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Análisis de fallos de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá del mes de Octubre 2006

Resumen: El presente trabajo es producto de una investigación sobre fallos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del mes de octubre del 2006. Se pretende con el mismo el poder analizar lo que recoge cada uno de estos fallos con el fin de aplicar los criterios de la Sala Tercera de la Corte Suprema a la práctica forense de todos los que somos abogados.
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Autor: Julieta Abrego Acosta y James Cabrera Herrera

INDICE
INTRODUCCION 
OBJETIVOS 
HIPÓTESIS 
MARCO TEÓRICO 
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO PUEDEN SER ATACADOS POR LA SALA. 
ACTOS PREPARATORIOS 
ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD 
ADMISION DE PRUEBAS 
AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA DE ACTOS ALCALDICIOS 
BIENES MOSTRENCOS 
DIFERENCIAS ENTRE DEMANDA CONTENCIOSA DE NULIDAD Y DE PLENA JURISDICCION
INDEMNIZACION 
INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
LA FE DE ERRATA
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
NO ADMISIÓN POR DEFECTOS FORMALES 
OMISIÓN DE FORMALIDADES 
PRESENTACION OBLIGATORIA DE COPIA AUTENTICADA DEL ACTO IMPUGNADO
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 
SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
SUSTRACCIÓN DE MATERIA
VIOLACIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFIA 

INTRODUCCION
El presente trabajo es producto de una investigación sobre fallos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del mes de octubre del 2006. Se pretende con el mismo el poder analizar lo que recoge cada uno de estos fallos con el fin de aplicar los criterios de la Sala Tercera de la Corte Suprema a la práctica forense de todos los que somos abogados. 

Para mayor practicidad y manejo, se ha dividido por materia, en orden alfabético, los distintos fallos a fin de proceder a su examen pormenorizado. De esta forma, se divide, por ejemplo, los temas de admisión de pruebas, indemnización, nulidad, protección de derechos humanos, etc. para poder comprender los análisis como se mencionó anteriormente.

Esperamos que con este análisis hayamos podido contribuir tanto a nuestro conocimiento como al de los demás compañeros de clase sobre la materia contenciosa administrativa a nivel de la Sala Tercera de la Corte Suprema. 

OBJETIVOS
GENERAL:
*Determinar las corrientes que ha seguido la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el mes de octubre del 2006 con respecto al control de legalidad de los actos administrativos. 
ESPECIFICOS: 
*Revisar los distintos fallos emitidos en octubre del 2006.
*Analizar estos fallos con el fin de determinar las posiciones que ha asumido la Sala Tercera con respecto a situaciones concretas en el mes de octubre del 2006. 
*Establecer como la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo influye en el control de legalidad de nuestro país. 

HIPOTESIS
¿Qué corrientes o posición sigue la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo en el mes de octubre?

MARCO TEORICO
Los fallos emitidos por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo constituyen una de las fuentes de derecho más importantes hoy por hoy de nuestro país, ya que sus contenidos marcan las pautas en lo que a materia contencioso administrativa se refiere. 
Para una mejor comprensión y análisis de las distintas corrientes o líneas que sigue la Sala Tercera, se dividirá por tema los fallos de octubre del 2006. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NO PUEDEN SER ATACADOS POR LA SALA
Existen ciertos actos que si bien tiene carácter administrativo, los mismos, por propia disposición del constituyente, revisten carácter legal por estar dispuestos por ley. En virtud, de ello, cuando se interpuso una demanda de ilegalidad contra el Contrato Ley Nº 5 de 16 de enero de 1997, publicado en la Gaceta Oficial Nº 23,208 de 21 de enero de 1997, los anexos del 1 al 10 del Contrato de Concesión Administrativa, publicado en la Gaceta Oficial Nº 23,477 de 27 de diciembre de 1997 y la Addenda Nº 1 aprobada mediante Ley Nº 55 de 28 de diciembre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial Nº 25,454 de 29 de diciembre de 2005, la Sala Tercera dictaminó que “los actos acusados de ilegal, si bien en esencia constituyen actos administrativos, los mismos fueron aprobados por el Órgano Legislativo, en base a las funciones legislativas que corresponden a este órgano del Estado.”, fundamentándose en el artículo 159 de la Constitución Política de la República de Panamá que indica que:
“La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las Leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 
... 
15.Aprobar o improbar los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado o alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no estuviere reglamentada previamente conforme al numeral catorce o si algunas estipulaciones contractuales no estuvieren ajustada a la respectiva Ley de autorizaciones”. 

