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El nuevo proceso penal en el Perú

Resumen: Sobre el modelo adoptado por el Código Procesal Penal de 1991, vigente desde el 28 de Abril de ese año en veintidós artículos y de "vacatio legis" el resto de sus articulados, así como el Proyecto de Código Procesal Penal de 1995, publicado el 06 de Abril de ese año, se adscriben, conforme lo señala su Exposición de Motivos al sistema acusatorio modernizado.
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Autor: Manuel Palolo Risco Chumpitazi

INTRODUCCION
Sobre el modelo adoptado por el Código Procesal Penal de 1991, vigente desde el 28 de Abril de ese año en veintidós artículos y de "vacatio legis" el resto de sus articulados, así como el Proyecto de Código Procesal Penal de 1995, publicado el 06 de Abril de ese año, se adscriben, conforme lo señala su Exposición de Motivos al sistema acusatorio modernizado. 

Al respecto el profesor ORE GUARDIA así como PEÑA FARFAN convienen en adoptar que el modelo que inyecta el Código Procesal Penal de 1991(y por tanto el de 1995) se adscribe al sistema acusatorio garantista. El maestro MIXAN MASS, SAN MARTIN CASTRO y el profesor CUBAS VILLANUEVA lo denominan modelo acusatorio. Por su parte SANCHEZ VELARDE prefiere hablar de un sistema predominantemente acusatorio. CATACORA GONZALES nos dice que la reforma del Código Procesal Penal de 1991 se orientó a la adaptación del sistema acusatorio moderno llamado también garantista. Finalmente, el profesor RODRIGUEZ HURTADO señala que el nuevo Código Procesal Penal es garantista y predominantemente acusatorio, posición al cual el suscrito de adhiere.

Brevemente anotaremos la orientación que el nuevo Estatuto Procesal pretende:
· Reordenar el sistema de enjuiciamiento penal acercándonos al ideal de la justicia pronta y cumplida. 
· Potenciar el derecho de defensa. 
· Asegurar en lo posible la vigencia de los derechos humanos cuando el Estado hace valer su pretensión punitiva.

PRESENTACION
El país requiere de un sistema judicial capaz y predecible en su aplicación, respetuoso de los derechos y garantías de las personas, y eficiente en la persecución de los delitos y el castigo de los delincuentes. Por lo mismo, siempre hemos apostado a la modernización del sistema de administración de justicia. Es más, somos de aquellos que consideran que tal reforma es parte importante de una agenda nacional pendiente e impostergable. En ese contexto vemos con preocupación los pasos que se vienen dando a fin de poner en vigencia y asegurar el éxito del nuevo Código Procesal Penal. Observamos que los plazos se vencen y no contamos todavía con un verdadero Plan de Implementación, que el Borrador del mismo es insuficiente y no responde al desafío planteado. Esta es una situación que, esperamos, sea revertida en el más breve plazo por la Comisión Especial nombrada para tal efecto. De ello depende que en el 2006 tengamos un nuevo proceso penal en funcionamiento; también, por cierto, la propia continuidad de la propuesta de cambio del sistema de justicia penal.
LOS AUTORES

DEFINICION DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
- “Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal o la disciplina jurídica de realización del Derecho penal” Pablo Sánchez Velarde.
- “Es el conjunto de actos encaminados a la decisión jurisdiccional acerca de la realización de un delito, estableciendo la identidad y el grado de participación de los presuntos responsables”. Manuel Catacora Gonzáles.
- “El proceso penal es aquella serie o sucesión de actos que se llevan a cabo y desarrollan en el tiempo, con sujeción a unas normas de procedimiento, y a través de la cual se realiza la actividad jurisdiccional, mediante el ejercicio por el órgano jurisdiccional penal de sus diversas potestades y la realización de las partes y terceros de la actividad cooperadora que aquella requiere”. Miguel Fenech.

El sistema procesal penal es obligatorio e inevitable, oficial y legítimamente exigible, en virtud del interés social vulnerado por un hecho tipificado al que va adherida una consecuencia debidamente señalada por la ley.

El proceso se desenvuelve por actos que los ejecutan determinadas personas (jueces, fiscales, perjudicados, abogados, testigos), etc. Llamados sujetos procesales que tienen derechos y deberes específicos de acuerdo al rol que les corresponde en el proceso y a la etapa en que se producen esos actos, produciéndose una relación jurídica procesal.

