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Constitución o Autocracia

Resumen: La teleología y la hermenéutica de nuestra Constitución Nacional (CN.) las inscriben y justifican como la norma normarum con eficacia para resolver satisfactoria e inclusivamente el problema social, civil, ambiental y ciudadano fundamental en la que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Cuando hablamos de autocracia en cambio, estamos hablando de una administración en el cual la voluntad de un solo hombre es la suprema ley.
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Autor: P. Roberto F. Bertossi

Sumario
-
La Constitución.
- Autocracia.
- División de los poderes.
- De la democracia.
- ¿Sofismas constitucionales ?.
- Medios para prevenir usurpaciones magnas.
- Conclusiones y algunas propuestas.
-(Referencias bibliográficas)

La Constitución Nacional
La teleología y la hermenéutica de nuestra Constitución Nacional (CN.) las inscriben y justifican como la `norma normarum´ con eficacia para resolver satisfactoria e inclusivamente el problema -social, civil, ambiental y ciudadano- fundamental en la que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo.

Con nuestra Constitución supimos encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común o autocracia a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual, cada uno, en unión con todos los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. 

De inmediato este acto institucional supremo de asociación lícita y vital produce, en lugar de la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, el cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad.

Esta persona pública que se constituye mediante la unión de todas las restantes, se llamaba en otro tiempo Ciudad-Estado en tanto ahora, entre nosotros recibe el nombre y la institucionalidad de república o de cuerpo político, que sus miembros denominan Estado, cuando es pasivo, soberano cuando es activo y poder, al compararlo a sus semejantes.

En cuanto a los asociados, nosotros, cada uno, cada cual, tomamos comunitaria, cooperativa y complementariamente el nombre de pueblo, y nos llamamos mas en concreto: `ciudadanos´, en tanto somos participes de la autoridad soberana, y súbditos, en cuanto estamos sometidos a las leyes constitucionales del Estado.

Autocracia
Cuando hablamos de autocracia en cambio, estamos hablando de una administración en el cual la voluntad de un solo hombre es la suprema ley. 

Por tanto, aún en la hipótesis pretérita de un pueblo del pasado instituyendo un gobierno hereditario, sea monárquico en una familia, sea aristocrático en una clase de ciudadanos, no contraía un compromiso, sino que daba una forma provisional a la administración, hasta lograr `la republica` lo más inmediatamente posible.

Si bien es posible que en Roma con los albores de la república, como institución, se hubiese encargado la `cosa pública a un mero administrador, pero esto sólo porque el Estado no tenía aún una base bastante sólida como para sostenerse mediante la fuerza de su embrionaria constitución ni se temía que un administrador deviniera en dictador abusando de su función y mucho menos que intentase conservarla pasado el plazo de la encomienda.

Parecía entonces, por el contrario, que era una verdadera y pesada carga para aquél que lo ostentaba, a juzgar por la prisa con que trataba de deshacerse de esa responsabilidad pública, algo así como si sustituir a las leyes fuese –lo es- un puesto demasiado penoso y demasiado peligroso.
De manera que no es el peligro del abuso, sino del envilecimiento, el que obliga a censurar el uso indiscreto que se hizo de esta primera magistratura en los primeros tiempos de la república.

Por eso, es acaso extraño por estos días que demasiados argentinos se pregunten, sin tener las mismas ventajas pero al menos el goce efectivo de la garantía constitucional a la igualdad de trato y de oportunidades, cómo conservar dignamente nuestros mismos derechos y garantías constitucionales, propios y apropiados..? 

División de Poderes
Nuestra Republica concebida y diseñada en su Pacto social constitucional armoniza, regula e incentiva el cuerpo sociopolítico deslindando la fuerza, la voluntad y la constitucionalidad en última instancia. En efecto, la voluntad popular bajo el nombre de poder legislativo, la fuerza con el de poder ejecutivo en tanto, de modo excluyente y exclusivo la legalidad, legitimidad y constitucionalidad últimas con el poder judicial. 

De la democracia
En una democracia auténtica no existe nada más peligroso que la influencia de los intereses privados y corporativos en los asuntos públicos; y el abuso de las leyes por el gobierno es un mal menor que la corrupción del legislador, consecuencia inevitable de que prevalezcan puntos de vista particulares.

Cuando esto ocurre, el Estado se altera en su propia substancia.

Bien se ha ponderado que la virtud es el fundamento esencial de la república, porque todas, ni las premisas democráticas ni la propia república podrán subsistir en cuanto tal sin la virtud; algo que ya señalara Pericles “Los cargos como carga y distinción; requisitos: virtudes y bondades”.

No se nos escapa que muy probablemente no haya gobierno tan expuesto a conflictos y agitaciones intestinos como el democrático popular, porque tampoco hay ninguno que tienda tan fuerte y continuamente a cambiar de forma, y nos exija simultáneamente y sin excepciones, tanta vigilancia y valor para conservarla.

