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Los problemas medio ambientales que afectan la actividad pesquera en el golfo del guacanayabo, municipio manzanillo, provincia granma

Resumen: La pesca y la acuicultura, que representan una importante fuente de alimento y de medios de vida para un gran número de personas, hacen frente a varios problemas fundamentales, en el presente epígrafe se hace referencia a los problemas que se consideran una amenaza para la sostenibilidad...
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Autor: MsC. Alcides Francisco Antúnez Sánchez y MsC. Luis Ballester Nápoles

ÍNDICE
Desarrollo
1.- Consideraciones Generales del tema
1.1.- Los problemas Medio Ambientales que afectan la actividad pesquera a nivel internacional,
Conclusiones
Bibliografías
Referencias

DESARROLLO
1.- CONSIDERACIONES GENERALES DEL TEMA.
1.1.- Los problemas Medio Ambientales que afectan la actividad pesquera a nivel internacional

La pesca y la acuicultura, que representan una importante fuente de alimento y de medios de vida para un gran número de personas, hacen frente a varios problemas fundamentales, en el presente epígrafe se hace referencia a los problemas que se consideran una amenaza para la sostenibilidad a largo plazo del sector, concentrándose la atención en su contexto socio -económico, en especial, los problemas de la pesca excesiva, el descarte y la degradación ambiental.

Como fuente de alimentos, las perspectivas que ofrecen el pescado, los crustáceos y los moluscos es buena en todo el mundo, la razón principal es la facilidad y rapidez con que los acuicultores de Asia han aumentado la producción durante los últimos años[1].

La demanda de alimentos marinos está aumentando rápidamente, para el 2010 posiblemente el aumento de la población y el incremento del ingreso personal disponible llevarán a la demanda mundial de pescado como alimento - a una cifra comprendida entre 110 y 120 millones de toneladas métricas (a precios de 1990) – en 1995, el suministro mundial de alimentos marinos se estimó en 80 millones de toneladas (equivalente de peso vivo). De esta cifra, aproximadamente 53 millones procedieron de la pesca de captura marítima, 6 millones de pesca de captura de aguas continentales y aproximadamente 21 millones de acuicultura, sin incluir a las plantas acuáticas, además unos 31 millones de toneladas de pescado marino se utilizaron para la fabricación de harina de pescado.

Durante los primeros decenios, la globalización de la economía mundial, junto con el probable aumento del precio real del pescado y productos de pescado, significa que una proporción cada vez mayor de alimentos marinos será objeto de la demanda de consumidores que pueden pagar el precio más elevado y que ésta demanda será satisfecha, este hecho puede tener efectos beneficiosos para la economía de los países exportadores pobres, puesto que así obtienen las divisas que necesitan para pagar sus importaciones esenciales, también se beneficiará la comunidad pesquera que suministra el pescado o los productos de pescados exportados, siempre que el mayor poder adquisitivo se utilice para suministrar alimentos nutritivos en cantidades adecuadas que permitan compensar las reducciones en la disponibilidad al nivel de alimentos marinos a nivel de la aldea, o la disminución en los ingresos resultantes de las exportaciones.

La pesca de captura está llegando a un límite. El volumen del pescado capturado en los océanos, lagos, ríos, parece estar muy cerca del límite máximo sostenible, sin embargo, el futuro desarrollo tecnológico hará tal vez económicamente viable la captura de especies respecto de las cuales los mercados actuales no pagan los costos (por ejemplo, el pescado meso pelágico y calamares oceánicos) y tal vez se lograrán aumentos modestos como resultado de una mayor ordenación.

Como el pasado reciente lo ha demostrado ampliamente, los pescadores no “se apartan voluntariamente”del crecimiento económico, seguirán haciendo todo lo posible por aumentar la productividad por pescador (expresado como ingreso). Algunos aumentos tendrán su origen en precios reales más altos, pero por lo menos otros tantos procederán de mayores desembarques por hombre, ahora bien, conforme aumenten los volúmenes producidos por persona, disminuirá el número total de años – hombre empleados en la producción de un volumen igual de desembarque, es probable que para el año 2010 el empleo en la pesca de captura habrá disminuido algo al nivel mundial, mientras que habrá aumentado el empleo en la acuicultura, se trata de un problema que, a mediados del decenio de 1990, es absolutamente patente en la pesca de los países desarrollados, sin embargo, se hará también cada vez más evidente en las economías en desarrollo en los años venideros.

La preocupación pública internacional respecto de la pesca y la acuicultura se concentra en las características de los sectores que pueden haberse considerado como amenazas o remedios a su capacidad a largo plazo para proporcionar tanto alimentos como fuente de medios de vida. Las principales amenazas son:
- El recurso a actividades de pesca excesivas, que causan de una disminución en la biomasa de muchas poblaciones de peces a niveles inferiores a los que corresponden a una producción a largo plazo sostenible y eficiente (pesca excesiva).
- El desperdicio de recursos marinos vivos ya capturados (descarte) y;
- la degradación del medio acuático y costero.

Los dos primeros problemas tienden a presentarse generalmente en el entorno económico y político creado por economías libres y orientadas al mercado, por regla general, estas economías son administradas en la inteligencia de que la mayoría de los factores de producción son de propiedad privada, o si son de propiedad común, su uso es limitado, una característica esencial de la mayoría de lo sistemas de pesca, y de algunos sistemas de producción de la acuicultura, es que utilizan en sumo grado recursos comunes, que no tienen precio y cuyo acceso no está limitado efectivamente, como resultado de ello, los pescadores y los acuicultores suelen explotar recursos de posesión común en un grado muy superior a lo que, a largo plazo, sería realmente útil para la comunidad en general, en este proceso, imponen - con frecuencia sin saberlo – costos otras personas, tanto dentro como fuera del sector pesquero, incluidas las personas que pescan por simple placer y los usuarios que no consumen el medio marino.

Fuera del sector pesquero, el hecho de conocer cada vez más los factores que amenazan a la pesca, a sus recursos y su medio ambiente ha dado lugar a cierto número de iniciativas emprendidas por la sociedad civil destinadas a poner fin a prácticas indeseables de pesca, especialmente la explotación excesiva, una de estas iniciativas (el establecimiento de un “Marine Stewardsship Council”) se basa en la hipótesis de que la promoción de productos cuya proveniencia de una pesca y acuicultura que practica una ordenación sostenible y ambientalmente racional esté certificada, tendrá efectos, tanto a nivel local como mundial, que orienten las actuales prácticas pesqueras a otros que sean objeto de una mejor ordenación.
La pesca excesiva no es un problema reciente; fue reconocida internacionalmente a comienzos del decenio de 1890 en el atlántico norte y el pacifico y fue objeto de la conferencia de Londres sobre la pesca excesiva de 1946. Posteriormente esta práctica se ha extendido a la mayoría de las zonas pesqueras, y ha afectado la pesca de captura en países en desarrollo y desarrollados, y con frecuencia ha adquirido especial gravedad en zonas costeras densamente pobladas y en zonas marinas productivas cercanas a la costa.

No existen soluciones simples o baratas al problema de la pesca excesiva, sin embargo, se reconoce cada vez más que en las economías ricas, que practican una pesca con gran densidad de capital, las soluciones que incluyen estrategias basadas en el mercado para controlar las actividades de los pescadores tienden a ser más efectivas que otras, lamentablemente, los primeros efectos de las medidas oficiales destinadas a reducir la pesca excesiva son esencialmente negativas, cierto desempleo entre los pescadores, menos pescado y precios más altos, con el tiempo, la mayoría de estos efectos se invertirían: más pescado, precios más bajos y un empleo estable y económicamente interesante.

Por difícil que sea, los gobiernos deben reglamentar la actividad pesquera, si esta reglamentación no se practica con más eficiencia que en la actualidad, los rendimientos mundiales de la pesca de captura disminuirán. La FAO[2] ha estimado que, si la ordenación, no mejora considerablemente las capturas anuales podrían reducirse pronto en 10 millones de toneladas. Hasta la fecha, la disminución del rendimiento de una población de peces se ha compensado con la explotación de otras poblaciones. Esta práctica no es ya aplicable en el caso de las especies de alto valor, sin embargo, todavía es posible cierto grado de sustitución concentrando los esfuerzos en poblaciones de menor valor.

Una ordenación efectiva puede también facilitar un aumento de la producción de recursos que hoy se pescan en exceso. Conforme estas poblaciones se reconstituyen y de esta manera contribuir a un aumento de los desembarques. La FAO ha estimado que una mayor ordenación de la pesca podría traducirse en un aumento de 10 millones de toneladas. De esta manera, en el plazo de un decenio las diferencias entre las ganancias que pueden obtenerse mediante una ordenación eficiente y las pérdidas que serán resultado de la continuación de las prácticas actuales podría ser de unos 20 millones de toneladas de pescado desembarcado por año, por consiguiente, es absolutamente deseable mejorar los conocimientos en materia de ordenación, aumentar la capacidad y reforzar los órganos de pesca regionales.

Por otra parte, una gran cantidad de recursos marinos vivientes son capturados y arrojados nuevamente al mar. La información cuantitativa disponible sobre este fenómeno es incompleta, sin embargo, probablemente representará no menos de un equivalente del 20 al 25 por ciento de la captura (es decir, desembarque más descarte).

El descarte corresponde al pescado, tanto de especies buscadas como capturas incidentales, capturado involuntaria o ilegalmente (tamaño pequeño, especies protegidas, pescado dañado o estropeado). Las capturas incidentales son prácticamente inevitables en la mayor parte de las actividades pesqueras, el descarte representa costos para los pescadores – selección y eliminación de los descartes – y no genera ingresos, si bien las mejoras logradas en la selección y utilización de artes de pesca han reducido las capturas incidentales en muchas pesquerías, y dado el mayor uso que se hace actualmente de las capturas incidentales, estos hechos no han eliminado el descarte.

Las soluciones al problema del descarte pueden ser de carácter tecnológico, económico y/o legal y probablemente serán una combinación de estos elementos, una parte de la solución dependerá sin duda de sistemas racionalizados de seguimiento, control y vigilancia.