El derecho Penal determina cuáles son los hechos que la ley positiva considera delitos y establece la sanción que debe imponerse a sus autores como medio de restablecer el orden social alterado con la comisión del delito; además señalan las causas que excluyen o modifican la punibilidad. 

RELACION CON LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993
El artículo 1º de la Constitución de 1993, señala que toda persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

El artículo 2º de la constitución enumera los derechos fundamentales de la persona, como: la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, etc. ; y el inciso 24 del mismo artículo se consagran derechos importantes para toda persona como: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe; no existe prisión por deudas; el derecho a la presunción de la inocencia, mientras no se haya declarado judicialmente la responsabilidad; derecho a no ser víctima de la violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes, careciendo de valor las declaraciones obtenidas por la violencia, en tanto que quien la emplea incurre en responsabilidad.

El artículo 30º y siguientes de la Constitución, establece los derechos políticos y los deberes de los ciudadanos; la ciudadanía se adquiere a los 18 años; se suspende por resolución judicial de interdicción, por sentencia con pena privativa de la libertad y por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos, etc.

El artículo 37º regula la extradición, concediéndose solo por el poder Ejecutivo con previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la Ley y los tratados. No se concede la extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza; se excluyen de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos, no considerando como tales al genocidio, magnicidio y terrorismo.

La Constitución se refiere a la función pública que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, correspondiendo al Presidente de la República la más alta jerarquía, y en ese orden a los representantes del Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los Magistrados Supremos, el fiscal de la nación y el Defensor del pueblo.

La Carta Magna faculta al Fiscal de la Nación a formular denuncia ante el Poder Judicial de oficio o por denuncia de parte, cuando se promueve enriquecimiento ilícito; precisa que la responsabilidad de prescripción para los funcionarios o servidores públicos se duplican en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

Respecto a los Tratados Internacionales se establece que los celebrados por el Estado y los que se encuentren en vigor forman parte del derecho nacional. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la república, siempre y cuando se traten de Derechos Humanos, Soberanía, Dominio o integridad del estado; Defensa nacional y Obligaciones Financieras del estado.

La Constitución en el artículo 99º y siguientes da facultades importantes al Congreso de la República, además de dar leyes y resoluciones legislativas.

Con relación al Poder Ejecutivo, la Constitución establece lo siguiente; cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales; dirigir la política general del Gobierno; cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, entre otros, etc.

Con relación al Poder Judicial, en los artículos 138º y siguientes establece la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes; los principios y derechos de la función jurisdiccional, haciendo especial énfasis. Al principio fundamental, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

Respecto a la pena de muerte, señala que sólo se aplicará por delito de traición a la patria en caso de guerra, y el terrorismo conforme a las leyes y los tratados de los que el Perú es parte obligada. 

El artículo 149º de la Constitución, establece que en las Comunidades Campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, se faculta a sus Autoridades a ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona.

Con lo expuesto, debemos concluir que existe estrecha vinculación entre normas constitucionales y el derecho procesal penal, ya que se sustenta en forma precisa y clara la aplicación de la ley procesal penal.

RESEÑA HISTORICA DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL
En julio del año pasado y vía Decreto Legislativo Nº 957 se promulgó el nuevo Código Procesal Penal, el mismo que en sus disposiciones finales declaró un periodo de vacatio legis -como sucedió en Honduras y Guatemala- y definió -al estilo de las experiencias de Chile y Colombia- el carácter progresivo de su implementación: entro en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales, según un calendario oficial, El día 1 de febrero de 2006 se puso en vigencia en el Distrito Judicial designado, el sistema procesal penal peruano se encuentra en una etapa crucial, el 01 de julio del año en curso ingresó en vigencia en el Distrito Judicial de Huaura el CPP de 2004, que -como la doctrina se ha encargado de señalar- incorpora un modelo procesal penal acusatorio de corte adversarial y garantista, un modelo procesal diametralmente distinto al que ha regido en nuestro país y que ha causado graves trastornos en la Administración de Justicia y a la Sociedad Peruana en su conjunto. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva.