Nuestra Constitución democrática requiere prestamente que cada ciudadano crezca en fuerza y constancia profesando cada día de su vida, desde el fondo de su corazón, lo que dijera el palatino de Posnania, padre del rey de Polonia y duque de Lorena, en la Dieta de Polonia: “Malo periculosam libertatem quam quietum servitium” porque, no somos un pueblo de dioses ni Mesías autogoberanble democrática, excelente y perfectamente pero, un gobierno tan perfecto no es propio del hombre en general ni del argentino en particular.

¿Sofismas constitucionales ?
Nuestra Constitución Nacional manda un gobierno federal y democrático razón por la cual, ningún otro puede ser ejercido (Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 93 siguientes y concordantes, CN.)

Cómo ser sojuzgados entonces mediante retenciones con destinos ineficaces, impuestos a las transacciones comerciales y/o al cheque, restricciones a las exportaciones de carnes y trigo NO coparticipables….cómo pueden asegurar tantas provincias la educación, la salud, las necesidades físicas básicas, los servicios esenciales y la paz social ?

Cómo admitir que se ha ido demasiado más lejos de la propia Ley Nacional 24.309 que declaro la necesidad y fijó los límites de la reforma constitucional de 1994 cuando cotejamos, articulamos y pretendemos armonizar el artículo 75 inc. 22 con los artículos 27, 28, 29, 30 y cc. de la Constitución cuando estos últimos quedaron expresamente fuera del alcance de dicha reforma ?

Igualmente, cómo después de doce años, continua pendiente la Ley de Coparticipación Federal, (Art. 75 inc. 2 CN.), lo que supone en los hechos verificadas y sofisticadas intervenciones fictas al normal funcionamiento institucional de muchas provincias y municipios.

Asimismo, conforme reza el 99 inc. 3 y cc. CN. el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Entonces, cómo admitir la proliferación sin antecedentes de los subsidios selectivos y esos denominados decretos de necesidad y urgencia (DNU), sin necesidad, urgencia, acotación temporal, excepcionalidad ni justificación racional 

Asimismo, en los artículos 71, 75 inc. 9 (Subsidios del Tesoro Nacional, ATN) y 30; 76, 99 inc. 3, 100, 101, 103 y cc., nuestra Carta Magna prohíbe expresamente la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia publica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

¿Cómo sostener esto entonces cuando se verifica laudablemente una tendencia consolidada de crecimiento y superávit..?
En esa perspectiva, qué más decir sobre los Superpoderes y cuantiosos fondos fiduciarios fuera de toda perspectiva y control constitucional ..? Al menos fueran utilizados para Infraestructura Educativa, la única que ni siquiera genera contaminación ancrónica !

Preconclusivamente, si añadimos a lo ya señalado una violación sistemática y recurrente al espíritu y a la letra del articulo. 38 CN. que reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático no es ya demasiado suficiente para despertar y disparar acaso el concepto y la esencia imperativa de los artículos 29, 36 y cc. CN. (que sujetan a los que formulen, consientan o firmen actos inconstitucionales y antidemocráticos la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria, inhabilitándoles a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas -clara condena a la subversión institucional-, situando así prístina y contundentemente a estos `violadores calificados´ en conciencia y sin remedio, ante la última opción socrática..?

En un Estado de Derecho, ante la hipótesis del fracaso de la transversalidad puede acaso abrirse camino cívico una `rara avis´ de travestismo hasta su institucionalización, tal vez por reprochables vías de hechos de nuevos e inconvenientes usos y costumbres políticas vernáculas ..?

Como callar que, claramente, en nuestra Constitución Nacional, su articulo 28 (“los principios, garantías y derechos reconocidos en sus artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”), ha sido pasado a degüello mediante una singular `guillotina autóctona`.

Medios para prevenir usurpaciones Magnas
Así pues, como la voluntad particular actúa sin cesar en contra de la voluntad general, así el gobierno lleva a cabo un trabajo continuo contra la soberanía. Cuanto más aumenta este esfuerzo, más se altera la Constitución, y como no hay aquí otra voluntad de cuerpo que, resistiendo a la del autocrático, se equilibre con ella, debe suceder, antes o después, que el autócrata oprima al soberano y rompa el contrato social trasuntado en nuestra Constitución usurpando el poder soberano, inalienable, enajenable, indivisible e imprescriptible, definitivamente.

Por eso mismo en un sólido Estado de Derecho, la cuestión no es si se aprueba o no un proyecto de ley …la médula `angular es si el proyecto, la iniciativa legislativa se ajusta o no a nuestra Constitución Nacional!!

