Monografias | Clara Britos y una cuestión de Derechos Humanos

Clara Alejandra Britos es una ciudadana argentina, tiene 37 años, está casada, es madre de cuatro hijos de 8, 13, 14 y 16 años, vive en Guernica una localidad de la provincia de Buenos Aires. Su vida se ha convertido en un calvario de miedos, atentados, intimidaciones, persecuciones y demás horrorosas cuestiones que tenemos la obligación de denunciar públicamente.

"asegurar los beneficios de la libertad”

del Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina

Quién es Clara Britos

Clara Alejandra Britos es una ciudadana argentina, tiene 37 años, está casada, es madre de cuatro hijos de 8, 13, 14 y 16 años, vive en Guernica una localidad de la provincia de Buenos Aires. Toda su vida laboral la ha desarrollado en el periodismo en Guernica desde 1988, realizando programas de radio en la provincia de Neuquén en los años 1997 y 1998, y en los últimos años, desde 2001, posee un periódico regional en Guernica denominado “La Tapa” en su versión gráfica, así como también un sitio en Internet (www.nodo50.org/dlatapa).

Hasta aquí los datos no deberían llamarnos la atención y menos preocuparnos especialmente sobre su vida e integridad física tanto de ella como del resto de su familia. Pero vivimos en Argentina. Ella es periodista independiente y no representa a ningún medio nacional. Investiga y escribe lo que piensa dentro de lo que debería ser un estado de derecho donde la libertad de opinión y expresión deberían estar garantizados.

Desafortunadamente esa no es la realidad, su vida se ha convertido en un calvario de miedos, atentados, intimidaciones, persecuciones y demás horrorosas cuestiones que tenemos la obligación de denunciar públicamente, como así también seguir exigiendo de las autoridades “democráticas” un compromiso que hasta el presente ha brillado por su absurda, o quizás comprometida, ausencia.

Atentados

La causa Nº 48.088 del Registro General, interno UFI 7 Nº 7.535 radicada en la Fiscalía del Crimen de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, tuvo su origen en las denuncias realizadas por Clara Britos luego de que el 1º de enero del 2000 un grupo de policías de la misma provincia irrumpieran en su domicilio particular en un procedimiento de grandes dimensiones que duró aproximadamente cuatro horas. Durante el mismo, además de dar vuelta su casa, fueron golpeados su suegra y su marido, sus hijos tratados como delincuentes obligándolos a salir de sus camas a empujones y tirados al piso, y como corresponde al accionar policial se produjeron los destrozos del caso.

El 7 de noviembre del 2000 la causa fue ARCHIVADA sin informarle al denunciante sobre ésta decisión judicial. Otra prueba más de la injusticia de nuestra justicia.

Como corresponde hacer en todos los casos que la información necesariamente lo exige iremos dando nombres y cargos de funcionarios públicos, fiscales, jueces y policías, y consideramos importante que se conozcan sus profesiones teniendo en cuenta que casi todos son, por lo menos, leídos en derecho.

Para enero del 2000 el abogado Carlos Federico Ruckauf era gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Seguridad provincial el teniente coronel (RE) Aldo Rico, hoy intendente del municipio bonaerense de San Miguel y candidato a gobernador para las próximas elecciones que tiene como contendientes, entre otros, al comisario retirado Luís Patti -intendente de Escobar- y al ingeniero Felipe Solá actual gobernador reemplazante de Ruckauf en oportunidad de renunciar al cargo para formar parte del gobierno del abogado Eduardo Alberto Duhalde como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En el operativo llevado adelante por el grupo Halcón y una brigada de Lomas de Zamora participaron alrededor de 30 efectivos que rodearon toda la manzana, lo hicieron por una orden de allanamiento firmada por la abogada jueza Marisa Salvo a cargo del Juzgado de Garantías Nº 5, quién en una oportunidad supo escribir: “Lo expuesto se ha elaborado desde la perspectiva del congestionamiento del sistema judicial y su consecuente efecto: menor eficiencia. El funcionario -según su competencia- debe brindar la misma atención a todos los hechos (más o menos graves) que se ve obligado a instruir. Tiene que ver con la inquietud que diera origen a esta reflexión analizar este tema desde la óptica del justiciable y del derecho a la igualdad ante la ley, receptado por el artículo 16 de la Constitución Nacional, fundamento paradójicamente- del principio de legalidad”. Convicción o justificación, aún no lo sabemos todavía.

