La minúscula clase rica y la clase media alta, esencialmente blancas ,como muchos intelectuales y periodistas, veían con pavor la perspectiva de ver subir en la escala social a la gente de color, cobriza o negra ,que aquí,  como en toda América Latina, ocupa los lugares inferiores de la sociedad. Habría que compartir privilegios (…) Así llegó la situación del 11 de abril. Una confrontación de clase contra clase. Por un lado el Presidente Chávez, apoyado por una parte mayoritaria del pueblo común; por el otro una alianza neoconservadora: la burguesía que ocupaba las calles del barrio rico con cacerolas, apoyada por la patronal; los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), ferozmente hostiles, mintiendo descomunalmente, inventando rumores y calumnias, falseando las evidencias; y la aristocracia obrera movilizados por la CTV, el sindicato considerado como el más corrupto de América Latina (…) 

Ignacio Ramonet.  

Introducción. 

Transcurrido el siglo XIX marcado por una pugnacidad sin límites que, a la postre,  condujo a graves situaciones de anarquía, muchas veces manifestada bajo la contemplativa mirada de gobiernos débiles y de escasa representatividad -que luego dieron paso a dictaduras más o menos consolidadas, o a sistemas autocráticos y personalistas, que provocaron intensas y costosas guerras civiles- la sociedad venezolana se aprestó, de una vez a adherirse a un proyecto democrático que resguardara, en lo adelante, las garantías constitucionales y legales suficientes que no permitieran un retorno a ese oscuro pasado.  

En diciembre de 1935, con la muerte de Juan Vicente Gómez, se puso fin a una de las más férreas dictaduras de la historia del país. Sus sucesores, Eleazar López Contreras (1936- 1941) e Isaías Medina Angarita no pudieron evitar, a pesar de sus marcadas acciones encaminadas a democratizar la sociedad venezolana[1], que nuevamente la misma se viera en lo adelante sometida a continuos golpes de estado protagonizados  por juntas que se establecieron en el poder con carácter provisional[2], hasta el ascenso por esta vía a la Presidencia de la República del  Coronel marcos Pérez Jiménez, uno de los artífices de la asonada castrista de 1948. Desde entonces fueron encarcelados y perseguidos todos los opositores, principalmente adecos y comunistas como resultado de la represión desatada por el gobierno de turno. 

En 1957, ante los intentos del dictador de realizar elecciones libres para decidir su reelección, se produjo una ola de protestas y manifestaciones populares generalizadas, que colocaron al régimen en una situación de desgaste progresivo, esto hizo que el 23 de enero del año siguiente llegara a su fin la etapa perezjimenista, abriéndose nuevamente la esperanza para el pueblo venezolano de construir un sistema político democrático, que en los sucesivo asegurara el bienestar  social e individual, y la estabilidad y gobernabilidad necesaria anhelada durante tantos años. 

A partir de ese momento, se fueron creando las condiciones para establecer el sistema político actual en Venezuela, sobre la base del acuerdo puntofijista de 1958, que identificó toda una etapa que se extendió hasta 1998, año en que asume la Presidencia de la República Hugo Chávez Frías, líder del Movimiento V República que integraba el Polo Patriótico. Este propuso al pueblo un cambio radical dentro de las estructuras del aparato estatal, que ofreciera una verdadera alternativa frente a las políticas neoliberales implementadas por los últimos gobiernos, y de esa forma, avanzar hacia las más completa democratización de la sociedad con la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de las decisiones políticas, esfera que había sido monopolizada hasta ese momento por los partidos políticos. 

Los elementos del sistema político venezolano. 

Entre los elementos institucionales que se pueden identificar dentro del sistema político venezolano se encuentran el estado, en cuanto su eslabón fundamental, las organizaciones políticas como actores destacados dentro de la formulación de las decisiones políticas de especial trascendencia, y las demás organizaciones sociales que, aún cuando no tengan naturaleza política, influyen o inciden dentro del sistema político de la sociedad. 

El estado como poder público político. 

No se podría iniciar un estudio sobre el sistema político venezolano sin tomar como base el análisis del Estado, en cuanto su eslabón fundamental, signo de organización jurídico-política de toda sociedad contemporánea, que al disponer del poder público de carácter político, entre uno de sus rasgos fundamentales, se convierte en el centro de la toma de decisiones políticas dentro de la sociedad y, además, en fuente de disposiciones de carácter vinculante para esta última. 

Entre los fines esenciales del mismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 30 de diciembre de 1999, se destacan la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes  reconocidos en el texto constitucional. 

De manera muy general, se puede agregar que es un Estado, definido constitucionalmente, como ¨ Democrático y Social de Derecho y de Justicia ¨, que ampara el bienestar de los venezolanos. Pretende crear las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones, de manera que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los Derechos Humanos y buscar felicidad. 

Igualmente, los principios de solidaridad social y del bien común, conducen al establecimiento  de ese Estado Social, sometido al imperio de la Constitución y las leyes. De esta manera, se convierten un Estado de Derecho, que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado Democrático. 