Por tanto, tanto, y como propondremos seguidamente, en estos casos -de tamaña delicadeza atento su índole y gravitación- es preciso actuar con moderación, prudencia y firmeza adoptando todos los medios legales, legítimos, justos y pacíficos para prevenir y corregir toda usurpación de nuestra Constitución sobre la premisa que el acto que instituye el gobierno no es un contrato sino una ley; que los depositarios del poder ejecutivo no son los amos del pueblo, sino sus servidores, pudiendo éste nombrarlos o destituirlos y no teniendo ellos que contratar, sino sólo obedecer puesto que, al encargárseles de las funciones que el Estado les impone, no hacen sino cumplir con sus deberes de ciudadanos, sin tener en modo alguno el derecho de discutir sobre las condiciones.

Conclusiones y propuestas
Ante la evidente escalada autocrática en violación a la división de poderes -sistema clásico acogido y valorado por nuestra Constitución- formal, explicita y reiteradamente, esto es, la alteración abusiva -por acción u omisión o por mora institucional-, consistente en el reparto de órganos y funciones dentro de la tríada que integra irrescindiblemente un solo cuerpo jurídico político institucional supremo, compuesto de tres poderes: “poder legislativo” – “poder ejecutivo” – “poder judicial”, corresponde cívica, política y ciudadanamente adoptar sin demoras ni distracciones los medios necesarios para solucionar constitucionalmente cualesquiera y toda usurpación constitucional.

Algunas propuestas
I) Disponer lo necesario para: 1º) Sujetar en cada caso a los tres poderes republicanos -especialmente al poder ejecutivo- a la plena y transparente vigencia de nuestra Constitución Nacional no permitiendo que diga lo que no dice ni que permite lo que expresamente prohíbe; 2º) Subordinar a todos los funcionarios de los tres poderes a las leyes de Ética Publica, 25.188 y de adhesión a la Convención Internacional contra la corrupción en el Sector Publico, la ley 26.097..

II) La abrogación de las leyes cuestionadas por efecto de una sentencia declarativa de su inconstitucionalidad;

III) Defender y proteger a los valientes medios de comunicación que inicialmente, con coraje cívico y responsabilidad social periodística vienen denunciando –ejerciendo plenamente la libertad de prensa sin temor a condicionamientos ni a discriminaciones publicitarias o cosa parecida- tantas graves anomalías, medios que vienen logrando en mayor o menor grado y con libertad de criterio –aún con relativa independencia- la emulación de muchos otros, dentro y fuera del país protegiendo mancomunadamente la identidad nacional y facilitando la libre circulación de colaboraciones jurídicas comprometidas.

Para concluir, apunto como aspecto fundamental y clave para el bienestar de la república que este no radica principalmente en los éxitos económicos alcanzables o alcanzados, ni en el reclutamiento sin reparos de adhesiones políticas ajenas ni en grandilocuencias y bochornos subcontinentales sino en la firme determinación de voluntad de cada ciudadano argentino de asumir sacrificios compartidos, de aprender a esperar y a diferir demandas para hacer avanzar un genuino, integral e inclusivo progreso argentino pero, sin abandonar jamás sus objetivos últimos que son los mas importantes pues no hemos de pasar por alto nuestro preámbulo constitucional y, además, porque finalmente serán de este modo, los primeros, perennemente.

Absoluta y definitivamente, nuestra Carta Magna es mucho pero mucho más que el pretendido `sofisma actual y he ahí nuestra carga publica en un mayúsculo desafío civico: tenemos que demandar por ello y por ella conforme se nos solicitara expresa y solemnemente al momento de tomar posesión de los cargos y prestar juramentos esos funcionarios que vienen incurriendo consuetudinaria mente en toda clase de abusos de derecho, de poder y autoridad, por acción y por omisión, por mora institucional.

En esto de ser, de ser dignos de ser, corresponde la más urgente intervención de nuestra Auditoria General de la Nación (Art. 85 CN.), del Defensor del Pueblo (Art. 86 CN.) y por cierto, la última e inapelable de la Corte Suprema (Art. 116 y cc. CN.), sin excusas ni recusas porque, resultan del todo improcedentes e impertinentes recibir –sin pausas- gestos, actitudes y hechos autoritarios cuando sólo impetramos porque queremos y nos merecemos `nuestro poncho constitucional` –sin mas intermitencias- para ser Republica, para ser Nación, democrática, federal, creíble, vívida, vivible, absoluta y definitivamente.-

Referencias bibliográficas
Este trabajo sigue en sus lineamientos principales a las Grandes Obras del Pensamiento del Contrato Social y del Derecho Constitucional Argentino, como Jean Jacques ROUSSEAU y Germán J. Bidart Campos, respectivamente.

AUTOR

P. Roberto F. Bertossi
e-mail:rbertossi@fibertel.com.ar

[1] Premios Adepa-Faca, 1990 y Gota en el Mar, 2005

[2] Referencias bibliográficas
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