En la misma oportunidad en que se promulgó el Código Procesal Penal, el Poder Ejecutivo expidió un conjunto de normas aplicables al proceso de su implementación. El artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 958 creó la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, "para el diseño, conducción, coordinación, supervisión y evaluación" del mismo; designó como sus integrantes a los representantes de los Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Finanzas, así como del Poder Judicial y Ministerio Público; y le asignó como atribuciones fundamentales el formular las "políticas", los "objetivos" y una "propuesta específica del Plan de Implementación". También, "Elaborar el calendario oficial de aplicación progresiva".

Para la formulación del Plan de Implementación le fue concedido un plazo de 120 días útiles, contados a partir de su instalación.

Este orden de cosas debía implicar una profunda, ordenada y coherente actividad propositiva del Ministerio Público, del Poder Judicial y de los Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Finanzas, así como de la Comisión Especial, todas ellas instancias involucradas en la implementación del Código Procesal Penal; actividad, por cierto, necesaria para la creación de las condiciones que aseguren la concreción de la reforma, la real aplicación del Código, su progresividad y, en general, el éxito del mismo. 

Así, de un lado, tales instituciones debían dedicarse, por separado y de forma previa, a la difusión del modelo acusatorio, a la asunción de los compromisos previstos en el Decreto Legislativo antes mencionado, a la elaboración de propuestas específicas para facilitar la entrada en vigencia del Código y adecuar la organización y capacidad de la entidad a los cambios, desafíos y retos que planteaba la norma, para finalmente poner los insumos a disposición de la Comisión Especial de implementación. De otro lado, se requería una actitud proactiva y transparente de la propia Comisión Especial, la discusión en su seno de las propuestas de cada una de las instituciones y la búsqueda de consensos y acuerdos de carácter interinstitucional sobre la forma en que debe aplicarse el Código Procesal Penal y sobre su impacto social.

CONCEPTOS DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL PERUANO
Esta reforma ha estado pendiente en la agenda política desde hace más de una década. Supone sustituir el actual modelo mixto, predominantemente escrito y reservado por uno acusatorio adversativo, oral y público. En 1990 estos esfuerzos por modificar la legislación procesal se vieron reflejados en el Proyecto Alternativo de Código de Procedimientos Penales elaborado por un Comité Consultivo del Ministerio de Justicia. Este proyecto fue revisado por una Comisión designada por mandato de la Ley 25281 (1990), la misma que elaboró un texto, convertido luego en el Código Procesal Penal de 1991(Decreto Legislativo Nº 638 del 25 de abril de 1991). El Código de 1991 debió entrar en vigencia en mayo de 1992, pero ello no fue así por la interrupción del régimen democrático en abril de 1992. Entre 1995 y 1997 se produjeron dos intentos de reformas. El texto de 1997, aprobado en el Congreso, fue observado por el Ejecutivo argumentando problemas presupuéstales y de capacitación de los operadores. Hoy, con el nuevo código y la formalización de un proceso de implementación gradual, se abre una oportunidad para el cambio.3La implementación gradual se justifica por razones presupuéstales y técnicas, pues no sólo se trata de sustituir un código por otro, sino de transformar el modelo de organización y funcionamiento de las instituciones del sistema penal en su conjunto, lo que demanda inversión pública así como el diseño y gerencia de un adecuado plan de implementación a cuya formulación y puesta en marcha deben concurrir equipos profesionales multidisciplinarios conformados por expertos en planificación, economistas, administradores, ingenieros, arquitectos, comunicadores sociales, sociólogos, etc. La implementación del nuevo modelo acusatorio demanda la realización de inversión pública que debe preverse de modo ordenado en el tiempo debido a la insuficiencia de los recursos públicos existentes. Desde el punto de vista técnico la gradualidad del proceso de implementación tiene como propósito gestionar los cambios de manera progresiva con la finalidad de tener un control razonable sobre ellos y tener capacidad de corregir los errores oportunamente de modo que sea posible acumular una experiencia que pueda ser invertida y capitalizada en las regiones en las que sucesivamente se ponga en marcha el nuevo modelo de justicia penal después del 2006.