En la actualidad es bastante común el deterioro de la salud de los ecosistemas acuáticos de las zonas costeras – en estas zonas como en otras partes, la degradación del Medio Ambiente es resultado de indicaciones económicas deficientes dadas a quienes utilizan el Medio Ambiente costero, el costo de la explotación de la zona costera (con inclusión de las marismas costeras) es muy inferior a su valor para la economía (ya sea a corto o largo plazo), y como resultado de ello esta zona es objeto de una explotación excesiva o de una carga excesiva de desechos, como los ecosistemas costeros son medios esenciales para la reproducción y crecimiento de un gran número de especies marinas, el impacto de la degradación sobre el volumen de los recursos marinos – incluidos los de importancia comercial – es directo y negativo.

Ahora bien, las personas que en representación del Estado tienen a su cargo la ordenación de la pesca de captura comercial prácticamente no tienen control alguno sobre el estado de salud del ecosistema costero (o del ecosistema de agua dulce). El escaso control que pueden ejercer consiste en una reglamentación de los efectos ambientales que tienen su origen en la pesca de captura, pero como con frecuencia se considera que esos efectos no son graves, sólo en contadas ocasiones se trata de un medio suficientemente importante como para convencer a otros contaminadores, o usuarios, que deben modificar su comportamiento.

En su mayor parte la acuicultura está expuesta a la contaminación y ciertas tecnologías modernas de producción acuícola pueden contribuir, y a veces contribuyen a la degradación del Medio Ambiente, en especial en el mundo en desarrollo, los acuicultores que utilizan el agua de ríos o lagos tienen que hacer frente a niveles cada vez mayores de contaminación como resultado de la industrialización y del crecimiento demográfico, solo en pocas ocasiones el sector de la acuicultura tiene fuerza suficiente para obtener una compensación, tradicionalmente las tecnologías de la acuicultura, en especial las asiáticas, estaban bien integradas en los sistemas biológicos y sociales de su entorno, pero ésta situación está cambiando, el crecimiento económico ha dado lugar a una intensificación de las prácticas de cultivo, con frecuencia esta intensificación consiste en sustituir los alimentos que se encuentran naturalmente en el agua por piensos artificiales, lo que significa que se necesitan menores volúmenes de agua y menor espacio, en los lugares donde no se ha procedido a una reglamentación de estos sistemas modernos, han sido causa de contaminación del agua lo que a su vez ha repercutido en las unidades de producción causándoles considerables pérdidas.

Por otra parte, a pesar de su esencial importancia para la supervivencia humana, la biodiversidad marina está en un peligro cada vez mayor, ocasionado por la disminución de las pesquerías y otros graves problemas. La pesca es fundamental para la subsistencia y la seguridad alimenticia, una de cada cinco personas en este plantea depende del pescado como fuente primaria de proteínas, según las agencias de Naciones Unidad, la acuicultura, crianza y cultivo de organismos acuáticos, incluyendo pescados, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, está creciendo más rápido que todos los otros sectores que producen comida de origen animal, sin embargo, en contraste con los hechos y las cifras sobre el acelerado crecimiento de las tasas de producción mundial de la acuicultura, otras estadísticas menos alentadoras muestran que las principales reservas marinas de pescado en el mundo están en peligro, amenazadas por la sobre pesca y la degradación del Medio Ambiente.

“La sobre pesca no puede continuar”, advirtió Nitin Desai, Secretario General de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible Celebrada en Johannesburgo en el año 2002. “El agotamiento de las pesquerías representa una amenaza para el abastecimiento de alimentos para millones de personas”.

Sin embargo, la magnitud del problema a menudo pasa desapercibida, si se considera la competencia que representan las campañas contra la deforestación, la desertificación, la explotación de los recursos energéticos y otros dilemas relacionados con la reducción de la biodiversidad, por una parte, rara vez se señala el rápido crecimiento de la demanda de pescado y de productos relacionados, tanto en el ámbito nacional como en los mercados de exportación, lo que lleva a que los precios del pescado suban más rápido que los precios de la carne, como resultado de las inversiones en esta industria se han vuelto más atractivos, tanto para los empresarios como para los gobiernos, lo cual también afecta negativamente a la pesca a pequeña escala y a las comunidades pesqueras en todo el mundo, en la última década, en la región del atlántico norte, las poblaciones de peces con valor comercial, como el Bacalao, la Merluza, el Abadejo y la Platija han disminuido hasta en un 95%, suscitando llamadas urgentes a la acción.

Algunos han recomendado incluso tomar medidas como la prohibición absoluta de la pesca para permitir la regeneración de las especies, iniciativas que desatan la ira de la industria pesquera.

De acuerdo a la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO[3] se calcula que más del 70% de los peces en el mundo está siendo explotado al máximo de su capacidad o incluso ha sido agotado por completo.

El incremento dramático en el uso de técnicas destructivas de pesca en todo el mundo está aniquilando a mamíferos marinos y a ecosistemas enteros, desde el mar del norte, el mar Báltico y el ecosistema marítimo de África occidental hasta los grandes Océanos Índico y Pacífico, según los informes de la FAO[4], la pesca ilegal, sin registro y sin regulación ésta aumentando a nivel mundial, pues los pescadores buscan evadir las leyes estrictas que se han puesto en práctica en muchos lugares, para enfrentar la reducción en las capturas y el agotamiento de las reservas de peces.

A pesar del hecho de que cada región cuenta con una convención Regional sobre el mar, y de que aproximadamente 108 gobiernos y la comisión Europea han adoptado el programa Mundial de Acción para la protección del Medio Ambiente Marino de actividades Terrestres, los océanos se están perdiendo al doble de la velocidad que los bosques, con la continua inversión excesiva que se destina al crecimiento de las flotas pesqueras, las pérdidas anuales de industria se estiman en 50 mil millones de dólares por ello, para lograr la estabilidad del sector se requeriría de recortes del 20 y 50 % en la capacidad pesquera.

En Johannesburgo, los negociadores alcanzaron un compromiso histórico al acordar una disposición para restaurar las pesquerías agotadas antes del año 2015, la cumbre reconoció que la pesca sostenible requiere de alianzas entre los gobiernos, los pescadores, las comunidades y la industria, la disposición exhorta a los países a ratificar la convención de Derecho del Mar y otros instrumentos que promueven la Seguridad Marítima y protegen el Medio Ambiente de la contaminación Marina y del daño ambiental ocasionado por los barcos, solo un enfoque multilateral puede contrarrestar la tasa de agotamiento de las pesquerías del mundo, la cual se ha elevado más de cuatro veces en los últimos 40 años.

1.2 Principales convenios Internacionales que regulan la actividad pesquera.
- Convenio sobre el comercio Internacional de especies amenazadas de Flora y Fauna silvestre (CITES) Washington. 1973 (Cuba 1990)
- Convenio de biodiversidad Biológica. Río de Janeiro. 1992 (Cuba 1994)
- Convenio Internacional para las pesquerías del Atlántico Noroccidental. Washington 1949 (Cuba 1975)
- Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en caso de Accidentes por contaminación de hidrocarburos, Bruselas 1969 (Cuba 1976)
- Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimientos de desechos y otros materiales, Londres, México y Washington 1972 (Cuba 1975)
- Convenio sobre la protección y desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe, Cartagena 1983 (Cuba 1986)
- Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre cambios climáticos, Río de Janeiro 1992.
- Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente, Río de Janeiro 1992.
- Declaración de Cancún, Conferencia Internacional de pesca responsable 1992.

1.3.- Posición cubana ante las normas Internacionales.
Es política del Estado Cubano formar parte de convenios y convenciones internacionales que en sus acuerdos y programas de trabajo abogan por el cuidado y utilización sostenible de los recursos pesqueros y su hábitat y en general que contribuyan a la protección del Medio Ambiente.

A través de éstas organizaciones nuestro país se vincula a temas para la protección del ambiente acuático, aportando sus experiencias y logros en el manejo integrado de los recursos acuáticos del área, asimismo, apoya todas aquellas medidas encaminadas a la conservación de la atmósfera.
La Ley No. 59/87, Código Civil Cubano[5], establece con claridad meridiana la posición de Cuba ante las normas internacionales, cuando expresa en su artículo No. 20 que:
“Si un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte establece reglas diferentes a las expresadas en los artículos anteriores o no contenidos en ellos, se aplican las reglas de dicho acuerdo o tratado. Cuando Cuba es parte de un tratado o acuerdo internacional, éste forma parte del derecho interno del país”.

La política ambiental internacional de Cuba se traza y desarrolla acorde con las prioridades estratégicas nacionales y los principios generales aprobados en la Cumbre de Río.

Sus objetivos fundamentales se dirigen a:
- Denunciar en toda tribuna internacional, la responsabilidad de los países desarrollados, en el deterioro ambiental y social del planeta, así como las verdaderas causas de la situación ambiental global de los países subdesarrollados, mostrando los resultados ambientales y sociales alcanzados por Cuba.
- Contribuir con el ejemplo y voluntad del país a la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales.
- Consolidar y reforzar el papel de Cuba en la esfera ambiental internacional.
- Lograr una mayor utilización de las potencialidades de desarrollo ambiental cubano en función de la política exterior del país.
- Participar y contribuir de conjunto con los países de América Latina, en particular del Caribe, en el logro de objetivos comunes en foros globales, así como en la negociación, presentación y aprobación de proyectos regionales y subregionales.

En el ámbito Regional, el país está estrechamente vinculado a las actividades de la asociación de Estados del Caribe (AEC), al programa ambiental del Caribe (PAC), del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, participa activamente en los principales convenios ambientales de carácter global, en el Instituto Interamericano de Cambio Global, el programa Internacional de Geosfera, Biosfera y en el panel intergubernamental del cambio climático, en el sistema de observación del Océano y ofrece personal altamente calificado a las organizaciones de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional, también es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Sin lugar a dudas, Cuba ha mantenido una destacada actividad en el plano internacional; todo evento relevante, toda cumbre, han contado con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro y otros dirigentes de la Revolución y se convierten en tribuna para una permanente crítica a los males económicos, sociales y ambientales, que aquejan al Mundo Moderno.

2.- La responsabilidad administrativa ambiental
2.1.- Análisis en América Latina.

Haciendo uso del Derecho comparado, podemos decir que nuestra constitución se encuentra ahora a tono con la técnica empleada por varios países iberoamericanos al contener dentro de su articulado al medio ambiente como derecho y bien protegido al nivel de esa Ley de Leyes, con la inclusión del concepto de desarrollo sostenible, tal como lo hacen las constituciones de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Brasil y Chile, aunque en éste último caso no se ha incluido el concepto de desarrollo sostenible.[6]

De manera particular podemos mencionar las regulaciones existentes en algunas constituciones de Ibero América sobre el Medio Ambiente.
Así tenemos en Guatemala, en su título II, Derechos Humano, capítulo II Sección Décima sobre Régimen económico y social, se establece en el artículo No. 19 las obligaciones del Estado, entre las que se encuentra en su inciso c) adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente.