Se estructura territorialmente como un estado federal descentralizado política y administrativamente, expresando de este modo la voluntad de transformar al anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal, con las especificidades que requiere la voluntad del pueblo venezolano. Los estados se deben regir por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, y corresponsabilidad, que son propios de un modelo federal cooperativo, en el que las comunidades y autoridades de los distintos niveles políticos territoriales participan en la formación de las políticas públicas comunes a la nación. Se integra, así, una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. 

Es, por lo antes expuesto, que las acciones de los gobiernos de los municipios, de los estados y del Poder Nacional se coordinan para garantizar los fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad. Estos son los pilares que fundamentan la acción del nuevo Estado Bolivariano de la V República. 

La forma de gobierno republicana y un sistema de gobierno presidencialista con correctivos parlamentarios son otras de las principales características de la actual organización estatal venezolana. 

La organización del Poder Público Nacional. 

Según el artículo 136 el Poder público  se divide en: Poder Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal. A su vez el Poder Nacional se distribuye en: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral.

Como se aprecia, la forma de organización estatal de acoge a la antológica separación de poderes, dogmatizadas por las democracias representativas burguesas, pero influenciada por el pensamiento bolivariano que informa el contenido del nuevo Estado, se introducen dos nuevos poderes autónomos orgánica y funcionalmente el Poder Ciudadano[3] y el Poder Electoral. 

Al Poder Público Nacional se le atribuyen como asuntos de su competencia, entre otros, la política internacional, la defensa, la vigilancia de los intereses generales de la República, la seguridad y defensa nacional, el comercio exterior, y la política macroeconómica financiera y fiscal, entre otras que aparecen reguladas en el artículo 156. 

El Poder Legislativo es ejercido por una Asamblea Nacional unicameral, integrada por diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según la base poblacional de 1.1 % de la población total del país. Además las comunidades indígenas tienen derecho a estar representadas por tres diputados. El mandato de dichos representantes es de cinco años pudiendo ser reelegidos por dos períodos consecutivos, como máximo. 

Una peculiaridad del nuevo régimen parlamentario es la unicameralidad del nuevo órgano, que rompe con una tradición bicameral, característica de los anteriores órganos de este tipo. Habitualmente, el federalismo ha ido acompañado de una estructura parlamentaria bicameral, pues de ese modo se ha pretendido asegurar la representación por igual de cada estado, sin distinción por cantidad de habitantes o poder económico, ya que, de otra manera, los estados pequeños pudieran ser ¨ devorados ¨ por los más poderosos. 

Tampoco puede olvidarse que las estructuras bicamerales tuvieron un origen aristocrático, matizado por la burguesía toda vez que esta clase accediera al poder  político, intentándose asegurar en una Cámara Alta o Senado –no elegido por el voto popular directo generalmente-, un muro de contención frente a las decisiones que pudieran tomar los representantes de la cámara popularmente legitimada, la Cámara Baja o de diputados. Una vez más se aseguraba que no fuera el pueblo quien decidiera sus propios asuntos. 

Sin embargo el constitucionalismo venezolano actual rompe radicalmente con estos supuestos y configura la creación se un órgano unicameral, permitiendo la representación poblacional y territorial. Además que se adecua a las nuevas condiciones que exige la realidad venezolana, con el proceso revolucionario que se lleva a cabo actualmente. 

Entre algunas de las funciones que tiene atribuida la Asamblea Nacional están la de legislar en materia de competencia nacional, proponer enmiendas y reformas a la Constitución, ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. Otras funciones son la de organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia y aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico social de la nación. 

El Presidente de la República, asistido por un  vicepresidente ejecutivo designado por él, los ministros y otros funcionarios que determinen la Constitución y las leyes, son los encargados de ejercer el Poder Ejecutivo. Es el Presidente de la República, a la vez, Jefe de Estado y del Ejecutivo nacional (Gobierno). Su actuación esta sujeta a la consideración de correctivos parlamentarios, pues el órgano legislativo tiene potestades de controlar su acción, como ocurre en el caso de la habilitación para dictar decretos con fuerza de ley, que solo lo autoriza la Asamblea Nacional. 

El mandato por el cual se elige al presidente de la república expira a los seis años, siendo posible solo su reelección por un nuevo período de igual tiempo. Es novedosa esta cuestión si se tiene en cuenta que durante la vigencia de la anterior Constitución, promulgada en 1961, no se permitía la reelección inmediata, sino luego de trascurrido dos períodos constitucionales de cinco años. 

El Presidente de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Esta especialmente obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, así como la independencia, la integridad, la soberanía del territorio y la defensa de la República (artículo232). 

