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La ciencia del Derecho Procesal

Resumen: El presente trabajo esta conformado por siete temas. En el primer tema se razonará las formas para solucionar los conflictos. En el segundo se reflexionará el concepto de Derecho Procesal y la Teoría General del proceso. En la tercera se señalará la autonomía del Derecho Procesal. En el cuarto tema se nombrara la unidad del Derecho Procesal. En el quinto se abordará las ramas del Derecho Procesal. En el sexto tema se observará las relaciones del Derecho Procesal con otras ramas del derecho. Y como último tema se analizará las fuentes del Derecho Procesal.
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Autor: Edith Mora Durán

INTRODUCCIÓN

La Teoría General del Proceso, es el puente entre lo que son las diferentes materias del derecho en general y la herramienta para poder resolver conflictos en la vida laboral.

El presente trabajo esta conformado por siete temas. En el primer tema se razonará las formas para solucionar los conflictos. En el segundo se reflexionará el concepto de Derecho Procesal y la Teoría General del proceso. En la tercera se señalará la autonomía del  Derecho Procesal. En el cuarto tema se nombrara la  unidad del Derecho Procesal. En el quinto se abordará las ramas del Derecho Procesal. En el sexto tema se observará las relaciones del Derecho Procesal con otras ramas del derecho. Y como último tema se analizará las fuentes del Derecho Procesal.

FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Hay formas de resolver conflictos sociales; la autotutela, la auto composición y la heterocomposición.

En la Autotutela. Es una forma primitiva, muy semejante  muy cercana  o parecida a la de los animales.

 La autocomposición. Esta se da como resultado de la evolución que posee  el hombre ya que con ella se puede llegar a la solución de conflictos ya sea porque coexista  por  pactos, y con el  reconocimiento de las pretensiones de la parte contraria, una forma más dulcificada de solución de estos conflictos.

La autocomposición, intervienen actos unilaterales (la renuncia y el reconocimiento)  y bilaterales (la transacción).

El desistimiento, renuncia procesal de hechos o de pretensiones. Hay tres tipos: desistimiento de demanda(  actitud del actor por cuyo medio retira el escrito de  demanda, antes de que ésta haya sido notificada al demandado), instancia (renuncia del derecho o de la pretensión, en este caso el desistimiento prospera aún sin el consentimiento del demandado) y de acción.

 ¿QUE ES EL DERECHO PROCESAL?

Toda norma jurídica, desde el punto de vista formal, reconoce su fundamento de validez en la circunstancia de haber sido creada por el órgano y de conformidad con el método específico prescrito por la norma jerárquica superior, la Constitución. Esta ley fundamental designa cuales son los órganos habilitados para crear normas generales y determina asimismo el procedimiento o procedimientos que esos órganos deben observar a tal fin.

La creación de toda norma jurídica es el resultado de uno o varios procedimientos cumplidos por un órgano del Estado con competencia para ello, desde ese punto de vista el Derecho Procesal puede ser definido como la rama del derecho que se refiere al proceso en sentido amplio, entendido por tal a la actividad desplegada por los órganos del Estado en la creación y aplicación de normas jurídicas generales o individuales. Ese derecho procesal es susceptible de dividirse en procesal constitucional, procesal legislativo, procesal administrativo, y procesal judicial.

DERECHO PROCESAL

            En su sentido objetivo se suele designar al conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto al proceso jurisdiccional como a la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en el mismo. Las reglas sobre la integración y competencia de los órganos del Estado son las normas que determinan la organización y la competencia de estos sujetos procesales, en función fundamentalmente de su intervención en el proceso jurisdiccional, podemos clasificarlas, de acuerdo con el objeto directo de su regulación, en dos especies: 1) las normas procesales en sentido estricto, que son aquellas que determinan las condiciones para la constitución, el desarrollo y la terminación del proceso, y 2) las normas orgánicas, que son las que establecen la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en el proceso jurisdiccional.

Características del derecho procesal en cuanto conjunto de normas:

  1. El derecho procesal con independencia de la naturaleza pública, social o privada del derecho sustantivo que aplique, pertenece al derecho público, en cuanto regula el ejercicio de una función del Estado, como es la jurisdiccional, a través del proceso.
  2. El derecho  procesal no hace sino regular un medio, un instrumento, como es el proceso jurisdiccional, a través del cual se va a resolver un conflicto de trascendencia jurídica, normalmente mediante la aplicación de una o varias normas de derecho sustantivo, en caso de que el juzgador emita una sentencia sobre la controversia de fondo. En este sentido, el derecho procesal establece un medio para la aplicación del derecho sustantivo.
  3. La tercera característica es la autonomía que la ciencia del derecho procesal posee respecto de las disciplinas que estudian las diversas ramas del derecho sustantivo. Esta autonomía de la ciencia derecho procesal es producto de un largo proceso de evolución de la doctrina procesal.