Es por esto que estos actos no pueden ser atacados por la vía contenciosa administrativa, sino mediante una acción de inconstitucionalidad, tal como ocurre con los Decretos de Gabinete que fijan o modifican aranceles, que según la Constitución revisten carácter de ley hasta tanto no se dicten las Leyes Cuadro. De esta manera, aunque estos actos son de contenido limitado referentes a una materia específica, los mismos, para tener validez jurídica, el legislador les ha otorgado un rango de ley por virtud de la propia Constitución. 

ACTOS PREPARATORIOS
También existen otros actos que tampoco pueden ser impugnados por la vía contenciosa administrativa como son los actos preparatorios. En fallo reciente que resuelve demanda contencioso administrativa de nulidad, la Sala Tercera manifestó que estos actos no son definitivos, es decir, en este caso, el Pliego de Cargos que se impugnó consiste en “condiciones o cláusulas que se plasman con anterioridad a la ejecución del contrato, teniéndose que serán eficaces jurídicamente tan solo cuando se recojan en el propio contrato de adjudicación por lo cual se tiene a éste último como el acto que surte consecuencias jurídicas impugnables o que causa estado por ser éste el que constituye derechos y obligaciones para los contratantes.”, y por tanto no tiene un carácter de decisión final porque no se han establecido derechos y obligaciones para los contratantes, muy por el contrario, “al confeccionarse el Pliego de Cargos en forma unilateral, los participantes están obligados a sujetar sus propuestas a esos pliegos, sin que ello signifique que la Administración pueda incluir cláusulas ilegales, dado que toda la actividad administrativa se encuentra sometida al principio de legalidad.” Además, este pliego fue impugnado cuando ni siquiera la licitación había sido adjudicada, o sea, que este último acto no estaba en firme, no revestía definitividad, y por ende, no causaba estado. El acto impugnable debería ser, en todo caso, la propia resolución que adjudica la licitación, debidamente ejecutoriada y perfeccionada, que sí tiene carácter de firmeza y causa estado. El Pliego de Cargos el Pliego de Cargos, de acuerdo al artículo 3 de la Ley 56 de 1995, se define como: “Conjunto de requisitos exigidos unilateralmente por la entidad licitante, que especifican el suministro de bienes, la construcción de obras públicas o la contratación de servicios, incluyendo los términos y condiciones del contrato a celebrarse, los derechos y obligaciones de los oferentes y el contratista, y el mecanismo procedimental a seguir en la formalización y ejecución del contrato. 

El pliego de cargos constituye la fuente principal de derechos y obligaciones entre proponentes y la entidad licitante, en todas las etapas de selección de contratista y ejecución del contrato y, en consecuencia, incluirá reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la participación de los interesadas en igualdad de condiciones.” 

ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD
Cuando se efectúa una demanda de advertencia de ilegalidad se debe tener claro que ha de fundamentarse en que el acto acusado contraría una norma legal, nunca constitucional, pues para ello existe la advertencia de inconstitucionalidad. Esto sucedió con una advertencia que se interpuso donde se indicaba que era de ilegalidad y que era de inconstitucionalidad, a la vez, y que al hacerse lectura somera de la misma, se hacía alusión a que el acto era contrario a normas constitucionales, pero jamás se mencionó o se citó que contrariaba algún texto legal. Aunado a ello, el acto advertido no era de carácter reglamentario, ni sería aplicado en un proceso de naturaleza administrativa, muy por el contrario, se trataba de un proceso de tránsito donde se emitió una resolución de carácter policivo, competencia que escapa a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

ADMISION DE PRUEBAS 
En esta materia, la Sala Tercera ha manifestado, en cuanto a las pruebas presentadas y las pruebas aducidas, es decir, las pruebas que se presentan o se adjuntan con la demanda versus aquellas pruebas, principalmente de naturaleza documental, de las cuales se solicita que se oficie a la oficina donde reposen, que se pueden admitir como pruebas las aducidas, bastando para ello indicar el lugar donde se encuentre el documento para así poder enviar un oficio de solicitud de copia autenticada de tal documento. Con relación a las presentadas, solamente pueden admitirse aquellas que cumplen con las formalidades de legitimidad, razón por la cual las copias simples no son susceptibles de admisión. 

