Una conducta típica y antijurídica no es sin más punible. La calificación de una conducta como típica y antijurídica expresa solamente que el hecho realizado por el autor es desaprobado por el Derecho, pero no que el autor deba responder penalmente por ello, cuestión que debe decidirse en el ámbito de la culpabilidad, esto es:

 

1. Que el autor del injusto se encontraba en capacidad psicológica suficiente (media) de comportarse y motivarse por la norma.
2. Que el autor conocía la antijuricidad del acto por él protagonizado; y ,
3. Que el actor se encuentra en condiciones psicofísicas, morales y circunstanciales de actuar de manera diferente a como lo hizo por serle exigible.

De lo precedente tenemos que tres son los elementos fundamentales de la culpabilidad:

1. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad.
2. Conocimiento de la antijuricidad.
3. La exigibilidad del comportamiento.

    

En el Derecho su significación varia según se hable de postulado o principios o garantistas del Derecho penal general - nulla poena sine culpa- o de una declaración judicial derivada del debido proceso.

Para Reyes Echandia, siguiendo a Antolisei, la culpabilidad la define "como la actividad consiente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente"

Luis Jiménez de Asúa define la culpabilidad como "el reproche que se hace el autor de un concreto acto punible, al que le liga un nexo psicológico motivado , pretendiendo con su comportamiento un fin, o cuyo alcance le era conocido o conocible, siempre que pudiera exigírsele un proceder conforme a las normas"

José María Rodríguez Devesa define la culpabilidad diciendo que "actúa culpablemente el que con arreglo al ordenamiento jurídico puede proceder de otra manera a como lo hizo, es decir, que pudo abstenerse de realizar la acción típicamente antijurídica"

Para explicar la culpabilidad existen diversas teorías:

Esta teoría cuyo máximo representante lo tenemos en le alemán Franz Von Liszt con el desarrollo de lo que llamó por influencia del positivismo italiano, "la culpabilidad del carácter " por el que se ubica el concepto de culpabilidad cerca al de peligrosidad, deteniéndose en la personalidad del autor con todos sus atributos biosociológicos.

Para esta teoría la culpabilidad se agota en la relación psicológica y el hecho, es decir basta con que el sujeto quiera realizas el hecho.

El punto central de la teoría psicológica de la culpabilidad "es la relación puramente psicológica entre el agente y el resultado de su conducta".

De acuerdo a esta teoría, el delito se define sobre la base de dos puntos:

1. La relación de causalidad material.
2. La conexión de causalidad psíquica.

    

A esta teoría se le acusó de no resolver el problema de la culpa inconsciente, ni resuelve cabalmente el de la imputabilidad como el caso del enajenado mental, o del menor de edad que actúan de modo que es posible relacionarlos psicológicamente con el resultado de su conducta, lo que ha hecho decir a los seguidores de esta teoría que la imputabilidad causa exclusión de pena, dejando incólume el delito como tal.

Gestada por E. Von Beling, este sistema plantea un puente entre la concepción psicológica y la normativa ya que "después de postular la culpabilidad como parte del tipo subjetivo, la entiende como un reproche que se formula a alguien por no haber actuado de otro modo".

Analiza la relación entre el autor y el hecho, el sujeto activo debe saber que está actuando contra una norma-prohibitiva o de mandato-. Es decir, el desvalor se presenta por la confrontación entre lo que prescribe la norma y lo que realiza el sujeto activo.

La teoría normativa estableció, para la existencia de la culpabilidad:

 

1. La imputabilidad, es decir el sujeto debe haber manifestado una voluntad defectuosa reprochable.
2. El dolo o la culpa son modalidades de la voluntad defectuosa. Resulta obvio decir que se tiene que dar como base una conducta antijurídica.
3. Ausencia de causas exculpantes. Es decir, no se debe presentar ni el estado de necesidad exculpante ni el miedo insuperable. La presencia de estas figuras impediría la reprochabilidad.

