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El largo plazo más allá del ‘cuarto’ asalto al palacio de justicia…
A t i s b o s A n a l í t i c o s N o 46, Santiago de Cali, octubre de 2004, ECOPAIS, Fundación, Estado* Comunidad* País,, “ Un
nuevo Estado para una nueva Nación”, En 1986, la mía fue quizá la primera respuesta académica al evento- espectáculo Palacio de Justicia. “El Triple Asalto al Palacio de Justicia o la Lógica de la Fuerza bruta” (1) fue entonces el título de un Ensayo que, recibido en varias revistas bogotanas y adaptado por Carlos Medellín, en cuatro entregas fue reeditado por “El Espectador”. Que allí había habido, con sus efectos políticos acumulados, un triple asalto, fue la hipótesis central del escrito. Primer Asalto: Una organización guerrillera militarista, terrorista se diría en lenguaje estatal actual, se toma el Palacio de Justicia. Segundo Asalto: Con métodos terroristas el Estado le responde al terrorismo guerrillero. Y tercer Asalto: Personajes y sectores de las sociedades civiles le exigen y/o aplauden al Estado esa terrorista salida. Refinada la hipótesis en lo teórico y sometida a un primer nivel de constatación empírica, con el profesor Adolfo Atehortúa, actual director de investigaciones de la Universidad pedagógica, trabajamos el libro “Militares, Guerrilleros y Autoridad civil El Caso del Palacio de Justicia”. (2) En la coyuntura de la toma, personajes cercanos al gobierno de Belisario Betancur, Jaime Castro y Enrique Parejo, sobre todo, insistían en endilgarle un acompañante, políticamente fastidioso, al movimiento batemiano: Los poderosos y contundentes y entonces socialmente legitimados barones de la droga, con Pablo Escobar al comando.. Como al respecto las señales de que así hubiese sido, eran, y continúan siendo, indicios precarios más que consistentes pruebas empíricas, optamos por la hipótesis de que en esa mortal y virulenta confrontación entre terrorismos iniciada por el M19, éstos habían actuado de modo autónomo. Contra toda evidencia de que en la coyuntura hubiesen devenido ya a la condición de posible gobierno - era ésa la autorepresentación que los desconectaba de lo real político- los hombres de Bateman hicieron presencia en el escenario central de la más débil de las ramas del poder público, a levantarle un auto, por incumplido, al presidente Betancur. Si en el camino hacia ese propósito estratégico algunos de los guerrilleros atacantes recibió otro y muy distinto recado, lo hizo a título personal y no por decisión institucional de la dirección del M19. Al aproximarnos a los 19 años del apocalíptico pero sintomático evento, cuando nadie lo esperaba se ha producido un cuarto Asalto sobre el Palacio de Justicia como imaginario colectivo. El autor, el actual Presidente de Colombia, cuando era senador, aplaudió con alborozo la bondad del indulto y la amnistía al M19. Así habló sin autoinhibición presidencial alguna en un conversatorio en la Universidad Internacional de la Florida:”En el pasado se indultaron atrocidades de la guerrilla. El M19 quemó el Palacio de Justicia, en asocio con el narcotráfico y están indultados. Colombia no puede repetir esos errores, ni a favor de los paramilitares, ni a favor de las guerrillas”. Con sensibilidad ingenua de académico podría interpretar que el poco académico presidente no habría hecho otra cosa que avalar en un escenario académico la significación histórica de ese evento. En efecto, siguiendo el consejo metodológico de Werner Jaeger quien veía en la polis griega la suma de todo lo griego, estoy entre quienes piensan que de vez en cuando en las sociedades humanas surgen eventos condensadores y reveladores de toda una fase de su historia. Para el caso colombiano de esa categoría serían eventos como los del 9 y postnueve de abril de 1948, la matanza de las bananeras, el primer gobierno de López Pumarejo, el Quinquenio de Reyes y lógicamente éste, el del Palacio de Justicia. Pero, examinada en detalle la circunstancia, no fue aquella la visión existente en el conferenciante de la Universidad de la Florida. Allí el Presidente medio tiró la piedra. A los pocos días, en Colombia la relanzó con la advertencia de que ya