En la Constitución de Venezuela, en su título III “De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías”, capítulo IX “De los Derechos Ambientales”, los artículos No. 127, 128 y 129 expresan de manera muy amplia su regulación al respecto del Medio Ambiente utilizando el concepto de desarrollo sostenible.

En el caso de la Constitución de Chile aparece en el capítulo III “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, en el artículo No. 19, pleca 8 de manera muy breve y como se había consignado anteriormente, no contiene el concepto de desarrollo sostenible.

La Constitución Nacional Argentina, en su artículo No. 41, conforme a la reforma sufrida en el año 1994, plantea:
“Todos los habitantes gozan del Derecho a un Medio Sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará la obligación de recomponer, según establezca la Ley”.

Las autoridades proveerán a la protección de éste Derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la Diversidad Biológica y la información y educación ambiental.

Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
El artículo No. 41 se refiere principalmente al denominado “Derecho a una Mejor Calidad de Vida”, se incluyen en este artículo otros derechos como son: a la Defensa del ecosistema, el Derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso, a la explotación de los propios recursos, a la paz, a la autodeterminación, a la integridad territorial como se puede observar se establece la obligación de las industrias contaminadoras de resarcir el daño ecológico dejando definido en la Ley su fijación y efectos.

La administración deberá dictar normas para proteger el Medio Ambiente, donde cada provincia se verá obligada a cumplimentar dichas normas.
En el párrafo final del artículo No. 41 de la Constitución Argentina, que prohíbe el ingreso en el territorio nacional de residuos tóxicos y radiactivos, pienso que el mismo es directamente operativo, aunque no se dicte una Ley específica, ya que implica una obligación directa de no hacer.

Por su parte, la administración nacional, ha establecido que “las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades degradantes al medio, no deben exceder la normal tolerancia, tomándose en cuenta las condiciones del lugar, según las circunstancias del caso, la administración puede disponer la indemnización de los daños y la cesación de las molestias causadas.

La doctrina Argentina se encuadra dentro del grupo de naciones afiliadas a la Responsabilidad Objetiva, como tipo de responsabilidad sumada por la administración por la comisión de determinadas agresiones del Medio Ambiente, por su parte en un punto muy interesante, asigna de forma valiente un grado de responsabilidad compartida entre los sujetos autores del daño y el Estado, solo cuando éste hubiese autorizado o consentido la actividad degradante.

Los jurisconsultos abordan el tema referente a la “normal tolerancia”, sin embargo, es bueno esclarecer que la misma no tendrá validez jurídica cuando el daño ambiental afectara la salud.

Finalmente en un Acto educativo Ambiental, se plantea que “cualquier miembro de la comunidad podrá exigir la preservación del Medio Ambiente”.

En la Constitución de Colombia, en su título II “De los Derechos, las garantías y los Deberes”, capítulo III “De los Derechos Colectivos, y del Ambiente”, se regula en los artículos No. 79 al 81.

El marco jurídico Básico, de forma directa la responsabilidad administrativa referente a las agresiones del Medio Ambiente es la Ley No. 19.300 de “Bases del Medio Ambiente”, en Colombia ésta Ley establece una regulación especial sobre el Daño Ambiental planteándolos de la siguiente manera.
- La responsabilidad por daños Ambientales es por Dolo o Culpa.
- Se establece la presunción de la responsabilidad del autor del Daño Ambiental si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas en disposiciones legales o complementarias.
- Se establece que solo habrá lugar a la indemnización si se acreditare relación de causa efecto entre infracción y el daño producido.
- Producido el Daño Ambiental, se concede la acción indemnizadora ordinaria a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hallan sufrido el daño o perjuicio, a las municipalidades, por hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y al Estado, representado por intermedio de su Consejo de Defensa.
- Cuando los responsables de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o de descontaminación o a regulaciones especiales para situaciones de emergencias según corresponda, acreditaren estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en tales planes o regulaciones, solo cabrá la acción indemnizatoria ordinaria deducida por el personalmente afectado a menos que el daño provenga de causas no contempladas en el referido plan.
- En todos los casos, la administración actuante, podrá según la gravedad de la infracción, ordenar la supervisión inmediata de las actividades emisoras y otorgar a los infractores un plazo para que se ajusten a las normas.

La Constitución Política de Panamá, concibe a la responsabilidad ambiental como la obligación de resarcir el daño causado o los perjuicios ocasionados al Medio Ambiente.

La Constitución panameña, que contiene las reglas fundamentales que organizan la sociedad política y, en consecuencia el conjunto de deberes establecidos en forma general y particular para todos los habitantes del Estado, dispone con el artículo 115, “el Deber para todos los habitantes del territorio Nacional, de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evita la destrucción de los ecosistemas”.

Este precepto constitucional contiene el principio básico sobre el cual descansa el concepto de responsabilidad ambiental desarrollado en el Título No. 8 de la Ley No. 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, denominado “de la responsabilidad ambiental”.
El referido Título conformado por III Capítulos, regula lo relativo a las obligaciones que en Materia Ambiental corresponden a los habitantes del país y la responsabilidad que se deriva de su incumplimiento.

La Ley General de Ambiente, en efecto, establece un número plural de deberes y obligaciones en Materia Ambiental para todos los habitantes de la República de Panamá, las cuales sin excepción, deben atender, y consigna que el incumplimiento de estos deberes implica responsabilidad ambiental, lo que se traduce en la obligación de reparar la pérdida causada, el mal inferido o el daño ocasionado en virtud de acciones u omisiones que violen la normativa Ambiental.

Por otra parte, es importante señalar, la manera en que la Ley General del Ambiental de Panamá concibe la responsabilidad administrativa, enmarcándola dentro de la teoría objetiva de la responsabilidad, es decir, que no toman en cuenta los elementos de intención y voluntariedad del actor de la acción u omisión que trajera como resultado un daño o perjuicio, sino solo el nexo causal de la acción u omisión del sujeto y el resultado dañoso, o sea, que basta con la infracción del orden jurídico establecido o el quebranto del patrimonio de los derechos ajenos para señalar como responsable al actor de la conducta agresora al Medio Ambiente.

La responsabilidad administrativa, concebida a la Luz de la Ley No. 41 de 1998. Se concreta con la aplicación de una sanción administrativa naciendo la obligación de reparar el daño causado.

La Constitución política peruana de 1993, en su artículo No. 2 inciso 13, plantea que la relación jurídica nace con el supuesto de hecho en el cual el responsable causa daño Ambiental con consecuencias sobre la persona o personas afectadas, el sujeto pasivo es afectado en su Derecho a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Podemos definir que el Derecho Subjetivo sujeto a la tutela, es el Derecho que toda persona puede exigir, entre otros, respecto a su integridad física y psicológica, de su salud frente a riesgos contra ella, y el desarrollo biológico apropiado. Este Derecho es individual, pero puede ser defendido tanto individual como colectivamente.

Es sumamente importante interiorizar y concienciar que el contenido Derecho a un ambiente sano se va a reflejar también dentro del contexto Mundial, en el cual el aprovechamiento de los recursos y uso tecnológico debe garantizar el desarrollo sostenible.

Existe en la actualidad, una mega tendencia Mundial acerca de la protección del Ambiente en la defensa de la persona como ser biológico frente a la agresión de la cultura industrial irresponsable del siglo XXI y la depredación de los recursos.

La Legislación Nacional de Perú, no ha sido muy profunda en torno al papel jugado por la administración respecto a actos corrosivos al Ambiente, el Código del Medio Ambiente, Decreto Legislativo 613, ha considerado las siguientes normas Legislativas al tema:
- Reconoce el Derecho irrenunciable de la persona a gozar de un Ambiente Saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, asimismo, reconoce el Derecho a la preservación del paisaje y la naturaleza.
- Establece la obligación del Estado de prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda inferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad.
- Reconoce el Derecho que toda persona tiene de exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en Defensa del Medio Ambiente y de los recursos naturales y culturales.
- Reconoce la legitimación de intereses difusos en la protección del ambiente indicando que pueden interponer acciones, aún en los casos en que no se afecte el interés económico del demandante o denunciante, el interés moral autoriza la acción aún cuando no se refiera directamente al agente o a su familia.
- Se establece que las normas relativas a la protección y conservación del Medio Ambiente sea de orden público.
- Se establece que el Código del Medio Ambiente prevalece sobre cualquier otra norma Legal contraria a la Defensa del Medio Ambiente y los recursos naturales.
A la hora de analizar el Código del Medio Ambiente en el Perú llama poderosamente la atención, que no se puede observar ninguna norma relativa al Daño Ambiental, pero si encontramos de forma muy práctica en los artículos No. 113 y 114, la Facultad Administrativa de sanción, es decir, se regula la responsabilidad administrativa ambiental.
Analicemos las Facultades Sancionadoras que otorgan los artículos antes mencionados:
- Prohibición o restricción de la actividad causante de la infracción.
- Clausura total, parcial, temporal o definitiva del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que ha generado la infracción.
- Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos empleados para la comisión de la infracción.
- Imposición de obligaciones compensativas relacionadas con el desarrollo Ambiental de la zona teniendo en cuenta los planes nacionales, regionales y locales sobre la materia a fin de dar cumplimiento a las normas de control Ambiental que señala la autoridad competente.
- Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento, permiso, cancelación o cualquier otra autorización según sea el caso.

En este caso es preocupante que los resultados de la sanción han sido orientados hacia una “autoridad competente” sin establecer con claridad cual es ésta.

De esta forma, las reglas de responsabilidad por daño causado subordinado y responsabilidad solidaria, contienen explícitamente un acápite donde establece que el daño causado por incumplimiento de medidas de seguridad, normas ambientales, normas de auditoría ambiental, implica la responsabilidad solidaria de la persona jurídica que realiza la actividad con o sin la autorización administrativa correspondiente, así mismo, las normas jurídicas contenidas en el código citado, establecen un grado de responsabilidad no solo a quienes participan materialmente en la generación y materialización del riesgo Ambiental, si no también atañen a las personas jurídicas o naturales para quienes se prestan esos servicios o disponen de la actividad riesgosa.