    

Esta teoría deriva de la mixta psicológica –normativa y aporta un desarrollo superior del concepto normativo de la culpabilidad. Se hizo una reformulación de este concepto, gracias al aporte de Paúl Merkel (1922) y su discípulo Berg (1927), que "demostraron como el dolo y la culpa no eran formas de culpabilidad, entendida ésta como juicio de reproche, afirmando que la estructura de dicha categoría era igual tanto para los hechos dolosos como los culposos concebidos como formas de acción".

La culpabilidad queda restringida a un juicio de valoración, es decir la reprochabilidad del acto cometido por el sujeto activo.

Si el sujeto es motivado por la norma y a pesar de ello realiza el acto prohibido, entonces es reprochable. En este sentido el profesor Hans Welzel dice: "La culpabilidad no se agota en la relación de disconformidad sustancial entre la acción y el ordenamiento jurídico, sino que además fundamenta el reproche personal contra el autor, en el sentido de que no omitió la acción antijurídica aún cuando podía omitirla. La conducta del autor no es como se la exige el derecho, aunque él habría podido observar las exigencias del deber ser del derecho. El hubiera podido motivarse de acuerdo al a norma. En este "poder en lugar de ello" del autor respecto de la configuración de su voluntad antijurídica reside la esencia de la culpabilidad; allí esta fundamentado el reproche personal que se le formula en el juicio de la culpabilidad al autor por su conducta antijurídica". La culpabilidad, de acuerdo a esta teoría, se vuelve graduable por la motivación que puede ejercer la norma.

De acuerdo con la concepción funcionalista de G. Jakobs, es en la culpabilidad donde se adoptan las soluciones decisivas. Siendo la característica de la culpabilidad la motivación no conforme a derecho del autor, el cual ha creado un conflicto. Se sanciona entonces con el fin de mantener la confianza en la norma. Por lo que, si el Estado sanciona los comportamientos que violan la norma, está contribuyendo a estabilizar el ordenamiento.

La comunicación entre los sujetos puede ser de dos clases: de sentido o de naturaleza. La naturaleza y el sentido se determinan funcionalmente, por lo que la diferenciación no es la misma en los distintos ámbitos de la sociedad. Así, desde este punto de vista, el concepto de culpabilidad es el que separa el sentido de la naturaleza.

En el marco de una perspectiva funcional-social, el derecho penal sólo garantiza una cosa: que se va a contradecir toda expresión de sentido (probada en un procedimiento propio de un Estado de Derecho) que manifieste que la norma carece de validez. Con consecuencia de esta afirmación, una expresión de sentido de contenido defectuoso es una expresión que conlleva responsabilidad.

El concepto funcional de culpabilidad es por necesidad descriptiva precisamente por la medida en que la sociedad se encuentra determinada.

Nuestro Código Penal sólo habla de responsabilidad y no de culpabilidad. La responsabilidad es un término más amplio que incluye:

 

1. la responsabilidad de la persona.
2. La co - responsabilidad de la sociedad.

    

La función de la culpabilidad se centra en determinar si se puede atribuir responsabilidad a una persona por el hecho cometido, este análisis gira en torno a la exigibilidad de otra conducta, se cuestiona, entonces, si el agente pudo haber evitado el acto o disminuido sus efectos.

En las categorías anteriores – tipicidad y antijuricidad- el juicio lo efectúa íntegramente el Juez, éste observa si la conducta se adecuaba al tipo penal y si existía o no alguna causa de justificación (examinaba los hechos), pero en el desarrollo de la culpabilidad debemos observar al sujeto en concreto y su relación con los demás –fenómenos social-, el Juez entonces debe tratar de situarse dentro de la mente del sujeto para saber si se le podía exigir otra conducta o no.

Del estudio y análisis de la culpabilidad se deben determinar tres cuestiones:

 

1. Si el agente se encontraba en la capacidad psicológica para poder haber sido motivado por el contenido de la norma.
2. Si el agente conocía la antijuricidad de su acto.
3. Si el agente le era exigible actuar de manera distinta a la forma en que lo hizo.

