RESUMEN

El triunfo electoral del líder cocalero Evo Morales en Bolivia a colocado el tema del precio gas en el centro de la política regional. Podrá el nuevo gobierno de nacionalista de izquierda utilizar la segunda reserva gasífera de Sudamérica para desarrollar un país ancestralmente expoliado y atrasado económicamente o se agotará en el discurso ideológico. Hoy el gas boliviano está en el centro del tablero geopolítico del subcontinente.

1. Gas para transformar la realidad boliviana

En Bolivia el triunfo electoral del líder cocalero Evo Morales, el pasado 18 de diciembre, generó interrogantes y alguna preocupación ante la posibilidad del incremento en el precio del gas que este país suministra a sus vecinos. Morales convirtió al precio del gas en uno de los temas centrales de su campaña electoral y parece también dispuesto a darle una importancia prioritaria en su futura gestión presidencial.

 “Hay que revisar los precios del gas –declaró a la prensa el entonces candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo- que Bolivia vende a Argentina, porque son muy bajos”. Luego refiriéndose al gobierno del presidente Néstor Kirchner  agregó: “Que no piensen que porque simpatizan con nosotros vamos a regalarles nuestros recursos”[i].

Bolivia con sus 54 trillones de pies cúbicos –TCF- de gas libre posee la segunda reserva de gas natural de Sudamérica sólo superada por Venezuela con 143 TCF. El país andino suministra por día treinta millones de metros cúbicos a Brasil y otros siete millones a la Argentina. Un incremento en la tarifa del gas boliviano se trasladaría inmediatamente a los costos industriales, agrícolas y al costo de vida de la población de estos países.

El gas boliviano significa la mitad de las importaciones gasíferas de Brasil. La empresa Petrobras, que opera dos refinerías en Cochabamba y en Santa Cruz, proyecta el desarrollo a corto plazo de importantes obras de infraestructura para casi duplicar la exportación de gas hacia su país con un contrato por veinte años. Por el momento, la empresa estatal brasileña ha decidido suspender todas sus inversiones en Bolivia hasta aclarar cual será la política petrolera del nuevo gobierno. En Brasilia han tomado muy en serio la advertencia efectuada por Evo Morales durante el fragor de la campaña presidencial: “Vamos a ganar las elecciones y a recuperar las refinerías que están bajo control de las transnacionales. Mi compañero Lula tiene que devolver las refinerías controladas por el Estado brasileño”[ii].

En Argentina el gas se ha convertido en las últimas décadas en una fuente de energía en expansión. En una importante proporción del parque automotor particular y vehículos de transporte de pasajeros y carga el gas está reemplazando con éxito al gasoil y la gasolina –nafta- por su menor costo. También gran parte de la vida de los argentinos está ligada al consumo de gas. La red domiciliaria permite su empleo para cocinar, calentar agua y calefaccionar las viviendas en invierno. Pero, el gas es aún más vital para los sectores pobres de la Argentina. El 38% de los argentinos se inscriben en este estamento social y es allí donde el gobierno del presidente Néstor Kirchner recibe sus mayores apoyos electorales.

En los barrios pobres y marginales –las denominadas “villas miseria”- el precio del gas envasado –la popular “garrafa” o bombona”- impacta directamente en los niveles de consumo de los pobladores. En las villas miseria el agua,  aunque escasa, es gratuita y la electricidad se obtiene ilegalmente –a través del popular “enganche”- también en forma gratuita. Pero el gas debe ser comprado en precios que superan los once dólares por “garrafa”. Para atenuar la incidencia del precio del gas el Gobierno ha estado subsidiando a los pobladores de menores recursos con “garrafas sociales” a un costo aproximado de seis dólares. No obstante, la distribución y disponibilidad de estas “garrafas sociales” es muy irregular y sujeta a toda clase de corruptelas locales. De todas formas, debemos tomar en consideración que un hogar marginal cuyos ingresos no suelen superar los cien dólares mensuales el costo del gas –dos garrafas o bombuchas por mes en promedio- implicará aproximadamente el diez por ciento de sus ingresos.

Por último, el gobierno de Néstor Kirchner que acaba de destinar casi el 38 por ciento de sus reservas financieras en cancelar su deuda con el FMI, enfrenta un serio problema inflacionario. Durante el último año la inflación en Argentina superó el doce por ciento –duplicando la tasa del 2004- y la pauta para el próximo año se proyecta en un quince por ciento. Cualquier incremento sustancial en el precio del gas boliviano incidirá directamente sobre la inflación y amenazará el espectacular crecimiento de la economía Argentina que viene de tres años asiáticos en que la el PBI creció a un promedio anual del nueve por ciento. 

El precio del gas boliviano es también un problema para Chile. El país trasandino recibe suministros de gas de la Argentina. Cualquier incremento del precio del gas boliviano tendría tarde o temprano un “efecto dominó”  sobre el valor del gas que la Argentina vende a Chile. Seguramente los efectos de una modificación en el precio del gas que recibe de Argentina provocaría en la economía y la sociedad chilenas similares efectos a los antes descriptos. 

