En los predios académicos de las universidades peruanas cada vez que se tocan los tópicos de introducción a las ciencias jurídicas, en el caso de las facultades de derecho, o de derecho penal específicamente en lo que se refiere a la teoría del delito y de la pena, en el caso de las secciones de postgrado en derecho, hay una persistente negación de la estrecha y fundamental relación entre el derecho y la política.

Siendo todo abogado en primer lugar bachiller en derecho y ciencias políticas, cuando corresponde desarrollar la temática de lo político y lo jurídico, el rechazo impera respecto a reconocer el origen político del derecho y su consecuente e innegable relación primordial. Tal negativa al reconocimiento se manifiesta con más contundencia entre los estudiantes de postgrado que desempeñan, curiosamente, cargos de magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, en la condición de provisionales o suplentes en la mayoría de los casos.

Como si el hecho de tocar el tema político en la agenda de lo jurídico fuese una mala palabra o un acto prohibido, los sílabos rehuyen tratar el asunto en cuestión, y las universidades no encuentran en los actuales docentes las personas apropiadas para ayudar a los estudiantes a comprender la existencia y el carácter de la relación entre el derecho y la política, pues algunas veces sucede que cuando se aborda tal temática, se enfoca el asunto desde la vertiente de los intereses político partidarios distorsionados bien por un izquierdismo o derechismo absolutos y aislados de lo real, o bien por la presencia del caudillo calificado de “líder natural o nato”, al que en jerga popular se le identifica no pocas veces como “el único hombre”. Y es que hay fallas en la conducción política del Estado cuando los partidos o agrupaciones políticas son fundados como única alternativa de gobierno y de opción ideológica, para sojuzgar o anular definitivamente al resto de competidores, o cuando el caudillo marca la pauta absolutamente, imponiendo sus particulares intereses sobre el ideario y plataforma del partido. Esto último se ve claramente cuando “el único hombre” decide quiénes son los candidatos en las elecciones municipales, regionales e incluso generales. El “democrático dedo” del caudillo termina así por desvirtuar toda forma de auténtica democratización y participación ciudadana dentro del partido u organización político partidaria.

Sin embargo, la política no puede ser concebida como la manera o modo de hacerse del poder estatal para la satisfacción de mezquinos intereses personales. Las organizaciones políticas, llámese partidos u agrupaciones, no pueden ser meros instrumentos de los apetitos de poder. Por el contrario, los partidos políticos son, por excelencia, el medio genuino de expresión de la democracia, y como tal deben propender a la participación masiva de la población en la conducción del Estado, teniendo como objetivo principal al bien común.

En este último camino, la política viene a ser la madre del derecho, el lecho subyacente fundamental del mismo, pues lo jurídico se origina a partir de la polis griega (ciudad) en nuestra civilización occidental, al considerar objetivos públicos en la organización legal y normativa de la sociedad y el Estado. En ese sentido, no podemos desconocer la estrecha y maternal relación entre lo político y lo jurídico, bajo riesgo de perpetuar la actual realidad: la dependencia real y fáctica de lo jurídico respecto a los intereses político partidarios distorsionados en su desenvolvimiento cotidiano.

El derecho, al fin de cuentas, expresado básicamente en la administración de justicia, alcanzará su auténtica independencia cuando seamos conscientes de su origen político, cuando lo político era motivo de sano orgullo y fraternidad. Dicha conciencia ha de ir acompañada con la decisión política de los legisladores y funcionarios principales del Poder Ejecutivo con el fin de lograr la tan ansiada autonomía de los órganos de justicia. Lo contrario sólo sirve para mantener el actual estado de cosas que fomenta la impunidad y la injusticia.

Iván Guevara Vásquez

D.N.I 18069920

iusfilosofia@yahoo.es

Profesor de derecho y metodología de la investigación científica en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú, 34 años

(Trabajo realizado en Setiembre del 2003).