 

TEORIA GENERAL DEL PROCESO

            Es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se  ocupa del estudio   de los conceptos, principios e instituciones  que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales.

            El contenido de la teoría general del proceso está constituido por el conjunto de conceptos, principios e instituciones comunes a las diversas ramas especiales de la ciencia del derecho procesal. Se puede afirmar que existe de acuerdo acerca de que son comunes a todas las disciplinas procesales especiales los conceptos de acción, jurisdicción y proceso a los que la doctrina considera como fundamentales y que en este mismo trabajo se explican.

            En cualquier disciplina procesal se manifiestan estos tres conceptos: la acción como derecho subjetivo procesal, poder jurídico o facultad que las personas tienen para promover la actividad del órgano jurisdiccional con el fin de que, una vez realizados los actos procesales correspondientes, resuelva sobre una pretensión litigiosa; la jurisdicción, como función que tiene determinados órganos del Estado para resolver conflictos de trascendencia jurídica, mediante determinaciones obligatorias para las partes y susceptibles de ejecución; y el proceso como conjunto de actos que realizan las partes, el juzgador y demás sujetos que intervienen en el mismo, y que tienen como finalidad lograr la composición del litigio por medio de sentencia.

 

CONCEPTO DE DERECHO PROCESAL

“El que contiene los principios y normas que regulan el procedimiento civil y el criminal; la administración de justicia ante los jueces y tribunales de una y otra jurisdicción, o de otras especiales.” [1]

" Disciplina que estudia por un lado el conjunto de actividades que tienen lugar cuando se someten a la decisión de un órgano judicial o arbitral, la solución de cierta categoría de conflictos jurídicos suscitados entre las partes, o cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde eficacia o determinada relación o situación jurídica".[2]

"Conjunto de normas y principios jurídicos que regulan tanto al proceso jurisdiccional como a la integración y competencia de los órganos del Estado, que intervienen en el mismo".[3]

 

UNIDAD DEL DERECHO PROCESAL.

La diversidad se encuentra en los contenidos del proceso y uno en el proceso mismo.

Los problemas de unidad del derecho procesal puede enfocarse desde tres puntos de vista:

                                      I.      1.Unidad en lo académico o doctrinal;( radica en dar una respuesta a la pregunta relativa a si la ciencia procesal es una sola o son arias ciencias procésales)

                                     II.      2.Unidad en lo legislativo o en la codificación,  y

                                   III.      3.Unidad en lo jurisdiccional o en la función judicial.

 

AUTONOMÍA DEL DERECHO PROCESAL.

a) Autonomía científica.

El derecho procesal constituye una rama autónoma de la ciencia jurídica. Y ello opera dentro de un ámbito de conductas fundamentalmente distinto del que conceptualizan las normas de derecho material. Los vínculos jurídicos que surgen entre el juez y las partes, así como los requisitos y efectos de los actos procesales, se encuentran regidos por principios propios, ajenos a los del derecho material.

b) Autonomía legislativa.

Las normas procesales no se encuentran ubicadas en los códigos de procedimientos, en las leyes sobre organización y competencia de los órganos judiciales. También las hay en la Constitución Nacional, en los Códigos de fondo, y en los ordenamientos jurídicos. Todo ese conjunto de normas es perfectamente diferenciable del derecho sustancial o material.

La autonomía legislativa tiene origen constitucional ( ver. Art. 5, 116, 117, 75 inc. 12, 109, 118).

Existen grandes diferencias en el Proceso, tanto civil como penal de acuerdo a los distintos Códigos que se han ido sancionando en la Argentina por parte de las distintas provincias, de acuerdo con la Constitución Nacional.

c) Autonomía académica.

Como consecuencia de los puntos señalados anteriormente, es obvio la necesidad de encarar la enseñanza y el estudio del Derecho Procesal como rama autónoma del Derecho.

El Derecho Procesal es una rama autónoma e independiente del Derecho Público, pero guardando estrecha relación con el derecho sustancial.No obsta a ello la circunstancia de que los preceptos aplicables a las relaciones jurídicas que se controvierten en el proceso correspondan en general al derecho privado, pero la posición preeminente que en el proceso asume el Estado a través de sus órganos judiciales, donde el Estado no se halla al nivel de las partes o de los terceros, sino por encima de ellos, a quienes pueden imponer la observancia de determinadas conductas, hace del Derecho Procesal un rama inequívocamente ubicada dentro del Derecho Público. Las partes no se encuentran habilitadas para regular el desenvolvimiento del proceso de acuerdo con su voluntad.

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA CIENCIA PROCESAL

            Los conceptos básicos  o más importantes de toda ciencia son las “categorías” o “conceptos categoriales”. En toda disciplina científica  encontramos un conjunto de dichos conceptos fundamentales o categorías, los cuales jerárquica y también sistemáticamente son superiores a todos los demás conceptos y los abarcan y determinan.

            En la ciencia procesal ha sido preocupación de los diversos estudiosos determinar cuales sean los conceptos fundamentales de la misma.