En esta forma, las decisiones que Evo Morales tome con respecto al  suministro de gas boliviano y su precio son piezas claves del tablero geopolítico de  Sudamericana.

2. Guerra del Gas en el Altiplano

El tema hidrocarburos –gas y petróleo- son también clave para la política interna de Bolivia. En los últimos años la gobernabilidad de los sucesivos gobiernos bolivianos dependió en gran medida del tratamiento que otorgado a este tema. En enero de 2003, por ejemplo, el estallido de la llamada “guerra del gas” puso fin al gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El detonante del descontento popular fue la intención del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar, a los Estados Unidos, gas sin procesamiento industrial. El gobierno nunca informó sobre las reales cifras del proyecto, pero extraoficialmente se supo que las empresas pensaban vender el gas a Estados Unidos a un precio de 0,7 centavos de dólar el millar de pies cúbicos, siendo que Brasil pagaba 1,7 dólares y en el mercado mundial oscilaba entre 2 y 4,5 dólares. Como lo único que cobraría Bolivia sería el 18% del precio de venta y este estaba subvaluado era evidente que en esas condiciones la exportación dejaría al pueblo boliviano un muy escaso rédito.

A la escasa rentabilidad de la exportación, que los bolivianos vivían como una nueva expoliación, se sumaba como agravante de la ira popular, que el consorcio Pacifi LNG pensaba utilizar un puerto chileno para el embarque del gas. Recordemos que los bolivianos consideran a Chile su enemigo histórico desde los tiempos de la “Guerra del Pacífico” –1879- cuando Bolivia derrotada perdió su “salida al mar” a manos de los chilenos. Al decir del historiador Tulio Halperín Donghi: “Bolivia iba a ver en el despojo del litoral oceánico que siguió a la derrota una de las causas de su aislamiento y su arcaísmo económico”.[iii]

Es en este punto que los movimientos sociales y partidos de izquierda encuentran por primera vez un objetivo común en el cual centrar la lucha: la exigencia de que la propiedad de los hidrocarburos vuelva a manos del Estado. A lo largo de los meses, la protesta popular fue creciendo y se multiplicaron las víctimas mortales. En forma paralela el presidente se debilitaba, perdía aliados y también el apoyo de los sectores medios de la sociedad.[iv]

El Movimiento al Socialismo y el Movimiento Indígena Pachacuti desarrollaron durante los primeros ocho meses de 2003 una intensa campaña para recuperar el gas pero con escasa repercusión. Pero, el 12 de septiembre, los mallkus, jilakatas y mamat´allas –autoridades indígenas, hombres y mujeres, de treinta provincias del antiplano-, se declararon en movilización permanente y pidieron que se liberara al jilakata Felipe Huampo, apresado por la Policía Nacional y los fiscales del Poder Judicial, acusado de haber empleado la justicia comunitaria –en realidad un ajusticiamiento- contra dos ladrones de ganado, en su comunidad, a orillas del Lago Titicaca.

Como las autoridades del gobierno central se negaron a reconocer el “acto de justicia comunitaria”, las comunidades del altiplano instalaron piquetes en caminos y rutas y sus principales líderes decretaron una huelga de hambre que se realizó en El Alto, una ciudad poblada casi en sus totalidad por indígenas aymaras, donde el 92,4% de los habitantes son pobres.

El 19 de septiembre de 2003 quedó formalmente instalada la “guerra del gas”. Ese día la protesta, convocada por los diversos movimientos sociales, sumó a cien mil activistas que montaron piquetes por toda Bolivia. Un día después, el ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, intervino al mando de fuerzas del Ejército en la localidad de Warisata. Se generaron incidentes que, pronto derivaron hacia el empleo la violencia y, provocaron la muerte de cinco campesinos aymaras –entre ellos una niña de ocho años-. La indignación por los asesinatos convirtió en masiva a la protesta y las comunidades indígenas decidieron declarar la guerra sin cuartel al Gobierno. “Ahora sí, guerra civil”, fue la consigna.[v]

La “Federación de Juntas Vecinales” de El Alto declaró un paro general de 24 horas y luego otro para el 8 de octubre. Lo mismo hizo la Central Obrera Boliviana, con el apoyo de los mineros, que después de muchos años volvieron a movilizarse.

La estrategia del gobierno de Sánchez de Lozada, explicada en las reuniones de gabinete, era no actuar; dejar “que los piqueteros se rindan por cansancio”.