Otra de las innovaciones en las estructuras del poder ejecutivo, es la creación del cargo de Presidente Ejecutivo, como colaborador directo e inmediato del Presidente de la República, aspecto que no altera el carácter de presidencialista del sistema de gobierno venezolano. La inclusión de esta institución en la Constitución estuvo precedida por estudios que se realizaron en torno a introducir la figura de un Primer Ministro y, de este modo, reducir el presidencialismo predominante y otorgarle mayor flexibilidad a la acción del gobierno frente al Poder Legislativo, pretendiendo dotarlo de una especie de válvula de seguridad que ayudara a superar las crisis políticas. Según los exponentes de esta tesis, se crearía un régimen semi -presidencial, semejante al francés, otorgando las ventajas del presidencialismo y el parlamentarismo. 

Otros órganos que asisten o asesoran al Poder Ejecutivo son la Procuradoría General de la República, en cuanto a la defensa y representación judicial y extrajudicial de los intereses patrimoniales de la República, y el Consejo de Estado, como órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional, el que puede, además, recomendar políticas de interés nacional. 

Conforme al artículo 253 de la Constitución, la potestad de administrar justicia (el poder judicial) emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley. El sistema de justicia lo integran el Tribunal Supremo Popular(compuesto por seis salas: Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de casación Social), los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. 

De acuerdo con el artículo 273 de la Carta Magna, el Poder Ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. 

El Defensor del Pueblo, órgano similar al Ombudsman de origen escandinavo[4], propuesto para reforzar la defensa y protección de los derechos y garantías establecidos en la nueva Constitución, es otra de las novedades insertadas en la misma. Debe velar por el efectivo respeto y garantía de los Derechos Humanos consagrados constitucionalmente y en tratados internacionales, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su  conocimiento. Puede interponer acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data, y las demás acciones y recursos necesarios para ejercer las mencionadas atribuciones. 

El Fiscal General de la República dirige al Ministerio Público y ejerce directamente sus atribuciones con el auxilio de los funcionarios que determine la ley. Debe, entre otras funciones, garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales y ejercer, en nombre del Estado, la acción penal en los casos que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.                 

La Contraloría General de la República debe efectuar el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos, y bienes públicos, así como las operaciones relativas a estos. Además debe controlar la deuda pública, e inspeccionar y fiscalizar a los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidas a su control. 

Estos  tres cargos los designa la Asamblea Nacional para un período de 7 años, pudiendo ser removidos por el propio órgano previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, según lo establezca la ley. 

Aspecto novedoso en la nueva Constitución de 1999 fue elevar, a rango constitucional, al órgano de control electoral, el cual conforme a la Constitución de 1961, solo tenía rango legal. En tal virtud se establece que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector, y subordinados a este se encuentran la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización prevista en la ley orgánica respectiva. Entre sus funciones , definidas en el artículo 293, esta reglamentar las leyes electorales, resolviendo las dudas y vacíos que estas pudieran suscitar, declarar la nulidad total o parcial de las elecciones; la organización, administración, dirección, y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como  de los referendos. Puede, incluso, organizar las elecciones de los sindicatos, gremios profesionales, y organizaciones con fines políticos en los términos que establezca la ley. 

La organización de los Poderes Públicos Estadal y Municipal. 

En cuanto a la organización del Poder Público Estadal, se reconoce la autonomía de la que gozarán las entidades estadales, partiendo de la estructuración descentralizada de las entidades políticas. De este modo los Estados tienen personalidad jurídica plena, quedando obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. 

El gobierno y la administración de cada estado corresponden al gobernador, quien ejercerá el Poder Ejecutivo Estadal. Se elige para un período de cuatro años por mayoría relativa de las personas que concurren a votar, y puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un período adicional. Además, rinde cuenta anual y públicamente, de su gestión ante al contralor del estado y presenta un informe de la misma ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y el Consejo Legislativo. Precisamente es este último órgano el que detenta la facultad de legislar sobre las materias de competencia estadal, entre otras que le sean atribuidas por la Constitución y las leyes, siendo una suerte de Poder Legislativo a este nivel político-administrativo. Estará integrado por un número no mayor de quince ni menor de siete legisladores estadales, quienes se elegirán para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos por dos períodos consecutivos como máximo. 

Además, cada Estado tendrá su propia contraloría, autónoma y orgánica, que ejercerá el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. 

En lo relativo a los municipios, estos contarán con una estructura organizacional similar a la de los Estados, ejerciendo el gobierno y la administración un alcalde. Este será elegido para un período de cuatro años por la mayoría de las personas que acudan a las elecciones, y podrá ser reelegido y de inmediato y por una sola ocasión para un nuevo período. La función legislativa municipal corresponde al Concejo, integrado por concejales electos en las condiciones de elegibilidad que establezca la ley. También los municipios contarán con un Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el alcalde e integrado por los concejales, los presidentes de Juntas Parroquiales y los representantes de organizaciones vecinales y otras. 

La Contraloría Municipal ejecuta las funciones en este nivel local, sin menoscabar el alcance de las funciones de la Contraloría General de la República.   

Las organizaciones políticas como protagonistas del sistema político venezolano. 

