El Plan de Empleo Rural, más conocido como PER, fue un subsidio agrario creado por el Gobierno de España durante el mandato de Felipe González, y aplicado a partir de 1984 hasta nuestros días a las zonas rurales de España, principalmente de Andalucía y Extremadura, para equilibrar el poder adquisitivo de estas zonas con las de otras más prósperas. Sin embargo, ahora que la crisis obliga a recortar gastos sociales se cierne sobre el PER una nueva ondanada de críticas y polémicas que pretenden desapalancar esta subvención otorgada a familias de ámbito rural y con supuestos escasos medios económicos. De hecho, la polémica está servida tal y como ha pasado con las declaraciones del diputado catalán Durán i Lleida y las contradeclaraciones de políticos andaluces y extremeños.

Pero dejando de lado las posturas políticas, desearía analizar el tema con un poquito de más profundidad y sosiego reflexivo. Bien, los defensores de tal subsidio argumentan que contribuye a mejorar las condiciones de vida en el medio rural y a evitar el éxodo de población hacia las ciudades. Por el contrario, los detractores consideran que el PER es una amenaza al verdadero desarrollo de los pueblos y un fraude de ley, ya que la normativa que lo regula y controla exonera diversas prácticas ilegales evidentes como la declaración de peonadas falsas por trabajadores para recibir el subsidio o seguir trabajando ilegalmente mientras lo reciben, entre otras. Además, se habla también del “voto cautivo”, es decir, que los subsidiados depositen su voto en la urna a favor del subsidiador que en ese momento gobierna.

Vayamos por partes, los que defienden el PER no es que no lleven una ratio de razón, pues en su día la medida era justificada por lo económicamente castigadas en que se hallaban las regiones mencionadas y las consecuencias penosas de esta histórica situación, pero no deja tampoco de ser cierto que tras un cuarto de siglo de crecimiento una medida que se pretendía coyuntural se halla convertido en estructural permanente. Esto significa por un lado, o que la medida a largo plazo no ha conseguido los resultados esperados, ya que se ha ido aplazando “ad infinitum”, o que los políticos que gobierna temen una bajada electoral. En el mismo sentido, es “vox populi” el fraude incontrolado a la Hacienda Pública que las prácticas ilegales tanto de trabajadores como de empresarios acapara esta polémica ayuda a cuenta de las arcas del Estado. Si todos estos inconvenientes parecen reales, es muy seguro que el PER sea más un lastre que un soplo de viento a favor del desarrollo y el crecimiento, porque una población subvencionada a perpetuidad es menospreciarla en sus capacidades y empequeñecerla en sus ambiciones e ilusiones de futuro.

Todo esto pone de manifiesto que el antiguo PER o el vigente AEPSA (Acuerdo sobre el Empleo y la Protección Social Agraria) desde 1996, tiene inconvenientes de profundidad que, o bien hay que subsanar o eliminarlo para sustituirlo por otro acuerdo que incentive y promocione la educación, el empleo y la creación de empresas que reviertan en el aumento del nivel de vida de la población rural y sobre todo despierte la sana ambición de los jóvenes de construirse un futuro ganado por ellos mismos.