    

De cumplirse positivamente con cada una de las cuestiones enumeradas y habiéndose demostrado la existencia del injusto, existe la culpabilidad del agente.

Nunca se debe examinar al sujeto en forma aislada, ya que la persona es un ser social por naturaleza, hasta el delito requiere ser cometido en sociedad, de lo contrario no tendría sentido sancionarlo.

Debemos observar si, luego de cometido el delito, es necesaria o no la pena, es decir si se puede y se debe hacer responsable al sujeto por la acción que ha cometido.

Tanto la prevención general como la determinación de la culpabilidad tienen como fin la mejor protección de los bienes jurídicos; el primero intimidando o amenazando a los sujetos para que no delincan y, el segundo, sirve para observar el grado de pena, de acuerdo al reproche que se le impondrá al sujeto con un triple propósito:

 

1. Evitar que afecte otros bienes jurídicos,
2. Rehabilitándolo para reincorporarlo a la sociedad y,
3. Acentuar las bases del sistema parar que todos los miembros de la sociedad sepan que se deben proteger los bienes jurídicos.

La culpabilidad tiene tres elementos:

 

1. La Imputabilidad.
2. El conocimiento o conciencia de la antijuricidad – error de prohibición.
3. La exigibilidad de otra conducta.

    

La capacidad de culpabilidad o imputabilidad del sujeto para haberse comportado de otro (modo afirmación la libertad de su voluntad). El que no goza de la libertad de autodeterminarse.

La imputabilidad es motivabilidad normal del sujeto respecto a la norma.

Es inimputable la persona que no esta en capacidad de conocer y comprender que actúa antijurídicamente o que, pudiendo comprenderlo, no esta en condiciones de actuar de otra manera. Los criterios reguladores de la inimputabilidad son tres:

 

1. Biológicos.- Se parte de un supuesto objetivamente aprensible: anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración de la percepción.
2. Psicológico.- Supone el análisis de la capacidad o incapacidad del agente para comprender el significado de su comportamiento y para determinar su actuar sobre la base de esa comprensión.
3. Mixto.- Surge de la combinación de los criterios biológicos y psicológicos de acuerdo con la causal de inimputabilidad.

El Código Penal recoge el criterio biológico para el caso de los menores de edad, y el mixto para los demás casos de inimputabilidad. Para determinar si una persona es imputable, se debe observar:

• Ser mayor de 18 años – Art.20 num.2
• Tener una capacidad psicológica – Art.20 num.1

Como se ha dicho anteriormente, para ser imputable y, posteriormente, responder penalmente, es requisito indispensable ser mayor de edad y tener la suficiente capacidad psicológica para entender el significado del acto realizado. La falta de alguno de estos elementos originaria que el sujeto no sea responsable penalmente.

El Código Penal en su Art. 20 num.1, señala una serie de casos en los que el individuo es inimputable:

Articulo 20 num.1.- El que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la capacidad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión.

 

1. Anomalía Psíquica.- Es el transtorno general y persistente de las funciones psíquicas cuyas causas patológicas impiden la adaptación lógica y activa de las normas del medio ambiente. Entre las anomalías psíquicas podemos mencionar: la oligofrenia profunda (idiotez, imbecibilidad, debilidad mental, la paranoia, la esquizofrenia) y todas aquellas que impliquen una alteración ostensible de la personalidad y ejerzan influencia sobre la conducta realizada, como son los estados psicopaticos y psiconeuroticos.
2. Grave alteración de la conducta.- Es una perturbación profunda de la conciencia de si mismo o del mundo exterior que afecta la inteligencia o la voluntad, impidiendo la comprensión de la delictuosidad del acto que se realiza, o la dirección de las propias acciones al efectuarlo. Las causas que provocan este estado pueden ser fisiológicas, no morbosas o patológicas, morbosas.
3. La alteración de la percepción.- Surge cuando el sujeto tiene alterada gravemente su concepto de la realidad y no se encuentra, precisamente por esa causa, en condiciones de autorregular su comportamiento de acuerdo con el mensaje normativo. El termino "realidad" hace referencia a la realidad normativa-jurídica-, en concreto a la significación antijurídica del hecho. Es decir no es suficiente para aplicar esta eximente el presupuesto biológico –ejm: la ceguera, sordomudez, etc.-, sino que éste debe haber producido un efecto psicológico –alterar gravemente la concepción de la realidad-.