Por otra parte, en relación a la inconducencia de las pruebas, la Corte, sigue los parámetros del artículo 783 de no admitir pruebas cuando no se refieren a los hechos materia del proceso, y las que no resultan legalmente eficaces. Así como aquellas pruebas contrarios a la ley y a la moral, y los que son manifiestamente dilatorios. 

En cuanto a los documentos, cuando son reproducciones, tienen que estar autenticados por el funcionario que lo custodia a menos que sean compulsadas del original. 

AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA DE ACTOS ALCALDICIOS
En este aparte, la Sala ha estimado que cuando el acto emitido por el Alcalde atañe a la cancelación de licencias de expendio de bebidas alcohólicas, este es un acto del alcalde de gestión administrativa y no es un acto de policía, por tanto no es susceptible de apelación ante la Gobernación, conforme lo establece el artículo 51 de la Ley 106 de 1973 sobre régimen municipal, sino solamente de reconsideración. Por tanto, en este caso es susceptible de impugnación por la vía contenciosa administrativa porque es de carácter administrativo. 

Cuando es acto de naturaleza policiva, puede hacerse revisión del acto a través del recurso de apelación ante la gobernación, según lo dispone el artículo 31 de la Ley 55 de 1973. Estos actos no son, en consecuencia, impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 

La Sala indica, con relación al tiempo de prescripción en un caso de extemporaneidad de la interposición de la demanda, que se entiende agotada la vía gubernativa “cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación” . La acción dirigida a reparar derechos subjetivos prescribe a los dos meses desde la publicación, notificación o ejecución del acto. 

Para los efectos de la prescripción de la acción contenciosa debe contarse desde la notificación de la resolución del recurso de reconsideración. Es así que la vía gubernativa se agota con la resolución del recurso de reconsideración, luego de lo cual el afectado puede interponer la acción contenciosa administrativa. 

BIENES MOSTRENCOS
Con respecto a la interposición de una demanda contencioso administrativa de nulidad contra una norma de una resolución de 26 de agosto de 2006, expedida por la Autoridad Marítima de Panamá, que adjudica unas naves marítimas a la empresa Investigaciones Marinas del Istmo, S.A., y no al Municipio de Colón, la Sala determinó que es la Autoridad Marítima, conforme al Decreto Ley 7 de 10 de febrero de 1998 y el Acuerdo Nº 68-84 de 23 de mayo de 1984, la encargada de “declarar las especies náufragas siguiendo los parámetros contemplados en las normas que rigen la materia, y velar por el paso seguro de las naves por los espacios marítimos y aguas interiores de la República de Panamá”. Así cuando naves o restos de ellas, como mercancías o bienes que se encuentren en aguas jurisdiccionales, el abandono se entiende a favor del Estado, específicamente, la Autoridad Marítima de Panamá, salvo que fueren bienes con valor histórico y arqueológico. En razón de ello, este ente gubernamental puede disponer de las naves y poderlas adjudicar, con propósitos específicos, a la empresa garantizando su responsabilidad en el evento que suceda algún imprevisto o caso fortuito en la operación de desplazamiento. 

Por otra parte, la resolución atacada carece de las características con efectos generales y, que por ende, no amerita su publicación en la Gaceta Oficial. 

DIFERENCIAS ENTRE DEMANDA CONTENCIOSA DE NULIDAD Y DE PLENA JURISDICCION
La Sala Tercera ha advertido en muchas ocasiones que la demanda contenciosa de nulidad va dirigida a aquellos actos con efectos generales, de carácter impersonal y objetivo, buscando el reestablecimiento de orden público violado. La demanda contenciosa de plena jurisdicción opera para aquellos actos individualizados, personales y que lesionan directamente un derecho en particular, procurando el reestablecimiento o reparación del derecho subjetivo violado. En el proceso llevado ante la Sala Tercera, se interpuso demanda de nulidad contra una adjudicación de lote de propiedad municipal a una persona natural, la cual perjudica una cuota parte de un terreno, propiedad de una sociedad anónima . En este caso, el acto no es de carácter general, sino particular ya que afecta a la sociedad anónima solamente y no a la colectividad. Para estos efectos, la Corte explica que la acción de nulidad se refiere al interés público o social, o bien al orden público, mientras que la de plena jurisdicción atañe al sujeto particular al que se le ha vulnerado un derecho subjetivo. Igualmente, los efectos de las resoluciones de estas demandas son diferentes porque la nulidad declarada en acción objetiva o pública, por la naturaleza impersonal del acto acusado, produce efectos "erga omnes", como se ha dicho, liquida jurídicamente el acto. Mientras que la nulidad que surge en la de plena jurisdicción o privada, no sólo destruye el acto demandado, sino que ordena el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. He aquí la diferencia." (Fallo de 12 de enero de 2000)” Otra de las diferencias es que la acción contencioso de nulidad es para actos inimpugnables, mientras que la de plena jurisdicción es eficaz para actos impugnables. 