Briceño Sierra, postula el dinamismo como concepto fundamental y expone que los conceptos básicos, a su juicio, son: litigio, controversia, acuerdo, desacuerdo y causa. Enfoca los aspectos doctrinales que considera más difundidos respecto de la acción, la jurisdicción y el proceso; que el proceso no puede ser elemental y hay otros procesos elementales que deben tomarse en cuenta, por ejemplo, el procedimiento, la instancia, conexión y proveimiento.

En Roma, en la primera etapa del orden judicial privado, el concepto fundamental fue el de la litis contestatio. En la época de la escuela judicialista el concepto fundamental que privó fue el de “juicio” entendido como lo que hoy concebimos como proceso. Mas adelante en la época del procedimiento se destacan tres conceptos fundamentales que son los de: organización judicial, competencia y procedimiento y la doctrina dominante ha venido sosteniendo que los tres conceptos fundamentales de la ciencia procesal son los siguientes:

         I.      Concepto de acción;

       II.      Concepto de jurisdicción; y

      III.      Concepto de proceso.

Calamandrei, afirma que las ideas fundamentales para la elaboración de la sistemática procesal, son estas tres y, a partir de entonces, una serie de autores de diferentes países van suscribiendo el mismo punto de vista. He aquí que acción, jurisdicción y proceso, constituyen la esencialidad  del concepto de éste, en inseparable unidad, por el fin común a que se dirigen y al que sirven. La teoría del proceso y su estructura orgánica sólo se consolidara sobre base sólida, delineando su sistema científico en consideración a estos tres elementos.

Concepto de acción

            Se entiende por acción del derecho, la potestad, la facultad o actividad, mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional. Se considera la acción como algo que provoca la función jurisdiccional del Estado.

La acción en sentido procesal tiene tres acepciones:

                     I.      Como sinónimo de derecho

                   II.      Cuando se dice “el actor carece de acción”, se identifica a la acción con el derecho de fondo o sustantivo o, se le considera una prolongación del derecho de fondo al ejercitarse ante los tribunales.

                  III.      Como sinónimo de pretensión y de demanda

               IV.      La pretensión de que se tiene un derecho válido y en razón del cual se promueve la demanda respectiva

                 V.      Como sinónimo de facultad de provocar la actividad de la jurisdicción

               VI.      Se alude a un poder jurídico que tiene todo individuo como tal.

Concepto de jurisdicción

            Jurisdicción es una función soberana del Estado, realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo.

            No puede haber proceso sin jurisdicción, como no puede haber jurisdicción sin acción. Porque la acción aislada no puede darse y la jurisdicción no se concibe sino en virtud del acto provocatorio de la misma que es precisamente la acción. Jurisdicción no solo pertenece a la ciencia procesal, sino también a la teoría del Estado y al derecho constitucional.

            La jurisdicción es una función soberana del Estado, que se desarrolla a través de todos esos actos de autoridad encaminados a solucionar un litigio mediante la aplicación de la ley general al caso concreto controvertido. La culminación de la función jurisdiccional es la sentencia.

Castillo Larrañaga y De Piña formula ocho criterios relativos a las divisiones de la jurisdicción:

a)     Secular y eclesiástica;

b)     Común, especial, y extraordinaria;

c)      Civil, penal, contencioso-administrativa, comercial, laboral, etcétera;

d)     Voluntaria y contenciosa;

e)     Retenida y delegada;

f)        Propia, delegada arbitral, forzosa y prorrogada;

g)     Acumulativa o preventiva y privativa, y

h)      Concurrente.

Secular y eclesiástica

Viene de la palabra latina secolo, o sea, siglo, este tipo de jurisdicción, en este criterio medieval, era la del siglo, la terrenal frente a una jurisdicción eclesiástica, es decir eterna. Aunque no existe un concordato en México y el Vaticano, aun quedan por determinarse el tipo de tratamiento, los efectos y el probable reconocimiento que las sentencias de los tribunales eclesiásticos puedan llegar a tener en el sistema jurídico mexicano.

Común, especial y extraordinaria

            La jurisdicción común es la que imparte el Estado a todos sus gobernados, sin acudir a un criterio específico de especialización. La jurisdicción especial tiene su razón de existencia en la división del trabajo, por la cual, a medida que el grupo social se desenvuelve o desarrolla surgen tribunales del trabajo, administrativos, de orden federal o local, etc. La extraordinaria es la desempeñada por tribunales organizados especialmente, a propósito, después de que han sucedido los hechos por juzgarse. Esta prohibición, se reitera por el mismo texto constitucional:

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos…

Civil, penal, contencioso-administrativa, comercial, laboral, etcétera.

            Se refiere a la naturaleza de los litigios que de los procesos. Todo esto provoca una distribución de funciones, de competencias. Ello ocasiona que en algunos sistemas los tribunales se dividan en civiles, penales, en otros sistemas hay además tribunales laborales, administrativos, fiscales, mercantiles, clasificaciones todas basadas en la naturaleza del conflicto o litigio y que redundan en una especialización sustantiva.