precisaría. Y finalmente, en definitiva la escondió. Que él no pretendía, dijo, desconocer los acuerdos con el M19, que los respetaba. Algunos analistas de periódico, cercanos al presidente, nos aconsejan ser comprensivos con sus rabietas, que con tantos problemas como lo agobian, es lógico que de vez en cuando se le suelte la piedra. Peligroso consejo éste, pues “la institución presidencial” no debería hablar cuando está “brava”. Creo que para descifrar casi inexplicables y hasta escandalosas declaraciones sueltas del actual presidente se debería apelar a un contexto que trascienda el puntualismo en que nos hemos venido moviendo los analistas políticos de las coyunturas. El Señor de La Casa de Nariño no tiene por qué estar interesado en saber quien fue el que en definitiva deshizo en cenizas los archivos, la memoria judicial , los corazones, las personas, es decir, todo lo que aquel día dejó ver su figura por los corredores, pasillos y sótanos de ese campo de triterrorista confrontación. Tampoco le debe interesar que le digamos que a ese respecto se siguen barajando varias hipótesis con soportes empíricos muy desiguales. Menos aún le debe importar que le salgamos ahora con el cuento de que la ley de indulto y amnistía individualmente no podía aplicar para los guerrilleros atacantes del Palacio de Justicia, pues allí todos ellos, al lado de los magistrados y 12 desaparecidos, se habían evaporado “en cenizas volando”. Aunque, sin ser abogado- alrededor del derecho poseo más pensamiento jurídico que conocimiento fáctico técnico- así pienso que es, pues no creo que para el derecho penal aplique alguna forma de responsabilidad colectiva. Es decir, la de todo el M19. De ser así, a una alta proporción de la clase dirigente la deberían judicializar por complicidad, silencio, acción u omisión frente al narcotráfico. Es lo que María Ximena Dussán ha buscado decirle al Presidente:”No deja de se curioso que un Presidente injustamente relacionado con el narcotráfico como lo ha sido Uribe, en virtud de su innegable parentesco con los Ochoa, ande insistiendo en hilar tan fino a la hora de catalogar la penetración del narcotráfico en este execrable suceso”.(3) Cruzada ya la mitad de la compleja y dificultosa jornada- él subyugado como se mantiene por lo simbólico, debe autoimaginarse que, para completar su primer período, sólo le faltan días- al jefe de gobierno en la coyuntura lo obsesionan dos asuntos centrales. De un lado, sacar adelante la negociación con el paramilitarismo y, del otro, asegurar desde ya la reproducción de varios Presidentes coherentes con una línea de creación, aplicación y consolidación de un proyecto de Estado y de Nación de largo aliento. A quince años vista, de acuerdo con el presidente y sus allegados. En relación con lo primero, lanzó un mensaje de comprensión a Colombia y a todo el mundo. “Esto es muy difícil, procuraremos no cometer los errores del pasado, pero comprendan, que esto es muy difícil”, fue lo que nos quiso decir a todos. Es decir, pidió comprensión para, sin mucho revuelo nacional e internacional, institucionalizar y formalizar el paramilitarismo en lo que éste es y significa como latifundio ‘arrebatado’, como forma de pensar el país, como estilo regional y local de vida y como cultura política. Y en relación con lo segundo, como ya está en plena campaña electoral, circunstancialmente dejó casi fuera de ring a su principal contendor. A Navarro Wolf. Al quizá más fuerte factor o fuerza de aglutinación consensual de la oposición democrático institucional desarmada. Es en un contexto así en el que interpreto la inicialmente tajante afirmación del presidente en el sentido de que el narcotráfico había sido el socio del M19 en la operación de toma y retoma y triple toma del Palacio de Justicia. La
crisis que en la hora actual vive la sociedad colombiana es, ante todo y sobre
todo, una crisis estructural de hegemonía y de dirección
institucional. Mientras funcionaron de modo relativamente efectivo los más
antiguos Paradigmas de Regulación de
la
vida social – la Constitución de 1886 y su rentística y clientelista
legislación positiva, el Frente Nacional y su Cultura política de transacción y la ortodoxia católica y su Cultura espiritual excluyente-