INDEMNIZACION
La Corte ha estimado que en una demanda contenciosa de indemnización, la parte demandada debe designarse de manera correcta, es decir, contra la institución que ha causado directamente el daño o perjuicio. Además, si se pretende demandar a varias instituciones, han de hacerse en libelos separados, y no englobados en un solo petitum. Igualmente, las cifras reclamadas en concepto de indemnización a las correspondientes instituciones tienen que estar debidamente desglosadas para evitar confusiones, según lo prescribe el artículo 29 de la Ley 33 de 1946, que establece que cuando se pida el restablecimiento de un derecho, “deberán individualizarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda”. 

INTERPRETACIÓN JUDICIAL
Dentro de una solicitud de interpretación prejudicial del contrato No. CAL-1-47-01 de 7 de diciembre de 2001, suscrito con la empresa ingeniería Balboa, S. A., interpuesta por el representante judicial del Ministro de Obras Públicas Benjamín Colamarco, donde se presenta objeción para que ni el Estado, ni el Ministerio de Obras Públicas, participen en arbitraje, la Corte estimó que esta objeción materia de interpretación debe ser dilucidada ante la instancia privada de resolución de conflictos. 

LA FE DE ERRATA
La Corte (Sala Tercera de lo contencioso administrativo) declaró legal un contrato de concesión, en virtud de que cuando fue publicado el acto en la Gaceta Oficial, la misma mediante fe de errata corrigió un error de fechas en cuanto a la firma y entrega del contrato por parte del oferente, la adjudicación de la concesión, y la firma del contrato por parte del Estado, posterior al desembolso de la suma ofertada. 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Cuando la Ley Orgánica del Seguro Social establece que para alcanzar la estabilidad laboral, se requiere que el funcionario haya laborado como mínimo cinco años, y antes de eso, se considera que no está amparado por la mencionada estabilidad, se presume que el cargo es de libre nombramiento y remoción y, por tanto, es legal el acto que ordena la destitución de cargo. Asimismo, el hecho de que se le notificó durante su periodo de vacaciones tampoco transgrede la legalidad, porque la ley no lo prohíbe. 

Acota la Corte que “la notificación es por excelencia el mecanismo mediante el cual se hacen valer las garantías procesales de los interesados en el proceso, constituyéndose en pieza fundamental para que la parte afectada pueda hacer uso de los recursos que la ley establece y así poder atacar el acto mediante el cual considera se ha vulnerado su derecho; para tales fines la ley establece las formas de notificación que proceden ante las diferentes circunstancias, cuyo principal objetivo es que las partes concurran al proceso y de existir disconformidad puedan hacer valer su derecho a oponerse”, por lo que en esta dirección, la notificación edictal de la destitución obedeció a que no fue posible ubicarla personalmente, y además dicha notificación logró su cometido cuando la afectada pudo oponerse al acto, presentando en tiempo oportuno los recursos de reconsideración y apelación, agotando la vía gubernativa, para poder entonces, acceder a la vía contenciosa administrativa. 

NO ADMISIÓN POR DEFECTOS FORMALES
Se ha señalado por parte de la Sala Tercera que en una demanda contenciosa administrativa ha de atacarse el acto principal y no el confirmado por los recursos de impugnación, ya que si se declara ilegal este último, subyacerá los efectos del acto principal por no haber atacado el principal, imposibilitándose restablecer el derecho violado. De igual manera, debe aportarse copia autenticada del acto principal conforme al artículo 44 de la Ley 135 de 1943, según el cual, a “la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado...”. 

Por otro lado, es perfectamente viable que el Magistrado Sustanciador no admita una demanda contenciosa-administrativa por razón de los defectos formales que ésta presenta, según el texto de los artículos 50 y 51 de la Ley 135 de 1943. El Magistrado Sustanciador, a su vez, al inadmitir la demanda tiene que detallar cuáles son los defectos para que en tiempo oportuno se corrijan y pueda nuevamente interponerse la demanda antes que prescriba el término de presentación. En el caso in comento , la demanda fue presentada por primera vez el mismo día que vencía el término legal (artículo 27 de la Ley 33 de 1946) y, por tanto, no pudo verificarse la corrección ya que operaba el fenómeno de la prescripción. 