LA FORMA
Los cambios deben expresarse también en el ámbito de las prácticas, usos, costumbres, métodos y rutinas de trabajo de los operadores del sistema (jueces, fiscales, policías y defensores) quienes están habituados a actuar en un sistema que privilegia la escritura antes que la oralidad. En este orden de ideas, dado que el nuevo modelo procesal redefine los roles de los distintos sujetos procesales (fiscales, jueces y abogados), será necesario desarrollar una intensa política de capacitación con metodologías participativas para difundir las nuevas instituciones procesales y, sobre todo, para promover el cambio de actitudes, el desarrollo de nuevas competencias profesionales así como las habilidades y destrezas que el nuevo modelo de enjuiciamiento penal demanda. El reto más desafiante y significativo de la reforma es la superación de la cultura predominantemente inquisitiva y secreta para dar paso a una cultura adversarial y de transparencia fundada en el principio de igualdad, en la oralidad y en el debido proceso, esencialmente. Tanto los cambios organizacionales como los referidos al entrenamiento de los operadores requieren de una planificación adecuada con la finalidad de lograr que la reforma sea viable y sostenible en el tiempo. Adicionalmente, en un Estado que no dispone de muchos recursos económicos para implementar en un solo acto reformas institucionales, resulta aconsejable recurrir a un esquema de implementación gradual que permita gestionar los cambios en el tiempo en estrecha relación con los medios financieros disponibles. 

RASGOS ESENCIALES DEL NUEVO MODELO
En primer lugar, debe señalarse que el CPP del 2004 se inspira en el mandato constitucional de respeto y garantía a los derechos fundamentales de la persona. Busca establecer un balance razonable entre estos derechos y las atribuciones de persecución, coerción y sanción penal del Estado a través de sus órganos competentes, a saber: Ministerio Público, Policía Nacional y Órganos Jurisdiccionales Penales. Ello se fundamenta en el principio de limitación del poder que informa al Estado Democrático de Derecho. En efecto, en una organización estatal así definida el poder de sus autoridades está limitado, entre otros factores, por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que se incorporan al derecho interno. En este marco ideológico se inspira, precisamente, el Título Preliminar del código que contiene el desarrollo de los principios constitucionales sobre la materia. Así, las normas del Título Preliminar tienen prevalencia sobre el resto de disposiciones del código y se erigen como una fuente y fundamento para su interpretación (Artículo X del Título Preliminar). Esta última consecuencia es muy importante de destacar porque en el proceso de aplicación del código, los contenidos interpretativos que desarrollen los operadores judiciales tendrán que ser compatibles con el conjunto de valores, principios y normas de rango constitucional. En el Título Preliminar se desarrollan los principios constitucionales de gratuidad de la administración de justicia penal; el de garantía del juicio previo –cuya configuración en el código se caracteriza por la oralidad, la publicidad y la contradicción-; el de la doble instancia; el de igualdad procesal; de la presunción de inocencia; la interdicción de la persecución penal múltiple; de la inviolabilidad de la defensa; de la legitimidad de la prueba y el de legalidad de las medidas limitativas de derechos, entre los más importantes. En segundo lugar, el CPP establece para todos los delitos, sin excepción, un proceso común y se elimina el inconstitucional procedimiento sumario –escrito, reservado y sin juicio oral- por el que se tramitan la mayoría de los delitos previstos en el Código Penal. En tercer lugar, separa claramente las funciones de persecución (Ministerio Público con el apoyo técnico especializado de la Policía Nacional) y decisión (Poder Judicial) con el objeto de dar pleno cumplimiento al principio acusatorio y a la garantía de imparcialidad del juzgador. Este es un cambio fundamental dado que en el actual sistema el juez penal cumple función persecutoria, pues la instrucción por él dirigida tiene por objeto reunir las pruebas acerca del delito cometido y sobre la responsabilidad de sus agentes. Y en el caso del procedimiento sumario el problema se agrava porque el mismo juez que investiga es quien decide el caso. En este contexto, debe indicarse que según el nuevo código, los actos de investigación que realiza el Ministerio Público –y en general la investigación conducida por el fiscal- tienen una finalidad preparatoria del juicio. Adquiere el carácter de prueba aquella evidencia que, luego de ser admitida en la fase intermedia por el Juez de la Investigación Preparatoria, se actúa ante el Juez Penal encargado del juicio. Asimismo, merece destacar que el nuevo código delimita claramente el campo de las atribuciones policiales en lo que a investigación del delito se refiere y define que la conducción jurídica de dicha investigación está a cargo del Ministerio Público. La policía cumple una función técnica y científica de investigación criminal. Sin embargo, no está autorizada a calificar jurídicamente los hechos ni a establecer responsabilidades, tal como sucede actualmente. En cuarto lugar, conforme al CPP del 2004, el juicio es la fase estelar del proceso. En esta fase se actúan las pruebas ofrecidas y admitidas en la fase intermedia. El juicio se basa en los principios de inmediación, concentración, oralidad, publicidad y contradicción. El juicio es, en esencia, un debate entre la tesis del fiscal y la tesis de la defensa. Es una lucha entre dos adversarios. Esto supone un cambio radical frente al actual sistema en el que el juicio oral es una mera repetición de lo actuado en la fase de instrucción y donde el expediente escrito es la principal fuente para el conocimiento y decisión del caso. En el actual juicio la oralidad es muy débil. En el nuevo modelo, la oralidad está en el centro de todo el proceso y es el principal instrumento para conocer los hechos constitutivos del delito y la responsabilidad de sus autores. En cuanto al derecho de defensa, el código revaloriza y fortalece el papel del defensor legal. El defensor legal será un actor clave que deberá estar al servicio del imputado para brindarle defensa técnica. El defensor de oficio, con el nuevo código, no podrá ser considerado como un funcionario de la administración de justicia al servicio de los órganos jurisdiccionales. En este sentido, y como parte del proceso de implementación, la defensa de oficio –como servicio dependiente del Ministerio de Justicia- tendrá que ser fortalecida con recursos humanos permanentemente capacitados, infraestructura, tecnología y un presupuesto que le permita hacer frente, en igualdad de condiciones, al Ministerio Público como titular de la acción penal. 