Voluntaria y contenciosa

            El litigio es un elemento necesario para la existencia del proceso, y para el desempeño o desarrollo de la función jurisdiccional, ya que la jurisdicción siempre recae sobre una controversia. La expresión jurisdicción voluntaria sigue siendo utilizada y con ella se quiere aludir a una serie de gestiones o de tramitaciones, en las cuales no hay litigio y que se desarrollan frente a un órgano judicial.

Retenida y delegada

            La concepción respondía a la organización de carácter antártico y absolutista en la cual los actos estatales, no solo los jurisdiccionales, se realizaban siempre a nombre del soberano. En la actualidad, sobre todo en la esfera del derecho administrativo, sigue habiendo un amplio margen de atribuciones retenidas y delegadas, fundamentalmente en los regímenes de tipo presidencialista.

Propia, delegada arbitral, forzosa y prorrogada

            Castillo Larrañaga y De Piña expresan: la jurisdicción se ha dividido por razón de su ejercicio en propia (conferida por la ley a los jueces y magistrados por razón del cargo que desempeñan); delegada arbitral (ejercida por encargo o comisión de quien la tiene propia); forzosa (que no puede ser prorrogada ni derogada); y prorrogada (la atribuida a un juez o tribunal por voluntad de las partes de acuerdo con la ley, en cuyo caso lo que prorroga es la competencia).

Acumulativa o preventiva y privativa

            La prevención es un criterio afinador de la competencia que, en principio, está conferida por la ley a dos o más órganos y, el primero de ellos que llega a conocer del asunto excluye a los demás originariamente competentes. La privativa es la que corresponde a un determinado tribunal sin ninguna posibilidad de prevención o de desplazamiento de dicha competencia para que la ejerza cualquier otro órgano judicial.

Concurrente

            En el derecho mexicano se le llama así a un fenómeno de atribución competencial simultánea o concurrente, a favor de autoridades judiciales federales y de autoridades judiciales locales.

El proceso

            Se entiende por proceso un conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Proceso es el resultado de una verdadera suma procesal:

A   +   J   +   a terceros   =   P

            La anterior formula comprende la suma procesal, y significaría que la Acción, mas la Jurisdicción, más la actividad de terceros, nos da como resultado el Proceso. El proceso jurisdiccional no es sino ese conjunto complejo de actos del Estado, de las partes y de los tercero ajenos a la relación sustancial. Los actos del Estado son ejercicio de la jurisdicción; los actos de las partes interesadas son acción, y finalmente los actos de los terceros, que son actos de auxilio al juzgador o a las partes y que convergen, junto con la jurisdicción y junto con la acción.

RELACIÓN DEL DERECHO PROCESAL CON OTRAS RAMAS

Parte especial del derecho procesal

            Esta parte comprende las diversas disciplinas o ramas de la ciencia del derecho procesal que se ocupan, de manera específica, del estudio de las normas que regulan cada proceso en particular.

            Analiza los conceptos, principios e instituciones comunes a las diversas disciplinas procesales; por su propia naturaleza general, no puede examinar las características, principios y modalidades propias de cada uno de los procesos en particular. Las normas que regulan a éstos, con sus características y modalidades. Son el objeto de estudio de cada una de las disciplinas procesales especiales

            Una de las características del derecho procesal, es su naturaleza instrumental respecto del derecho sustantivo.

Proceso de interés individual o privado, en el cual predomina el principio dispositivo, con iniciativa de parte y disponibilidad del objeto del proceso.

Proceso de interés social, en el cual rige el principio de igualdad por compensación, con iniciativa de parte pero indisponibilidad del objeto del proceso, y  proceso de interés público, en el cual impera el principio publicístico, con intervención normalmente de los órganos del Estado con funciones de juez y parte y una relativa indisponibilidad del objeto del proceso, que admite modalidades y salvedades.

Derecho procesal dispositivo

Derecho procesal civil

Es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios que versan sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles.

Entre los litigios más frecuentes en esta materia podemos mencionar a los concernientes a la validez o nulidad y cumplimiento, compraventa, fianza, hipoteca, prestaciones de servicios, etc, a la validez, cumplimiento o extinción de las obligaciones derivadas de las demás fuentes, a la posesión, la propiedad y demás derechos reales,  a las sucesiones o transmisiones del patrimonio de personas fallecidas y a los concursos o liquidaciones del patrimonio de personas no comerciantes declaradas insolventes, etc.

 Dentro del sistema federal adoptado por el artículo 40 de la constitución, el artículo 24 de la misma consigna como regla fundamental para la distribución de competencias entre los poderes federales y locales, la de que las facultades que no estén otorgadas por dicha constitución a los órganos federales, se deben considerar reservadas a los Estados. Como la Ley Suprema no atribuye al Congreso de la Unión la facultad para legislar  en materia procesal civil, ha correspondido a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal la expedición tanto de los códigos procesales civiles como de las leyes orgánicas de los tribunales locales.