• Letárgica: constituye el grado máximo y da lugar a un estado de inconciencia o sueño que excluye la presencia de un comportamiento humano voluntario.
• Plena: se perturba totalmente la conciencia. Se da pues un transtorno mental transitorio capaz de eximir de responsabilidad.
• Semiplena: supone una perturbación parcial.
• Simple excitación: el sujeto todavía mantiene el control de sus actos.

   

Nuestro Código, ha establecido dos supuestos en los cuales facultativamente se puede reducir la pena del sujeto imputable, estos son:

 

1. Las eximentes incompletas:

    

 

• . A favor del que padece de una perturbación mental manifiesta, que no alcanza, sin embargo, el grado de una anomalía psíquica.
• . A favor del que repele una agresión ilegitima a su persona utilizando un medio no razonable.
• . A favor del que causa daño en el patrimonio ajeno para evitar un mal, pero sin buscar el medio menos perjudicial y, sin cuidar de que el mal que procura evitar sea mayor que el que produce.
• . A favor del que obra impulsado por un miedo efectivo, pero al cual habría podido sobreponerse; etc.

 

1. Imputabilidad restringida:

    

   "Articulo 22.- Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años, o más de sesenta y cinco años, al momento de realizar la infracción.

   Está excluido el agente que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, trafico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua."

   El Art. 22 se refiere a una circunstancia facultativa de disminución prudencial de la pena que gira entorno a la edad que tiene el sujeto activo al momento de cometer el hecho punible, se considera que existe una menor culpabilidad. Este precepto contiene tres supuestos:

2. Más de 18 y menos de 21 años: Se basa en la inmadurez del agente, ya que no ha completado aun su desnvolviemiento mental o moral, siendo altamente influenciables por otras personas.
3. Más de 65 años: Se basa en que estas personas por lo general tienen una menor peligrosidad, dada su decadencia o su degeneración provocada por la senilidad.
4. El Art. 22 ha sido modificado por la Ley Nro. 27024 (25/12/98), la cual ha establecido que el beneficio de la impunidad restringida no se pueda aplicar en los siguientes casos.

    

   1. Delitos de la libertad sexual: Art. 170 a 178 – A del Código Penal.
   2. Delito de tráfico ilícito de drogas: Art. 296 a 303 del código Penal.
   3. Delito de terrorismo: debemos comentar que el Dec. Ley Nro. 25475 del 06/05/92, modificada por las Leyes Nro. 26248 y 26590, en su Art. 10, ya se establecía expresamente la exclusión de lo dispuesto en el Art. 22 para estos delitos, por lo que resulto innecesaria esta modificación en estos casos.
   4. Delito de terrorismo agravado (Dec. Leg. Nro. 895 del 23/05/98): En principio debemos señalar que la denominación de terrorismo agravado ha sido cambiada por terrorismo especial de acuerdo a la Ley Nro. 27235 (20/12/99). En estos delitos implícitamente se excluye la aplicación de lo previsto en el Art. 20 num. 2 del Código Penal, respecto a la eximente minoría de edad, en la medida que expresamente se aplican sanciones penales a los menores de edad comprendido entre los 16 y 18 años.
   5. Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria: Dec. Ley Nro. 25659 modificado por la Ley Nro. 26248 de 13/02/92, donde se regula el delito de traición a la patria.
   6. Delitos sancionados con pena privativa de libertad no menor de 25 años o cadena perpetua: Aquí tenemos delitos como:

 

• Extorsión agravada por el por resultado muerte: Art. 200 in fine del código penal.
• Arrebato o sustracción de armas de guerra agravado por el resultado muerte: Art. 279- B, in fine del código penal.
• Delito de tráfico ilícito de drogas: Art. 296-B, 296- C, 297.