Otro de los elementos que inciden el sistema político venezolano con un rol protagónico, lo constituyen las organizaciones con fines políticos, del cual son un fiel exponente los partidos políticos. Se amparan constitucionalmente en  el artículo 67 –que reconoce el derecho fundamental de todos los ciudadanos a asociarse con estos fines mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección-. Su legitimación se encuentra en la formulación de un nuevo Estado sustentado, en un modelo de democracia representativa que reconoce las formas y vías de participación política del pueblo, entre las que, por supuesto, están las que aseguran su intervención en los asuntos públicos mediante este tipo de organizaciones. 

El nuevo texto constitucional desterró la denominación de partidos políticos que aparecía en su antecesor de 1961[5], reemplazándola por el de asociaciones políticas, propiciando y asegurando con ello un amplio espacio de acción a las organizaciones políticas, que ya no se reduce al estrecho margen en el que operaban los partidos. El pasado inmediato de la historia venezolana podrá explicar como la causa esencial de que no conste el término ¨ partidos políticos ¨, se debe al enorme rechazo que estos provocaron  en la opinión pública nacional, derivado de los abusos que cometieron durante el período puntofijista. 

La consagración constitucional de las asociaciones políticas se hizo garantizando la aplicación de los principios democráticos en la constitución, organización, funcionamiento e igualdad ante la ley, dado el interés público que realizan las mismas. Además se establecieron, importantes limitaciones a la conformación de cúpulas partidistas, a la estructuración vertical de las organizaciones políticas, así como se previó el control del financiamiento de estas fijándose los límites de gastos en las campañas electorales. Para ello se implementaron los mecanismos de control que garantizaran la licitud de las contribuciones y el manejo pulcro de las mismas. 

Entre lasa organizaciones políticas que mayor protagonismo político y significación tienen en la actualidad se pueden mencionar: 

·        Movimiento V República (MVR) 

Por su composición se asemeja más a un gran movimiento social con grandes diferencias entre sus miembros, que a un partido político clásico. Su membresía y los fundamentos de su cuerpo ideológico son heredados del Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR- 200). Las bases de su doctrina se encuentran principalmente en el llamado ¨ árbol de las tres raíces ¨, en referencia a l pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, quienes se pronunciaron por la lucha anticolonial, el potenciamiento de las libertades y la reivindicación de un destino propio sin injerencia externa. Se cataloga de humanista, revolucionario y bolivariano, enarbolando una nueva concepción del hombre y articulando una doctrina depositaria de los procesos revolucionarios latinoamericanos. El 19 de abril de 1997 el MBR 200 en asamblea se reestructuró y creó el nuevo movimiento para poder presentarse a elecciones, cambiando de nombre ante la prohibición legal de que los nombres de los partidos no incluyeran símbolos patrios. Se redefinieron así sus objetivos, lo que atrajo a numerosos militantes  de la izquierda revolucionaria. De este modo, se conformó  el MVR con la misión de cohesionar y expandir su estructura organizacional, así como estimular un proceso similar en los demás factores sociales y políticos de los que entonces constituía una alianza con otros partidos, el Polo Patriótico. Se buscaba acumular el grado necesario y suficiente de poder político, social y moral, mediante el control de las instancias del poder estatal y por la vía de la convocatoria y realización exitosa de una Asamblea Constituyente, organizar, desencadenar, y dirigir la instauración de la nueva República Bolivariana de Venezuela, la V República[6]. 

Es de significar que en el momento de su fundación y durante varios años se trataba de un conglomerado de personajes e ideologías que giraban en torno a dos ejes, el liderazgo de Hugo Chávez, y la imagen antisistema por excelencia que irradiaba el partido. Es de resaltar, que las masas populares, aunque responden frecuentemente a las acciones impulsadas  por el Movimiento V República, no forman parte propiamente de este, de lo que se infiere que más que un partido de masas, es un partido de cuadros. 

En sus orígenes lo integraban tres grupos bien diferenciados: el primero, un relevante sector de militantes provenientes de la izquierda sindicalista, exguerrilleros, antiguos miembros de la Unión Revolucionaria Democrática (URD), activistas de otras opciones de izquierda, en especial la Causa R, e intelectuales y académicos progresistas; el segundo, un ambiguo grupo menos numerosos de exadecos y excopeyanos y otras personas que habían estado cercanos al poder convertidos a la causa Chávez; y un tercer grupo formado por los militares, compuesto por el sector más conservador del chavismo, hasta la izquierda del ejercito, pasando por un grupo liberal que podría catalogarse de generacionista. 

En la medida que el partido se identificó con las necesidades del país, y se afirmó en una verdadera línea de progreso, los elementos más conservadores abandonaron las filas de la organización. Tras las elecciones de los órganos de poder, previstas para el 2000, se produjo la división del chavismo. Un nutrido grupo de militares y el sector dudoso y ambiguo, abandonaron el MVR y se pasaron a las filas de partidos menores como es el caso de La causa R. 

·        Patria para todos (PPT). 