Derecho procesal mercantil

Es la rama especial que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los litigios de carácter mercantil, es decir, los litigios que derivan de actos que las leyes definen como mercantiles.

Entre los litigios mercantiles podemos mencionar los relativos a la validez o nulidad, cumplimiento o rescisión de los contratos mercantiles y de los contratos de crédito; el pago, validez o reposición de los títulos de crédito; a la prevención de la quiebra de un comerciante, mediante la suspensión de pagos; a la quiebra misma, etc.

La expedición de la legislación mercantil (incluyendo la procesal mercantil) es de la competencia del Congreso de la Unión, conforme a los dispuesto por la frac. X del artículo 73 de la Constitución Política de 1917.

Derecho procesal social

Las relaciones de las personas, en tanto miembros de un grupo o una clase social, y comandado como punto de partida su desigualdad real, para tratar de lograr su igualdad material y no meramente formal, ante el ordenamiento jurídico. Las normas procesales destinadas a la aplicación del derecho social.

Deben tener como punto de partida las desigualdades reales de las partes, para tratar de otorgarles una verdadera igualdad de oportunidades en el proceso, atribuyendo la carga de la prueba de los hechos discutidos, a la parte que esté en mejores condiciones reales de aportar los medios de prueba, e incrementando las facultades de dirección del juzgado; deben procurar la mayor rapidez y sencillez en los procedimientos, pues sus dilaciones y complicaciones normalmente son en perjuicio de la parte trabajadora o campesina.

 Derecho procesal del trabajo

Es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso por medio del cual se soluciona los conflictos derivados de los contratos, nombramientos o relaciones de trabajo.

Dentro de esta disciplina, debemos distinguir tres tipos de normas que regulan el proceso del trabajo:

               I. Las que contienen en el apartado A del artículo 123 de la Constitución política  y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo de 1969.

De acuerdo con las bases establecidas en el apartado A, la Ley Federal del Trabajo señala la integración y competencia de los tribunales del trabajo y prevé los diversos procedimientos que se deben seguir ente los mismo. Estas normas se aplican fundamentalmente a los conflictos entre los  empleadores privados y sus trabajadores; a los conflictos entre capital y el trabajo también se aplica a los conflictos entre alguna empresas privadas públicas (como PEMEX, Ferrocarriles Nacionales de México, etc. )

             II. Las que se contiene en el apartado B del citado artículo 123 constitucional  y su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de 1963. esta última establece conforme a las bases previstas en el apartado B, establece la integración y competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y regula los procedimientos que se deben seguir ante el mismo. 

Estas normas se aplican principalmente a los conflictos entre los poderes federales y los empleados públicos. También aquí por diversas circunstancias, estas normas se aplican a los conflictos entre algunas empresas públicas.

            III.Las que con base en lo previsto en la fracción V del artículo 116 constitucional, expidan los órganos legislativos de los estados, para regular las relaciones de trabajo entre las autoridades estatales y municipales y los empleados públicos. Estas leyes, con vigencia dentro del territorio de cada estado, deben contener también las reglas sobre la integración y competencia de los tribunales estatales de conciliación y arbitraje y sobre los procedimientos que deben seguirse ante los mismos.

Dentro del derecho procesal del trabajo ordinario, podemos enunciar los siguientes tipos de conflictos, a los cuales se les puede dar solución mediante la aplicación de las normas que integran aquél:

1.       Los litigios individuales jurídicos que surgen entre trabajadores y patrones determinados, sobre el cumplimiento o incumplimiento del contrato o la relación individual de trabajo o la relación individual de trabajo de las normas laborales aplicable;

2.       Los conflictos colectivos jurídicos, que se originan entre sindicatos y patrones cuando controvierten sobre el cumplimiento  o incumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley.

3.       Los conflictos colectivos económicos, que son aquellos que surgen entre sindicatos y patrones, pero que, a diferencia de los conflictos colectivos jurídicos, no tienen  por objeto la interpretación y aplicación de las normas laborales existentes previamente a los contratos colectivos de trabajo o en los contratos ley, sino su modificación o creación.

4.       Los conflictos sobre preferencias de derechos en los ascensos o movimientos en el escalafón. La doctrina tradicionalmente ha llamado a estos conflictos “interobreros” pero esta expresión es inadecuada porque da e entender que el conflicto se manifiesta sólo entre dos obreros, lo cual no es exacto; en realidad, en estos conflictos la parte actora es un trabajador, pero la parte demandada se integra tanto por el patrón y/o el sindicato, a quienes se demanda por haber otorgado un ascenso sin atacar las reglas escalafonarias, como por el trabajador  beneficiado por el ascenso o movimiento, a quien se llama juicio para que se le respete su garantía de audiencia;

5.       los conflictos intersindicales, los que se plantean entre dos o más sindicatos sobre la administración de un contrato-ley y

6.       Los conflictos entre trabajadores y sindicatos, surgidos con motivo de la aplicación de la “cláusula de exclusión por separación”.