   

Al llamado "reo menor" y al "reo anciano", además de la atenuante, le es concebido el beneficio de la reducción por la mitad de los plazos de prescripción, conforme al Art. 81 del Código Penal.

La figura del "actio liberae in causa" surge cuando el sujeto activo se coloca en una situación de imputabilidad restringida o inimputabilidad, para de esta forma obtener la aplicación de una pena inferior. Cuando esto se comprueba, la pena no se rebaja.

El profesor Fernández Carrasquilla señala "una tal preordenación se da cuando el sujeto se coloca en un estado de inimputabilidad y luego delinque en este estado. En abstractos es posible pensar que el sujeto pone voluntariamente la causa de su estado de inimputabilidad cuando se procura intencionalmente tal estado con el fin de cometer un delito determinado (dolo) y cuando, al momento de colocarse en dicha condición al menos pudo prever la posibilidad de incurrir en un delito determinado (culpa). La idea de la acción libre en su causa es que la imputabilidad del agente no se examine, en tales supuestos, al momento del hecho, sino al momento en que el sujeto libremente decidió tornarse inimputable, esto es, auto inducirse, por ingestión de alguna sustancia, por imnosis o por cualquier otro medio, un transtorno mental transitorio no patológico."

Este sanciona la conducta libre de a haberse puesto en un estado de semi -inimputabilidad o inimputabilidad para realizar un comportamiento delictivo; es decir la conducta previa a la que genero el delito.

Entendimiento del acto jurídico de su comportamiento que debe tener el actor, es fundamental para el reproche en que consiste la antijuricidad.

Se analiza si el sujeto activo sabe que esta actuando en contra al ordenamiento jurídico.

El objeto de la conciencia de lo injusto no es el conocimiento del precepto jurídico vulnerado ni la Punibilidad del hecho. Basta, por el contrario, que el autor sepa que su comportamiento contradice las exigencias del orden comunitario, que por consiguiente se haya prohibido jurídicamente.

Pueden surgir casos en que el sujeto cree o esta convencido de que su actuar es licito, pero en realidad esta en contra del ordenamiento jurídico. A esta figura se le denomina: Error de Prohibición.

Supone el desconocimiento no de un elemento de la situación discreta por el tipo, sino del hecho de estar prohibida su realización, es decir su antijuricidad. Tal como nos dice Muñoz Conde y García Aran, este error no solo se da cuando el autor cree que el actúa lícitamente, sino también cuando nisiquiera se plantea la licitud o ilicitud del hecho.

Error de prohibición puede referirse a la existencia de la norma prohibitiva – error de prohibición directo- o a la existencia, limites o presupuestos objetivos de una causa de justificación o causa exculpante – error de prohibición indirecto.

La conciencia de la ilicitud o el conocimiento de lo injusto da su contenido entorno a la teoría de la culpabilidad. Con esto podemos afirmar que el error de prohibición, tanto como si es directo o indirecto, no incide en la configuración típica, dolosa o culposa del delito, sino en la culpabilidad del autor del tipo delictivo que haya realizado.

El error de prohibición puede ser de dos clases:

Evitable.- Cuando actuando con mayor diligencia se pudo salir de error – e inevitable – cuando es imposible escapar a éste.

El error de prohibición surge en diferentes supuestos:

Entonces el miedo insuperable se refiere al sujeto coaccionado en una determinada situación que esta dado por la conciencia del sujeto que de no realizar el comportamiento, al que es obligado, sufrirá un mal igual o mayor.