La “Bonaerense” y sus cómplices

Dos años y medio después, el 26 de junio del 2002, eran asesinados en la estación de Avellaneda Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ambos miembros del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, en lo que se conoce como “Masacre de Puente Pueyrredón”. Duhalde era el presidente, Solá gobernador de Buenos Aires, el abogado Juan Pablo Cafiero su ministro de Seguridad, el abogado Juan José Álvarez el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad de la Nación y el contador público Jorge Matzkin ministro del Interior nacional. El superior de Franchiotti era el Jefe de la Departamental de Lomas de Zamora Osvaldo Vega quien había sido también comisario en Guernica años atrás.

Las cámaras de los periodistas establecieron que el comisario Alfredo Franchiotti tuvo la responsabilidad de las muertes de los piqueteros y la represión que terminó con decenas de heridos. Por ese motivo hoy se encuentra preso y procesado por doble homicidio agravado por la alevosía. Lo particular es que de las fotografías y filmaciones Clara Britos tuvo la oportunidad de reconocerlo como el jefe del procedimiento realizado en su vivienda antes relatado. Habiendo pasado más de un año desde las muertes aún no se tiene una resolución por parte de la justicia y sorprendentemente es la jueza Marisa Salvo quien tiene a cargo ésta causa, como también tuvo la del custodio, el cabo de la Policía Federal Jorge Fabián Goyochea, del abogado Carlos Vladimiro Corach -ministro del Interior del abogado presidente Carlos Saúl Menem- procesado y condenado a 9 años de prisión en junio del 2002 por asesinar el 1º de octubre de 1999 al joven Marcos Viera en el conurbano bonaerense, Claypole más precisamente, y que consiguiera al inicio del proceso una excarcelación extraordinaria por orden de la magistrada. Esas excarcelaciones que siempre se les niegan a los que no pertenecen a las fuerzas de seguridad o armadas, o sea a los civiles para quienes siempre se abren y cierran las rejas precipitadamente.

Deberíamos preguntarnos sí de la denuncia realizada por Clara Britos en enero del 2000 ésta jueza hubiera prestado la “atención” debida no deberíamos lamentar las muertes, los heridos y la masacre. La respuesta es terminante: Sí.

Siempre es recomendable hacer memoria y en el caso del comisario Franchiotti debemos afirmar que se desempeño como oficial ayudante entre los años 1978 y 1881 en la comisaría de San Vicente de la que salió siendo subinspector mientras los destinos de la “Bonaerense” estaba en manos del genocida coronel Ramón Camps. En el año 1987 con el grado de inspector cumple funciones policiales en Lomas de Zamora mientras Duhalde era intendente de ese municipio.

El intendente municipal del Partido de Presidente Perón -creado en parte de las tierras del municipio de San Vicente- del que depende la localidad de Guernica fue Oscar Ernesto Ronaldo Rodríguez, quién tuvo desencuentros verbales con Clara Britos en el mismísimo Honorable Concejo Deliberante, después pasó a desempeñarse como segundo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comandada por el abogado Carlos Ernesto Soria y luego por el abogado Miguel Ángel Toma durante la presidencia de Duhalde. Su esposa es Mabel Müller, la senadora nacional justicialista, duhaldista militante y amiga de muchos años de Hilda “Chiche” González de Duhalde. Ambos matrimonios desarrollaban una actividad comercial en un cementerio parque privado de Burzaco denominado Monte Paraíso y perteneciente a la empresa Gasf S.A.. Debemos recordar que desde “La Tapa” la periodista informaba sobre hechos de corrupción en Guernica lo que produjo que la amenazaran en varias oportunidades.

Preparando la represión y las muertes

El 11 de junio del 2002 en una marcha llevada a cabo en Guernica en repudio a la agresión sufrida por cuatro docentes, Clara Britos relata en sus crónicas que desde la terraza del municipio se sacaron fotografías a los manifestantes y se confeccionaron luego listas negras con los nombres de los participantes. Kosteki y Santillán estaban presentes en la marcha. 15 días después encontrarían la muerte a manos de la “Bonaerense”, Oscar Rodríguez estaba en la SIDE y contaba con la amistad personal de Duhalde.