Al promediar el mes de octubre, la situación no podía ser peor para el gobierno. Los muertos sumaban más de un centenar, columnas piqueteras rodeaban la ciudad de La Paz y otras ciudades importantes del país, los mandos militares obligados a reprimir a los manifestantes dudaban en mantener su apoyo al presidente, los líderes de la protesta: el cocalero Evo Morales y el aymará Felipe Quispe se negaban a aceptar cualquier intento de mediación: “Mientras no renuncie Sánchez de Lozada –decía Evo Morales- no hay ningún tipo de negociación por más que intervenga el Papa”[vi], y los partidos aliados del gobierno –Nueva Fuerza Republicana y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria- abandonaban el gabinete. Mientras tanto, se organizan piquetes en todas las iglesias del país. A último momento, hasta el vicepresidente Carlos Mesa le retiró su apoyo al presidente.

 El jefe de Estado, que ya había abandonado el Palacio de Gobierno, se atrincheró en la residencia presidencial -más cercana a los barrios residenciales- y desde allí comenzó a enviar mensajes confusos mientras la protesta se intensificaba. Finalmente, jaqueado por las protestas y las presiones internacionales provenientes tanto de gobiernos como de ONGs –incluso Amnistía Internacional denunciaba que la crisis boliviana “se esta convirtiendo en una catástrofe humanitaria”[vii]-, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar, el 17 de octubre de 2003, y ha buscar refugio en los Estados Unidos[viii].

3. Una apelación al realismo geopolítico

Paradójicamente Evo Morales, posiblemente el líder político boliviano que mejor ha sabido aprovechar naturales aspiraciones nacionalistas de su pueblo con respecto del gas y el petróleo para impulsar su carrera política, podría verse en este campo, ante el habitual dilema de decidir entre las promesas de campaña y las realidades de gobernar.

La lucha de los sectores sociales de El Alto y de los sindicalistas de la Confederación Obrera Boliviana –COB- obligaron al saliente gobierno de Carlos Mesa a incrementar las regalías petroleras y gasíferas de 18 a 50 por ciento. Este incremento agregó cuatrocientos millones de dólares en el 2005 a las arcas del Estado. Las exportaciones petroleras bolivianas en el 2005 alcanzaron la cifra récord de 2.500 millones dólares impulsando el crecimiento del PBI un 3,9 por ciento.

 Ahora estos sectores esperan que Evo Morales en un plazo no muy superior a los ciento ochenta días lleve a cabo la nacionalización de la industria petrolera o al menos anule unos setenta contratos petroleros vigentes con empresas extranjeras para terminar con lo que consideran el saqueo de sus recursos naturales. 

 En 1996, Bolivia entregó en concesión sus áreas de producción a un reducido núcleo de empresas petroleras extranjeras la española Repsol – YPF, Petrobras, la francesa Total y la británica British Gas (BG)-.

 Con seguridad la gobernabilidad del futuro gobierno boliviano de Evo Morales dependerá mucho más de la política petrolera que el nuevo presidente implemente que de cualquier otro problema incluida su negativa a erradicar los cultivos de hoja de coca.

Las relaciones de Bolivia con países claves para esta Nación como Argentina[ix] y Brasil en el marco regional y los Estados Unidos, España y la Unión Europea en un contexto más amplio dependerá del realismo con implemente su política gasífera contentando tanto a sus aliados internos como a las compañías petroleras y a los países que dependen de sus abastecimientos.

No es una buena señal, al respecto que el presidente electo relegado a Brasil para último momento y evitado visitar a la Argentina en la gira presentación por el mundo. Tampoco que la misma haya comenzado por Cuba y Venezuela.

 Morales debe comprender rápidamente que, poca ayuda concreta puede esperar Morales basando su política exterior en la buena voluntad de gobiernos como el de Hugo Chávez o Fidel Castro. Los discursos ideológicos deben ser acompañados de soluciones concretas para ser realmente efectivos. Aunque Bolivia tiene grandes recursos naturales que bien explotados podrían mejorar las condiciones de vida de su población e impulsar su desarrollo económico no todo “es soplar y hacer botellas”. Bolivia dista mucho de ser Venezuela en todos los aspectos y su mismo perfil geopolítico así lo indica claramente.

M{as all{a de sus declaraciones actuales, el Departamento de Estado norteamericano diseñará su política hacia Bolivia tomando en consideración las garantías y facilidades que el gobierno boliviano otorgue a las empresas norteamericanas para acceder a las reservas de petróleo y gas de ese país. El tema narcotráfico será siempre importante en las relaciones norteamericano – bolivianas, pero determinante. En un mundo cada vez más necesitado de gas barato los Estados Unidos no se resignarán fácilmente a quedar al margen de los 54 TFC que alberga el territorio boliviano.

De todas formas es un hecho evidente que el gas boliviano se ha convertido, en los últimos años, en una pieza clave de la geopolítica sudamericana.

Autor:

Adalberto C. Agozino

Es Doctor en Ciencia Política. Profesor de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional y Director de la Diplomatura en Investigación del Crimen Organizado Transnacional del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Contacto con el Autor: redstar@cepralnet.com.ar