Derecho procesal agrario

Rama especial que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso a través del cual se da solución a los conflictos sobre la propiedad, la posesión y el uso de inmuebles rurales, así como sobre la interpretación y aplicación de contratos agrarios. Estos conflictos pueden surgir entre los núcleos de población ejidal o comunal y los propios núcleos entre los integrantes (ejidatarios o comuneros) de dichos núcleos.

Entre los conflictos que se resuelven a través del proceso agrario podemos destacar los siguientes:

  1. Dotación y paliación de ejidos (que se encontraran en el trámite al entrar en vigor la reforma de 1992);
  2. Reconocimiento de bienes comunales;
  3. Restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal y comunal o a sus integrantes;
  4. Limites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y entre éstos con propietarios particulares, y
  5. Nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, etc.

       Las normas sustantivas y procesales conforme a las cuales se deben resolver estos conflictos, se encuentran en la Ley Agraria de 1992, salvo las referentes a los procedimientos de dotación y paliación de ejidos, de creación de nuevos centros de población, titulación y restitución de bienes comunales en trámite al 7 de enero de 1992, las cuales se hallan en la derogada  Ley  Federal de Reforma Agraria de 1971.

La organización y competencia de los órganos  jurisdiccionales agrarios se rige por la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios de 1992.

Derecho procesal de la seguridad social

Es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso por medio del cual se deben solucionar los conflictos sobre el otorgamiento de las prestaciones que corresponden  a los sujetos asegurados y sus familias derechohabientes, cuando se actualizan los riesgos a las contingencias previstos en las leyes, los contratos, las condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos aplicables.

Las normas del derecho procesal de la seguridad social tienen por objeto hacer efectivo ese derecho humano, por medio del proceso, cuando a un asegurado  o a un derechohabiente se le controvierte, se le niega o  no se le otorga dicho derecho.

Sin embargo, en nuestro país no ha tenido un desarrollo amplio esta disciplina, seguramente a causa de que las leyes sobre seguridad social no prevén un proceso especifico para la solución de los conflictos que se dan en esta materia, sino que canaliza estos últimos a través de otros procesos como el del trabajo y el fiscal.

  1. La Ley del Seguro Social de 1995, vigente a partir del 1 de enero de 1997, es aplicable primordialmente a los trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123 constitucional y a otros sujetos de aseguramiento como los miembros  de las sociedades cooperativas, los ejidatarios, comunero y pequeños propietarios, e incluso a trabajadores sujetos al apartado B, como son los de las instituciones de banca de desarrollo.

En la Ley del Seguro Social se prevé que cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, podrán interponer el recurso administrativo de inconformidad ante los Consejos Consultivos Delegacionales del propio Instituto, los que resolverán  lo procedente. En la Ley de 1995 el recurso de inconformidad debe agotarse en forma obligatoria, tanto para los patrones como para los asegurados y su beneficiarios, a diferencia de la Ley de Seguridad Social de 1973, en la que el recurso sólo era obligatorio para los patrones y era optativo para los asegurados y sus beneficiarios.

Cuando los patrones y demás sujetos obligados no estén de acuerdo con la resolución que dicte el Consejo Consultivo Delegacional, podrán promover el juicio de nulidad fiscal, ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

  1. La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983, aplicable primordialmente a los trabajadores sujetos al apartado B del artículo 123 constitucional, no contiene ninguna disposición de carácter procesal ni prevé ningún recurso administrativo contra los actos definitivos del ISSSTE. Sin embargo, él articulo 11 fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación atribuye a dicho Tribunal competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas.

Derecho procesal publicístico

Este es el tercer sector de la parte procesal del derecho procesal, se caracteriza porque las diversas disciplinas que comprenden estudian procesos en los  normalmente el Estado tiene una doble intervención, a través de órganos distintos e independientes: como parte, ya sea actora o demandada, y como juzgador.

Así ocurre en el proceso penal, en el que el Estado, por un lado asume el papel de parte acusadora, por medio del al institución del Ministerio Publico y por el otro, desempeña la función de juzgador penal.

También sucede en los procesos administrativo y constitucional, en los que el Estado suele ser parte demandada, a través de las autoridades cuyos actos se reclaman, y tribunal administrativo o constitucional, respectivamente. Por último, en el proceso familiar y del estado civil, si bien las partes regularmente son personas particulares, hay una evidente tendencia a dar intervención a un órgano del Estado, para que se encargue de proteger los intereses jurídicos de los menores, los incapacitados y de la familia como institución.

Este sector también se caracteriza porque en él se otorgan al juzgador mayores facultades para el impulso y dirección del proceso, así como para fijar el objeto del mismo. También, por regla, se suele establecer la indisponibilidad de dicho objeto, aunque esta regla tiene sus salvedades y modalidades en los procesos penal y familiar, y no rige en los demás procesos publicísticos (inquisitorio).