2.2 Análisis en el derecho Cubano.
La Constitución de la República de Cuba promulgada en el año 1976, así como la Reforma Constitucional del 12 de junio de 1992 incluyó en la misma el concepto de Desarrollo Sostenible.

En Cuba la Ley No. 81[7] aborda muy brevemente el régimen administrativo de sanciones en su capítulo XI, en los artículos No. 67, 68,69 los cuales plantean textualmente:
Artículo No. 67 “El régimen de sanciones administrativas en materia de protección del Medio Ambiente incluye a las personas naturales y jurídicas que incurran en las contravenciones establecidas en la Legislación complementaria a la presente Ley”.

Artículo No. 68 “Las contravenciones se sancionarán con multas cuyas cuantías se fijan para cada caso, sin perjuicio con las demás sanciones accesorias aplicables de conformidad en la Legislación vigente”.

Artículo No. 69 “El que conozca de la comisión de cualquiera de las contravenciones establecidas en la Legislación complementaria a la presente Ley, lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente, la que estará en la obligación de informarlo sobre las medidas dispuestas y su cumplimiento, cuando así lo interese dicha persona”.

En la presente Ley No. 81 del año 1997[8], en su disposición transitoria segunda, se expresa que “en el término de 180 días siguientes a la promulgación de esta Ley el CITMA presentará al Consejo de Ministros la propuesta correspondiente en materia de contravenciones administrativa”. Solo que increíblemente tuvieron que pasar dos años para que el 22 de diciembre de 1999 fuera promulgado el Decreto Ley No. 200 de las contravenciones en materia de Medio Ambiente, lo cual constituyó un importante paso, ya que se requería de un instrumento jurídico ágil, eficaz, práctico, que coadyuvara a la labor de eliminar la dispersión legislativa existente en torno al tema Ambiental en nuestro país.

Sin dudas con la promulgación y entrada en vigor del citado Decreto – Ley, se reunifican en parte las normas existentes en cuanto a contravenciones medioambientales pero lamentablemente no se solucionan los problemas de dispersión legislativa como fue en el momento de la promulgación del mencionado Decreto uno de los objetivos del mismo, ya que algunos sectores establecen sus propias normas contravencionales, los cuales son entre otros: Fauna, Suelos, Recursos Hidráulicos, Pesca, Minas, Seguridad Biológica, Energía Nuclear, etc.
En nuestro país, el objetivo claro y específico de alcanzar un Medio Ambiente sano es una tarea por la cual se lucha de forma directa y concisa, sin embargo en el plano jurídico la lucha es extremadamente compleja, por la diversidad jurídica imperante a pesar de los esfuerzos realizados.

3.- La Actividad Pesquera dentro del ordenamiento jurídico cubano.
Criterios conceptuales acerca del tema:
Según el Diccionario Pequeño Larousse ilustrado pesca se define como la acción de pescar, oficio del pescador, lo que se ha pescado.[9]
El Decreto Ley 164[10], Reglamento de Pesca en su capitulo I define la pesca: Como el acto de extraer, capturar, colectar, o cultivar por cualquier procedimiento o medio acuático, especies o elementos biogenéticos cuyo medio de vida parcial, total o temporal sea el agua así como los actos previos y posteriores relacionados con ella.
La pesca comercial: Es la pesca que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos, entre sus modalidades podemos distinguir las siguientes:
- Pesca comercial de carácter empresarial: Se caracteriza por la obtención de grandes volúmenes de captura destinados a su ulterior comercialización y realizada por diferentes tipos de empresas pesqueras especializadas.
- Pesca de auto consumo social: Tiene como objetivo satisfacer necesidades específicas de consumo social.
- Pesca comercial que se realiza con la finalidad que no sea el consumo humano: En esta modalidad se incluyen la extracción de organismos acuáticos para artesanía, exhibiciones públicas, extracción de sustancias químicas y otros propósitos.
- La pesca deportivo – recreativa: Es la captura de organismos acuáticos para el consumo doméstico sin que medie ánimo de lucro, con fines recreativos, de esparcimiento y con fines competitivos.
- La pesca de investigación: Es la pesca que se realiza con el fin de obtener información científico – técnica en correspondencia con los planes de investigación aprobados por los organismos correspondientes y los estudios, trabajos y experimentos para el desarrollo de sistemas, métodos y artes, equipos y embarcaciones de pesca.
- Pesquerías principales: Son aquellas dirigidas a la captura de especies de alto valor económico ya sea por ser rubro exportable o por su importancia para la alimentación de la población.

3.1 Breve reseña de la evolución historia de la actividad de la pesca.

El hombre ha pescado desde la edad de piedra, cuando huesos afilados a modo de lápices se utilizaban como caña, y trozos de enredaderas como sedal. La pesca, en cuanto deporte y actividad lúdica, es más resiente, aunque también se haya realizado en el pasado, la pintura más antigua que se conoce de un pescador con caña es egipcia y tiene alrededor de 4 000 años de antig-edad.
Platón y Aristóteles mencionan la pesca con caña, y Plutarco da consejos sobre sedales. El retórico romano Claudio Aelian (170 – 235 d.c.) escribió sobre los pescadores de truchas de Macedonia, que usaban moscas artificiales o anzuelos con cebos emplumados.[11]

En el mundo occidental, durante los primeros siglos antes de cristo, la pesca estaba aparentemente reservada a las clases ricas, ya que solo sus miembros disponían de tiempo para practicarla. Algunos documentos del imperio Romano se refieren a opulentos patricios que construían estanques para pescar, proveerse de presas fáciles para la mesa o simplemente entretenerse.

Los métodos y equipos o aparejos usados para pescar han evolucionado lentamente a través de los siglos; hasta el siglo XV, la pesca no se desarrolló hacia lo que es hoy días, en 1496 el tratado de pesca con caña da por primera vez detalles específicos, en ingles, sobre el uso de una vara para capturar peses. Escrito por Juliana Berners, priora de una abadía cercana a Saint Albans, Hertfordshire, el libro contaba como hacer cebos y caña para pescar, como atar nudos en los sedales e incluso más importante, como hacer y usar cebos y moscas artificiales según los hábitos alimenticios de los peces, los preceptos expuestos por la autora supusieron las bases del conocimiento de la pesca en Inglaterra durante unos 150 años.

En 1653 aparece el libro fundamental Izaak Walton el pescador de caña completo, o la diversión de un hombre contemplativo, que contribuyó al conocimiento de los métodos de pesca y divulgó, con extensas observaciones, los hábitos de alimentación de los peses, sus ciclos vitales y los problemas que los pescadores debían superar para engañar a sus presas.

Walton postulaba también que el verdadero pescador es el que practica esta actividad por el amor a pescar, y que capturar un pez de esta manera, en términos deportivos es muy superior a cualquier otro método de pesca, con Walton, la pesca evolucionó hacia el arte; con el paso de los siglos se convertirá también en una ciencia.

Desde entonces los pescadores no solo se esfuerzan en mejorar su aparejo, tácticas y conocimientos de sus presas, sino que también se han dado cuenta de que deben proteger su deporte si quieren que sobreviva, en nombre de la preservación del deporte, han ido apareciendo la reproducción de la pesca en viveros, medidas contra la imparable contaminación del aire y el agua, la restricción de la pesca en ciertas zonas, los limites a las capturas diarias y la legislación protectora, en algunos países (por ejemplo EE. UU) se ha llegado a derribar presas por haberse convertido en obstáculos infranqueables a la migración de especies como el salmón.

3.2.- Legislación en materia pesquera en Cuba.
· Situación antes del año 1959.

Al realizar el estudio de la actividad pesquera en Cuba, resulta previamente indispensable hacer una breve reseña histórico – legislativa, tomando en consideración que la misma forma parte del Medio Ambiente y así se encuentra jurídicamente regulada en las disposiciones legales marco, como en las disposiciones complementarias.

Y ello es así por cuanto no puede hablarse de esta importante actividad sin antes hacer una valoración de su trayectoria a través de los años y con fundamento en los normas de Derecho que le han dado vida, es por ello que, antes de entrar al análisis de esta actividad, se hará ana breve valoración de su surgimiento desde la óptica Medioambiental.

Los antecedentes de la legislación sobre Medio Ambiente se remontan al siglo XIX, en la etapa en que Cuba era una colonia de España y la que en su dominación, hacía extensiva sus disposiciones jurídicas a las colonias, sin importarles las condiciones económicas y sociales del territorio, como presupuesto indispensable para la promulgación y aplicación de las mismas. No obstante a ello, ya en ese periodo España había alcanzado un amplio desarrollo en las ciencias jurídicas, influenciadas por la legislación francesa y, en especial, por las disposiciones emanadas de puño y letra del entonces Emperador Napoleón.

Fue en esa época de colonia Española en que las disposiciones acerca del Medio Ambiente comenzaron a “invadir” el territorio cubano, pudiendo citarse entre las leyes extendidas a nuestro país, la Ley de minas de 1859 (extensiva a nuestro país en el año 1883), la ordenanza de Motes y su reglamento, de 1981, La Ley de aguas de 1879 (extensiva en 1891) y la Ley de puertos de 1880, la que entró en vigor en el año 1890.

Más las antes citadas disposiciones jurídicas se referían, en especial, a legislaciones que, aunque con cierta relación con la materia del Medio Ambiente, nunca tuvieron esa finalidad, sino que, por el contrario, su objetivo fundamental era el mantenimiento del régimen esclavista en nuestro país.

En relación a las mismas puede decirse que las antes citadas disposiciones legales, entre otras, califican en la actualidad como “Legislación” ramal o sectorial de trascendencia ambiental, dirigidas fundamentalmente a la regulación de los recursos naturales sobre los que recayó su objeto, es de significar que muchas de dichas disposiciones legales rigieron en nuestro país por más de cien años. [12]

En la etapa de la pseudorepública, es decir, entre los años 1902 – 1959 la legislación estuvo caracterizada, en esencia, por mantener una tónica, si no igual harto similar a la referida en la anterior etapa, dirigiéndose las regulaciones dictados a las materias de la flora y la fauna, llamando la atención aquellas normas encaminadas a establecer la veda permanente del manatí, especie autóctona de nuestro país, que ya se encontraba en fase de extinción, así como otras regulaciones destinadas al establecimiento de una política impositiva sobre el uso de determinados recursos, poco podían hacer los gobernantes de turno ante el despiadado azote del capital extranjero y nacional contra nuestros recursos vivos y naturales, así como tampoco nada podían hacer en relación con el impacto negativo y explotación indiscriminada, todo lo que trajo en esta etapa un efecto catastrófico en contra del Medio Ambiente y de las especies de toda clase, incluyendo la marina y los bosques.