Surgió en 1997 como resultado de una escisión  de L Causa R. Su plataforma ideológica actual gira en torno a tres posiciones: el nacionalismo -de donde toma su nombre- que parte de la necesidad de defensa de la soberanía en un mundo cada vez más globalizado, el antineoliberalismo y la lucha por una democracia verdaderamente representativa. En las elecciones legislativas de 1998 recibió muy poco apoyo por lo efectivos electorales al solo obtener 4,45 de los votos. Sin embargo, algunos de sus cuadros, como el caso de Aristóbulo Istúriz -popular alcalde de Caracas a principios de los años noventa y en estos momentos Ministro de Educación- y Alí Rodríguez – quien se desempeño como Ministro de energía y Minas  en el ejecutivo de Chávez, que actualmente es el Presidente de PDVSA-, son de reconocida competencia dentro de la sociedad venezolana y de los que, en mayor medida han colaborado con el gobierno bolivariano. 

·        Partido Comunista Venezolano (PCV)

 Nace en la clandestinidad en 1931, conformado inicialmente por los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, quienes en 1928 habían protagonizado un levantamiento contra la dictadura de Gómez.

A los cuatro años fue reconocido por la Internacional Comunista, siendo a partir de ese momento que comienza a ejercer firme oposición ante los gobiernos autoritarios que se sucedieron, encontrando una fuerte resistencia por parte de Acción Democrática, contradicciones que se agudizaron a partir de la firma del Pacto de Punto Fijo, donde el PCV resultó marginado de toda posibilidad de integrar el nuevo gabinete electo, quedando desplazado y aislado de forma violenta de toda representación en el poder político. A partir de 1959, el Comité Central del PCV aprobó la tesis conocida como viraje, que pretendía agrupar las fuerzas cívico-militares para enfrentar la reacción. En 1961 aparecieron las nuevas guerrillas que se extendieron hasta 1965. En 1967  el Comité Central del PCV renunció definitivamente a la lucha armada y decide presentarse a las elecciones venideras.

·        Acción Democrática (AD) 

Se fundó  en 1941 por Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos,  constituyendo la más importante fuerza de la IV República. Se ubicó, desde un principio, en la órbita de la socialdemocracia latinoamericana, definiéndose como partidarios del cambio social a favor de los trabajadores, la democracia electoral y el nacionalismo continental. Desde su surgimiento  contó con el apoyo creciente popular por erigirse representante de los ideales de libertad y democracia aspirados por el pueblo. Se mostró como la principal acción electoral en las elecciones a la Constituyente de 1946, repitiendo la victoria en los comicios presidenciales de 1947 y 1958. A partir de este momento, su línea anticomunista se fortalece, lo que fue considerado por las masas como una traición, trayendo como consecuencia directa divisiones en el seno del partido. La primera de ellas ocurrió en 1960, en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) formado por la juventud más a la izquierda  de Acción Democrática (AD), y de algunos cuadros de dirección que terminarían acogiéndose a la lucha armada. En 1962 se conformaría Acción Democrática de Oposición y, cinco años después, los progresistas que quedaban en AD fundarían el Movimiento Electoral del Pueblo, como la tercera y cuantitativamente más importante división producida en las filas de la socialdemocracia. Durante los años subsiguientes, la AD, de una organización de masas, se transformó en un partido electoral desideologizado buscando aferrarse a posiciones centroizquierdistas después de derrotar a sus rivales más progresistas.

·        Partido Social Cristiano (COPEI)

La Unión Nacional de Estudiantes, formada en 1936, dio origen al Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) en 1946, encabezado por Rafael Caldera. Más adelante este se dio a conocer como Partido Social Cristiano COPEI. Durante la dictadura perezjimenista fue el único partido que no fue ilegalizado. Con estrechos vínculos desde sus inicios con la Iglesia Católica, tomó fuerza entre los sectores cristianos. La ideología demócrata-cristiana de COPEI, llamada renovadora e la década del cincuenta y el sesenta, se fundamentó primeramente en varios elementos procedentes del pensamiento católico, a saber: la afirmación de lo espiritual en el hombre en cuanto reconocimiento de su aspiración a un destino mejor; el respeto a la dignidad humana por encima de cualquier decisión política; la preeminencia del bien común, entendido como la constitución de un ordenamiento sociopolítico armónico, donde la población pueda disfrutar de los beneficios de orden social; y la perfectibilidad de la sociedad civil, pensada como la capacidad del hombre para intervenir en la realidad y transformarla. La ideología copeyana en el ámbito social concede importancia a un mayor énfasis en la cooperación que en el conflicto, a una mayor valoración  del trabajo que del capital, y a la defensa de la propiedad privada como directamente emanada del derecho natural, pero con una función social que el Estado debe garantizar interviniendo ante las injusticias que sus excesos puedan crear. Después de 1958 COPEI se mantuvo siendo el partido político establecido de total confianza de la derecha venezolana.

Si bien los demócratas-cristianos acumularon siempre el voto de la centroderecha, sus tendencias en determinados momentos se movieron hacia la derecha, y mientras la sociedad venezolana se modernizaba y enrumbaba hacia el bipartidismo, la opción COPEI alcanzaba variados apoyos hasta que, en la década del setenta, sufrió un natural traslado hacia los votantes de derecha y extrema derecha. 