En quinto lugar, el CPP desarrolla un conjunto de facultades discrecionales a cargo del Ministerio Público, como son, por ejemplo, la facultad de no investigar a cargo del Ministerio Público frente a denuncias que de manera evidente no ameritan el desarrollo de una investigación fiscal; o los mecanismos de abstención para el ejercicio de la acción penal como son el criterio de oportunidad y los acuerdos reparatorios. Estas facultades, pese a ser discrecionales, están reguladas en el Código y tienen la finalidad de lograr que el sistema de control penal actúe de manera selectiva de modo que concentre sus mayores esfuerzos en la persecución de los delitos más calificados por su gravedad y relevancia social. Así mismo el Código regula procedimientos especiales que buscan acelerar el trámite de las causas. Es el caso, por ejemplo, de la acusación directa, del proceso inmediato, de la terminación anticipada y de la conformidad con los cargos formulados por el Ministerio Público en la audiencia de apertura del juicio oral. Con ello se busca también que el sistema esté en la capacidad de dar pronta solución a los conflictos que surgen del delito así como racionalizar la carga de trabajo de las unidades fiscales y jurisdiccionales, de modo que ingrese a juicio aquello que sea estrictamente necesario en función de su gravedad, importancia y relevancia social. Lo anterior nos lleva a sostener que, en efecto, el nuevo Código busca racionalizar el funcionamiento del sistema en su conjunto a través de un sistema de filtros y/o salidas alternativas al juicio con la finalidad de evitar el ingreso indiscriminado de casos que llevarían al colapso y al mal desempeño de los órganos de persecución y decisión del sistema. Esto no significa, en modo alguno, promover la impunidad. Por el contrario, se busca hacer más eficiente el servicio de fiscalías y órganos jurisdiccionales en la medida en que estos filtros o salidas tienen el propósito final de ofrecer una solución al conflicto que surge del delito sin que sea necesario su recorrido por el proceso penal común en todas sus etapas.4Asimismo, los filtros o salidas alternativas no sólo tienen una inspiración de naturaleza económica, es decir, no sólo persiguen el ahorro de tiempo y de recursos humanos, materiales y financieros en las instituciones del sistema penal, sino que están inspiradas principalmente en la necesidad de fortalecer la posición de las personas agraviadas por el delito a través de fórmulas de composición del conflicto. 

EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Se trata de una etapa fundamental que requiere del esfuerzo de las instituciones del sistema de justicia penal y también el compromiso de los demás poderes del Estado. En efecto, la reforma de la justicia penal y, por consiguiente, la implementación del nuevo modelo debe ser una política pública, la misma que debe contar con los necesarios recursos humanos, técnicos y financieros, así como con un decidido liderazgo para que sea exitosa y cumpla con el propósito de convertir a la justicia penal en una justicia pronta, oportuna, de calidad y al servicio de la ciudadanía. La ausencia de mecanismos de selección de casos es una de las características de los modelos inquisitivos. En efecto, en el modelo inquisitivo el proceso penal busca, esencialmente, imponer la sanción luego de descubrir la verdad sobre los hechos y su autor. No es un fin del proceso inquisitivo resolver el conflicto entre víctima y agresor. Por esta razón, se concibe el proceso como una serie de pasos de inevitable realización en orden al descubrimiento de la verdad, donde se enfatiza y sobre valora la fase de instrucción. La falta de mecanismos de selección es una de las principales causas de sobre carga y dilación procesal en los modelos de inspiración inquisitiva. 

VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
MAYOR EFICIENCIA
La nueva separación de funciones y responsabilidades entre el Ministerio Publico, la Policía Nacional y el Poder Judicial, permitirá aclarar los hechos delictivos en un plazo mucho más corto y de manera más eficiente.

La duración de los procesos también será mas corta, porque el nuevo Código Procesal Penal ofrece menos posibilidades de dilatar el proceso arbitrariamente, como sucede actualmente en el sistemaza mixto, mayoritariamente escrito.

MENOS ABUSOS
Con el nuevo sistema las razones legales para las detenciones preventivas serán mas transparentes, además se reducirá la duración de la detención y se limitara su aplicación. Los nuevos requisitos para ordenar la prisión preventiva evitaran el encarcelamiento innecesario y de inocentes. Las experiencias en otros países latinoamericanos demuestran que esto, a largo plazo, ha llevado a reducir notablemente la población carcelaria y ha contribuido de esta manera a la mejora de las condiciones de los reos.

PUBLICIDAD Y CONTROL CIUDADANO
Con la vigencia del nuevo proceso penal se ampliaran los derechos de los ciudadanos de poder presenciar audiencias del juicio oral, en las cuales se deberán presentar todas las pruebas. El carácter publico de las audiencias permitirá que el publico presente conozca así todos los hechos del caso, sobre la base de los cuales el tribunal tomara su decisión. De esta manera se limitaran las posibilidades de manipulación y de influencias indebidas y el proceso penal cumplirá su función de aclarar los hechos de manera transparente y de imponer sanciones donde se merezcan.

CONCLUSIONES
Nos obligan a preparar a los operadores del sistema, haciendo necesario capacitar recursos humanos de excelencia y calidad para enfrentar los nuevos desafíos que plantea este nuevo sistema, que está orientado a lograr una justicia pronta y complicada, porque cuando la justicia tarda es injusta. 

Las líneas rectoras del nuevo código de Proceso Penal están conformados por un escrupuloso sistema de garantías, investigación eficiente, oralidad plena, participación ciudadana, revalorización de la víctima, control sobre la retardación de justicia, respeto por la diversidad cultural, una verdadera judicialidad de ejecución penal, además de la simplificación del proceso.

El derecho penal moderno, y con él la justicia requiere agentes jurídicos capaces de elevarse a la altura de la nueva gran tarea y del nuevo reto como es desmarginalización de la víctima en el proceso penal y de reconocer la responsabilidad patrimonial del daño por parte de la Administración Pública, ya que ello implica mirar a estos injusto penales desde una óptica más integral y donde el reconocimiento de los derechos del delincuente y la victima constituyen pilares fundamentales para lograr una verdadera justicia penal.

BIBLIOGRAFIA
CATACORA GONZALES, Manuel "Manual de derecho Procesal Penal". Edición, Lima 1996.

GARCIA RADA, Domingo "Manual de Derecho procesal penal". Octava Edición, Lima 1976.

SANCHEZ VELARDE, Pablo "Manual de Derecho Procesal Penal". Edición, Lima 2004.

ZAVALA LOAYZA, Carlos "El Proceso Penal y sus Problemas". Edición, Lima 1957.

Constitución Política del Perú de: 1993, 1979,1933.

Código Procesal Penal 

Código de Penal.

Código de Procedimientos Penales.

Código de Ejecución Penal y su Reglamento


Autor:
 MANUEL RISCO CH

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