de investigar, resulta que la Fiscalía ahora está en contra de los familiares. También 14 familiares de AFADEM se ampararon contra la Justicia Militar para que la que la Procuraduría de General de Justicia Militar no conozca de los casos de desaparición forzada de personas y respondieron que no afectaba en nada que fueran enjuiciados por los tribunales militares. Actualmente dicho amparo se encuentra en revisión. 

El Fiscal Especial promueve frente a los familiares dos políticas:

1. Una de cooptación que, por ejemplo, ha incluido ofrecer a los familiares de los desaparecidos en Guerrero recursos económicos para proyectos productivos, a través de su Comité de Apoyo Vicente Estrada, cuestión que hemos reprobado familiares y organizaciones. El Fiscal propone silencio, colaboración, resignación a cambio de recursos o de puestos en la Fiscalía. Todo esto con el propósito de dividir a las organizaciones y a los familiares.

2. La intimidación, al pretender desconocer la personalidad jurídica a familiares, al negarse a realizar las diligencias, al incurrir en informalidad, omisión, filtración de la información, etc.

Toda la verdad y castigo a los culpables

Fox y sus corifeos quieren aparentar ser los grandes defensores de los derechos humanos. Hemos logrado, familiares y organizaciones, que reconozcan parte de la verdad, de la responsabilidad que tienen en los crímenes de lesa humanidad: desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, cometidos.

Invitamos a los familiares y a las organizaciones a continuar el esfuerzo de años, a levantar nuestra voz, a levantar nuevamente ante las autoridades correspondientes, ahora en la Fiscalía Especial, los organismos internacionales, las demandas de cada uno de los casos de los desaparecidos.

Exijamos que cumplan lo prometido: el esclarecimiento del paradero de todos los detenidos desaparecidos y el castigo a los culpables.

Para avanzar requerimos coordinarnos. El futuro es colectivo, no tenemos posibilidades de avanzar individualmente. Proponemos continuar rodeando de solidaridad las luchas contra la represión. Sigamos luchando por conocer toda la verdad, el paradero de los desaparecidos y el castigo a los culpables. Sólo podremos obligarlos a responder si extendemos esta lucha a las escuelas, los barrios, las fábricas y el campo.-EcoPortal.net

Notas
Molina Theissen. Ana Lucrecia. La Desaparición Forzada de Personas en América Latina. 
AFADEM. Página electrónica: http://www.laneta.apc.org/afadem-fedefam/ 
Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas
con movimientos sociales y políticos del pasado.  Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada. 27 noviembre 2001
Aranda Jesús. Quirós Hermosillo interpone amparo para evitar ser expulsado del Ejército. La Jornada. 2 julio 2003. p. 21

* Graciela Mijares 
Esposa de Ignacio Arturo Salas Obregón, dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecido el 25 de abril de 1974, ex militante de la Liga y militante de la APN Unidad Obrera y Socialista. Tel. (0155) 5578 4711, Cel 04455 2698 9987. gmijaresl@yahoo.com.mx 
Ponencia presentada por Graciela Mijares en el Foro Nacional Contra la Represión, Detención y Desaparición de Luchadores Sociales de Oaxaca y del País, Acabar con la desaparición forzada en México, una tarea colectiva, el 4 de julio frente al Palacio de Gobierno.

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