En esta etapa de la pseudorepública tuvo connotación la promulgación del Decreto número 277, de fecha 26 de febrero de 1932, denominado “Reglamento para la recolección y conducción de arenas marítimas, fluviales y yacimientos minerales”, el que posteriormente fue modificado mediante el Decreto número 4537, de fecha 19 de octubre de 1951 que regulaba lo relativo a la extracción de arenas de los lugares señalados en el mismo, así como los mecanismos para el traslado de esta.

En ninguna de estas etapas según la investigación realizada, se dictó disposición alguna relativa a la actividad pesquera pues esta era realizada fundamentalmente por pescadores particulares para su subsistencia y el abastecimiento familiar como medio de vida, no hubo preocupación alguna por parte de los gobernantes de turno, desconociendo la importancia de esta actividad.

· Situación después de 1959
Con el triunfo revolucionario del primero de enero de 1959 comenzó un nuevo y verdadero período dentro de la actividad pesquera en cuba, tomando en consideración la preocupación del Gobierno revolucionario por la protección de los recursos vivos, naturales y minerales del país, lo que en ningún momento constituyó una excepción para el incipiente gobierno, adoptándose las medidas más necesarias a fin de sentarse las bases para la creación de un ordenamiento jurídico regulador de ello, a medida que se fueron creando las condiciones económicas, políticos y sociales para una completa institucionalización de la cabal protección de esta actividad.

La importancia de la rama pesquera dentro del contexto económico general cubano viene dado no solo por lo que representa ésta en el balance de la oferta de proteína animal a la población, sino también por su contribución a las exportaciones totales del país; por todo esto, el Gobierno revolucionario ha emitido una serie de normativas legales con el objetivo de regular esta importante actividad y con ello contribuir a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales relacionados con la misma.

El Decreto Ley No 164[13] Reglamento de Pesca de fecha 22 de julio de 1996 del Consejo de Estado de la Republica de Cuba, constituye un gran avance en el ordenamiento jurídico cubano relativo a la actividad pesquera ya que el mismo regula la investigación, conservación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros, siendo facultad del Ministerio de la Industria Pesquera dirigir y controlar la aplicación de esta política.

Este cuerpo legal en su capitulo No II se refiere a que la comisión consultiva de pesca es el máximo órgano consultivo del ministerio de la industria pesquera en materia de ordenamiento y administración de los recursos acuáticos de las aguas marítimas y terrestres.

Corresponde a la comisión consultiva de pesca, analizar el estado de explotación de los recursos acuáticos en zonas bajo la jurisdicción nacional y proponer las regulaciones y medidas de ordenamiento y protección necesarias para lograr una explotación económica sostenible, que pueden incluir cuotas de pesca, vedas, tallas o pesos mínimos requisitos para las artes de pesca y otras regulaciones.

Los miembros permanentes de la comisión consultiva de pesca serán los representantes designados por los Ministerios de Turismo; de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Agricultura y del Interior, por los Estados Mayores de la Marina de Guerra Revolucionaria, y la Defensa Civil, y por los Institutos Nacionales de Recursos Hidráulicos y de Deportes, Educación Física y Recreación; así como del instituto de Medicina Veterinaria.

Los acuerdos que adopta la comisión consultiva de pesca adquieren carácter legal, mediante resoluciones emitidas por el Ministerio de la Industria Pesquera. El resto de los acuerdos tomados se consideran opiniones o recomendaciones.

Para realizar actividades de pesca desde el litoral a la arilla, sin auxilio de medios flotantes y mediante varas, carretes, cordel y anzuelo, no se requiere autorización alguna, excepto en aquellas áreas sujetas a regímenes especiales. Las restantes modalidades de pesca, no incluidas en el párrafo anterior, así como la explotación acuícola, requieren de la autorización correspondiente.

El Ministerio de la Industria pesquera es el organismo de la Administración Central del Estado facultado para conceder, renovar, modificar y cancelar las autorizaciones de pesca, las que comprenden concesiones, licencias o permisos de pesca, estableciendo los requisitos y mecanismos correspondientes para su otorgamiento y control.

En el ejercicio de estas funciones, el Ministerio de la Industria Pesquera tendrá en cuenta los intereses de la defensa y compatibilizará con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de las Reservas Estatales para determinar de antemano aquellos sitios que dentro de las zonas autorizadas no tendrán libre acceso o el acceso estará completamente prohibido, las autorizaciones constituyen la base fundamental para el ordenamiento de la actividad pesquera.

La emisión, renovación y cancelación de cualquier tipo de autorización de pesca será tramitada por las oficinas provinciales de inspección pesquera y será aprobada por el Ministro de la Industria Pesquera.

En nuestro país existen zonas de gran interés económico – pesquero que están sujetas a regímenes generales donde se autoriza preferentemente la pesca comercial y las constituyen las aguas sobre la plataforma submarina, hasta la isobata de los doscientos metros que se extienden desde:
- El Cabo Francés hasta Playa Girón.
- La Punta de María Aguilar hasta Cabo Cruz.
- La Punta de Prácticos hasta la Punta de la Península de Hicacos.
- El Cabo de San Antonio hasta la Punta de Gobernadora.

También contamos con zonas abiertas de menor interés económico – pesquero en las que se otorgará la preferencia a la pesca deportivo – recreativa y a la pesca de autoconsumo social, que son las aguas marítimas comprendidas en los siguientes tramos del litoral:
- Desde Punta Gobernadora hasta la punta de la Península de Hicacos.
- Desde la Punta de Prácticos hasta la Punta de Maisí.
- Desde la Punta de Maisí hasta Cabo Cruz.
- Desde el cabo de San Antonio hasta el Cabo Francés.
- Desde playa Girón hasta la punta de María Aguilar.

Zonas vedadas: se trata de áreas enclavadas en las zonas anteriores y que por intereses nacionales de protección de los recursos naturales y del patrimonio quedará prohibido todo tipo de pesca.

Se declara como área vedada, por constituir el refugio más virgen y rico de la biodiversidad marina del país, donde habitan y se reproducen especies acuáticas de alto valor: la región ubicada al sur Matanzas.

En nuestro país existen diferentes modalidades de pesca, las que de acuerdo a su finalidad se clasifican en:
- Pesca Comercial.
- Pesca Deportiva – Recreativa
- Pesca de Investigación.

La pesca comercial solo puede ser efectuada por las entidades subordinadas al Ministerio de la Industria Pesquera o las autorizadas por este, o por las personas naturales y jurídicas extranjeras autorizadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Los métodos y artes de pesca deberán reunir los requisitos establecidos en cuanto a dispositivos, tipo, dimensiones, poder de captura y selectividad, así como las demás regulaciones que a tales efectos establezca el Ministerio de la Industria Pesquera.

El Ministerio de la Industria Pesquera, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Medicina Veterinaria estará facultado para habilitar, autorizar, declarar y registrar las entidades económicas destinadas a la transformación y elaboración del pescado y los mariscos para la exportación y el consumo nacional.
La pesca deportivo – recreativa podrá efectuarse:
- Desde el litoral y la orilla de las aguas marítimas y terrestres.
- Desde embarcaciones.
- Mediante la pesca submarina.

En la pesca deportivo – recreativa que se practique tanto en aguas marítimas como terrestres, solo se podrán utilizar como artes o avíos, el carrete, la vara, el cordel y el alambre con anzuelo, se utiliza el uso de la atarraya exclusivamente en aguas marítimas y con el único fin de obtener carnada.

En tal sentido se prohíbe la utilización de artes de pesca tales como nasas, palangres, redes de enmalle, tranques, chinchorros y otras artes de pesca masivas.

El Ministerio de la Industria Pesquera en conjunto con el Ministerio del Comercio Interior y en coordinación con los Consejos de Administración Provinciales podrá autorizar la comercialización de los productos de la pesca deportivo – recreativa, determinando su destino de consumo, sujetos al control sanitario, inspección y correspondiente pago de la licencia.

La pesca de investigación solo podrá efectuarse de forma coordinada entre el Ministerio de la Industria Pesquera y el Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente, los que autorizarán a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras de conformidad con lo establecido en las leyes sobre esta materia.

Cuando la pesca de investigación se realice por entidades nacionales no subordinadas al Ministerio de la Industria Pesquera o por entidades extranjeras, los resultados serán informados a dicho Ministerio.

Los productos que se obtengan de la pesca de investigación no podrán ser objeto de apropiación personal ni de lucro.
El Ministerio de la Industria Pesquera, conjuntamente con el Instituto de Medicina Veterinaria, establecerá todas las regulaciones sanitarias orientadas a proteger al país de la penetración de las enfermedades exóticas así como especies endémicas de otras partes del mundo que puedan afectar a los recursos acuáticos.

Nuestro país después del triunfo de la Revolución siempre ha mantenido una preocupación constante por la preservación del medio Ambiente en su estado natural.

La Resolución No. 33[14], de fecha 10 de mayo de 1996, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es un ejemplo de ello, la que designa al centro de Gestión e Inspección Ambiental como autoridad administrativa facultada para dar cumplimiento a los compromisos derivados de la Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, estableciendo en este caso los límites máximos de captura de la especie coral negro, así como las zonas a las que se limita nacionalmente dicha actividad.

La Resolución No 87[15], de fecha 18 de noviembre de 1996, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, establece el Reglamento para el cumplimiento de los compromisos contraídos por la Republica de Cuba en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.

La Resolución No. 456[16], de fecha 28 de noviembre de 1996, del Ministerio de la Industria Pesquera, establece la metodología para la aplicación de la política de atorgamiento de autorizaciones de pesca en la República de Cuba, política que responde a la necesidad de regular el acceso a esta actividad con métodos más actualizados, dinámicos y fáciles de controlar, ya que en muchos casos la misma está localizada en áreas poblacionales donde constituye la principal fuente generadora de empleos, y por ello la aplicación de un esfuerzo de pesca desmedida puede provocar la sobre explotación de los recursos acuáticos y conducir a una gestión económica deficiente.