El intendente interino era para entonces Alfonso Aníbal Regueiro, hombre de Oscar Rodríguez, y como era de esperar no realizó ninguna gestión ni propició investigación alguna, a pesar que habían salido desde el edificio municipal hombres armados con palos que provocaron los destrozos que endilgaron a las manifestantes. Algunos podríamos suponer que tendrían relaciones con los “muchachos anti-caceroleros y anti-piqueteros”, pero sin investigación seria siempre terminamos sin conocer la verdad.

Custodia, amenazas y adhesiones

Recién el 25 de febrero de éste año se dispuso una custodia policial en su domicilio por la intervención del abogado fiscal Alejandro Villordo titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 9 de La Plata.

Clara Britos ha sufrido allanamientos, atentados, intervenciones “pinchaduras” telefónicas, intentos de atropello con automóviles, llamadas telefónicas intimidatorias, amenazas, disparos de armas de fuego contra su casa, persecuciones callejeras, vehículos intimidando frente a su domicilio y hasta un intento de incendio hace apenas días atrás, el 13 de julio.

Muchas personas y organizaciones, argentinas y del exterior, vienen realizando reclamos sobre la necesidad de una investigación seria y para que se le brinde la seguridad que cualquier ciudadano merece como por ejemplo: Amnistía Internacional, Cercle Obert de Benicalap (España), Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), Red Nacional de la Comunicación, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos (España), Proyecto Conosur, Writers in Prison Committee WinPC International PEN (Londres), etc.

Asilo y/o Refugio humanitarios

Con éste apretado y escueto relato de algunos de los antecedentes que poseemos, por demás de siniestros, podemos afirmar que la integridad física y psicológica de Clara Britos y la de su familia están en grave peligro. Así lo entienden dentro de nuestro país y en el mundo, que hoy reclaman el otorgamiento del asilo y/o refugio para ella y su grupo familiar.

La solidaridad y comprensión internacional ha llegado desde España, en donde se está gestionando ante las autoridades españolas el pedido del “Permiso de Residencia” teniendo en cuenta que la Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno de Aragón formalizaron el compromiso por “razones humanitarias” de otorgar vivienda y trabajo para Clara Britos como a todos los componentes de su familia. Las gestiones también han sido realizadas ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en Consulado de España en Argentina.

Mientras la lenta y convertida en injusta administración de justicia se decida a investigar seriamente, juzgar a los responsables y condenar a los instigadores políticos como a las personas involucradas en los continuos ataques, Clara Britos tiene que seguir sufriendo muchos tormentos.

Debemos alzar muy fuerte nuestras voces de condena y repudio una vez más en nuestra Argentina. No podemos permanecer indiferentes y continuar haciéndonos los distraídos, porque así no nos lo permite nuestra historia sobre las violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad que por estos momentos podrían llegar a encontrar la luz de la justicia con la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, así como con la posibilidad que los asesinos puedan ser extraditados para que sean juzgados en el exterior por sus fechorías contra la vida de miles de seres humanos.

No deseamos, tampoco lo permitiremos, volver a sufrir muertes políticas en nuestro país.

Resumiendo, el Gobierno Nacional y el abogado presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner deben atender urgentemente éste tema, también el abogado ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Gustavo Osvaldo Béliz, el abogado subsecretario de Derechos Humanos Eduardo Luís Duhalde, el abogado ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Rafael Bielsa y el abogado secretario de Inteligencia Sergio Edgardo Acevedo.

Que Clara Britos y su entorno familiar puedan reiniciar una vida de tranquilidad y paz, seguridad y libertades, con la posibilidad de realizar todos los proyectos personales y familiares, que sus hijos puedan estudiar y disfrutar de una vida sin presiones ni amenazas es y debería ser para todos, incluidos los abogados nombrados, UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS.-

* Hugo Alberto de Pedro

7 de agosto del 2003

http://usuarios.advance.com.ar/hugo-de-pedro/hdp.htm

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