·        Movimiento al Socialismo (MAS).

Esta organización se conformó como opción política en 1971 agrupando al sector reformista del PCV, que proclamaba un comunismo de nuevo tipo. Ingresaron al mismo viejos exguerrilleros, la casi totalidad de la juventud y una considerable cifra de los líderes comunistas. Dentro de sus concepciones se manifestaban las diferencias con el PCV, las que estribaban en la distinta comprensión de la realidad internacional, en el carácter de la revolución nacional, en la manera de percibir los problemas del país, en la política de oposición que debía hacérsele al gobierno y las reformas para la construcción de una sociedad socialista en Venezuela. El MAS concibió un programa ampliamente socialista, encaminado a la búsqueda de la democracia con contenido socialista, sobre la base de una crítica a la democracia formal, y a la reivindicación de la idea de libertad, en oposición a su esencia en el llamado socialismo real. La participación del MAS en el gobierno de Rafael Caldera en el período comprendido entre 1993 y 1998, hizo que el mismo haya sido considerado como un partido del sistema. Durante ese lapso cambió su orientación al pasar de las posiciones del socialismo no comunista, a defender políticas neoliberales, trayendo consigo la división entre sus cuadros de dirección y los votantes, situación que quedó fehacientemente demostrada en las elecciones presidenciales de 1998, cuando un por ciento de su membresía conllevó al MAS a impulsar la propuesta de Hugo Chávez. Actualmente las tendencias de izquierda y de derecha se manifiestan con fuerza dentro de la composición del partido, el que ha transitado a una oposición radical ante el gobierno.   

·        Convergencia Nacional (Convergencia) 

La escisión que se produjo en el seno de COPEI y que dio lugar a la formación de esta nueva organización política, sucedió en 1983, cuando muchos militantes demócratas-cristianos decidieron formar su propio partido, ante la derrota electoral sufrida por su candidato Rafael Caldera, en las presidenciales de ese año. Lo que después constituyó una alianza de 16 organizaciones políticas  para apoyar a Caldera en las elecciones de 1993, incluyendo al MAS y al PCV, culminó siendo un partido político de minoría, formado por viejos dirigentes copeyanos bajo la dirección del propio Caldera. Surgido en medio de una coyuntura  circunstancial que al quedar rebasada, puede dejar sin cimientos proyectivos a sus promotores -léase cuadros disidentes y líderes de organizaciones  preestablecidas-. A juicio de algunos analistas su destino final pudiera ser su paulatina disolución, o la vuelta o reincorporación a las organizaciones políticas de permanencia. 

·        La causa Radical (La causa R) 

Surgida más como movimiento social que como movimiento político en el más corriente sentido de la palabra , dirigida contra el sistema bipartidista y fundada, principalmente, por intelectuales que habían abandonado el PCV ante el fracaso de la opción subversiva, inicialmente proponía un comunismo que emanara de las masas y actuaba en espacios limitados suburbanos e industriales, teniendo como objetivo la reconstrucción de la avanzada revolucionaria en Venezuela, luego del fracaso de la lucha armada y de las restricciones demostradas por las inflexibilidades de los partidos de corte leninista. Para las elecciones de 1998, la Causa R se había debilitado perdiendo impulso y apoyo social, pero en los últimos tiempos ha emprendido una ligera oposición al gobierno de Chávez, procurando la aproximación de determinados personajes dentro de la sociedad para que estos atraigan votos , amén de que estén identificados o no con las bases ideológicas del partido. La Causa R, se ha mantenido sobreviviendo de un determinado números de votos antichavistas, pronosticándose que, en lo sucesivo, tienda a desaparecer de la palestra de la izquierda venezolana.

En este orden también se destacan otras organizaciones políticas pequeñas como: Podemos, vamos, Fuerza Liberal, Resistencia Civil, Voluntad Independiente de Anzoátegui, Utopía, Solidaridad, bandera Roja, Primero Justicia entre otras. 

Expresamente el artículo 67 de la Constitución prohíbe el financiamiento de las organizaciones políticas con fondos provenientes del Estado. De este modo, se cambió radicalmente el régimen de sostenimiento a los partidos políticos previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Esta vieja fórmula, resultado del puntofijismo, se argumentó con una pretendida intención de evitar los desequilibrios que podría generar el financiamiento exclusivamente privado, así como un eventual financiamiento público directo, que solo beneficiara a los partidos de gobierno. En el fondo manipuló las malversaciones de lo fondos públicos, ocurridas durante toda esta etapa por los inescrupulosos oligarcas que controlaban el poder político. 

Otras organizaciones sociales que intervienen en el sistema político venezolano. 

Junto a las organizaciones políticas, otras de carácter social intervienen activamente en el sistema político venezolano. Entre ellas se pueden mencionar a los sindicatos, a los gremios profesionales y empresariales, las organizaciones estudiantiles, de genero (feministas), ecológicas. Las mismas constituyen en la actualidad verdaderos grupos de interés (o de presión, como también se le conoce) en la escena política venezolana. 