El Ministerio de la Industria Pesquera establece el sistema de autorizaciones para lograr una explotación ordenada y sostenible de los recursos pesqueros, y promover que las personas que practiquen la pesca alcancen los objetivos deseados, ya sean comerciales o de esparcimiento, sin causarle pérdidas económicas al Estado Cubano.

El objetivo de esta política es que en sentido general una “Autorización” otorga el permiso de hacer algo, que sin esa anuencia estaría prohibido. Por consiguiente, la “Autorización” no confiere ninguna propiedad, ni ningún derecho contractual que pueda ser legalmente vendido o transferido. Esencialmente es el privilegio de hacer algo, bajo ciertos términos y condiciones.

Tomando como base esta filosofía, la autorización de pesca es el documento oficial mediante el cual el Ministerio de la Industria Pesquera de la República de Cuba, dada la autoridad que la confiere el Decreto – Ley No 164/96[17], Reglamento General de Pesca, otorga permiso a una persona natural o jurídica (nacional o extranjera) para capturar una o más especies acuáticas en las aguas marítimas y/o terrestres del territorio nacional; con sujeción a las condiciones consignadas en dicho documento. Este permiso no es permanente; el que recibe la autorización adquiere un privilegio de pesca limitado, más que un derecho absoluto.

La autorización de pesca es intransferible; solo la persona natural o jurídica a quien le ha sido otorgada puede disfrutar del permiso que dicho documento concede. En tal sentido cualquier transferencia que se realice a favor de terceras personas, se considerará ilegal e implicará la pérdida de la autorización para su titular.
Los objetivos básicos para el otorgamiento de las autorizaciones de pesca en la República de Cuba son:
- Conservación:
- Ayudar a la conservación de los recursos acuáticos.
- Viabilidad económica.
- Promover la estabilidad y viabilidad económica de las operaciones pesqueras.
- Distribución:
- Promover una distribución equitativa del acceso o los recursos pesqueros.
- Desarrollo de la flota pesquera:
- Promover el desarrollo ordenado de la flota pesquera controlando el número, tamaño y tipo de nuevos barcos.
- Administración pesquera:
- Facilitar la colecta de datos para propósitos de administración, control y planificación.
Las autorizaciones de pesca estarán categorizadas de la siguiente manera:
- Licencia de pesca.
a) pesca comercial
Las licencias para la pesca comercial según lo establecido en el capítulo III, artículo 16 del Reglamento de pesca, se emiten anualmente y podrán ser renovables.

Las licencias para la pesca comercial se otorgarán de forma individual a las embarcaciones pesqueras pertenecientes a las entidades armadoras adscriptas al Ministerio de la Industria Pesquera, previa solicitud de la dirección de dichas Organizaciones Económicas Estatales.
Dicho trámite se aplicará igualmente a las embarcaciones dedicadas a la pesca para el autoconsumo social, perteneciente a otras entidades estatales.

Excepcionalmente y de acuerdo con el Consejo de Administración Provincial y la Asociación Pesquera Territorial, podrán concederse licencias de pesca comercial a particulares.

En tales casos se requerirá que el propietario de la embarcación acredite el registro de ésta en la Capitanía del Puerto correspondiente.
Los trámites para la solicitud y obtención de la licencia de pesca comercial, se harán a través de la Oficina Provincial de Inspección Pesquera de cada territorio.

La aprobación de las licencias para la pesca comercial, incluyendo la de autoconsumo, es facultad del Ministro de la Industria Pesquera, quien ha delegado esta atribución en las Oficinas Provinciales de Inspección Pesquera de cada territorio, subordinadas a la Oficina Nacional que está adscripta al referido Ministerio.

La licencia para cada una de las embarcaciones dedicadas a la pesca comercial, será expedida para los siguientes tipos de pesquerías y sujeta a las tarifas anuales que se relacionan a continuación.

1) Pesca de Langosta
400.00 pesos
2) Pesca de Camarón
350.00 pesos
3) Pesca de Bonito
300.00 pesos
4) Pesca de Escama
250.00 pesos
5) Pesca de Almejas
200.00 pesos
6) Pesca de Ostiones
200.00 pesos
7) Pesca de Cangrejos
200.00 pesos
8) Pesca de Esponjas
200.00 pesos
9) Otras pesquerías
200.00 pesos

Las pesquerías comerciales en embalses de agua dulce no requerirán por el momento de la licencia de pesca.
Las licencias para la pesca deportivo – recreativa se otorgarán, según el reglamento de pesca, a las personas naturales o jurídicas propietarias de embarcaciones, siendo indispensable presentar la certificación de registro de la embarcación en la Capitanía del Puerto y tener el correspondiente certificado de navegabilidad.

Es requisito para obtener una licencia de pesca deportivo – recreativa, el haber cumplido los 16 años de edad y ser ciudadano cubano, y presentar el carné de la Federación Cubana de Pesca Deportiva.

Los permisos de pesca serán otorgados a extranjeros y turistas que deseen practicar la pesca deportivo – recreativa, y a las instituciones estatales que realizan pesca de investigación.
- Cambio de la propiedad de las autorizaciones de pesca.
Las autorizaciones de pesca son intransferibles. A continuación se relacionan las condiciones bajo las cuales se permite el cambio de propiedad de una licencia de pesca comercial ya otorgada.
a) La solicitud de cambio de propiedad se hará por escrito, firmado por el jefe de la entidad económico estatal correspondiente, y deberá contener toda la información que se requiere en el modelo de solicitud de licencia para barcos de pesca comercial, especificando además el motivo por el cual se solicita el cambio de licencia.
b) La entidad interesada en gestionar un cambio de propiedad de licencia, tramitará esta solicitud a través de la Oficina Provincial de Inspección Pesquera de su territorio.
c) El cambio de propiedad de una licencia de pesca comercial de una embarcación a otra, solo se efectuará por una vez en el período de 12 meses.
d) Los trámites para la obtención de la licencia no deben exceder de 15 días naturales, a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Oficina Provincial de Inspección Pesquera del territorio.
e) Para la obtención del traspaso de propiedad de la licencia, el solicitante abonará 30.00 pesos en la Oficina Provincial de Inspección Pesquera del territorio.

Teniendo en cuenta lo expresado con anterioridad podemos decir que el esfuerzo de Cuba con relación a la protección del medio ambiente y sus recursos naturales, resultan de gran importancia y de prioridad reconocida ya que la Constitución de la República en su artículo 11 inciso b)[18] establece que el Estado ejerce su soberanía sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país.

Por ello la Resolución No. 111[19], de fecha 28 de noviembre de 1996, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, tiene como objetivo establecer las disposiciones que permitan lograr una gestión adecuada en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en el país y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado Cubano como parte del Convenio de la diversidad biológica.

La precitada Resolución, en su capitulo III, artículo no. 15 señala que la introducción de especies, subespecies, variedades o razas que puedan alterar o no la diversidad de especies autóctonas, queda sujeta a la aprobación del Centro de Gestión e Inspección Ambiental, de conjunto con el Centro Nacional de Seguridad Biológica, también perteneciente a este organismo, quienes oirán el parecer de cuantas instituciones resulten necesarias y para conceder la aprobación, cuando proceda, tendrán en cuenta entre otros, los criterios siguientes:
a) Los posibles efectos de las nuevas especies en el medio que van a ser implantados, con base a estudios previos, con suficiente profundidad y anticipación, de las características bioecológicas de la zona objeto de la introducción que permita una valoración adecuada de este aspecto.
b) Las posibles reacciones del medio receptor y de las especies nativas con respecto a las que se pretende introducir.
c) El riesgo que pueden generar especies, razas o biotipos potencialmente peligrosos.
d) Los posibles beneficios, en forma clara y definida, de la introducción que se pretende.

El artículo No. 16 señala que en todos los casos la introducción de especies, subespecies, variedades o razas que puedan alterar o no la diversidad de especies autóctonas, estará sujeto a los siguientes requerimientos.
a) Las introducciones se realizarán, preferentemente, en ambiente controlado, artificial o semiartificial, bajo monitoreos periódicos y con los medios de seguridad necesarios que impidan que dichos especimenes escapen a medios naturales:
b) En caso de que se considere necesario, con fines de conservación y previo los estudios que sean pertinentes, se llevará a efecto la reintroducción de especies nativas, a partir de localidades dentro del territorio nacional de donde pueden ser extraídos o a partir de la reproducción ex – situ.
c) La reintroducción de especies, subespecies, variedades o razas autóctonas solo se hará con fines de conservación y cuando no exista ninguna duda sobre la situación taxonómica de la especie a introducir en relación a la que se conoce existía en el hábitat que será objeto de reintroducción.

Esta propia Resolución en su Capítulo VI, artículo No. 22, establece la integración del grupo nacional de trabajo de Diversidad Biológica por los siguientes factores.
· Ministerio de la Agricultura.
· Ministerio de la Industria Azucarera.
· Ministerio de la Industria Pesquera
· Ministerio para la Investigación Extranjera y la Colaboración Económica.
· Ministerio de Relaciones Exteriores.
· Ministerio de Salud Pública.
· Ministerio de Economía y Planificación.
· Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
· Ministerio de la Industria Básica.
· Ministerio del Turismo.
· Ministerio de Educación.
· Ministerio de Educación Superior.
· Ministerio de Cultura.
· Ministerio de Comercio Exterior.
· Ministerio del Interior.
· Ministerio de Justicia.
· Aduana General de la República.
· Instituciones del Consejo de Estado vinculadas a la Actividad Biotecnológica.

Otras instituciones cuya actividad trasciende a la diversidad biológica y respecto a las cuales se determine su participación, en consulta a la institución en cuestión.

La Resolución No. 519[20] de fecha 9 de diciembre de 1996 del Ministerio de la Industria Pesquera establece la cantidad de hasta 15 kilogramos (33 libras) como cuota máxima de captura permisible para la práctica de la pesca deportiva - recreativa en las zonas de gran interés económico – pesquero establecidas en el Reglamento de Pesca, para el caso de las zonas abiertas de menor interés económico – pesquero, igualmente reguladas en el citado Reglamento, la cuota máxima de captura permisible será de hasta 30 kilogramos (66 libras), todo pescador deportivo – recreativo que esté autorizado para la práctica de esta modalidad de pesca, tendrá derecho a dichas cuotas por cada salida al mar que realice.

