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Microempresas rurales
Ante la evidencia de la
desigualdad urbano-rural[2]
y en la investigación y búsqueda de la igualdad de oportunidades, para
encontrar herramientas útiles a proveer un crecimiento armónico de la nación,
al poblamiento de su territorio, a la promoción de políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de microregiones,
provincias y regiones, hemos
identificado al minifundio como un icono representativo de cierto desequilibrio
que se tiene que revertir cultural y productivamente. Para ello es preciso, de modo organizado y prospectivo, combatir el analfabetismo rural, la pobreza, impulsar reconversiones y diversificaciones para mejorar la competitividad y desarrollo humano hacia la integración territorial y complementariedad económica de las provincias argentinas, logrando capacidad exportadora e inserción internacional, mediante, Vg., consorcios cooperativos de exportación (Ley 23.101) todo ello, con un constante entrenamiento de los recursos humanos y la asimilación de los progresos tecnológicos. Se deben generar polos rurales productivos con capacidad para atraer inversiones genuinas, bajo la condición de asegurar la utilización racional y conservación de los recursos naturales como la protección del ambiente. Ahora bien, antes que nada se deberá favorecer y facilitar una justa regularización dominial, ya que un elemento que se destaca inicialmente es que, la superficie con límite (de explotación de las unidades productivas) es variada. Existen cuatro provincias en donde la superficie censada con limites es inferior al 40% y en las que existen grandes extensiones de tierras fiscales, tierras ocupadas por comunidades o tradicionales poseedores familiares, lo cual pone de manifiesto un problema histórico vinculado con la tenencia legal de los minifundios. Por eso mismo, la provincia de Córdoba se ha dado leyes especificas de regularización dominial como, Vg., la 9150. Esto no sólo ha generado problemas de propiedad sino que también y al tratarse de inmuebles sin documentación formal, el contexto dificulta que los legítimos poseedores de predios pequeños hagan uso, Vg., de los mismos en el sistema financiero (vía hipotecas), realicen inversiones de mediana o larga progresión ni las incorporen al mercado de tierras. Las situaciones más graves corresponden a las provincias de Catamarca, Jujuy, San Juan y Santiago del Estero y, en menor medida, Chaco y Formosa. Los Programas de Recuperación
Productiva del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, (Vg.
481/2002), los Fondos Sociales de
Reactivación Productiva (Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico
Sud, Decreto 223/2005) y otros similares, afines y complementarios tienen que
incluir y contemplar integralmente la
infinidad de minifundios y minifundistas, generalmente, postergados,
empobrecidos y atropellados hasta el despojo. Tenemos que implementar herramientas eficaces para propender al desarrollo económico, social y cultural de estos ciudadanos argentinos, a través de un progreso que no debe ser tan solo material sino moral e intelectual con la consecuente evolución de la estructura y de las funciones sociales. En esa perspectiva la provincia de Córdoba implementó la Ley 9.121 de promoción industrial, la que básicamente consiste en beneficios fiscales, subsidios para nuevos empleos, créditos a tasas subsidiada y tarifas eléctricas de fomento para microempreas rurales, cooperativas campesinas y pymes, en tanto no superen una facturación anual de pesos cuarenta y tres millones, ($43.000.000.-). Con respecto a la discriminación positiva en materia de energía eléctrica, el Ente regulador provincial de los servicios públicos, en el ejercicio de una función institucional inclusiva, ha elaborado un proyecto normativo sobre la utilización del alambre de acero y retorno por tierra en las líneas de distribución eléctricas rurales de media tensión, las que tradicionalmente se construyen con alambre de cobre o aluminio y esto, claro está, significará un avance muy importante en el desarrollo del tendido eléctrico en zonas campesinas alejadas de los grandes centros urbanos, ya que su utilización controlada, traerá aparejado un ahorro considerable en dicho insumo energético. Lo más plausible de esta norma es su interés prioritario en el desarrollo industrial de los departamentos del norte y del oeste cordobés como de las economías regionales y, esto último, antropológicamente, significa también, arraigo y desactivación de crecientes éxodos rurales con el correspondiente incremento de promiscuidad y pauperización de las periferias de los grandes centros urbanos. Así
pues, nos luce del todo reprochable e inadmisible observar los rostros de
campesinos, que como grupo social viven relegados, a veces, privados de su
propia tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a
sistemas de comercialización que los explotan despiadadamente. PUEBLA[3]
quiso señalar las raíces mas profundas para ofrecer sus aportes, denunciando
que “La falta de reformas
estructurales en la agricultura, adecuadas a cada realidad, que ataquen con
decisión los graves problemas sociales y económicos del campesinado como el
acceso ala tierra, a los medios que hagan posible un mejoramiento de la
productividad, calidad, competitividad y comercialización minifundista”. En la defensa y la promoción de la dignidad inalienable de la persona humana, en el evento mexicano, los Obispos se dirigieron a las instancias económicas para que contribuyan con un pensamiento creativo a dar respuestas prontas a las demandas fundamentales del campesinado así como a los funcionarios públicos, recordándoles que la dignidad de la función y la vida publica, reside en el hecho de que su destinatario natural es la sociedad y, sobre todo, quienes menos tienen y mas dependen del buen funcionamiento de lo publico. A modo conclusivo, podríamos que recurrir a Raúl A. Orgaz cuando define los cambios sociales como los resultados de los procesos por los cuales se modifican los estados de la conciencia social, el sistema de la organización o las normas del grupo regulado. El minifundista ha recibido la noble misión de cultivar y pastorear para prolongar la creación, de generar una historia nueva en donde sí sea posible la satisfacción de carencias, de necesidades físicas básicas. Los
múltiples y diversos micro emprendimientos, Vg., caprinos, de cristalería, apícolas,
avícolas, aloe, tuna, iguanas, textiles,
etc., logrados con esta nueva
mirada en el norte y en el sur, en el este y en el oeste cordobés, son símbolos
contundentes de la lozanía insita en las microempresas rurales, en las
cooperativas campesinas y en las pymes en general. Finalmente,
en tanto humanos, rechazamos la
desigualdad que afrenta y la miseria antropofágica. Por
eso proponemos un tejido social sano trabajado por la dignidad humana,
fortalecido por la justicia, articulado por la solidaridad y vitalizado por la
convivencia pacifica porque, cuando se advierta, cuando se admita y aprecie el
tesón, la paciencia y la sencillez minifundista, se verá lo maravilloso de
tanta dignidad para tanta adversidad y, sin dudas, se admirará tan
singular resistencia pacifica Porque, no se dude, lo pequeño de “esos tesoros escondidos”, es ciertamente hermoso.- p. Roberto
F. Bertossi[1] [1] Investigador del centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad nacional de Córdoba, a cargo del Proyecto de Ley Nacional para la Microempresa Urbana y Rural; Profesor de Postgrado en las Universidades Nacional de Córdoba y del Litoral. [2] Informe PNUD – Argentina, 2002, Págs. 32, cuadernillo “ge”: Págs. 10 y sigts. “nti”. [3] Documento de Puebla, p.68, Ed. Paulinas, 1979.
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