No es parte de la categorías del delito pero es una consecuencia lógica de haberse demostrado la exigencia de un delito, es decir luego de haberse demostrado que estamos frente a una acción típica, antijurídica y culpable.

El profesor Quinteros Olivares dice: ¨ La Punibilidad podría definirse como el cumplimiento de los presupuestos legalmente necesarios para que un injusto culpable pueda ser castigado ¨. Por lo que se entiende que el delito constituye el único presupuesto para la aplicación de la pena: es, por lo tanto, la única condición de Punibilidad.

La Punibilidad no surge en situaciones como: las excusas absolutorias y las condiciones objetivas en las que a pesar de exigir el delito este no recibe una pena. Como señala el profesor Berdugo Gómez al decir que es un límite la intervención penal sobre la base de perseguir determinados objetivos de Política Criminal; se basa en el análisis del merecimiento y necesidad de la pena, la pena que se merece cuando se ha realizado un delito y, la pena es necesaria cuando se va a cumplir su fin. Así cuando aparecen situaciones como las excusas absolutorias y la condiciones objetivas de Punibilidad, por política criminal, no se sancionan.

Son beneficios de carácter netamente personal que excluyen la Punibilidad del delito cometido, el fundamento o razones por las que no se penaliza el comportamiento delictivo se encuentran en la política criminal.

Así el profesor Berdugo Gómez: ¨ El legislador es consciente que la conducta es delictiva, y por ello es suficientemente grave como para merecer una pena. Sin embargo la propia valoración del legislador indica que este hecho, del que ya se ha afirmado su carácter antijurídico y culpable, debe ser excepcionalmente tolerado. Por ello priva de la sanción penal, basándose en apreciaciones previas de carácter político criminal ¨.

Este beneficio es estrictamente personal por lo que podemos mencionar:

El Código Penal contiene pocos casos, entre los que podemos mencionar:

 

• Art. 18 y 19: Desistimiento y arrepentimiento voluntario.
• Art. 68: Exención de pena por mínima responsabilidad.
• Art. 208: Por el parentesco en los delitos de hurto, apropiaciones, defraudaciones o daños.
• Art. 351: Exención de pena en el delito de rebelión.

   

Al igual que las excusas absolutorias limitan el ámbito de Punibilidad de ciertos delitos. El legislador a dispuesto que ciertos tipos penales deben cumplir ciertos requisitos, son estos los que condicionan la aplicación de la pena.

Características de las condiciones objetivas de Punibilidad:

 

• Impiden la sanción de un delito.
• Son ajenas a la configuración del delito.
• No se refiere a la persona sino al hecho realizado.
• Benefician no solo al autor sino también a los co-autores y participes del delito.

   

Algunos de los casos de las condiciones objetivas de Punibilidad:

 

• Art. 113: Investigación o ayuda al suicidio, solo se sanciona si el sujeto ha consumado o intentado el suicidio.
• Art. 139: Bigamia, el sujeto activo debe ser casado.
• Art. 185: Hurto, el valor económico del bien mueble debe ascender a un mínimo 4 remuneraciones mínimas vitales.
• Art. 205: Daños, deben ascender a un mínimo de 4 remuneraciones mínimas vitales.
• Art. 398: Corrupción activa de un Magistrado, se refiere que exista un proceso pendiente de fallo.
• Art. 400: Trafico de influencias, se refiere que se conozca o se haya conocido un caso judicial o administrativo.

   

Luis Miguel Bramont - Arias Torres Manual de Derecho Penal - Parte General

Editorial y Distribuidora de Libros S.A Páginas 297 al 338

José Hurtado Pozo Manual de derecho Penal – Parte general

Paginas 275 al 298

Javier Villa Stein Derecho Penal Parte general

Paginas 410 al 450

Dr. Abado D. Ruiz García Código Penal Peruano

Rosa Malatesta Reyes – Diccionario de Términos Jurídicos

Daniel Hernández Nieto

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PERU – LIMA