OMISIÓN DE FORMALIDADES
En ciertos casos, la Sala Tercera ha estimado admitir demandas que no cumplen formalidades cuando existe otro medio de subsanar tales formalidades, tal como es el caso de aportación de documento en copia simple cuando no ha sido posible poder obtener el original por causas fortuitas o accidentales, por ejemplo, aquellos actos recogidos en documentos que se extraviaron o destruyeron durante la invasión extranjera a nuestro país, y que la propia institución, custodia del documento, se ve imposibilitada para aportar copia autenticada. Para ello, deben aplicarse las normas del Código Judicial que regulan circunstancias como la presente, que permiten que el interesado aporte los documentos que reemplacen al perdido o hacer verosímil su existencia, a través de todos los medios de prueba que tenga a su haber (ver artículos 833, 839, 844 y 845 del Código Judicial). 

Otro formalismo que puede omitirse es el de aportar copia autenticada del acto impugnado con las constancias de su notificación, a efectos de determinar que se ha recurrido dentro del término establecido en el artículo 107 de la mencionada Ley, cuando se presenta el escrito de impugnación en tiempo oportuno, es decir, dentro del término de impugnación. 

PRESENTACION OBLIGATORIA DE COPIA AUTENTICADA DEL ACTO IMPUGNADO
La copia del acto impugnado debe tener sus constancias de publicación, notificación y ejecución para los efectos de “verificar si la demanda bajo análisis fue interpuesta en tiempo oportuno, ya que es a partir de la fecha de notificación del acto que decide de forma definitiva la actuación administrativa, que se cuenta el término legal hábil para su presentación, tal como lo establece el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.” Además, en el caso que se deniegue la expedición de las copias “se debe expresar así en la demanda, a fin de que el Sustanciador antes de admitir la misma, las solicite a la oficina donde reposa el original” 

En el caso de que se presente el fenómeno del silencio administrativo, el mismo no puede quedar como una presunción ya que se requiere “tener la certeza que a la fecha de presentación no ha habido respuesta por parte de la entidad demandada, objetivo que precisa cumplir la certificación correspondiente. De ahí nace entonces la necesidad de presentarla junto con el libelo de la demanda.” Incluso, en el evento que no se haya certificado el silencio, la parte actora puede solicitarlo previamente al Magistrado Sustanciador para que subsane esta omisión, de lo contrario no se admite la demanda. 

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
La demanda contencioso administrativa de protección de derechos humanos abarca los derechos justiciables, entre ellos, el debido proceso. En el caso in examine, uno de los Magistrados no quiso admitir la demanda por considerar que la misma era objeto de una demanda contenciosa de plena jurisdicción porque lesionaba derechos subjetivos, de carácter particular. Sin embargo, el resto de los Magistrados de la Sala, indicó que “el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, son típicos derechos justiciables, cuya protección o tutela puede demandarse perfectamente por medio de una acción contenciosa administrativa de protección de derechos humanos.” Como quiera que el Tribunal de Defensa de la Competencia y Asuntos del Consumidor, se había abstenido de conocer la controversia planteada, ello crea una absoluta incertidumbre, afectando el derecho de la parte actora a obtener de parte del Estado la tutela judicial que demanda, lo cual afecta el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual forma parte de nuestro ordenamiento conforme a la doctrina del bloque de constitucionalidad. 

SUSPENSION DEL ACTO ADMINISTRATIVO
De acuerdo a la Sala Tercera, la medida de suspensión provisional de acto administrativo es una medida discrecional del Tribunal, cuando a juicio del mismo “se evidencia de manera ostensible y clara, que el acto acusado puede lesionar la integridad del ordenamiento jurídico (fumus boni iuris), o su ejecución puede acarrear perjuicios graves, o de difícil reparación (periculum in mora)”, puesto que los actos administrativos gozan, en nuestro ordenamiento, de la presunción de legalidad por lo que al emitirse una suspensión provisional debe hacerse “una valoración circunstanciada de todos los elementos del conflicto.” La posible lesión al ordenamiento jurídico, aquí esgrimida, debe apreciarse a prima facie, para proceder a la suspensión, de lo contrario no podrá decretarse. 

