Está más que asumido socialmente que el modelo agro-ganadero actual no funciona ni responde a las necesidades de las partes implicadas. Según los datos que arrojan las estadísticas, la renta media de los agricultores no para de decrecer. En el caso de España para el año 2009 el descenso fue de un 5,4%. Por tanto, la necesidad de un cambio de modelo agrario se hace imprescindible si se desea que a medio y largo plazo el sector primario siga siendo un potente ámbito futurible para el conjunto de la economía nacional. Pero antes de aventurar las posibles complejas soluciones, es pertinente analizar y catalogar las fricciones, problemas y desequilibrios que afectan a los agentes que operan en el sector: productores, industria, distribución y comercialización de los productos que se explotan en el campo.

Las causas de la permanente inseguridad del sector pasa como bien saben los profesionales, por el gran peso de los operadores y de los mercados, que se quedan con un porcentaje elevado de las ganancias; por los elevados costes de producción; y por la carencia de una estructura robusta que vertebre asociativamente los intereses del ramo agro-ganadero en su conjunto.

Por otro lado, las líneas de solución por la que apuestan los expertos está sin duda alguna en el imperativo de ir hacia un modelo de explotación agraria más eficiente, competitiva e innovadora, en el cual, los propios agricultores y ganaderos participen más en toda la cadena que recorren sus productos hasta llegar al consumidor. Además, se ha de promover una mayor actividad en términos asociativos y cooperativos para defender y negociar los intereses ante los mercados y fondos de inversión que distorsionan los precios a base de la especulación, junto a una mayor revisión por parte de las autoridades de las importaciones descontroladas y de bajo coste que en muchas ocasiones evitan los controles de calidad y seguridad exigidos en la zona comunitaria.

Y para más INRI, en mitad de los problemas y soluciones se nos cuela la Política Agraria Común, instrumento paliativo, pero no curativo del campo europeo. En los últimos años las ayudas directas de la PAC se han mantenido de manera constante, suponiendo entre el 28% y el 30% de la renta agraria, lo que significa que es un sostén actualmente insustituible para un porcentaje elevado de profesionales del entorno rural, pero que a largo término supone una rémora para el desarrollo de conjunto de la economía nacional y europea, ya que supone la mayor partida de gastos del presupuesto europeo, lo que equivale a decir que es un subsidio discriminatorio por cuanto que otros muchos sectores económicos en difícil situación, por justicia de igualdad retributiva, también deberían percibir estas u otras ayudas. Además, si incluimos el desproporcional y disfuncional sistema de pagos que usa la PAC entre grandes y pequeños propietarios, podríamos vaticinar que la PAC como política de promoción agraria innovadora y sostenible tiene carencias imperdonables y como política de progresividad retributiva social es un chiste de mal gusto.

Por tanto, para que el futuro del sector profesional de la agricultura y la ganadería sea un poquito más seguro y próspero, las condiciones indispensables para el cambio de modelo se han de basar en una nueva política de unión del sector, una unión clave en cooperativas y organizaciones interprofesionales dispuestos a dar la batalla frente a los mercados e intermediarios que sustraen parte de la renta esencial a este medio de vida. Un frente común que sepa interpretar la globalidad de los mercados, que sepa promocionar la competitividad y la innovación para crear calidad alimentaria. En definitiva, reconstruir un nuevo paradigma agro-pecuario que presente soluciones a los retos de las sociedades del Siglo XXI: medio ambiente, energía, seguridad alimentaria, justicia social y de comercio. Solo de esta manera el modelo agrario será capaz de adaptarse a las exigencias de un mundo con dinámicas socio-económicas caracterizadas por la velocidad del cambio.