Alberdi propuso, constitucionalmente, “una industria sin trabas” 

La industria cooperativa es una industria esencialmente  nacional. 

Sancor, Manfrey, Arroyo Algodón, Arroyo Cabral (productos lácteos-Córdoba), Fecovita y TAC (vinos y transportes-Mendoza), Campo Herrera (azúcar-Tucumán); almacenamiento y servicio de cereales, frutales y oleaginosas... (ACA, FAA, FACA, Agricultores Federados Argentinos); viviendas económicas (Cooperativa Horizonte);  diarios: ‘Comercio y Justicia’, ‘El Diario’ de Villa Maria, (periodismo-Córdoba); generación de energía, agua potable y servicios sanitarios, energía eléctrica, telefonías, gas, pavimentación y alcantarillado, mediante cooperativas a cargo de su gestión, en toda la geografía nacional; Coovaeco (turismo), etc., son realidades palpables de la industria cooperativa argentina. 

El notable desarrollo energético, cibernético y turístico, si bien nos permite prescindir en alguna medida de las tradicionales ‘chimeneas’ como exclusivos signos industriales, simultáneamente aparejaron crecientes grados de exigencias en términos de calidad, eficiencia y competitividad, entendida ésta, en nuestro caso,  como la habilidad o capacidad de la industria cooperativa para alcanzar una prosperidad económica duradera, que incorpore también mejoras en la equidad, reduciendo la pobreza, la desigualdad social, aportando a la sustentabilidad ambiental mediante una clara y definida responsabilidad social de la empresa cooperativa. 

La industria cooperativa, por sus principios, características propias y modalidades de organización, manifestó concretamente su capacidad de respuesta a la primera ‘oleada’ del proceso de desindustrialización  de finales de los años 70’ y principios de los 80’ llegando incluso a la recuperación de empresas comerciales mediante auténticas cooperativas de trabajo e industria a finales del siglo pasado y principios del presente.

Su trayectoria desde 1884[1] y consolidación impidieron que grandes empresas monopólicas se desbordaran aniquilando cooperativas, pequeñas industrias y el artesanado.[2]

La industria cooperativa prioriza el mercado interno al externo, los recursos nacionales y las ventajas comparativas.

Sus inversiones en el país –asumiendo todos los riesgos- así lo acreditan distinguiendo a nuestras empresas cooperativas industriales y de servicios. 

En este ultimo sentido, el sector cooperativo ha realizado –y realiza- aportes al desarrollo de la infraestructura necesaria para mejorar la vinculación física de personas y economías, brindando condiciones para el desarrollo y cohesión de las economías locales y regionales, facilitando el aprovechamiento de oportunidades, siendo esto pionero y coincidente con uno de los objetivos centrales –a otra escala- de la Fundación de la Comunidad Sudamericana de Naciones plasmada en la reciente Cumbre de Cusco (Perú).

En esta perspectiva, quién puede desconocer que los servicios públicos gestionados y servidos por cooperativas, fueron, son y serán artífices del desarrollo rural (electrificación, telefonías, acueductos, gasoductos, etc.) y urbano, reduciendo costos, llevando progreso y bienestar para una mejor calidad de vida de la ciudadanía. 

Todo esto se ha comprendido atento la pareja valorización constitucional del cooperativismo en todas las provincias argentinas.

Claro,  esta valorización no es una pura abstracción. Córdoba cuenta con cientos de cooperativas para servicios públicos: agua potable y servicios sanitarios: 100; energía eléctrica: 204; telefonías: 79, etc.;  Santa Fe: telefonías:  81; agua potable: 107; energía eléctrica: 61; Buenos Aires: agua potable: 125; telefonías: 117; energía eléctrica: 215; Entre Ríos: agua potable:32; telefonías: 5; energía eléctrica: 18; Mendoza: agua potable: 9; energía eléctrica: 9; Río Negro: agua potable: 8; telefonías: 12; energía eléctrica: 2; Chaco: agua potable: 7; telefonías: 5; energía eléctrica: 15;  La Pampa: agua potable:25; telefonías: 11; energía eléctrica:29; Chubut: agua potable: 14; telefonías: 7; energía eléctrica: 30;  Misiones: agua potable: 37; telefonías: 5; energía eléctrica: 8; etc. etc..

Asimismo es destacable y plausible que la industria cooperativa no admita empleo en negro, contratos basura ni personas -en su organización y funcionamiento- privadas de obra social, aportes jubilatorios y protección inmediata en caso de accidentes de trabajos, dejando a salvo las peculiaridades de las cooperativas de trabajo e industria. 

A modo conclusivo, nuestra industria cooperativa viene contribuyendo a la creación y aumento de la riqueza nacional, a la inclusión social con justicia distributiva y precio justo, al superávit fiscal (en ocasiones injustamente debido a la persistencia de impuestos distorsivos) e, incluso, positiva y favorablemente con la balanza de pagos, la dignidad de los trabajadores y la justicia social. 

El interés cooperativo por la comunidad es otro dato, no menor, a la hora de evaluar, promover y difundir la industria cooperativa. 

En esa perspectiva, nuestra Carta Magna, en sus artículos 4, 14, 75 inc. 18 y cc. promueve explícitamente la industria nacional. 

Finalmente con Alberdi[3] sostenemos que los fines de las constituciones de hoy en día, deben propender a organizar y constituir los grandes medios prácticos para sacar a la América emancipada del estado oscuro y subalterno en que se encuentra.

Esos medios deben figurar hoy a la cabeza de nuestras constituciones.

Así como antes colocábamos la independencia, la libertad, el culto, hoy debemos poner la inmigración libre, la libertad del comercio, los caminos de fierro, la industria sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios, sino como medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se vuelvan realidades”.

Así las cosas, no será difícil detectar las potencialidades y oportunidades cooperativas que ya merecen sobradamente políticas de Estado contundentes.

Terminamos con A. SEN acentuando que la comprensión y el planteo de la opción cooperativa se finca en la expansión de los derechos y garantías constitucionales con capacidades y oportunidades efectivas de las personas en términos de ‘chips’  para el  bien común y el interés general.-

p. Roberto F. Bertossi (*)