Un ejemplo de cuando puede verificarse la suspensión fue en la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el bufete de Sanctis en representación de Octavio García, Patrick Dillon y otros, para que se declare nulo, por ilegal, el resuelto no. 34 del 4 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda. Ponente: Hipólito Gill Suazo. -Panamá, cuatro (4) de octubre de dos mil seis (2006), de donde se desprende que con respecto a un acto administrativo de asignación de usos de suelo de una comunidad, la participación de ésta fue omitida, contrariando el contenido del artículo 24 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 que exige la participación ciudadana en este tipo de trámites. 

Igualmente, la medida de suspensión se emite cuando sea necesario evitar un perjuicio notoriamente grave. 

SUSTRACCION DE MATERIA
En la doctrina se conoce como obsolescencia procesal, a lo que la jurisprudencia patria ha denominado sustracción de materia, cuando el objeto sobre el cual recae la pretensión se sustrae o desaparece del contexto del litigio, por causas voluntarias o ajenas a la parte actora. Por ejemplo, cuando una empresa participante de una licitación para hacer las boletas de votación de las elecciones generales de 2004, impugnó el acuerdo por el cual se le adjudicó dicha licitación a otra empresa. Como quiera que ya se sucedieron las elecciones generales del 2004, ya no tiene objeto decidir esta controversia porque “las pretensiones del actor quedaron extinguidas con la pérdida del objeto litigioso, es decir, con el total agotamiento de los efectos del Acuerdo” impugnado. 

VIOLACION AL DERECHO DEL TRABAJO
Ha estimado la Corte que el requisito exigido por la Caja de Seguro Social, en el sentido de exigirle al asegurado, cuando reúne las cuotas para acceder a una pensión de vejez, la presentación de constancia de terminación laboral, contradice el artículo 60 de la Constitución sobre el derecho al trabajo y el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social ya que “la pensión de vejez tiene como finalidad garantizar al asegurado, una vez reunido los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, reemplazar el salario, claro está dentro de ciertos límites, permitiéndole un descanso merecido del ejercicio del trabajo. Tal requisito no contiene una prohibición al derecho del trabajo, es la carga de la prueba que le corresponde al asegurado, para gozar del derecho a jubilarse, pues ello supone que el trabajador gozará de la pensión de vejez, sin necesidad de trabajar; es decir, que es una compensación por el tiempo laborado, por los años de servicio en favor de la Nación ...” 