Las organizaciones sociales van a pretender influir, desde fuera, sobre el poder público sin plantearse llegar a conquistarlo, caracterizándose, además, por la ausencia de un programa ideológico global que supere sus interese sectoriales. Estas no tienen fines especifica o únicamente políticos, pero siempre estará presente cierto sentido o perspectiva política. Como bien señala el profesor Fernández Bulté, puede ser que sus objetivos políticos sean directos, inmediatos, declarados, enfáticos y visibles, como puede ocurrir en el caso de los sindicatos; sin embargo, en otras organizaciones los fines políticos pueden desdibujarse un poco y pueden aparecer disueltos[7]. No obstante, siempre que tengan el propósito de intervenir de alguna manera en la toma de decisiones políticas o de influir en la adopción de las mismas, se pueden considerar piezas claves dentro del sistema político de cualquier sociedad. 

En el caso de Venezuela, entre las organizaciones sindicales se hallan la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), y la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE). Como organizaciones empresariales se destacan: la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARAS), órgano vocero de los sectores propietarios de la sociedad venezolana opositora al proceso revolucionario encabezado por el Presidente Chávez. Otras organizaciones importantes lo constituyen Clase Media en Positivo,  asociación civil que aglutina a este sector que se encuentra a favor del proceso revolucionario y Patria Joven. 

Principales características del sistema político venezolano. 

Comprender con un mejor alcance los caracteres que identifican el sistema político venezolano actual, impone la ineludible exigencia de efectuar un breve acercamiento a su antecedente inmediato, el puntofijismo. 

Consolidado sobre la base del denominado Pacto de Punto Fijo[8], este modelo, que se extendió entre 1958 y 1998, significó el ejercicio de prácticas del juego político entre los entonces actores del sistema político venezolano. Se instauró de ese modo, lo que sería denominado un sistema populista de conciliación de élites, donde la negociación y la acomodación de los intereses de los sectores minoritarios, pero poderosos con capacidad para vetar y desaprobar las decisiones fundamentales de la escena política o la posibilidad de amenazar la estabilidad del sistema, condicionaron el establecimiento de una democracia representativa. 

El bipartidismo atenuado, resultado directo del mencionado Pacto, y que se acentuó a partir de las elecciones presidenciales de 1973 entre los socialdemócratas de AD y los socialcristianos del COPEI -institucionalizados[9] y articulados de forma tal en aquel escenario político, como para mantenerse en todo momento prácticamente alejados de toda confrontación y polarización ideológica- generó, por ende, un compromiso de las cúpulas partidistas en la solución concensuada de los conflictos. Este período se caracterizó, además, por el presidencialismo, el caudillismo, y el personalismo; la malversación de los fondos públicos; el clientelismo político; la monopolización de la producción, concentrándose eminentemente en el petróleo; así como la constante represión y persecución de los movimientos obreros, campesinos y estudiantiles. La fórmula puntofijista provocó un entronizado elitismo (cogollocracia), que alejó cada vez más a las masas de la participación en la toma de decisiones, sentándose las bases para una partidocracia, cuyo único límite fue el consenso de las organizaciones implicadas en dicho pacto. Durante su vigencia no se ejerció oposición real por el partido contrario ante la expectativa de ser bien tratado y, a sabiendas, de sus posibilidades de acceder al poder a corto o mediano plazo. 

De este modo ocurrió una extrema monopolización de la vida política por los partidos, constriñéndose estos a la sociedad civil, al centrarse en interés políticos electorales, perdiendo su arraigo popular, su atractivo ideológico y su capacidad para satisfacer las necesidades sociales. 

Aparejado a todo este fenómeno, la corrupción administrativa involucraba frecuentemente a los miembros de los partidos, acentuando su descrédito ante los ojos del pueblo. De este modo el poder oligárquico de los partidos políticos pervirtió su papel de intermediario entre las masas y el Estado, perdiendo la legitimidad y confianza ciudadana. 

A su vez, el presidencialismo, el caudillismo, y el personalismo dentro del sistema provocó que los líderes (caudillos) fueran los dirigentes políticos que afirmaban su poder al interior de los partidos. Con ello se eliminó todo disenso y se construyó maquinarias bien estructuradas de militantes ligados por la fidelidad a toda prueba, a quienes se recompensaba con cargos políticos o favores de otra naturaleza, compensaciones que obtenían los militantes leales  y de consecuente militancia en los partidos, concibiéndose un clientelismo político sin paralelos en la historia venezolana. Se convirtió al estado en un gran empleador de labores innecesarias, por cuanto los partidos ofrecían prebendas a sus militantes como mecanismo de distribución de la riqueza pública. Fue así como las políticas económicas y sociales alimentaban una clientela partidista y electoral, que creó una forma de dependencia permanente entre el centro de poder y la clientela. 

Incluso la corrupción, la malversación de fondos públicos, la impunidad legal, la ineficiencia y partidización infestó al sistema judicial venezolano, resquebrajando la credibilidad de los venezolanos en sus instituciones, lo cual aceleró un clima de irrespeto por las normas jurídicas que sustentaban la sociedad. 