La Resolución No. 561[21] de fecha 31 de noviembre de 1996 del Ministerio de la Industria Pesquera prohíbe en todo el territorio nacional la captura, el desembarque, la transportación y la comercialización de aquellas especies acuáticas de la plataforma marina cubana cuyas tallas mínimas se encuentran por debajo de las consignadas en el anexo a ésta, la prohibición se hace extensiva a la captura y el desembarco del producto de la pesca deportivo – recreativo.

Teniendo en cuenta la importancia que para el Estado Cubano representa la actividad pesquera por su gran incidencia en la alimentación de la población es necesario dedicar esfuerzos a su protección y para ello fue dictada la Resolución no. 562[22] de fecha 31 de diciembre se 1996 del Ministerio de la Industria Pesquera, en la que se declaran como zonas bajo régimen especial de uso y protección, las aguas marítimas comprendidas en los tramos delimitadas por las coordenadas geográficas siguientes:

1. Cayería de las doce leguas.
Punto No 1. Norte Laguna de Boca Guano.
Punto No 2. Sur. Laguna de Boca Guano
Punto No 3. Sur de Cayo Anclita.
Punto No 4. Sur de Cayo Bartolo.
Punto No 5 Sur de Cayo Chocolate.
Punto No 6 Cayo Largo.

En la zona antes referida solo se podrá practicar la pesca comercial de la especie denominada panúlirus Argus (langosta común). Y de forma excepcional la pesca deportivo – recreativa que esté amparada por el permiso especial expedido a tales efectos por el Ministerio de la Industria Pesquera.

Como se ha podido apreciar con anterioridad he mencionado algunas normativas dictadas por la Revolución con el objetivo de regular la actividad pesquera, lo que constituye un gran avance con relación a las etapas anteriores, donde los gobernantes nunca se preocuparon por el desarrollo de esta rama de la economía y mucho menos por la protección del medio ambiente.

3.3.- Normativas relacionadas con el derecho contravencional cubano en materia pesquera.

El presente epígrafe trata de algunas de las más importantes normativas legales que forman parte de la legislación positiva en Cuba y que de forma directa o indirecta contienen regulaciones sobre el Medio Ambiente.

Existe un régimen contravencional en esta materia como parte de la legislación positiva en Cuba, el que se encarga de regular las faltas o violaciones de la legalidad que no están refrendadas como delitos o también consideradas infracciones administrativas, cuyo tratamiento se ha caracterizado por la aplicación de sanciones pecuniarias como sanción principal, acompañadas de sanciones accesorias.

El Decreto Ley 200[23], de 23 de diciembre de 1999 de las contravenciones en materia de medio ambiente otorga amplias facultades a las autoridades competentes para ejercer lo dispuesto en él, este fue modificado por la Resolución 19/2000 [24] del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, cuyos trámites son meramente administrativos y permite hasta el comiso o reasignación de los bienes utilizados para cometer la contravención, significando que en este aspecto tiene la misma fuerza legal que el Código Penal que establece el comiso como sanción accesoria, de manera que constituye un avance en concordancia con el principio de mínimo acceso penal de tanta utilización en el ordenamiento jurídico Internacional.

De igual forma el Decreto Ley 164[25] de fecha 22 de julio de 1996, en su capítulo VIII, artículo 50 y siguientes establecen las sanciones aplicadas a las infracciones y violaciones de lo preceptuado en el Reglamento de Pesca, en este caso también se hace referencia al decomiso como una de las sanciones accesorias.

Se puede afirmar que en materia de pesca este reglamento específicamente es el que regula el sistema contravencional en este Ministerio.
Ahora bien, ese sistema contravencional en mi criterio, que además es compartido por otros juristas, en muchos casos no es aplicado y de serlo, adolece de la necesaria severidad para lograr que los individuos rectifiquen las actitudes violatorias de la legalidad.

Esta afirmación está basada en los innumerables casos que se conocen a diario enmarcados como conductas infractoras de lo previsto en el artículo 11 del Decreto – Ley 200[26], de las contravenciones en materia de medio ambiente, referido a los ruidos, vibraciones y otros factores físicos, ello es solo un ejemplo por ser el que más se observa en nuestra población, además otro ejemplo puede ser la caza furtiva y la pesca de especies de alto valor económico, destrucción del hábitat natural de especies, introducción de enfermedades exóticas, siendo éstas, entre otras, causas que han incidido en la pérdida de la Diversidad Biológica en Cuba y que aún no son combatidas con el rigor que se requiere, según se estipula en el artículo 8 del citado Decreto – Ley.

Un ejemplo de introducción de especies exóticas en Cuba lo constituye el pez gato africano conocido por clarias gariépinus y el asiático clarias macrocéfalo, el pez gato, es nombre común de más de 2.200 especies de peces, de las cuales unos 1.200 viven en América del Sur, donde también se les llama bagres, dos familias son principalmente marinas, el resto vive en aguas dulces.

La mayor parte de los peces gatos son carroñeros nocturnos y viven cerca del fondo en aguas poco profundas[27].

Las dos especies de clarias llegaron a Cuba en 1999 procedentes de Tailandia, donde se reproducen en estanques, viven en el medio natural y cuentan con una alta demanda entre los habitantes de esa nación[28].

Especialmente la clarias gariépinos, por su talla que puede sobrepasar fácilmente más de un metro, el peso que llega a los 60 Kg, su rápida reproducción, el hecho de que come casi cualquier cosa y que tiene una carne muy sabrosa, fue la más utilizada para fomentar su entrada en la acuicultura cubana.

La primera introducción en Cuba se realizó desde Malasia en julio de 1999 para investigación científica, con un lote de alrededor de 2000 animales que fueron recibidos en el Centro Nacional de Investigaciones de Mamposton, en la Provincia de La Habana, lugar en el que se desarrolló un estudio de alimentación y crecimiento en las condiciones cubanas.

Poco después el Ministerio de la Industria Pesquera (MIP) haría una diseminación a mayor escala en todo el territorio nacional, de las dos especies de pez gato destinados a los cultivos intensivos en estanques de las estaciones de alevinaje del país; sin tener en cuenta que este pez resulta ser depredador y caníbal ya que su fuente de alimentación la constituye un amplio espectro incluyendo especies de peces pequeños.

Se puede resumir que en este caso fueron burladas las leyes y regulaciones que norman la entrada al país de cualquier especie animal y vegetal, y especialmente en lo estipulado en el Decreto Ley 190[29], referido a la seguridad biológica, así como en una serie de normativas emitidas al respecto, entre ellos la Resolución 76 que explica el proceso a seguir para traer a Cuba cualquier planta o animal exótico, incluso cuando éste sea destinado a un Jardín Botánico u Zoológico.

3.4.- La inspección estatal en materia pesquera.
La comisión de Gestión Ambiental, constituida bajo el amparo de la Resolución No. 284/96[30], con fines de dirigir, coordinar, controlar y realizar, según el caso, las tareas propias de la política ambiental del sector pesquero, ha elaborado un calendario de acciones para incorporar la dimensión ambiental al programa de desarrollo de la pesca y una propuesta de documento para combatir la contaminación de las aguas por el derrame de hidrocarburos.

Para controlar el cumplimiento de las medidas regulatorias el Ministerio de la Industria Pesquera creó la Oficina Nacional de Inspección Pesquera[31], la cual cuenta con una oficina en cada provincia del país, integradas por un total de 180 inspectores, equipados a un nivel satisfactorio, con los medios necesarios para el desempeño de sus labores de inspección.

La Oficina Nacional de Inspección Pesquera tiene la misión de velar por el cumplimiento de todas las regulaciones estipuladas para la conservación, fomento y aprovechamiento racional de los recursos acuáticos que habitan en la zona económica, el mar territorial, las aguas interiores y las aguas terrestres cubanas, así como supervisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de sanidad, calidad y seguridad para el pescado y los productos pesqueros, sin perjuicios de las facultades de los Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de Salud Pública y de la Oficina de Normalización.

Las principales funciones de la Oficina Nacional de Inspección Pesquera son:
· Controlar el cumplimiento de los medios regulatorios vigentes en materia de pesca.
· Conceder, renovar, modificar y cancelar licencias o permisos de pesca.
· Efectuar la supervisión tecnológica y sanitaria a los establecimientos y buques pesqueros.
· Comprobar el funcionamiento de los programas de aseguramiento de la calidad.
· Comprobar los requisitos de calidad para el pescado y los productos pesqueros establecidos en las normas vigentes.
· Aplicar o solicitar las sanciones previstas en la legislación.

3.5.- Problemas Ambientales que presenta la actividad pesquera en cuba.
Desde el punto de vista ambiental los principales problemas que presenta el sector pesquero son[32]:
· La contaminación de las aguas marinas y terrestres por el vertimiento de residuales industriales. (Principalmente de la industria azucarera), agropecuarias y domésticos.
· Riesgo de sobreexplotación de algunas especies acuáticas.
· Pérdida de área de cría y de ecosistemas naturales de especies acuáticos.
· Afectación de la atmósfera por el uso de gases refrigerantes considerados como sustancias agotadoras de la capa de Ozono, en nuestras instalaciones de congelación y producción de hielo.