CONCLUSIONES
Se observa que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo sigue varios lineamientos, apegados, eso sí siempre a la legalidad:
1. La formalidad para admitir o no las demandas presentadas ante esta jurisdicción donde se exige la copia autenticada del acto acusado, salvo que se haga constar que la institución no la proporcionó, caso en el cual, el Magistrado Sustanciador, puede oficiar a la misma para que la otorgue, o en el evento que sea imposible de conseguirla por extravío, pérdida o destrucción, se suplirá con los medios de reposición de pruebas (artículos 833, 839, 844 y 845 del Código Judicial). 
2. Los actos que no pueden ser impugnados por la vía contenciosa administrativa son:
*Los que aunque sean de carácter administrativo, revisten formalidad de ley, según lo prescribe la propia Constitución. 
*Los actos preparatorios como los Pliegos de Cargos los cuales no son actos definitivos y que causen estado, sino que son actos catalogados de trámite que solamente “constituyen la fuente principal de derechos y obligaciones entre proponentes y la entidad licitante, en todas las etapas de selección de contratista y ejecución del contrato.”
*Al interponerse una advertencia de ilegalidad, debe expresarse claramente esta identificación y no confundirla con la advertencia de inconstitucionalidad. Además, la fundamentación de la demanda en cuanto a las normas infringidas, éstas tienen que ser de carácter legal, o sea que deben pertenecer al texto de una ley, y no la Constitución, pues en este último caso, debería interponerse una advertencia de inconstitucionalidad.
*Los actos de carácter policivo no son impugnables por la vía contencioso administrativo, por expresa disposición de la Ley 55 de 1973. 
3. Los actos que no tienen efectos generales no requieren de publicación en la Gaceta Oficial. 
4. El ente gubernamental encargado de disponer de las naves o restos de ellas, como bienes o mercancías, siempre que no tengan valor histórico o cultural, es la Autoridad Marítima de Panamá. 
5. Los actos alcaldicios de carácter administrativo, no de policía, que sean finales y decidan una situación, pueden ser impugnables ante la jurisdicción contenciosa cuando se agote la vía gubernativa. 
6. La interposición de la demanda contenciosa administrativa prescribe a los dos meses luego de la notificación, publicación y ejecución del acto acusado. 
7. En una demanda de indemnización, debe designarse correctamente la institución que causó directamente el daño o perjuicio a indemnizar. Igualmente, cuando se pretende demandar a varias instituciones deben hacerse en libelos separados, aparte que las cifras solicitadas en concepto de indemnización deben estar debidamente desglosadas e individualizadas. 
8. Mediante la fe de errata publicada en la Gaceta Oficial sobre la fecha de un contrato de concesión se subsanó la ilegalidad que en un momento dado se pudo causar. 
9. Se estima que la notificación edictal surtió sus efectos cuando la persona afectada pudo oponerse en tiempo oportuno al acto acusado. 
10. La destitución es legal cuando el cargo no está amparado en una ley de carrera, presumiéndose que el mismo es de libre nombramiento y remoción. 
11. El acto a atacar en una demanda contenciosa administrativa es el acto principal u originario y no el confirmado por los recursos de impugnación, ya que si éste es declarado ilegal, subsisten los efectos del primer acto del cual se deriva el segundo. 
12. Es aceptable que el Magistrado Sustanciador no admita una demanda por carecer de requisitos formales, caso en el cual el actor puede corregirlos y volver a presentarla dentro del término legal correspondiente (dos meses). 
13. La demanda contenciosa de nulidad va dirigida contra actos de alcance general, y busca el restablecimiento del orden jurídico, mientras que la contenciosa de plena jurisdicción es contra actos con efectos para la parte afectada, o sea, de carácter particular y que procuran restablecer los derechos subjetivos violados. 
14. La presentación de constancia laboral al momento en que una persona desea acogerse a la pensión de vejez es una carga de la prueba para poder gozar de este beneficio, pero no impide que la persona siga trabajando, porque de lo contrario, violaría el derecho al trabajo consagrado constitucionalmente y en la ley Orgánica de la Caja de Seguro Social. 
15. El silencio administrativo para que tenga efecto, se requiere que el mismo esté debidamente probado a través de certificación de la propia institución. En caso que ésta se niegue a otorgarla al afectado, éste puede solicitarlo al Magistrado Sustanciador para que el mismo oficie a este ente para que proporcionen la correspondiente respuesta. 
16. Cuando un ente gubernamental se abstiene de decidir una controversia, crea una incertidumbre, y por tanto, se genera una violación el derecho de acceso a la justicia y el derecho del debido proceso, derechos que son justiciables, reconocidos por el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y por ende, perfectamente reclamables a través de una demanda contenciosa de protección de derechos humanos. 
17. Para suspender un acto administrativo se toma en cuenta que el acto, de manera evidente, lesiona la integridad del orden jurídico o que su ejecución puede acarrear perjuicios graves o de difícil reparación. Asimismo, el perjuicio debe ser notoriamente grave, razón por la cual el Tribunal debe valorar circunstancialmente todos los elementos del conflicto. 
18. Existe sustracción de materia cuando el objeto de la pretensión ha desaparecido o se ha sustraído, sea por motivos voluntarios o ajenos al peticionante, del contexto del litigio in examine. 

RECOMENDACIONES
*Que los abogados litigantes deben tomar en cuenta, al momento de formular una demanda ante la vía contenciosa administrativa, el criterio que tiene la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sobre ciertos temas, así como la exigibilidad de los requisitos formales pertinentes que la propia ley establece, a fin de que estemos ilustrados y seguros de las peticiones y su forma de interponerlas ante esta Sala. 
*Deben hacerse publicaciones más a menudo de comentarios sobre los fallos contenciosos administrativos con el fin de informar al círculo de los profesionales del derecho de las últimas corrientes y planteamientos que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo esgrime al momento de fallar. 

BIBLIOGRAFIA

*Registro Judicial de octubre del 2006. www.organojudicial.gob.pa.

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PANAMA
MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL 
DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO

AUTORES
ESTUDIANTES:
JULIETA ABREGO ACOSTA
CÉDULA:
8-505-540

JAMES CABRERA HERRERA
CEDULA:
4-702-464

PROFESOR: ERNESTO CEDEÑO ALVARADO

22 DE MARZO DEL 2007

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