¿Cuantas veces hemos escuchado que lo jurídico no es políticamente viable?

Esta afirmación la han hecho muchos representantes del pueblo de todos los partidos políticos de derecha, de centro, de izquierda, coincidiendo todos ellos en  que existe una brecha casi insalvable entre el ser (la política) y el deber ser (la ley). El reconocimiento de este conflicto por parte de los líderes políticos del país nos ha llevado a que la política se convierta simplemente en la aceptación de una doble moral; es decir; que en política todo vale, que es el arte de lo posible, que el fin justifica los medios y que obviamente la ética y la legalidad están demás, primando solamente los intereses coyunturales ya sean partidistas, corporativistas, o personales. Mientras que lo jurídico es lo ético, lo legal y lo legítimo que no convence a los intereses políticos y por  lo tanto no es viable. Con la teoría de que es imposible conciliar lo jurídico y lo político, los políticos han aprovechado para moldear a la Ley a su imagen y semejanza, volviendo  cada vez más  débiles las instituciones del país y restándole cada vez más legitimidad a sus actuaciones y a la política ante los ojos de la ciudadanía, desprestigiando a los políticos y a los partidos políticos, a pesar de la importancia que tienen en los sistemas democráticos.

Ante esta realidad desoladora, nos preguntamos muchos que hacer? , y la única forma de armonizar este conflicto es institucionalizando el respeto por la institucionalidad  que está por encima de los intereses, pactos o consensos políticos. La legalidad, la legitimidad y la institucionalidad no pueden ser negociables en política. La ética y la moral deben regir a  los políticos para lograr así reivindicar  a la política con transparencia, en su ejercicio,  ética en su accionar y equidad y justicia al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

Autora:

MARIA JOSE MOREANO
QUITO-ECUADOR