Derecho procesal penal

Es la disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar las controversias sobre la comisión de delitos y aplicación de las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables de haberlos perpetrado.

El proceso penal es una consecuencia, en el ámbito procesal, del principio de legalidad que rige en el derecho penal, a partir de la Revolución Francesa, la cual transformó en instituciones jurídicas, muchas de las ideas de los pensadores de la Ilustración. Como es sabido, de acuerdo con este principio no existe delito ni pena, si no hay una ley que lo establezca. Pero también, como consecuencia del mismo principio, a nadie se puede  imponer una pena, si no se le ha seguido previamente un proceso, en el que se le hayan respetado su derecho de defensa y sus demás derechos fundamentales.

La característica de la indispensabilidad o necesidad del proceso penal impide la aplicación de las normas penales sustantivas por medio de acuerdos entre las partes, constituye un derecho fundamental del inculpado en todos los países civilizados.

Los delitos perseguibles por querella es valido que el ofendido celebre acuerdos con el inculpado sobre la reparación de los daños y perjuicios.

Derecho procesal administrativo

Rama especial que estudia el proceso destinado a solucionar los conflictos que surgen entre los particulares y la administración publica, con motivo de la interpretación y aplicación de los actos y contratos de carácter administrativo.

El proceso administrativo es el método jurídico a través del cual los particulares y eventualmente la propia administración pública, pueden impugnar la legalidad o la validez de los actos de esta ultima o de los contratos administrativos.

También en esta disciplina tenemos que distinguir, tomando en cuenta el sistema federal adoptado por el artículo 40 constitucional, entre la legislación federal y la de las entidades federativas.

Derecho procesal familiar

Disciplina que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar los conflictos sobre la familia y el estado civil de las personas.

Tomando en cuenta la importancia de la s relaciones familiares, el Estado tiene especial interés. En nuestro país, el proceso familiar y del estado civil se sigue regulando normalmente por la legislación procesal civil, aunque desde hace tiempo se puede advertir claras tendencias a darle un carácter publicítico y ya no preponderantemente dispositivo.

En el Distrito Federal se crearon, con motivo de las reformas de 1971 a la LOTJDF; los juzgados de lo familiar, como juzgadores especializados en las controversias familiares y del estado civil, aunque también se les atribuyó competencia para conocer de los juicios sucesorios, que son de carácter básicamente patrimonial. Posteriormente, con la reforma de 1972 se adicionó un nuevo título, el decimosexto, en el cual se previeron, así sea en forma dispersa y poco clara, algunos principios generales para el profesor familiar, así como un juicio especial para algunas controversias familiares.

Derecho procesal constitucional

Disciplina que tiene por objeto el estudio del conjunto de normas que regulan el proceso destinado a solucionar los conflictos sobre la interpretación y aplicación de las normas constitucionales.

En México existen fundamentalmente cuatro tipos de procesos constitucionales: el juicio de amparo, las llamadas controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, y el juicio de las normas constitucionales.

A  través del juicio de amparo, las personas que se consideren afectadas por un acto de autoridad, que estimen violatorio de las garantías individuales.

El juicio de amparo se ha convertido en una institución procesal sumamente compleja, que cumple básicamente con las funciones de: instrumento procesal constitucional para la tutela de la libertad personal, medio procesal para combatir las leyes y reglamentos inconstitucionales, como medio de impugnación  de sentencia y demás resoluciones que ponen termino definitivamente a los otros juicios, en forma similar al recurso de casación, procedimiento administrativo en que los lugares o sectores en los que no existen procesos y tribunales administrativos y como instrumento procesal para la protección de los derechos sociales de los núcleos de la población ejidal y comunal, así como de los campesinos sujetos al régimen de la reforma agraria. 

 

LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL

Estas  se refieren a las formas mediante las cuales se manifiestan y concretan las normas jurídicas que lo componen.

Una división de las fuentes es:

1-. Fuentes directas o de producción: normas jurídicas son: la Ley, la Costumbre y los principios generales del derecho

2-. Fuentes indirectas o de conocimiento: Son básicamente la jurisprudencia y la doctrina científica.

Las fuentes directas no rigen en el derecho procesal en el sentido del Art. 1 del C.C., porque no tiene aplicación la costumbre.