Entre las causas fundamentales que determinan estos problemas ambientales tenemos:
Problema no. 1

● El poco conocimiento de las características de las fuentes y focos contaminantes del medio ambiente.
● Los frecuentes vertimientos de sustancias contaminantes al medio acuático, resultantes de la actividad industrial agropecuaria y doméstica.
● La no existencia de sistemas eficientes de tratamientos residuales.
● Las limitadas posibilidades de actuación dentro del marco jurídico para aplicar sanciones efectivas a los contaminadores del medio acuático.
● El bajo nivel de prioridad a la dimensión ambiental dentro de los planes de desarrollo.
Problema No. 2
● El incumplimiento de las medidas regulatorias establecidas para garantizar el uso sostenible de los recursos pesqueros.
● La presión en nuestros empresarios por cumplir los planes productivos de captura, para garantizar la entrada de alimento proteico a la población y las exportaciones, en la situación de crisis económica en que se encuentra el país.
● El crecimiento del número de pescadores deportivo – recreativo.
● La pesca indiscriminada por parte de pescadores furtivos de algunas especies vedadas o de aquellas solo autorizadas para la pesca comercial practicada por empresas estatales.
Problema No 3
● La gran disminución de la entrada de nutrientes naturales a las áreas de crías de especies de gran importancia comercial como lo es el camarón, producto del represamiento de los ríos.
● Los altos niveles de sequía provocados por los cambios climáticos actuales.
● La pérdida de áreas de manglar producto principalmente de la salinización de zonas costeras.
● Los daños provocados en los arrecifes coralinos por el anclaje de embarcaciones, la contaminación por el vertimiento de residuales terrestres y sustancias oleosas, la depredación de corales y otras especies arrecifales por personas que practican el buceo, la destrucción provocada por las artes de pesca que se calan sobre las barreras coralinas.
Problema No. 4
● La alta necesidad para la conservación de la capa de ozono que implican la utilización de los gases refrigerantes tipo CFC, los cuales forman parte importante de la tecnología empleada en nuestras plantas de refrigeración. Los CFC fueron ampliamente difundidos a nivel mundial sin ninguna regulación hasta principio de la década de las 80, actualmente la sustitución de estos gases por otros no dañinos a la atmósfera, es muy costosa y poco disponible en el mercado mundial hasta el momento.
· Lineamientos para minimizar o eliminar los principales problemas ambientales manifiestos en el sector pesquero.
● Actualizar la información existente sobre características de las fuentes y focos contaminantes de la industria pesquera.
● Mejorar los sistemas de tratamiento primario convencionales, tradicionalmente utilizados en la industria pesquera e ir introduciendo métodos de tecnologías de avanzada en la depuración de residuales tales como los tratamientos biológicos.
● Actualizar y compatibilizar las normas técnicas y jurídicas de prevención y control de la actividad de contaminación ambiental del Ministerio de la Industria Pesquera, con las regulaciones generales establecidas por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.
● Incrementar la eficiencia en el aprovechamiento industrial de los productos pesqueros, como vía de disminución del volumen de residuales (prestando atención especial a la utilización de los residuales de la actividad acuícola).
● Continuar la introducción de sistemas de análisis de riesgo y control de puntos críticos en las plantas de procesamiento industrial de productos pesqueros.
● Cumplir con los establecimientos para la introducción en los casos estrictamente necesarios de especies foráneas, acorde a los requerimientos y las legislaciones nacionales e internacionales vigentes.
● Cumplir con los compromisos establecidos por Cuba en las convenciones, convenios y otras organizaciones internacionales en que participamos.
● Elaborar programas de Educación Ambiental dirigidos a trabajadores del sector y a las comunidades pesqueras.
● Otros lineamientos.

Para garantizar el desarrollo y cumplimiento de las acciones de la estrategia ambiental del Ministerio de la industria Pesquera, existen los siguientes instrumentos legales, técnicos, administrativos y de control:
● Decreto Ley. No. 164 “Reglamento de pesca”
●Regulaciones complementarias.
● Legislación establecida por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.
● Licencias ambientales.
● Indicadores ambientales.
● Evaluación de impacto ambiental.
● Áreas marinas protegidas de conjunto con el CITMA.
● Normas ambientales y de calidad de los productos pesqueros.
● Programas de investigación y desarrollo de los centros de investigación.
● Programas de acción de las asociaciones pesqueras.
● Plan de inversiones del Ministerio de la Industria Pesquera.
● Convenios y convenciones internacionales de los que Cuba es parte.
● Programa de educación y divulgación ambiental para trabajadores de la pesca y comunidades pesqueras.

El Decreto Ley No. 164[33] “Reglamento de pesca, constituye el documento de máxima jerarquía legal para regular la explotación de los recursos pesqueros y preservar su entorno, éste fue puesto en vigor en septiembre de 1996 y entre sus características más significativas aparecen las siguientes:
● Establece un sistema para el otorgamiento de licencias o autorizaciones de pesca a toda persona natural o jurídica que desee practicar la pesca comercial, deportivo - recreativa e investigativa.
● Crea un órgano nacional de consulta de amplia representatividad para asesorar al Ministro de la Industria Pesquera en materia de ordenamiento y administración de los recursos pesqueros.
● Establece sanciones severas a través de la imposición de multas y decomisos, a todas aquellas personas que no practiquen una pesca responsable.

De todo lo anterior se puede resumir, que la formación de una conciencia ambiental en los trabajadores del sector, principalmente en nuestros pescadores, es tarea de importancia capital para la aplicación práctica de la estrategia ambiental del Ministerio de la Industria Pesquera, a partir de la educación ambiental que adquieran nuestros productores y administradores, serán mas concientes de la necesidad de practicar una pesca responsable, para a través de la protección de las especies acuáticas y su medio, disfrutar de sus beneficios a largo plazo.

El despertar este interés para adquirir conocimientos sobre cuidado del medio ambiente puede facilitarse con la instrumentación de programas instructivos y de participación comunitaria, sobre todo de los jóvenes, en alguno de los cuales sea apreciable a corto plazo los resultados por la conservación y fomento de ciertas especies y sus entornos.

CONCLUSIONES
Primera: Se pudo constatar que la actividad pesquera en Cuba presenta en su ejecución violaciones de las disposiciones en materia medio ambientales tales como: contaminación ambiental (aguas terrestres y marino costeras), hay pérdida de la biodiversidad marina.

Segunda: Que el Ministerio de la Industria Pesquera, trabaje en la unificación de la actual dispersidad legislativa que existe en materia medioambiental relacionada con la actividad pesquera en Cuba.

Tercera: Que la Inspección Estatal Pesquera accione hacia los objetivos estatales que agreden al Medio Ambiente en el país.

BIBLIOGRAFÍA
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LEGAL:
Leyes:
- Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976. (reformada en julio 1992)
- Constituciones de varios países: Guatemala, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá y Perú.
- Ley de la Inversión extranjera. Ley No 77 de 5 de septiembre de 1975.
- Ley del Medio Ambiente. Ley 81 de 7 de julio de 1997.
- Ley del Ambiente de Venezuela, 1976.
- Ley sobre bases generales del Medio Ambiente Chile, 1994.
- Ley 19.300 Base del Medio Ambiente Colombia.
- Ley 41, General de Ambiente de la República de Panamá, 1998.

Decretos Leyes
- Decreto Ley No. 164. Reglamento de Pesca 28 de mayo de 1996.
- Decreto Ley No. 200. Contravenciones en Materia de Medio Ambiente y Medios Aplicables de 22 de diciembre de 1999.
- Decreto Ley No. 223. De la Jurisdicción y Competencia de las Salas de la Economía de los Tribunales Populares del 2001.

SITIOS EN INTERNET.
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4. Pesca en la Bahía Habana httpwww.jrebelde.cubaweb.cu2003abril_juniojun-5bahia.html.htm
5. Regional sistemas integrados de tratamiento y uso de aguas residuales en América latina .htm
6. Recursos costeros y marinos
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7. Senado de la República - Gaceta
Parlamentariahttpwww.senado.gob.mxsgspgacetasesion=200409131&docu.htm

REFERENCIAS
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[2] Ibidem 11
[3] Ibidem 11
[4] Ibidem 11
[5] Ley 59/87 Código Civil Cubano 2da Edición Ministerio de Justicia Diciembre 1988 pág. 11.
[6] Derecho Comparado http://www.gestioplis.com/canales5/ger/rosa
[7] Ibidem 10
[8] Ibidem 10
[9] Diccionario Pequeño Larousse ilustrado Ministerio de Educación Edición Revolucionaria 1968 pág. 1995.
[10] Decreto Ley No. 164 de 22 de Julio de 1996, Reglamento de Pesca. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria No. 26 pág. 405 y ss.
[11] Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005.1993 – 2004
Microsoft Corporation Reservados todos los Derechos.
[12] Hernández Torres Viviam (2000). Legislación Ambiental Cubana, un enfoque sistémico, Revista Jurídica del Ministerio de Justicia, No.1, La Habana Cuba pág. 67
[13] Ibidem 20
[14] Resolución No. 33 de 10 de Mayo de 1996, Protección del Coral Negro, Gaceta Oficial de la República, Ordinaria No. 15 pág. 255 y ss.
[15] Resolución No. 87 de fecha 18 de Noviembre de 1996, Reglamento sobre las especies amenazadas de flora y fauna, Gaceta Oficial de la República, Ordinaria No. 38 pág. 597 y ss.
[16] Resolución No. 456 de fecha 28 de Noviembre de 1996, Metodología para la aplicación de la política de otorgamiento de autorizaciones de pesca, Gaceta Oficial de la República, Ordinaria No. 40 pág. 637 y ss.
[17] Ibidem 20
[18] Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976. Reformada el 12 de julio de 1992.
[19] Resolución No. 111 de fecha 28 de Noviembre de 1996, Regulaciones sobre la diversidad biológica, Gaceta Oficial de la República, Ordinaria No. 40 pág. 631 y ss.
[20] Resolución No. 519 de fecha 9 de Diciembre de 1996, Cuota Máxima de captura para la pesca Deportivo – Recreativa, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria No. 44 pág. 703 y ss.
[21] Resolución No. 561 de fecha 31 de Diciembre de 1996, Regulaciones sobre las tallas mínimas de peces, Gaceta oficial de la República, Ordinaria No. 51 pág. 812 y ss.
[22] Resolución No. 562 de fecha 31 de Diciembre de 1996, zonas bajo régimen especial de protección, Gaceta Oficial, Ordinaria No. 51 pág. 812 y ss.
[23] El Decreto Ley No. 200 de fecha 23 de Diciembre de 1999, Gaceta Oficial de la República Cuba, Edición Ordinaria No. 83 pág. 1339 y ss.
[24] Resolución No. 19, de 7 de febrero del 2000, Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente.
[25] Ibidem 20
[26] Ibidem 33
[27] Biblioteca de consulta Microsoft Encarta 1993 – 2004 Microsoft Corporation Reservados todos los derechos
[28] Periódico Juventud Rebelde de 22 de Enero de 2006 pág. 4 y 5
[29] Decreto Ley No. 190 de 28 de Enero de 1999 de la Seguridad Biológica, Gaceta Oficial de la República de Cuba
[30] http://www.snap.cu/juntacoordinadora/.htm Inspección Ambiental en materia pesquera
[31] Ibidem 40
[32] http://WWW.medioambiente.cu – da
[33] Ibidem 20

AUTORES
MsC. Luis Ballester Nápoles. Abogado Consultor.
MsC. Alcides Francisco Antúnez Sánchez. Profesor Asistente adjunto, Sede Universitaria Municipio Bayamo. Universidad de Granma. República de Cuba.

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