La dependencia exclusiva del petróleo significó sostener el sistema en sus tres pilares fundamentales, a saber: la renta petrolera, las cada vez más crecientes expectativas sociales de solución de las dificultades que enfrentaban y el aseguramiento de la representación y la legitimidad del sistema. Sin embargo, esta economía sustentada en el modelo petrolero-además del control de precios y los subsidios –encubría un proceso inflacionario que irrumpiría, posteriormente, en la escena económica; además, la concepción equivocada de los planes de desarrollo condujeron al incremento del endeudamiento público y crearon una crisis financiera, fiscal, y socioeconómica sin precedentes[10]. 

El modelo establecido de democracia representativa[11] se caracterizó por la restringida participación popular en la toma de decisiones políticas mediante la expresión del sufragio cuando se celebraran los comicios electorales, forjándose un sistema político elitista y excluyente que mar ginó a la gran mayoría de los ciudadanos. Las principales decisiones las adoptaban las élites gobernantes y estos tenían asegurado sus intereses frente a los intereses generales. 

Es en este entorno donde se articularon, como factores reales de poder, los partidos políticos tradicionales, los grupos económicos y de presión, los medios de comunicación, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas e, incluso, las individualidades poderosas de la sociedad venezolana, que garantizaron que no serían afectados sus intereses por la regla de la mayoría en la formulación de políticas públicas. 

Ante la situación de decadencia del viejo sistema se planteó, como alternativa política, la salida jurídica de la misma mediante una reforma general de la Constitución vigente, basada en la falta de salidas institucionales ante la crisis de representatividad de los partidos tradicionales. A esto se añadió el agotamiento del modelo rentista y el debilitamiento de los órganos estatales, todo lo que de conjunto erosionó con fuerza la legitimidad de las bases del sistema. Se estaba en presencia sin dudas, del último intento desde dentro del sistema de salvar las bases y pilares en los cuales se erigió durante casi treinta años, denotando cuanto este había sido capaz de devorarse como propuesta seria de construcción social. Sin embargo, el fracaso de dicho intento, marcado por el ascenso al poder de la alternativa presentada por Hugo Chávez, al pueblo, permitió que este accediera verdaderamente a un ejercicio de su poder soberano, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, que por primera vez descansó en la legitimidad de la soberanía popular. 

Con la aprobación y promulgación del nuevo texto constitucional, en diciembre de 1999, comenzaron a sentarse en Venezuela las bases de una democracia participativa y protagónica –una democracia ¨ no excluyente ¨ sino ¨ incluyente-¨, que permite el acceso al pueblo a la adopción  de las decisiones políticas de la sociedad. El establecimiento de nuevos instrumentos que viabilizan al efecto tal posibilidad[12], y permiten al pueblo participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, como vía que garantiza el completo desarrollo individual y colectivo. Esto significa, sin dudas, el aporte más trascendental dentro del sistema político venezolano actual, dado por el nuevo texto constitucional. 

El nuevo sistema político se erige, además, en los pilares del nacionalismo –como expresión de la defensa de la soberanía frente a la globalización y la implementación de políticas neoliberales en nuestro continente-, en el rescate del ideario y el pensamiento de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y de Simón Rodríguez y en la constante búsqueda de una sociedad humanista , bolivariana, revolucionaria, en la cual el hombre es el eje central de transformación y desarrollo, con un sistema de gobierno que promueva los valores de igualdad, justicia, libertad, fraternidad, solidaridad y la garantía de los Derechos Humanos. 

En esta nueva concepción se le reconoce al Estado un prioritario papel en el enfrentamiento de los males que aquejan a la sociedad venezolana mediante políticas públicas equitativas y con una inversión social adecuada. Este sistema político, económico y social coloca al hombre como centro de atención y de su razón de ser, posibilitando la satisfacción de las necesidades vitales para el pueblo, en correspondencia con sus capacidades y esfuerzos, y permitiéndole condiciones de vida dignas. 

La política social del Estado debe tener como objetivo, entonces, la inclusión real y efectiva de toda la población, lo que significa que se deben diseñar políticas públicas encaminadas a potenciar el acceso a los bienes primarios y básicos como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, entre otros. 

Debe ser, como el aparato público, un ente rector, promotor y estimulador de relaciones de cooperación entre los diferentes factores sociales y económicos, en defensa de la gran mayoría, para impedir que estos sean tragados por las minorías. 

Se plantea de este modo, un proyecto de país, marcado por importantes retos y compromisos con las esperanzas absolutas y fundadas en que el proceso revolucionario devolverá a la nación una próspera abundancia y bienestar individual y colectivo, dirigido a consolidar una verdadera igualdad, una razonable eficiencia de las instituciones públicas, la transparencia democrática de los poderes y las organizaciones políticas y sociales, así como la responsabilidad del Estado en la integración social y económica.  

MSc. Solnés Expósito

Lic. Karel L. Pachot