En el derecho procesal regula de una forma especifica como funciona el proceso y no cabe la posibilidad de que el proceso se cree entre las partes, y por lo tanto, las lagunas no existen y no puede crearse el derecho procesal fuera de la ley

Fuentes en relación con el derecho procesal

1-. LA LEY. Mientras no haya otra disposición que diga lo contrario, la única es la Ley de acuerdo con el Art. 1 de la L.E.C. que rige el Principio de Legalidad en el sentido que se fundamente no cabe ninguna actuación del Juez ni de las partes que no este prevista en la ley, de lo que se deriva un Principio de Exclusividad de la Ley escrita los poderes públicos están sometidos a la Constitución, Se pueden dar varias situaciones:

1-. Si una norma preconstitucional es contraria a la constitución, hay que entender que la norma este derogada. Aquí el órgano jurisdiccional puede considerarla derogada y no plantear o plantear la inconstitucionalidad

2-. Que la norma que entra en colisión con la constitución a la misma que sea norma con rango de ley. Aquí el juez plantea la inconstitucionalidad

3-. Incompatibilidad de una norma inferior con rango de ley y la Constitución. El Art. 6 de la L.O.P.J. establece que no se tiene que aplicar la norma reglamentaria, es decir, se limita a aplicar la Constitución

Notas de la ley procesal

1-. La Ley procesal formalmente es igual a cualquier otra ley. Su contenido es lo que la diferencia

2-. Respecto a la interpretación se acude a 4 elementos interpretativos: gramatical, histórico, sistemático y teológico.

3-. La Ley Procesal es obligatoria y vincula a todas las personas que intervienen en el proceso

4-. Las leyes procesales no son renunciables, es decir, el procedimiento no puede ser modificado por las partes.

5-. El ámbito personal de la ley procesal viene dado por el ámbito de la propia jurisdicción

6-. El ámbito temporal de la ley procesal. Con carácter general la ley procesal no tiene efecto retroactivo, eso sin perjuicio de que en un determinado proceso el juez tenga que aplicar una ley material ya derogada

7-. En cuanto a la modificación, la ley procesal no tiene aplicación a los procesos terminados. En los procesos no iniciados se rige conforme a la nueva ley y en los procesos pendientes la nueva ley se aplicara a los actos por hacer

8-. En cuanto al ámbito territorial, el proceso siempre se desenvuelve por las normas procesales del Estado al que pertenece el órgano jurisdiccional

2-. LA COSTUMBRE. No es fuente del derecho procesal.

Usos y practicas jurídicas

Los usos no son fuente de derecho, sin embargo, en el derecho procesal solo pueden ser admisibles cuando sirven para complementar las reglas procesales. Los usos y practicas forenses se refiere a la utilización en los escritos en lo que la ley no expresa. Los usos del fuero no son fuente del ordenamiento jurídico procesal, pero tienen gran importancia practica.

3-. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. Están reflejados en el Art. 1 del C.C. Es la segunda fuente supletoria del derecho material. No lo recoge como fuente procesal.

A diferencia de la costumbre, los principios generales del derecho coexisten con la ley sin incompatibilidad. Son la expresión de las ideas informadoras del sistema jurídico positivo

LA JURISPRUDENCIA

En el ámbito del derecho procesal, el tribunal supremo define a la jurisprudencia como la establecida por el mismo en idénticas y repetidas resoluciones en su función aplicadora e integradora de las normas jurídico-positivas

La jurisprudencia va encaminada a mantener a los tribunales inferiores la observancia del ordenamiento jurídico positivo interpretantodolo uniformemente, pero no vincula a los tribunales inferiores, solo desde el punto de vista moral se interpondrá un recurso de casación por infracción jurisdiccional

DOCTRINA CIENTÍFICA

Tampoco es fuente ni de derecho procesal ni del derecho general. Tiene un valor de prestigio por parte de quien la dicta en definitiva, solo la ley y el valor atribuido a los Principios Generales del derecho y a la Jurisprudencia son en cierta medida las Fuentes del Derecho Procesal

 

BIBLIOGRAFIA

BRICEÑO HUMBERTO SIERRA, DERECHO PROCESAL SEGUNDA EDICIÓN EDIT. HARLA . COLECCIÓN JURISTAS LATINOAMERICANOS

CORTES FIGUEROA CARLOS,  ENTORNO A LA TEORIA GENERAL DEL PROCESO , TERCERA EDICIÓN 1994  CARDENAS EDITOR Y DISTRIBUIDOR

GÓMEZ  LARA CIPRIANO, TEORIA GENERAL DEL PORCESO NOVENA EDICIÓN , COLECCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS UNIVERSITARIOS ,HARLA MÉXICO D.F

OVALLE  FAVELA JOSE, TEORIA GENERAL DEL PORCESO  CUARTA EDICIÓN MÉXICO D.F COLECCIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS

 


[1] DICCIONARIO DE DERECHO , RAFAEL DE PINA VARA, EDITORIAL PORRÚA. VIGÉSIMA EDICIÓN, MEX. 1994.

[2] TEORIA GENERAL DEL PORCESO CIPRIANO GÓMEZ LARA NOVENA EDICIÓN , COLECCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS UNIVERSITARIOS ,HARLA MÉXICO D.F

[3] TEORIA GENERAL DEL PORCESO JOSE OVALLE FAVELA CUARTA EDICIÓN MÉXICO D.F COLECCIÓN DE TEXTOS UNIVERSITARIOS

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