Estado, Gremios económicos, Bipartidismo e Iglesia, sus más clásicos y
antiguos Conductores, pudieron
‘direccionarla desde arriba”. Pero, el Frente Nacional se acabó y casi todo
el mundo, excepción hecha de la
clase política bipartidista, vivenció que “sin salirse del establecimiento y
sus parámetros se podía vivir afuera de las subculturas bipartidistas”. La
Constitución del 91, por otra
parte, les iluminó a los colombianos un nuevo horizonte político y jurídico y
simbólico de vida ciudadana, así como la posibilidad de construcción
colectiva de institucionalidad democrática y, por
tanto, por fuera de la metodología de las armas. Y la Iglesia católica,
finalmente, por primera vez en su historia vio socialmente
confrontada y fracturada su ortodoxia espiritual ante la irrupción de
otras opciones heterodoxas de religiosidad. Fue así como, de modo cada vez más
revolcado, los grandes Paradigmas de regulación de
la
vida social se fueron quedando en el vacío desnudando, así, las falencias
estructurales de los sectores y fuerzas e individuos e instituciones implicados,
‘desde arriba’, en su diaria e histórica reproducción social. Pero esta hipótesis explicativa se quedaría coja si no se reconociese que la del gobierno inaugurado en Colombia el 7 de agosto del 2002, ha sido la primera propuesta coherente y de largo aliento que se le ha presentado al país como una salida de conjunto a la crisis de hegemonía y de dirección institucional. Por pertenecer a un sector de extrema derecha no se podrá ocultar este proyecto de modernización autoritaria. En la actualidad, uno de sus ideólogos más orgánicos, Fernando Londoño, acusa a su jefe de haberla dejado encallar en el tormentoso mar de la politiquería corrupta del viejo establecimiento culturalmente frentenacionalista. Esto no obstante, un anti-ideólogo pragmático, como lo es el actual presidente, ha evidenciado la paradojal virtud de poner al país a pensar en el presente y futuro de su Estado. Desde la década del 30 del siglo XX, desde la Revolución en Marcha” del viejo López, el país no había vuelto a pensar, desde su propia institucionalidad, en clave de futuro. Al iniciarse el siglo XX, Rafael Reyes, lidiando casi inexistentes condiciones objetivas, se había empeñado en un similar y frustrado esfuerzo de largo aliento. Desde
un enfoque claro de sociedad civil, “la de arriba”, en el que el casi único
pilar es el mercado, socializado para el caso colombiano como Estado
comunitario; desde ese enfoque en el que las instituciones estatales y
comunitarias e ideológicas se quedan como
“meros ordenadores sociales subordinados “, el actual presidente, dentro de
una forma de gobierno y de gobernabilidad distinta de la de Pinochet , pero muy aferrado a la vía
chilena, se encuentra tercamente empeñado en abrirle salida a la actual crisis
de hegemonía y de dirección institucional
de la sociedad colombiana. Dicen necesitar quince años a partir del
supuesto de la terminación,
por la vía que sea, del conflicto armado.
Pero, como desde Maquiavelo la política, ante todo y sobre todo, es
correlación de fuerzas, en algunas partes acompañada de construcción de
acuerdos y, en otras, de violencias, la
del actual presidente reelegido o no, será la propuesta de nueva derecha que
finalmente se impondrá si al paso
no le salen otras alternativas democráticas viables de nueva izquierda. En un contexto como éste, podrán adquirir un sentido distinto declaraciones presidenciales que más que “a salidas circunstanciales de piedra “se asocian a sus esfuerzos y frustraciones por crearle quince años de condiciones políticas y simbólicas a su macroproyecto político de modernización autoritaria y neoliberal del país. Como a Chile que, tras varias décadas de la más cruel dictadura, aterrizó en una ya modernizada y asentada y clasista e injusta sociedad neoliberal, así sueña la nueva derecha que le acontecerá Colombia tras quince años de Uribes, y Uribes y Uribes.
Humberto Vélez Ramírez Programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Instituto de Educación y Pedagogía Universidad del Valle.
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